Ayuda para desarrollo de edad temprana S.C
Expediente 1213/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1213/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 19/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ayuda para desarrollo de edad temprana S.C
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Hago constar que notifico la determinación de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, a la parte tercero interesada Valentina Vélez Aguilar; por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional; así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de La Federación; lo anterior, con fundamento en la fracción III inciso a) del artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de cuatro de enero de dos mil veintitrés: Cuernavaca, Morelos, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes ejercieran ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo donde se concedió el amparo y protección solicitada para los siguientes efectos: ". En esas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, procede concederle el amparo y protección de la justicia federal solicitados, para el efecto de que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado a partir del ilegal emplazamiento de la aquí quejosa y ordene nuevamente realizar el mismo al actuario que corresponda, en términos de ley. De igual forma la sentencia concesora de amparo, debe hacerse extensiva al codemandado Colegio Wallaby, como responsable de la fuente de trabajo por existir entre ellos litisconsorcio pasivo necesario al haber sido condenados en el laudo dictado en el juicio de origen, al pago de las prestaciones reclamadas por el actor. ." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable, mediante oficio 451/2023-JE4 de siete de marzo de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del acuerdo de seis de marzo de dos mil veintitrés en el cual ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral de origen, a partir del emplazamiento practicado por el actuario por cuanto hace a Colegio Wallaby y Ayuda Para Desarrollo De Edad Temprana Sociedad Civil, por lo que ordenó la reposición del procedimiento en el juicio laboral 01/607/2019 señalando hora y fecha para el desahogo de la audiencia de ley, y ordenó emplazar a ese juicio a dichas personas morales; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a las partes. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al dictar el acuerdo de seis de marzo de dos mil veintitrés donde ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral de origen, a partir del emplazamiento practicado por el actuario por cuanto hace a Colegio Wallaby y Ayuda Para Desarrollo De Edad Temprana Sociedad Civil, por lo que ordenó la reposición del procedimiento en el juicio laboral 01/607/2019 señalando hora y fecha para el desahogo de la audiencia de ley, y ordenó emplazar a ese juicio a dichas personas morales. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje insubsistente todo lo actuado a partir del ilegal emplazamiento de la aquí quejosa y ordene nuevamente realizar el mismo al actuario que corresponda, en términos de ley, de igual forma la sentencia concesora de amparo, debe hacerse extensiva al codemandado Colegio Wallaby, como responsable de la fuente de trabajo por existir entre ellos litisconsorcio pasivo necesario al haber sido condenados en el laudo dictado en el juicio de origen, al pago de las prestaciones reclamadas por el actor. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que el seis de marzo de dos mil veintitrés ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral de origen, a partir del emplazamiento practicado por el actuario por cuanto hace a Colegio Wallaby y Ayuda Para Desarrollo De Edad Temprana Sociedad Civil, por lo que ordenó la reposición del procedimiento en el juicio laboral 01/607/2019 señalando hora y fecha para el desahogo de la audiencia de ley, y ordenó emplazar a ese juicio a dichas personas morales. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos los oficios signados por Jannete Avilés Cruz y Jonathan Iram Segura Castañeda, Presidenta y Actuario de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual la titular de dicho tribunal remite copia del auto de seis de marzo del año en curso, por el que deja insubsistente todo lo actuado a partir del emplazamiento de la aquí quejosa y ordenó nuevamente emplazar a la demandada, señalando fecha para el veintinueve de marzo del año en curso para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, todo dentro de los autos del juicio ********************. A su vez, el fedatario del tribunal laboral refiere que se adhiere a las manifestaciones que realice la titular de dicha Junta; por lo que se le tiene por hechas sus expresiones para los efectos legales conducentes. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de Jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8., de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: Décima época Registro: 2007912 Instancia: Pleno Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, noviembre de 2014, tomo I Materia: Común Tesis: P./J. 60/2014 Página: 7 "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cuatro de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, la razón suscrita por la actuaria adscrita, por el cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte tercero interesada Valentina Vélez Aguilar, la sentencia de dos de agosto de dos mil veintidós; al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por la fedataria judicial; en consecuencia, se ordena notificar a la parte procesal en cita dicha resolución, así como el presente proveído y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFCAR A LA TERCERO INTERESADA VALENTINA VÉLEZ AGUILAR POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN DE FECHA DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDÓS EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, AYUDA PARA DESARROLLO DE EDAD TEMPRANA SOCIEDAD CIVIL solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. ° Actuario adscrito a la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".El ilegal e inexistente emplazamiento supuestamente realizado por el actuario adscrito a la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.". SEGUNDO. El quince de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 1213/2021, y desechó la demanda de amparo, y contra dicho auto la quejosa interpuso recurso de queja, el cual fue admitido el nueve de agosto de dos mil veintiuno. TERCERO. El veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Octavo Circuito, en esta ciudad, que en sesión del nueve de septiembre de dos mil veintiuno, resolvió fundada la queja de mérito. CUARTO. Por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, esta autoridad en cumplimiento a la determinación del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, se admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama el emplazamiento que le fue realizado dentro del expediente laboral 01/607/19-IV, índice de la señalada como responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido del informe justificado que rindieron, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado la Junta señalada como responsable; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Al no haberse invocado causales de improcedencia, ni advertirse la actualización de alguna por verificar, procederá a avocarse al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, cuya transcripción es innecesaria dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor, ni algún otro dispositivo impone al juzgador la obligación de transcribirlos o sintetizarlos para proceder a su examen, ni se advierte la necesidad de ello para responderlos. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 2010, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte promovente del amparo manifiesta como conceptos de violación en esencia, lo siguiente: Que le causa agravio el emplazamiento realizado por el Actuario adscrito a la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en virtud de que no se realizó a la persona moral y por tanto no se apega a la legalidad establecida en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en el caso particular, de las constancias que integran el expediente natural en la demanda que le dio origen se advierte el domicilio proporcionado para realizar la diligencia de emplazamiento de la hoy quejosa ubicado en la Avenida Rio Mayo número 1312, Código Postal 62290, Colonia Vista Hermosa de Cuernavaca, Morelos, sin embargo, la diligencia de emplazamiento que constituye el acto reclamado fue realizada en el domicilio ubicado en la Avenida Rio Mayo número 1318, Código Postal 62290, Colonia Vista Hermosa de Cuernavaca, Morelos. Además agrego la hoy quejosa que el supuesto emplazamiento realizado en el razonamiento de mérito el que el Actuario pretende hacer sobre los elementos subjetivos y objetivos que lo llevaron a determinar el domicilio en el que se constituyó resultan deficientes, que las descripciones asentadas en el razonamiento actuarial son de orden general y no se observa que tuviera a la vista como llegó a la conclusión de que el lugar en el que se encontraba era el domicilio al que fue encomendado constituirse, pues no se desprende de forma alguna la precisión del número 1312 de la Avenida Rio Mayo, o en su defecto en el que dice se constituyó como 1318 de la Avenida Rio Mayo, lo que genera incertidumbre, y que se basa por el dicho de una persona con quien entendió la diligencia y que al respecto asentó "ASÍ COMO POR EL DICHO DE LA PERSONA QUE ME ATIENDE EN LA PRESENTE DILIGENCIA, MISMA CON LA QUE CORROBORO EL DOMICILIO COMO EL COMPLETO Y CORRECTO", y que bajo ningún otro aspecto pudo llegar a la determinación del domicilio en el que se encontraba, más que con el dicho de quien lo atendió que dijo ser encargado de seguridad, pero que no especificó de quien de las personas buscadas o qué relación guardaba con ellos. Ahora bien, resultan fundados los conceptos de violación expuestos por la quejosa, por los motivos que a continuación se exponen. Por principio, cabe señalar que el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "ARTÍCULO 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.". Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la garantía de audiencia consiste en que nadie podrá ser privado de sus bienes, derechos, posesiones, entre otros, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, que se satisfagan los requisitos siguientes: a) Notificar al interesado el inicio del procedimiento respectivo, así como sus consecuencias. b) Dar oportunidad al interesado de ofrecer y desahogar pruebas que en su caso justifiquen su defensa. c) Dar ocasión, igualmente, al interesado de formular alegatos. d) Emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Apoyan lo anterior, la jurisprudencia P./J. 47/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, del Tomo II, Diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.". Asimismo, nuestro más Alto Tribunal de Justicia ha determinado que la persona extraña a juicio es aquélla que no figuró como parte en sentido material dentro del juicio, pero que sufre un perjuicio dentro de éste o dentro del procedimiento de ejecución correspondiente, sin haber sido oída ni vencida, por desconocer las actuaciones relativas; quedando incluida en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, Tomo VII, Enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente.". En concordancia con esos criterios, cabe decir que el emplazamiento es un medio de comunicación procesal que tiene por objeto dar a conocer tanto la existencia de una demanda como la petición del demandante (pretensión de este último); igualmente, proporcionar la oportunidad procesal de que se conteste dicho reclamo dentro de determinado plazo. Por tanto, el emplazamiento o llamamiento a juicio es un presupuesto procesal de la acción y, por ende, debe analizarse de oficio, en términos de la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, volumen 163-168 Cuarta Parte, página 195, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, siguiente: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PUBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y sí, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia.". Como ya se señaló anteriormente, la aquí promovente se duele de que no fue debidamente emplazada y notificada para comparecer al juicio laboral número 01/607/2019, alegando que la notificación que se le realizó, se hizo en forma contraria a las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Además, señala que el actuario responsable no dio cumplimiento a lo señalado en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, pues omitió manifestar los medios de convicción que lo llevaron a la conclusión de que la diligencia que dijo practicar la efectuó después de haberse cerciorado que la persona que va a notificar, habita, trabaja o tiene su domicilio en el lugar en el que se constituyó, lo que ocasionó que quedara en estado de indefensión. En tal orden de ideas, la lectura y análisis efectuado a las diligencias practicadas por el actuario responsable los días dieciséis y diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, permiten al suscrito llegar a la conclusión de que en efecto, el acto reclamado resulta violatorio de derechos fundamentales en perjuicio de la quejosa, toda vez que el emplazamiento que se le hizo no cumple con los requisitos establecidos por el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que dispone: "Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye.". Ciertamente, en las constancias de emplazamiento de referencia, el actuario responsable fue omiso al señalar cuáles fueron los medios por los que pudo cerciorarse de que, en efecto, el domicilio en el que se encontraba pertenecía a la demandada, y para poner de manifiesto dicha omisión, se precisa transcribir las diligencias actuariales de fechas dieciséis y diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, que dicen lo siguiente: ". CITATORIO CUERNAVACA, Morelos del día DIECISÉIS del mes de AGOSTO del año dos mil diecinueve.---------------- AYUDA PARA DESARROLLO DE EDAD TEMPRANO, S.C. A TRAVÉS DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE Con el fin de notificarle un acuerdo dictado por esta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el suscrito actuario adscrito a esta Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, hago constar que dejo el presente citatorio en poder del C. LUIS EDUARDO DELGADO OSORNO quien me manifiesta ser ENCARGADO DE SEGURIDAD a efecto de que sirva esperar al de la voz en el domicilio en que actúo, a las DOCE horas con CUARENTA minutos del día DIECINUEVE del mes de AGOSTO del año dos mil diecinueve, a efecto de llevar a cabo una notificación de carácter personal, con el apercibimiento de que de no encontrarse el día y hora antes citado con fundamento en los dispuesto por el artículo 743 fracciones IV y V de la Ley Federal del Trabajo, se les notificará con cualquier persona que se encuentre en el interior del inmueble en que se actúa y si el inmueble estuviere cerrado, o se negare al interesado, su representante o la persona con quien entienda la diligencia, a recibir la notificación; esta se fijara una copia de la resolución en la puerta de entrada. La persona que me atiende recibe el presente citatorio y NO firma al margen para constancia legal.- Doy FE.----------------------------------------------- ACTUARIO .". ". DEPENDENCIA: JUNTA ESPECIAL NUMERO 4 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS EXPEDIENTE: 01/607/19-IV PARTE ACTORA VALENTINA VELEZ AGUILAR PARTE DEMANDADA ESCUELA WALALBY Y OTROS En CUERNAVACA, Morelos siendo las DOCE horas con TREINTA Y CINCO minutos del día DIECINUEVE del mes de AGOSTO del año dos mil diecinueve, el suscrito actuario adscrito a esta Junta Especial Numero CUATRO de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, hago constar que me constituyo nuevamente en el domicilio señalado en: AVENIDA RIO MAYO, NUMERO 1318, C.P. 62990, COLONIA VISTA HERMOSA, CUERNAVACA, MORELOS________________________________________ En busca de: COLEGIO WALLABY, A TRAVÉS DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE, AYUDA PARA DESARROLLO DE EDAD TEMPRANA, S.C., QUIEN RESULTE SER EL PROPIETARIO._____________________________________________________________________________________ Misma (s) persona (s) que espero de las DOCE___ horas con TREINTA Y CINCO minutos, persona (s) anteriormente citada (s), quien (es) al no encontrarse presente (s), en términos de los dispuesto por el artículo 743 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo; procedo a EMPLAZAR A JUICIO_______, corriéndole traslado al C. LUIS EDUARDO DELGADO OSORNO_________________________________________ quien refiere ser ENCARGADO DE SEGURIDAD quien sí se identifica: CON LICENCIA PARA CONDUCIR CON NUMERO DE MOTOCICLISTA M0090014572 EXPEDIDA POR GOBIERNO EL ESTADO DE MORELOS________________ con copia debidamente autorizada y cotejada de acuerdo (s) de fecha (s): SEIS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE______________________________________ _________________________________________________ con copia de traslado para todos y cada uno de los buscados. Así como copia (s) debidamente autorizada (s) y cotejada (s) de escrito (s) INICIAL DE DEMANDA. --- --- --- --- --- -----. con copias de traslados para todos y cada uno de las personas buscadas, haciendo constar que se deja copia al carbón de la presente acta y la persona mencionada recibe el (los) documento (s) SÍ firmando al margen de la presente acta y el suscrito al calce para constancia legal.-CONSTE. DOY FE.----------------------------------------------------------------------------- ACTUARIO .". De las anteriores transcripciones se advierte con meridiana claridad que el actuario responsable para cerciorarse que se encontraba en el domicilio de la demandada AYUDA PARA DESARROLLO DE EDAD TEMPRANA SOCIEDAD CIVIL, se limitó a decir ".tengo a la vista tal y como lo son UNA PLACA METALICA RUBRICADA EN FONDO COLOR NEGRO, LA CUAL ME INDICA EL MUNICIPIO, COLONIA Y CALLE QUE BUSCO, FIJA EN LA ESQUINA MÁS PRÓXIMA AL LUGAR EN EL QUE SE ACTUÓ, ASÍ COMO POR TENER A LA VISTA UN AMPLIO INMUEBLE CON CASETA FECHADA COLOR BLANCO Y AZUL, CON REJA TUBULAR DE HERRERÍA COLOR AZUL. .por así indicármelo quien me atiende en la presente diligencia domicilio que corresponde a la fuente de trabajo de la parte demandada.". Sin embargo, son insuficientes los medios usados para llegar a la conclusión de que en ese lugar tenía su domicilio la persona moral demandada, aquí quejosa, ya que con el carácter de fedatario público con que cuenta, debió cerciorarse previamente, de si la persona a la que pretendía emplazar a juicio tenía su domicilio en el local o casa en donde realizó la diligencia, y si en la misma podía encontrar a su representante legal, debiendo asentar con precisión los medios por los cuales llevó a cabo tal cercioramiento, lo que no ocurrió en la especie. En este caso, el actuario adscrito a la Junta responsable, debió señalar en su razón actuarial, cuáles fueron los medios por los que pudo cerciorarse del domicilio de la demandada, aquí quejosa, tales como la forma en que se cercioró que se constituyó en el lugar correcto por señalarse así en el nombre de la calle, por la numeración del inmueble o a qué se refiere cuando señala que existe un anuncio en la parte superior sin referir que dice el mismo, considerando que eran varias las personas a las que estaba emplazando, por lo que era necesario que detallara tales aspectos a fin de corroborar que se ubicó en el lugar correcto, y todos los demás datos que la llevaran a constatar que efectivamente se constituyó en el domicilio indicado para llevar a cabo la diligencia, y donde tenía su domicilio la demandada. Ya que con los medios señalados, no se desprende que se haya cerciorado debidamente que se encontraba en la Avenida Rio Mayo 1312, Colonia Vista Hermosa de Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62290, que fue el señalado por el actor en el juicio natural. Además de que no se cercioró en modo alguno que en ese lugar tenía su domicilio la persona moral demandada y que en el mismo podía notificarse por conducto de su representante legal, por quien ni siquiera solicitó su presencia, a fin de poder emplazarla a juicio, resultando insuficiente, como ya se dijo, que señalara en su constancia respectiva que se había cerciorado, por la nomenclatura y por el nombre pintado en letras molde -sin hacer referencia a cuál y dónde se ubicaba- y por el dicho de una persona con la que entendió la diligencia, la que si bien se identificó, no proporcionó mayores elementos de identificación respecto de su relación o vínculo con las buscadas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 743 fracciones II a IV, de la Ley Federal del Trabajo, al tratarse de una persona moral la demandada, la diligencia debe practicarse con su representante legal, y en el supuesto de que éste no se encontrare presente, se le dejará citatorio al mismo, para que espere al actuario al día siguiente a una hora determinada. Si no obstante el citatorio, el representante legal no esperare al actuario, la notificación se podrá realizar con cualquier persona que se encuentre en la casa o local. De donde se obtiene que tratándose de personas morales, es obligación del fedatario requerir la presencia del representante legal de quien se pretende emplazar, tanto al realizar esa diligencia en la primera búsqueda, como cuando se realiza previo citatorio. Lo que no realizó el notificador responsable, ya que de la lectura de las constancias respectivas no se advierte que hubiese solicitado la presencia de dicho representante. Lo anterior encuentra apoyo en el criterio sostenido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Localizable con Registro digital: 161855, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Laboral, Tesis: I.13o.T.309 L, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 1369, Tipo: Aislada, que señala lo que sigue: "EMPLAZAMIENTO EN MATERIA LABORAL. CUANDO SE REALIZA CON UNA PERSONA MORAL, PREVIO CITATORIO, EL ACTUARIO DEBE REQUERIR LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL, ANTES DE HACERLO CON QUIEN LO ATIENDE, SI ÉSTE CARECE DE FACULTADES DE REPRESENTACIÓN (SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES II Y IV DEL ARTÍCULO 743 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO). Conforme a lo establecido en las fracciones I a IV del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo -precepto que establece las reglas básicas de la primera notificación personal-, el actuario debe cumplir, entre otras, con las siguientes formalidades: I) cerciorarse de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado para hacer la notificación; II) tratándose de persona moral, asegurarse de que entiende la diligencia con el representante legal de aquélla; III) en los casos en que no se encuentre presente el interesado o su representante, dejar el citatorio para que éste lo espere al día siguiente a hora determinada; y IV) si no obstante el citatorio, no se encuentra presente el representante, hacer la notificación con cualquier persona que se encuentre en la casa o local. En congruencia con lo anterior, tratándose de personas morales, es obligación del fedatario requerir la presencia del representante legal de quien se pretende emplazar, tanto al realizar esa diligencia en la primera búsqueda, como cuando se realiza previo citatorio, pues según las fracciones II y IV del ordenamiento legal invocado el emplazamiento siempre debe entenderse con persona facultada para representar a la parte demandada, lo que de manera imbíbita lleva la obligación de requerir la presencia del referido representante, cuando el actuario se constituye nuevamente en el domicilio respectivo a la hora que fijó en el citatorio, y sólo cuando dicho apoderado no lo espere, podrá practicar el emplazamiento con quien no tenga la calidad apuntada." Aunado a lo anterior, si bien es verdad que la persona con quien entendió la diligencia le refirió ser empleado de la demandada, es decir, encargado de seguridad, pero el actuario fue omiso en establecer mayores elementos del cargo y/o puesto que dicha persona desempeñaba en el lugar donde se ubicaba, es decir, no recabó datos objetivos que le permitieran asegurarse de que verdaderamente ahí tenía su domicilio el destinatario de la notificación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Registrada con número 194555, materia Laboral, de la Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Febrero de 1999, Tesis 2a./J. 9/99, página 121, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO LABORAL. NO BASTA QUE ALGUIEN INFORME QUE "POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTRA LA PERSONA QUE BUSCA" PARA CONSIDERAR QUE EL ACTUARIO SE CERCIORÓ QUE EN ESE LUGAR HABITA, TRABAJA O TIENE SU DOMICILIO EL DEMANDADO. El emplazamiento a juicio laboral es un acto procesal que reviste gran importancia, por permitir el cumplimiento de la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional y, por eso, el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que al realizarlo el actuario debe cerciorarse que en el lugar señalado en autos habita, trabaja o tiene su domicilio la persona que busca; por lo que cuando alguien le informa que "por el momento no se encuentra" la persona que busca, ese funcionario debe recabar otros datos objetivos que le permitan asegurarse de que verdaderamente ahí habita, trabaja o tiene su domicilio el destinatario de la notificación, puesto que aquella afirmación no conduce inequívocamente al estado de certeza que exige el precepto legal en cuestión, sino que puede llevar a cometer errores que no permitirían o impedirían al particular conocer el inicio del procedimiento." Igualmente encuentra apoyo lo anterior en la siguiente jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Tesis IIIT. J/19, página 982, con número de registro digital 196978, que es del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO, CERCIORAMIENTO DEFICIENTE DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO. No es bastante el cercioramiento que efectúa el actuario acerca de que el domicilio en que practica el emplazamiento es el del demandado, si tal constatación la realiza apoyándose en que ese es el que proporcionó el actor y porque tiene a la vista la nomenclatura y número exterior visible de la finca en que actúa, puesto que, para ese fin, es necesario que, con los atributos propios de su autoridad, se asegure mediante otros datos que tenga a su alcance, de la efectividad de la designación del domicilio de que se trata, esto es, debe cerciorarse que a quien pretende llamar a juicio, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación; por tanto, si el emplazamiento adolece de los requisitos formales mencionados, resulta ilegal.". Asimismo, apoya lo anterior, la diversa jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 77, Mayo de 1994, Tesis V1.20. J/270, Página 70, con registro digital 212456 , del rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO. DEBEN OBSERVARSE TODAS LAS FORMALIDADES DEL. De conformidad con lo que dispone el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, para que un emplazamiento se encuentre correctamente desahogado no basta que el actuario se cerciore de que el domicilio donde efectúa es el señalado en la demanda, por medio de las placas de nomenclatura oficiales, sino además tiene que cerciorarse de que en ese lugar habita, trabaja o tiene su domicilio el demandado, ya que de omitir esa circunstancia resulta ilegal el emplazamiento, debiendo hacerse constar en el acta que al efecto se levante los medios a través de los cuales llegó a tal conocimiento.". En esas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, procede concederle el amparo y protección de la justicia federal solicitados, para el efecto de que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado a partir del ilegal emplazamiento de la aquí quejosa y ordene nuevamente realizar el mismo al actuario que corresponda, en términos de ley. De igual forma la sentencia concesora de amparo, debe hacerse extensiva al codemandado Colegio Wallaby, como responsable de la fuente de trabajo por existir entre ellos litisconsorcio pasivo necesario al haber sido condenados en el laudo dictado en el juicio de origen, al pago de las prestaciones reclamadas por el actor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Visible con registro digital: 200201, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 9/96, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Febrero de 1996, página 78, Tipo: Jurisprudencia, cuyo rubro y texto señalan: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. Los efectos de la sentencia de amparo que concede la Protección Federal solicitada, deben extenderse a los codemandados del quejoso, quienes no ejercitaron la acción constitucional correspondiente, cuando se encuentre acreditado en autos que entre dichos codemandados existe litisconsorcio pasivo necesario o que la situación de los litisconsortes sea idéntica, afín o común a la de quien sí promovió el juicio de garantías, pues los efectos del citado litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del proceso correspondiente, por lo que sí pueden trasladarse al procedimiento constitucional. Por lo tanto, si se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en un juicio ejecutivo mercantil, a partir de su ilegal emplazamiento, las consecuencias de dicha resolución sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que en el caso contrario, se haría nugatoria la concesión de la Protección Constitucional, sin que esto implique infracción al principio de relatividad de las sentencias de amparo previsto en los artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, habida cuenta de que no se está en la hipótesis de que una sentencia de amparo se hubiese ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes hubieren solicitado la Protección Federal." Así como la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Séptimo Circuito Localizable con Registro digital: 2015413, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: XXVII.3o. J/34 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2359, Tipo: Jurisprudencia, del siguiente rubro y texto: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA AL DELIMITAR LOS EFECTOS DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE DECLARA ILEGAL EL EMPLAZAMIENTO DEL QUEJOSO QUIEN SE OSTENTÓ COMO TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN, DEBE CONSIDERARSE Y NO DESCONOCERSE LO RESUELTO EN EL LAUDO DICTADO EN EL JUICIO LABORAL. En la jurisprudencia P./J. 9/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 78, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos de la sentencia de amparo que concede la protección federal deben extenderse a los codemandados del quejoso, quienes no ejercitaron la acción constitucional correspondiente, cuando se encuentre acreditado en autos que entre dichos codemandados existe litisconsorcio pasivo necesario, o que la situación de los litisconsortes sea idéntica, afín o común a la de quien sí promovió el juicio de amparo, pues los efectos del citado litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del proceso correspondiente, por lo que sí pueden trasladarse al procedimiento constitucional. En relación con ello, en la jurisprudencia 2a./J. 103/2011, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 690, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN MATERIA DE TRABAJO. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD LABORAL DETERMINAR SU EXISTENCIA.", la Segunda Sala de ese Alto Tribunal precisó que en materia de trabajo corresponde a la autoridad que conoce del juicio resolver la existencia o inexistencia del litisconsorcio pasivo necesario. Consecuentemente, para determinar la existencia de litisconsorcio pasivo necesario al delimitar los efectos de la protección constitucional en el juicio de amparo indirecto, cuando se declara ilegal el emplazamiento del quejoso quien se ostentó como tercero extraño por equiparación, el juzgador de amparo debe considerar lo resuelto en el laudo dictado en el juicio común, pues mediante esa resolución la Junta de Conciliación y Arbitraje fijó la existencia o inexistencia del litisconsorcio, y tal pronunciamiento constituye una verdad legal que no fue puesta a discusión, por lo que no se debe desconocer.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 77, 117 y 119 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a la parte quejosa AYUDA PARA DESARROLLO DE EDAD TEMPRANA SOCIEDAD CIVIL, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad y Actuario de su adscripción, por los motivos y fundamentos invocados en el considerando quinto y para los efectos precisados la parte final de dicho considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy dos de agosto de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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