Azat Muratbek Uulu

Expediente 536/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
536/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Azat Muratbek Uulu

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de depuración al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, incisos a), del referido Acuerdo General, y en atención a lo señalado en el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como correspondan el oficio y anexo remitido por el Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración Mexicali, mediante el cual remite el escrito de desistimiento del quejoso Azat Muratbek Uulu; lo anterior, ya que del estado que guardan los presentes autos se desprende que mediante proveído de diecisiete de agosto del año en curso, se agregó la constancia actuarial de dieciséis de agosto último, de la que se advierte que el quejoso, asistido por perito traductor en el idioma rusoespañol, no ratificó el escrito inicial de demanda, no obstante la Actuaria de la adscripción le hizo saber las consecuencias jurídicas de no continuar con el juicio de amparo; en consecuencia, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de uno de agosto pasado y, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 15 de la Ley de Amparo. Finalmente, lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales que estimen convenientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/GRCG/CEPM

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito presentado por Carlos Enrique Rodríguez Pérez, autorizado del quejoso, mediante el cual manifiesta que la intención de la parte quejosa de desistirse de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, por así convenir a sus intereses. En ese tenor, dígase al referido promovente que no ha lugar a tenerlo por desistido del presente juicio de amparo, ya que no se encuentra facultado para tal fin; lo anterior es así, ya que si bien es cierto, el artículo 12 de la Ley de Amparo establece que el autorizado de la parte quejosa podrá interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, alegar en audiencias y solicitar la suspensión o su diferimiento, así como cualquier acto que resulte necesario para defender los derechos del autorizante; también lo es, que ello no implica que se encuentre facultado para realizar cualquier acto en nombre de la parte quejosa, ya que su actuación depende de las reglas que rigen el juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 107 de la Constitución Federal y la fracción I del artículo 5° de la ley de la materia. Cobra aplicación la tesis 2a./J. 119/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, página 295, con número de registro digital 174481, de rubro y texto: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Sin embargo, ya que el aquí quejoso se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, túrnense los autos a la Actuaria encargada de realizar las notificaciones del presente asunto, para que se constituya en el domicilio de la citada dependencia y, previa explicación que haga al quejoso Azat Muratbek Uulu, de los efectos y consecuencias de la figura del desistimiento en el presente juicio de amparo, lo requiera para que al momento de la notificación del presente auto, manifieste si ratifica o no el ocurso de cuenta. Apercibido que de no hacerlo, se continuará con la secuela procesal del presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la integran, la tesis jurisprudencial 1a./J. 19/2021 (11a.), emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal de esta país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, página 1650, con registro digital 2023670, de contenido: "RATIFICACIÓN DEL DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL O DE ALGUNO DE SUS RECURSOS. PARA SU VALIDEZ, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ORDENAR AL FUNCIONARIO CON FE PÚBLICA QUE EXPLIQUE AL QUEJOSO O RECURRENTE LOS ALCANCES Y LAS CONSECUENCIAS DE SU DECISIÓN, AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA. Hechos: Una persona sentenciada en un procedimiento penal interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en un juicio de amparo directo. El recurso se desechó; contra ese proveído interpuso recurso de reclamación, y durante el trámite de este último presentó un escrito de desistimiento de ese medio de defensa, por lo que se ordenó su ratificación, haciendo del conocimiento del recurrente los alcances y las consecuencias de su decisión para el efecto de tenerlo por desistido del recurso de reclamación y dejar firme el auto impugnado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención a los principios de debido proceso y de seguridad jurídica, para dar validez a la ratificación del desistimiento del juicio de amparo o de alguno de los recursos ordenada en el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, tratándose de un asunto de naturaleza penal, el órgano jurisdiccional correspondiente debe ordenar al funcionario judicial encomendado que al momento de la diligencia de ratificación explique al quejoso o recurrente los alcances y las consecuencias jurídicas de su decisión de no continuar con la instancia o medio de defensa iniciado. Justificación: En la doctrina procesal y en la jurisprudencia, el desistimiento se contrae al acto abdicatorio por el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. Por tanto, como consiste en apartarse del ejercicio de un derecho o de facultades procesales ya ejercidos, puede referirse tanto a una acción, como a un recurso, a una prueba o a un incidente. En ese sentido, el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, no sólo comprende el desistimiento de la demanda de un juicio de amparo, sino también de los recursos que establece para ese procedimiento dicha legislación. Ahora bien, para que se tenga certeza de la decisión del quejoso o recurrente, el citado artículo 63 establece la necesidad de que se ratifique el desistimiento. Lo anterior significa que la autoridad encargada del asunto debe ordenar que ante el funcionario judicial con fe pública, el quejoso o recurrente expresamente manifieste que confirma su decisión de desistirse del juicio y/o del recurso. En ese tenor, para garantizar el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de las personas que se encuentran involucradas en un procedimiento penal, en cualquier etapa, dada su situación de fragilidad, es indispensable que antes de ratificar el desistimiento se les expliquen los efectos jurídicos que traerá consigo poner fin a la acción de amparo, o bien, a los diversos medios de impugnación que rigen dicho juicio constitucional. Ello, en atención a sus derechos de seguridad jurídica y al debido proceso, que son reconocidos en los artículos 14 de la Constitución General, 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos." Finalmente, del estado de autos se advierte que se encuentran señaladas las diecisiete horas de esta data, a fin de que se lleve a cabo la notificación del directo agraviado, en relación con el proveído de uno de agosto del año en curso dictado en este juicio de amparo, con la asistencia de perito en idioma ruso; por tanto, se comisiona a la Actuaria de la adscripción para que en dicha diligencia también lleve a cabo la notificación del presente proveído. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, once de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de los presentes autos, se advierte que mediante proveído de nueve de agosto de dos mil veintidós, se requirió al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad, para que dentro de veinticuatro horas a partir de la notificación de dicho proveído hiciera del conocimiento de este órgano jurisdiccional la fecha y hora en que se haya citado al perito en idioma ruso - Jairo Pérez Frías-, a efecto de llevar a cabo la notificación ordenada en proveído de uno de agosto del año en curso, relativa a la suspensión de plano decretada en el presente juicio; sin que a la fecha lo hubieren hecho, pese encontrarse debidamente notificado para ello como se desprende de la certificación secretarial que antecede. En consecuencia, ante la omisión del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, de remitir dicha información, se hace efectivo el apercibimiento contenido en la determinación de nueve de agosto de dos mil veintidós, consistente en una multa de doscientas unidades de medida y actualización, equivalente a $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos moneda nacional), de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al momento de realizar el apercibimiento, siendo este de $96.22 pesos (noventa y seis con veintidós centavos moneda nacional); lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo. Por tanto, a fin de estar en aptitud de proporcionar a la autoridad fiscal la información necesaria para hacer efectiva la sanción económica de mérito, requiérase al Titular del Área Jurídica de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad -en la denominación correcta que le corresponda-, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, proporcione nombre completo, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, vista la omisión de cumplir con los requerimientos formulados en autos de cinco de agosto de dos mil veintidós y nueve de agosto de dos mil veintidós, por parte de la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, consistentes en proporcionar fecha y hora para que el perito en idioma ruso auxilie a la Actuaria de la adscripción a realizar la diligencia encomendada en auto de uno de agosto de dos mil veintidós pese a encontrarse debidamente notificada para ello; en consecuencia, requiérase a su superior jerárquico, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, para que conmine a la autoridad administrativa responsable con sede en esta ciudad, para que informe a este Juzgado de Distrito fecha y hora para efecto de que el perito en idioma ruso que señaló -Jairo Pérez Frías-, sea citado a efecto de llevar a cabo la notificación ordenada en proveído de uno de agosto del año en curso, al quejoso Azat Muratbek Uulu relativa a la suspensión de plano decretada en el presente juicio; debiendo informar las gestiones que haya realizado para tal efecto, dentro del término improrrogable de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación del presente proveído. Apercibida la autoridad de referencia que en caso de no hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad de CIEN veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización de esta fecha; ello, con independencia de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir con su conducta. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en conformidad con los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en términos del oficio CR./CJD./002/4028/2022 de veintinueve de julio de dos mil veintidós, suscrito por el Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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