Azael Cortes Peralta y Otros.
Expediente 923/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 923/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Azael Cortes Peralta y Otros.
Actuaciones
- Principal
Xalapa, Veracruz, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado electrónicamente por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el órgano colegiado de su adscripción, admitió el recurso de queja interpuesto por los promoventes **********, en contra del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, en donde se desechó su demanda de amparo, el cual fue radicado bajo el número de queja 371/2023. En consecuencia, estese en espera de la resolución que al efecto dicte el referido Tribunal, a fin de acordar lo conducente. Notifíquese como corresponda.
- Principal
Xalapa, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por los quejosos ********* y **********, mediante el cual interponen recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100, 101 de la Ley de Amparo, y 38, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese trámite al citado recurso. Asimismo, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. En ese sentido, gírese oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, a fin de solicitar el turno correspondiente. Hecho lo anterior, una vez que la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, informe a qué Tribunal Colegiado correspondió conocer el citado recurso, de inmediato, remítase el recurso de queja interpuesto junto con el original del escrito de expresión de agravios y la copia correspondiente destinada al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado que conozca del medio de impugnación de referencia. Notifíquese como corresponda.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ******* y ********, contra actos de la Secretaria de Estudio y Cuenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Huatusco, Veracruz. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE con el número 923/2023. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Los dispositivos transcritos establecen que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Lo anterior, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, mayo 1998, Tomo VII, página 890, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En ese sentido, los quejosos, señalaron como acto reclamado el siguiente: a) La resolución de doce de julio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente civil ******** del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Huatusco, Veracruz, mediante la cual se declaró procedente la reclamación interpuesta por el demandado **********. Ahora bien, respecto del acto reclamado antes precisado, a criterio de este juzgador se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. (.)". De acuerdo con la disposición transcrita, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueve esa instancia constitucional dentro de los términos establecidos para ello. En otro contexto, el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor prevé: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días. II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del artículo trascrito se advierte que el término genérico para la promoción de la demanda de amparo es de quince días, salvo los casos previstos en las fracciones transcritas. Asimismo, cabe destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo prevé que los plazos previstos en el artículo 17 de dicha Ley se computarán a partir del día siguiente en que surta efectos, conforme con la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Hipótesis legales que resultan excluyentes entre sí y carecen de prelación, por lo que la actualización de una hipótesis impide que opere alguna otra y no es necesario que se siga el orden en que fueron previstas por el legislador en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al analizar su actualización. De igual modo, el artículo 21 de la Ley de Amparo, prevé que la presentación de las demandas de amparo en forma impresa podrá hacerse el día en que éste concluya, fuera del horario de labores de los tribunales ante la oficialía de partes correspondiente que habrá de funcionar hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento. Además, el artículo 22 de la Ley de Amparo, señala, en la parte que interesa, que los plazos se contarán por días hábiles y comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyendo en ellos el del vencimiento. En el caso, los quejosos reclaman la resolución de doce de julio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente civil ******** del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Huatusco, Veracruz, mediante la cual se declaró procedente la reclamación interpuesta por el demandado ********. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado precisados en su escrito de demanda, se advierte que dicho acto reclamado fue dictada por el juzgado responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio de amparo ******** del índice de este órgano jurisdiccional; asimismo, que dicho expediente se encuentra archivado como asunto concluido al haberse tenido por cumplida la sentencia amparadora emitida en ese juicio.. Entonces, es un hecho notorio que en este juzgado de distrito se encuentra radicado el juicio de amparo ********, el que se tiene a la vista, advirtiéndose de las constancias que lo integran que fue promovido por los aquí quejosos así como una diversa persona. Asimismo, que el doce de julio de dos mil veintitrés, la Secretaria de Estudio y Cuenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Huatusco, Veracruz, dictó una resolución dentro de los autos del expediente ******* de su índice, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo antes mencionada (fojas 200 a 210 del juicio de amparo ******* del índice de este juzgado) De igual forma, mediante auto de dos de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a las partes con la citada resolución, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, la cual fue notificada a los aquí quejosos, por conducto de su autorizado ********, el cuatro de agosto de dos mil veintitrés (fojas 212 a 214 del juicio de amparo ******* del índice de este juzgado). Datos que constituyen un hecho notorio para quien este asunto resuelve, de conformidad con el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, ubicada en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 172215, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." En ese orden de ideas, se colige que el término de quince días para promoción de la demanda de garantías, al menos, empezó a correr a partir del día siguiente de la fecha de la que surtió sus efectos la notificación de cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Por tanto, el término para promover la demanda de amparo comenzó a partir del ocho de agosto de dos mil veintitrés, concluyendo el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, descontando los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete, por tratarse de días inhábiles. Luego, si la demanda de amparo fue presentada hasta el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, es indudable que la presentación de la misma resulta extemporánea. A mayor abundamiento, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, estableció lo siguiente: ".Demostrado que sí existe contradicción de tesis sobre la cuestión jurídica señalada, el punto a resolver consiste en determinar, si en términos de lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover el juicio de garantías contra un acto que legalmente debe notificarse, puede o no iniciar cuanto antes de dicha notificación, el quejoso tiene conocimiento fehaciente del acto reclamado. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: [.] Del precepto transcrito, se advierte que el artículo 21 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Esto es, conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. De igual manera, conviene destacar que el artículo 21 de la Ley de Amparo, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. Por tanto, la esencia del referido artículo 21, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de garantías, el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. [.] En congruencia con lo anterior, es dable concluir que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, en razón de que no puede limitársele el acceso a los Tribunales Federales cuando tiene conocimiento por cualquier otro medio de un acto que le depara perjuicio y, por ende, se encuentra en aptitud de instaurar la vía constitucional. Esto se afirma, en virtud de que el artículo 166, fracción V, de la ley de la materia literalmente dispone: [.] La disposición legal transcrita prevé que en la demanda de amparo directo, entre otros requisitos, debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que se haya tenido conocimiento de la resolución. Esta última disposición establece implícitamente a favor del gobernado, el derecho a promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el acto reclamado, de modo tal que reitera lo que establece el referido artículo 21, en el sentido de permitir al quejoso promover el juicio desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto que le afecta. Lo anterior con independencia de que en el trámite del juicio de amparo directo, generalmente se contará con la notificación proveniente de los tribunales judiciales, administrativos y de trabajo, dado que la demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable y, ésta a su vez, está obligada a hacer constar en el pie del escrito de demanda, la fecha en que le fue notificada al quejoso la resolución reclamada, como la de la presentación del escrito inicial de demanda, y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas, conforme a lo que dispone el artículo 163 de la Ley de la Materia. En consecuencia, si en autos obra prueba fehaciente de que el quejoso conoció el contenido del acto reclamado íntegramente, con anterioridad a la fecha en que la autoridad responsable le notificó, el cómputo de los quince días que establece el referido artículo 21, debe realizarse a partir de la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento de aquél. Es decir, si el particular tiene conocimiento, previamente a la notificación que ordena la ley que rige el acto reclamado, a través de cualquier otro medio, como puede ser el momento en que hubiese recibido copias del mismo, es válido que a partir de ese momento inicie el cómputo del plazo para la presentación del juicio de amparo, siempre y cuando se acredite plenamente que el quejoso conoció de manera completa el acto reclamado. Dicho en otras palabras, el inicio del plazo para la presentación del juicio de garantías contra un acto que legalmente debe notificarse, tendrá lugar a partir de que el quejoso tiene pleno conocimiento de éste, o se hace sabedor de él, con independencia de que la ley que lo rige establezca la notificación como medio para darlo a conocer a los interesados que sean parte del juicio. [.] Se afirma lo anterior, en virtud de que dicho criterio, específicamente, se refiere al supuesto normativo del artículo 86 de la Ley de Amparo, el cual dispone una sola posibilidad para efectos del cómputo del plazo para la interposición del recurso de revisión, pues al respecto establece lo siguiente: "El término para la interposición del recurso será de diez días, contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida." Situación diversa a la que contiene el referido artículo 21, pues éste dispone el plazo para promover el juicio de amparo y al efecto, como ya se dijo, prevé tres supuestos, a saber: el primero, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución o acuerdo conforme a la ley del acto; segundo, si el quejoso tuvo conocimiento de él en determinado momento y, tercero la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos." (Énfasis añadido). A razón de las consideraciones expuestas en la ejecutoria aludida, surgió la jurisprudencia P./J. 115/2010, publicada en la página cinco, del Tomo XXXIII, enero de 2011, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, Registro 163172, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." Del análisis de la ejecutoria y jurisprudencia citadas se puede concluir que: I. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, existen tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente que son: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. II. De acuerdo a la redacción del citado precepto legal, se advertía la intención del legislador para establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en referido numeral, lo cual permite determinar que la esencia del referido artículo 21, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación. III. Por ello, el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, en razón de que no puede limitársele el acceso a los Tribunales Federales cuando tiene conocimiento por cualquier otro medio de un acto que le depara perjuicio y, por ende, se encuentra en aptitud de instaurar la vía constitucional. De ahí que bastaba que los quejosos se hubiesen enterado por cualquier medio de la resolución de doce de julio de dos mil veintitrés que reclaman, para que estuviesen en aptitud de interponer el juicio biinstancial, pues a partir del día siguiente les empezó a correr el término a que se refiere el artículo 21 de la Ley de la Materia. En razón de lo anterior y, al no haberse presentado la demanda de amparo dentro del plazo legal para ello, se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente por los quejosos, aunado a que, el acto que se combate no actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor. En consecuencia, al resultar notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS (...) "
- Principal
Xalapa, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ****** y ********, contra actos de la Secretaria de Estudio y Cuenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Huatusco, Veracruz. En ese orden de ideas, se colige que el término de quince días para la promoción de la demanda de garantías, al menos, empezó a correr a partir del día siguiente de la fecha de la que surtió sus efectos la notificación de cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Por tanto, el término para promover la demanda de amparo comenzó a partir del ocho de agosto de dos mil veintitrés, concluyendo el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, descontando los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete, por tratarse de días inhábiles. Luego, si la demanda de amparo fue presentada hasta el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, es indudable que la presentación de la misma resulta extemporánea. En consecuencia, al resultar notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.
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