Azalea Yolanda Cepero López

Expediente 1611/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1611/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
24/01/2018

Partes del expediente

  • Azalea Yolanda Cepero López

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, mediante el cual acusa recibo del oficio 56353/2017 por el que se le enviaron los autos originales del juicio de amparo 1611/2017 del índice de este Juzgado Federal, e informa que se avoca al conocimiento de este asunto. [...] se establece que este expediente no tiene valor jurídico o histórico trascendental, ni es de relevancia documental; por tanto, es susceptible de destrucción. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, trasládese este expediente al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Con la demanda de amparo presentada por Azalea Yolanda Cepero López, por propio derecho, contra actos de la Directora adscrita a la Dirección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco y otras autoridades fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 1611/2017 y dese de alta en el sistema correspondiente. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo en atención a las siguientes consideraciones: En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Así, para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de:... De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. Así, la competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. En ese sentido, debe decirse que los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General 3/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución o trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante quien se hubiere presentado la demanda; que es competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando ésta no requiera ejecución material; y, que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Dichos numerales establecen:... Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados o analizados a través del juicio de amparo. En el presente asunto, la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:... De lo anterior se desprende que la promovente reclama el aseguramiento de setenta y tres botellas de Natuform L-Carnitina Líquida, por no tener fecha de caducidad ni número de lote en la etiqueta, contenida en el acta de verificación sanitaria general de cinco de diciembre del año en curso, en cumplimiento a lo ordenado en la orden de visita de verificación sanitaria de tipo ordinaria número 17-AL-2700-01341-MN, de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. La parte quejosa señala que el aseguramiento de dichos productos es ilegal porque los Verificadores que ejecutaron dicho acto no tenían facultades para ello, ya que en la orden de visita sanitaria de tipo ordinaria número 17-AL-2700-01341-MN, únicamente se les autorizó poder llevar a cabo el aseguramiento de productos que se ostentaran en la etiqueta como suplementos alimenticios y contuvieran leyendas preventivas, rehabilitatorias o Terapeúticas. De lo anterior se advierte que los actos de molestia señalados por la parte quejosa relativos al aseguramiento de la mercancía que defiende, se materializaron y ejecutaron en el Municipio de Villahermosa, Tabasco, que es el lugar donde se llevó a cabo al orden de visita de verificación sanitaria de tipo ordinaria número 17-AL-2700-01341-MN y en donde se mantiene el producto que se defiende; es por ello que este juzgado considera carecer de competencia, por razón de territorio, para conocer del presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, es posible concluir que la competencia para conocer de la presente demanda recae en el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, lo que conforme a lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la promovente y las documentales que en copia simple anexó a la demanda de amparo, se desprende que ocurrió en el Municipio de Villahermosa, Tabasco, en virtud de que es ahí en donde se ejecutó el aseguramiento de que se duele, con motivo de la orden de visita de verificación sanitaria de tipo ordinaria número 17-AL-2700-01341-MN emitida por la Directora adscrita a la Dirección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco. Por lo tanto, resulta claro que el acto reclamado se ejecutó y se sigue ejecutando en ese Estado, con lo cual actualiza la hipótesis que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado o se haya ejecutado, por lo que es evidente que corresponde el conocimiento de la presente demanda a un Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, en turno. Además, de que la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez establecida la determinación referente a si se tiene una ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución o trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Así, la regla competencial fijada en el artículo del que se ha dado noticia consiste en que conocerá del asunto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución o se haya ejecutado el acto reclamado en la demanda de amparo. Por los motivos señalados, se insiste que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a este órgano de control constitucional; por ello, con apoyo en los artículos antes citados de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana, este Juzgado se declara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo y ordena remitir el presente expediente, al Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, en turno, a quien se considera competente para conocer del asunto. Se solicita al órgano jurisdiccional que por razón de turno le corresponda conocer de la presente demanda de amparo, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando si acepta o no la competencia declinada. No ha lugar a proveer sobre la suspensión solicitada, toda vez que no se está en el supuesto de los actos mencionados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. En consecuencia, con las constancias respectivas fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Lo anterior, sin que haya lugar a notificar personalmente este proveído a la parte promovente, en atención a la Jurisprudencia 1496, Sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III Marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primero, página cincuenta y cinco, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." En términos del numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 27 de la Ley de Amparo, dado que el domicilio señalado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de este juzgado hasta en tanto señale domicilio para tal efecto dentro de esta jurisdicción. Ello tomando en consideración la determinación adoptada en este proveído y que es obligación del quejoso señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la jurisdicción de este Juzgado. En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios al profesionista señalado en la certificación de cuenta y a las demás personas que refiere únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, por no tener inscrita su cédula profesional de licenciados en derecho en el registro correspondiente del Poder Judicial de la Federación. Por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las diligencias que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

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