Ayrrae Alfonso Barredo Vallanueva
Expediente 1384/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1384/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ayrrae Alfonso Barredo Vallanueva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán; dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución con la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declaró que en su primer punto resolutivo que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el Acuerdo antes citado. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
VISTO, para resolver, el presente juicio de amparo 1384/2021-VI, promovido por AYRRAE ALFONSO BARREDO VILLANUEVA, contra el acto que reclamó del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1°, 8°, 14 (párrafo segundo), 16 (párrafo primero), y 17 (párrafo segundo) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y que por razón de turno le tocó conocer a este órgano jurisdiccional, AYRRAE ALFONSO BARREDO VILLANUEVA, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, y otra autoridad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE DEMANDA. Mediante acuerdo de dieciocho de agosto dos mil veintiuno, previa prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo en materia administrativa, promovida contra actos de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto que por esta vía se impugna como inconstitucional y que se desprende del análisis integral del escrito de demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte solicitante del amparo, con la finalidad de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, armonizando los datos proporcionados en la demanda. Lo anterior, tiene sustento además, en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto medularmente los actos que por esta vía se reclaman, se hacen consistir en: La resolución de doce de julio de dos mil veintiuno, emitida por el Oficial de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, y del Presidente de la citada Comisión la dilación en el avance de la gestión 231/2017. Lo anterior se realiza de conformidad con el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número P. VI/2004. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. En su informe justificado, las autoridades responsables Presidente y Oficial de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, negaron la existencia del acto que se les reclamó; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las manifestaciones vertidas al rendir dicho informe, con las que defienden la legalidad de su actuación; además, de las documentales exhibidas por la segunda nombrada como anexo a su informe justificado, las cuales en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, merecen eficacia probatoria, se advierte la emisión de la resolución de doce de julio de dos mil veintiuno, reclamada. Ilustra lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. No obstante la certeza del acto reclamado, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación planteados, habida cuenta que en el caso, se actualiza una causal de improcedencia que imposibilita el análisis de fondo del acto reclamado. Causal que es de orden público y su estudio es preferente a la cuestión del fondo de la litis constitucional, en términos del numeral 62 de la ley citada. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO". En este tenor, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 102, apartado B, y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 102. (.) B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Artículo. 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." (.)" Como se puede apreciar, el primero de los citados preceptos establece que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución o de la propia ley. El segundo de ellos, prevé que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampararán el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Y por último, el tercero de los transcritos establece que el citado juicio de amparo puede promoverse en contra de normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales vinculantes para México. Lo anterior, revela que el régimen constitucional mexicano reconoce distintos mecanismos para la protección de los derechos humanos. Es decir, en el segundo de los citados preceptos (artículo 102, apartado B, de la Constitución) se establece un medio no jurisdiccional de protección de derechos humanos (como lo es el trámite de las quejas que se presentan ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México) el cual no puede someterse a control de regularidad constitucional a través de un mecanismo jurisdiccional de protección constitucional (como lo es el juicio de amparo). Como se puede advertir, el citado dispositivo, prevé un medio de defensa no jurisdiccional de los derechos humanos. Por otro lado, el juicio de amparo que se encuentra regulado en los artículos 103 y 107 de la Constitución, establecen que éste puede promoverse en contra de normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales vinculantes para México. De lo expuesto se desprende, que en términos de los preceptos señalados, la Constitución previó una garantía instrumental o adjetiva conforme a dos procedimientos para la protección de los derechos humanos. Uno no jurisdiccional y está previsto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución, mientras que otro es jurisdiccional, seguido ante los tribunales constitucionales del Poder Judicial de la Federación, y está previsto en el artículo 103 constitucional. En torno al tema en estudio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 49/2009, resuelta en sesión de nueve de marzo de dos mil diez, fojas treinta y ocho a cuarenta y cuatro, estableció lo siguiente: "En suma, el régimen constitucional mexicano prevé, en el artículo 102, apartado B, de la Norma Suprema, un medio de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, cuya tutela constituye un derecho de los gobernados. (.) Ahora bien, de acuerdo con el primer párrafo del apartado B del artículo 102 constitucional vigente, la principal competencia de la Comisión es proteger los derechos humanos amparados por el orden jurídico mexicano, así como conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público que violen estos derechos (excepto de los del Poder Judicial de la Federación). Además, según el segundo párrafo del mismo apartado B, los organismos encargados de la protección de los derechos humanos pueden formular recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Como se advierte, en este precepto constitucional se prevé la existencia de un órgano constitucional autónomo (pues el párrafo cuarto del apartado B dispone que tendrá autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios), con atribuciones en materia de la defensa de los derechos humanos. Una forma de entender al artículo 102, apartado B, constitucional, es como un cúmulo de facultades atribuidas a las comisiones de derechos humanos, tanto a la nacional como a las de las entidades federativas. No obstante, las disposiciones del artículo también se pueden entender desde otro punto de vista: en él no sólo se confieren atribuciones a un órgano, sino que también se establece, en favor de los gobernados, el derecho a un medio de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Es decir, por un lado, se establece el ámbito de competencias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero por el otro, se otorga a los particulares un derecho constitucional correlativo, consistente en tener acceso a que un organismo autónomo, diferente de los tribunales judiciales, se pronuncie sobre si determinados hechos o actos constituyen violaciones de derechos humanos por parte de autoridades. Así como los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén una "garantía judicial " y un debido proceso legal, el artículo 102, apartado B, del mismo cuerpo jurídico establece una garantía instrumental o adjetiva, con el fin de que los gobernados tengan acceso a medios de defensa de derechos humanos distintos de los jurisdiccionales. Si bien es cierto que el artículo 102, apartado B, constitucional prevé la existencia de órganos de defensa de los derechos humanos, también lo es que ello se debe entender en función de su labor primordial, que es precisamente la de proporcionar a los individuos procedimientos para la defensa de sus derechos. Esta defensa se materializa a través del trámite de los procedimientos de queja en contra de actos u omisiones administrativas que la Constitución le encomienda. No escapa a esta Suprema Corte el hecho de que, de acuerdo con el texto constitucional, las resoluciones o recomendaciones que emita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no son vinculantes. Sin embargo, ello no es obstáculo para considerar que el Poder Reformador de la Constitución estableció una garantía instrumental en favor de las personas, cuyo fin es otorgar un medio de defensa no jurisdiccional de los derechos humanos; independientemente de si el resultado de esa defensa es obligatorio o no para las autoridades. En otras palabras, se trata de un medio de protección de derechos diverso al que proporcionan los órganos jurisdiccionales, cuyas determinaciones sí son ejecutivas." Según se puede ver, el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver dicha acción de inconstitucionalidad en esencia precisó que el sistema no jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a través de las comisiones de derechos humanos, obedecen a una lógica propia, donde las recomendaciones que se llegan a emitir con motivo de una queja, no son vinculantes. También estableció, que el precepto constitucional mencionado otorga a los particulares un derecho constitucional correlativo consistente en tener acceso a que un organismo autónomo, diferente de los tribunales judiciales, se pronuncie sobre si determinados hechos o actos constituyen violaciones de derechos humanos por parte de autoridades, así como la circunstancia de que los gobernados tengan acceso a medios de defensa de derechos humanos distintos de los jurisdiccionales que se materializa a través del trámite de los procedimientos de queja en contra de actos u omisiones administrativas que la Constitución le encomienda. De igual manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 742/2015, resuelta en sesión veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, foja 19, sobreseyó en el juicio respecto de actos atribuidos a la Oficina Foránea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Nogales, Sonora, respecto del acto que se le atribuyó, consistente en la omisión de dictar la resolución definitiva correspondiente a una queja tramitada ante dicha dependencia, sostuvo lo siguiente: "Ahora bien, esta Segunda Sala estima que no son impugnables mediante el juicio de amparo los procedimientos de queja tramitados ante la CNDH por la presunta violación de derechos humanos, incluyendo la omisión que deba recaer en los mismos, que pueden culminar con la emisión de una recomendación, con un acuerdo de no responsabilidad, entre otras posibilidades (por ejemplo, la queja también podría ser desechada o tener algún otro destino procesal), con base en el artículo 102, apartado B, primer párrafo de la Constitución, en relación con el artículo 103 constitucional. Así como de manera expresa, el artículo 102, apartado B, tercer párrafo de la Constitución, señala que los organismos de protección de derechos humanos no son competentes "tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales", debe entenderse que las recomendaciones, o los trámites que son llevados a cabo para emitir éstas, no pueden someterse al escrutinio constitucional del juicio de amparo." La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el referido recurso de revisión determinó esencialmente que no son impugnables vía amparo los procedimientos de queja tramitados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la presunta violación de derechos fundamentales, incluyendo la omisión en su trámite, el cual puede culminar con la emisión de una recomendación, con un acuerdo de no responsabilidad, ya que en esos supuestos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 102, apartado B, de la Constitución, dado que no era factible estudiar la validez de las resoluciones emitidas en el resto de las garantías constitucionales, es decir, en los procedimientos que por determinación constitucional expresa también tenían la función de restaurar el orden normativo de nuestra Constitución frente a actos y normas que la hayan transgredido, como lo es el juicio de amparo previsto en el artículo 103 constitucional. Lo narrado permite establecer que los procedimientos comprendidos en el artículo 102, apartado B, de la Constitución no pueden ser sometidos a un diverso análisis constitucional como lo es el juicio de amparo, en virtud de que ambas vías atienden a la protección de los derechos humanos. En ese orden, es que resulta improcedente el presente juicio de amparo al no ser combatibles mediante el juicio de amparo los procedimientos de queja tramitados ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, por la presunta violación de derechos humanos reclamados por el quejoso. Es decir, así como el artículo 102, apartado B, párrafo tercero, de la Constitución señala que los organismos de protección de derechos humanos no son competentes "tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales," debe entenderse que las recomendaciones o los trámites que son llevados a cabo para emitir éstas, no pueden someterse al escrutinio constitucional del juicio de amparo. Por lo tanto, si en el particular se reclama la resolución de doce de julio de dos mil veintiuno, emitida en el expediente de gestión 231/2017 así como la dilación en su dictado, se considera que se actualiza la referida causa de improcedencia, ya que no es factible estudiar la legitimidad de la resolución señalada en un procedimiento que por determinación constitucional expresa tienen la función de restaurar el orden normativo de la Constitución frente a actos -positivos o negativos- y normas que la hayan transgredido. Resulta aplicable al caso la Tesis de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VIII, Diciembre de 1998, página 223 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 194951 que a letra dice: COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN CONTRA DE LA DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DENUNCIA DE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS, POR NO SER UN ACTO DE AUTORIDAD. La resolución final que dicta la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de quejas y denuncias que se formulan en contra de presuntas violaciones a los derechos humanos, no tiene la naturaleza de "acto de autoridad", ya que aunque se emita en el sentido de hacer recomendaciones, de lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que no obliga a la autoridad administrativa contra la cual se dirige y, por ende, ésta puede cumplirla o dejar de hacerlo; luego, por sí misma no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al particular. Asimismo, por sus efectos y consecuencias, la resolución emitida por la comisión, en la que declara su incompetencia para conocer de una denuncia o queja, es equiparable a sus determinaciones finales, en razón de que, tácitamente, está concluyendo que no hará ninguna recomendación con base en los motivos y fundamentos jurídicos señalados en la propia declaración de incompetencia, que se dicte aun antes de llevar a cabo la investigación, por lo que tampoco puede considerarse esta otra resolución como un acto de autoridad. Por consiguiente, sobre el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 1o., fracción I, de la misma, conforme a los cuales el amparo solamente procede en contra de actos de autoridad. En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 102, apartado B, párrafo primero y 103, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. QUINTO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Finalmente de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día siguiente de su publicación la presente sentencia en versión pública, con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Ayrrae Alfonso Barredo Villanueva, contra los actos atribuidos al Presidente y Oficial de Quejas y Orientación ambos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que aún se encuentra transcurriendo la vista del informe justificado rendido por el Presidente y el Oficial de Quejas y Orientación, ambos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán con sede en esta ciudad de Mérida, puestos a las partes mediante proveído de diecisiete de septiembre de la presente anualidad, por lo que aún no se cumplen con los ocho días de anticipación a que se contrae el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración a las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Lo antes expuesto encuentra apoyo, por identidad de razón, la tesis de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por el Presidente y el Oficial de Quejas y Orientación, ambos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán con sede en esta ciudad de Mérida, y anexos que adjuntan la segunda autoridad antes mencionada; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional relativa. De igual manera, téngase por designado como su domicilio para oír y recibir notificaciones y su correo electrónico de dichas autoridades, los mencionados en su informe de mérito. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Isela Zarate Muñoz, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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