Azalea Nilka Ferro Veloz

Expediente 828/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
828/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/12/2022

Partes del expediente

  • Azalea Nilka Ferro Veloz

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de diciembre de dos mil veintidós.Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la determinación de veintisiete de octubre del año en curso, se declara que la misma ha causado estado; hágase del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones en el libro de control electrónico. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio fuera de la audiencia constitucional, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el siete de diciembre de dos mil veinticinco. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a la quejosa para que realice las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de octubre de dos mil veintidós.Agréguese el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, e informa el acato a la suspensión de plano decretada en este asunto. De igual forma, téngasele designando delegados y domicilio procesal. Notifíquese.Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido del licenciado José Luis Núñez Sola, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. FCG/JLNS/Yady

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de octubre de dos mil veintidós.Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que Azalea Nilka Ferro Veloz, ratificó el escrito de demanda promovida en su favor; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos. Incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión, en virtud de que los actos reclamados fueron materia de la suspensión de plano decretada en autos. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las once horas del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Agente del Ministerio Público de la Federación Dese la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informes justificados Pídase informe justificado a las autoridades responsables, las que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciban el oficio en el que se les solicita, en el cual expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y de ser el caso, remitir fotocopia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlos, en la inteligencia que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos que se les reclaman, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisas, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en los domicilios de las autoridades responsables locales, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Causas de sobreseimiento Se previene a las partes que en caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, se impondrá la multa prevista en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Conocimiento previo Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que haya sido promovido por la propia quejosa o que los actos que aquí se reclaman deriven del mismo procedimiento o juicio, a efecto de aprovechar el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tercero interesados No ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto las autoridades rindan su informe justificado, y se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, por ahora, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Capítulo de pruebas Por otro lado, con fundamento en el artículo 79 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desecha la inspección judicial ofrecida, virtud de que no es la idónea para acreditar su pretensión, pues la naturaleza de dicha probanza es la de percibir a través de los sentidos y describir alguna situación fáctica de lugares, personas u objetos en la forma en que se encuentran al verificarse la diligencia, para aclarar o fijar hechos relacionados con la controversia constitucional, que no requieren de conocimientos técnicos especiales, sea que hayan ocurrido antes, pero que todavía subsistan total o parcialmente, o que se produzcan en el momento de su desahogo, más no la de investigar sobre su existencia o inexistencia; aunado, a que lo que se pretende demostrar con su desahogo es susceptible de ser comprobado a través de la prueba documental. Ello, guarda sustento en la tesis P./J. 41/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 157, abril 2001, tomo XIII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Asimismo, por sus consideraciones, la tesis XXI.2o.P.A.32 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1496, octubre de 2006, tomo XXIV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "PRUEBA DE INSPECCIÓN. DEBE DESECHARSE CUANDO LOS PUNTOS PROPUESTOS PARA SU DESAHOGO PUEDAN SER COMPROBADOS A TRAVÉS DE LA DOCUMENTAL, ENTENDIDA COMO LA INFORMACIÓN GENERADA O COMUNICADA QUE CONSTE EN MEDIOS ELECTRÓNICOS O EN CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA, QUE PUEDE SER REPRODUCIDA, NO SOLAMENTE EN PAPEL SINO TAMBIÉN EN ALGÚN DISQUETE O DISCO ÓPTICO." Autorizados Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Héctor Magaña Mosqueda, y únicamente para oír y recibir notificaciones a quienes se indica en el escrito de demanda, así como a Sandro Alberto Lara García, hasta en tanto registre su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Notificaciones vía electrónica Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 79 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene a la parte quejosa señalando la vía electrónica, para oír y recibir notificaciones, por lo que está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II del artículo 30 ya citado. En ese tenor, se instruye a la Oficial Judicial "A", comisionada para la actualización del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario sandrofrouralex, únicamente por lo que hace a este juicio de amparo. Notifíquese y personalmente a la quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de octubre de dos mil veintidós.Vista la demanda de amparo promovida en favor de Azalea Nilka Ferro Veloz, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en perjuicio de la agraviada derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 21 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 828/2022-D. Suspensión de plano Ahora, tomando en consideración que en la demanda se precisa como uno de los actos reclamados destacados la incomunicación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, para los efectos siguientes: Cese de inmediato la incomunicación, de la que se dice es objeto la directamente agraviada, y todos aquellos actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, es decir, las penas de infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier índole y cualquier otra pena inusitada y trascendental; lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad. En relación con los actos consistentes en la inminente deportación o expulsión del país y repatriación, se toman las medidas siguientes: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, es decir, que no se ejecute ninguna orden de esa naturaleza, si es que a la fecha no se ha cumplimentado, y en caso de haberse llevado a cabo dichos actos, permanezca la posible quejosa en el lugar donde se encuentre, lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad; debiendo quedar la directamente agraviada a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, y a disposición de la autoridad administrativa que corresponda en cuanto a la continuación del procedimiento respectivo. Se invoca la jurisprudencia P./J. 80/2007 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, diciembre de 2007, tomo XXVI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Además, las autoridades responsables deberán, bajo su más estricta responsabilidad, instruir y salvaguardar la integridad física y la vida de la directamente agraviada. En relación con el acto consistente en la ilegal detención, con fundamento en el numeral 164 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables a fin de que pongan a Azalea Nilka Ferro Veloz, a disposición del Ministerio Público correspondiente, si su detención deriva de la comisión de un delito. En la inteligencia que si la detención de la directamente agraviada no tiene relación con la comisión de un delito, deberá ser puesta en libertad, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Ello, sin perjuicio de que las autoridades migratorias fijen las medidas establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración, para la continuación del procedimiento migratorio correspondiente, debiendo pronunciarse respecto de la calidad migratoria que en este país tiene la aquí impetrante, dentro del plazo de quince días que establece categóricamente el marco normativo que rige su actuar, atendiendo a las pruebas que tengan en su poder, así como lo dispuesto en el "protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional." En ese contexto, toda vez que el promovente refiere que la impetrante podría encontrarse privada de su libertad, solicítese a las autoridades responsables a fin de que de manera inmediata informen a este órgano jurisdiccional si han decretado alguna medida de aseguramiento a la quejosa en cuestión, a efecto de que este juzgado de distrito esté en aptitud de pronunciarse al respecto; en el entendido de que la impetrante queda a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal, y a disposición de las autoridades responsables por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. Informes de suspensión de plano Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, rindan su informe en acato a la suspensión de plano, debiendo comunicar dentro del mismo plazo, el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad; hágase de su conocimiento que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito en materia de amparo, tal como lo dispone el numeral 262, fracción III, del ordenamiento legal invocado, que de llegar a consumarse daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra. Se comisiona al actuario de este juzgado para que al momento de la notificación del presente proveído, asiente las condiciones físicas en las que se encuentre la directamente agraviada. Asimismo, se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio de las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ratificación de la demanda Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a la directamente agraviada, para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su favor, lo que podrá realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de derechos fundamentales intentada, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona al actuario de este juzgado, a efecto de que proceda a la localización de Azalea Nilka Ferro Veloz, en las instalaciones de las autoridades locales señaladas como responsables. En relación con la prueba de inspección judicial que refiere el promovente; se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se lleve a cabo la diligencia mandatada. Autorizados Se reserva la designación de autorizados y la vía señalada para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto se practique la diligencia ordenada en este asunto. No obstante, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo a este controvertido constitucional. En ese tenor, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada de la actualización del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que permita el acceso en dicho sistema al usuario que se indica, únicamente por lo que hace al juicio de que se trata. Medios de comunicación Ténganse como medios de comunicación no procesal la dirección de correo electrónico y número telefónico proporcionados, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 5º, fracción I, y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y cúmplase.

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