Azael Castillo Peña
Expediente 899/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 899/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Azael Castillo Peña
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Asimismo, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a la parte quejosa.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. V i s t a la demanda de amparo de cuenta se provee: téngase por presentado a ***************************, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. ACTO RECLAMADO El acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral J*****************, por el que no se acordó de conformidad su escrito presentado el veintinueve de marzo del año en curso, a través del cual solicitó la actualización del crédito laboral, toda vez que fue archivado el citado juicio al haber operado la prescripción a que se refiere el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Fórmese expediente impreso y electrónico. Regístrese bajo el número 899/2021-III, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE y anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. El precepto legal en cita, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. En el caso concreto, el acto que el quejoso reclama a través del presente juicio de amparo, es el siguiente: El acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral J.4/448/2003, por el que no se acordó de conformidad su escrito presentado el veintinueve de marzo del año en curso, a través del cual solicitó la actualización del crédito laboral, toda vez que fue archivado el citado juicio al haber operado la prescripción a que se refiere el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo. En contra de dicho acto la parte quejosa se encontraba obligada a interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, que establece: Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionario, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en la providencia cautelares, procede la revisión. De lo anterior, se advierte que en contra del acto impugnado procede el recurso de revisión, previsto por la Ley Federa de Trabajo; medio de defensa a través del cual en ejecución de los laudos, procede la revisión. Ello es así, pues de conformidad con el precepto antes citado, de manera específica el numeral 849 se erige como medio ordinario de defensa procedente en contra del auto reclamado. De ahí, se puede establecer que contra el auto que el quejoso reclama procede el recurso de revisión, por lo siguiente razón: Sí el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la Ley Federal del Trabajo, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. Por tanto, antes de acudir al juicio de amparo se encontraba obligada la parte quejosa a agotar el recurso de revisión, previsto en la legislación procesal de la materia, previo al ejercicio de la acción constitucional. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 95/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, de rubro y texto: REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia en esencia radica en que el acto reclamado no es definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. Es indudable, ya que ese hecho no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. SE EXHORTA A LAS PARTES A SEGUIR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA LÍNEA Toda vez que la demanda que nos ocupa se presentó de manera física; por tanto, con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia con el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea, y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para tal efecto, el Consejo de la Judicatura Federal, mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525; o bien, al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la parte relativa de la demanda de amparo. Se hace de su conocimiento que en caso de que deba realizársele alguna notificación personal durante el trámite de este juicio y se encuentre alguna imposibilidad para realizarla en el citado domicilio, la notificación se realizará por lista que se fija en los estrados de este juzgado. Lo anterior, en términos el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS PARA OÍR NOTIFICACIONES En cuanto a la persona que menciona, se tiene por autorizada en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo sí a la fecha del dictado del presente acuerdo tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; y en caso contrario, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, así como a las demás personas que señaladas, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. MEDIOS ALTERNATIVOS DE CONTACTO Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, se les requiere a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y cuenta de correo electrónico), para entablar comunicación no procesal con éstas, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la presente determinación, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa.
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