Ayntamiento de la Paz, Estado de México
Expediente 666/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 666/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ayntamiento de la Paz, Estado de México
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal y la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de doce de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por --------- en representación del Ayuntamiento de la Paz, Estado de México, HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES.Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; En atención a lo anterior, se estima que este expediente es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. En ese orden, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Por otra parte, se deja a disposición de la parte quejosa el documento que exhibió en su escrito inicial de demanda; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no recogerlo en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. En el entendido de que, conforme a los artículos 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el apartado "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso a este recinto judicial, para que pueda recoger su documento, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por medio de lista, -por así haberlo solicitado- en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a doce de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ----------- en representación del Ayuntamiento de la Paz, Estado de México, personalidad que se le reconoce en términos del testimonio notarial número cinco mil seiscientos cincuenta, de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, pasada ante la fe del Notario Público setenta y nueve del Estado de México contra actos de la Sala Auxiliar de Ecatepec del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los Secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 666/2021-III. . Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, en el caso se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Ahora, el numeral 61, en su fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Y el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, señala: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; En ese orden de ideas, es pertinente destacar, que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida, dicho procedimiento se encuentra, encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias. La razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior, fue impedir que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por constituir la sentencia el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, lograr restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo, el Legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Precisamente, la siguiente jurisprudencia señala que será procedente el juicio hasta que se ordena poner el título de crédito a favor del actor, pero los actos previos, como lo es embargar las cuentas y después girar los oficios para retener el dinero y luego pedir el título de crédito son anteriores, a poner a disposición de la parte actora el numerario de referencia (que es la hipótesis en el cual procede el juicio de amparo para este tipo de juicios laborales). Jurisprudencia 2a./J. 153/2017, publicada en la página 643 del tomo XIII, diciembre de 2017 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dispone: EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CANTIDAD ASEGURADA Y ORDENA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PATRÓN. Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sin contemplar los casos en los que el embargo recae sobre objetos que no requieren de remate, como lo es el numerario contenido en una cuenta bancaria. Así es, existen casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como sucede cuando se embargan, con fundamento en el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, dinero o créditos realizables en el acto, pues dicha norma autoriza que en esos eventos el actuario trabe embargo y los ponga a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago al actor, sin que la Ley de Amparo establezca con claridad contra qué acto procede el juicio constitucional cuando resulta innecesario el remate. Ahora bien, este precepto, interpretado por analogía, permite considerar que tratándose del embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria propiedad del patrón, cuando el actuario lo decreta por un monto determinado dentro del procedimiento de ejecución previsto en los artículos 950 a 966 de la Ley Federal del Trabajo, sobre la cantidad líquida que se pretende ejecutar el laudo, no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, pues sólo procede contra la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la referida cantidad asegurada y ordena, con fundamento en el artículo 742, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, la notificación personal al patrón a efecto de estar en aptitud de promover el juicio de garantías, momento en el que pueden hacerse valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución. Considerar lo contrario, esto es, admitir la impugnación del embargo, permitiría interrumpir la secuela ejecutiva del laudo seguida por un tribunal del trabajo, lo que, precisamente, el legislador pretendió evitar en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vedar la impugnación de cualquier acto distinto a la orden de entrega de los bienes. Señalado lo anterior, es pertinente destacar que en el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en virtud de que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Ahora bien, tenemos que en el presente caso la parte quejosa hace consistir su reclamo en las siguientes actuaciones llevadas a cabo dentro del expediente laboral SAE861/2009 y su acumulado SAE862/2009, del índice de la Sala Auxiliar de Ecatepec del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México: Acuerdo de catorce de junio de dos mil veintiuno, en el que se ordenó la reinstalación de la parte actora. Auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, el que se desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la hoy parte quejosa, al considerar que los agravios hechos valer ya fueron estudiados en la resolución incidental de tres de noviembre de dos mil veinte. Diligencia de reinstalación y requerimiento de pago y en embargo llevada a cabo el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en el domicilio de la parte quejosa. Acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en el cual se decreta se realicen y se pongan a disposición los oficios para que se lleve a cabo el embargo de cuentas bancarias a nombre del Ayuntamiento de la Paz, Estado de México, lo anterior en cumplimiento al laudo dictado el doce de septiembre de dos mil diecisiete. A mayor abundamiento, cabe traer a colación los antecedentes del acto reclamado que la parte quejosa manifestó en su escrito inicial de demanda: El veintidós de septiembre de dos mil nueve la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Ecatepec, radicó la demanda promovida por ------------ y -----------, en contra del Ayuntamiento de la Paz, Estado de México, en la cual demandaron la reinstalación, pago de salarios caídos y diversas prestaciones, asunto que fue registrado con el número de expediente SAE861/2009. El veinticinco de agosto del año dos mil diez, se celebró la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas. El veintisiete de enero de dos mil once se llevó a cabo la audiencia incidental de acumulación por lo que hace a los expedientes radicados ante la autoridad responsable registrados con los números de expedientes SAE861/2009 y SAE862/2009. Posteriormente durante la secuela del procedimiento se llevaron a cabo las diligencias de desahogo de pruebas. Así en fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete la autoridad responsable dicto en el laudo correspondiente en el juicio de origen SAE861/2009 y SAE862/2009, únicamente resolviendo respecto a las prestaciones hechas valer por --------------, ya que los demás promoventes del juicio laboral se desistieron del mismo. En ese sentido la Sala responsable resuelve condenar a la hoy parte quejosa el pago de las prestaciones señaladas por la parte actora. Mediante escrito de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve la parte actora, solicita se señale fecha y hora para llevar a cabo la ejecución del laudo. El tres de noviembre de dos mil veinte la Sala Auxiliar resuelve en incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte demandada, en el que reclama el ilegal actuar de la responsable al no acordar de conformidad la prescripción del laudo solicitada por el demandado, resolución que se reclama en el juicio de amparo 365/2021-II, del índice de este Juzgado Federal. De lo anterior, podemos concluir que los actos reclamados constituyen autos de trámite emitidos en ejecución de sentencia, por los cuales la autoridad responsable, requiere a la autoridad demandada para que realice las acciones propias, encaminadas a lograr el cumplimiento del laudo. Determinaciones reclamadas, que no pueden ser consideradas como la última resolución dictada en la fase ejecutiva, ya que, ésta debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce del cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad para darle cumplimiento, circunstancia que en el caso concreto no acontece; de ahí que, en la especie, se estime actualizada la causal de improcedencia en comento. De igual forma, los proveídos que impugna, no conllevan por sí violación a sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano es parte (vida, integridad y libertad personal, honra y dignidad, conciencia y religión, pensamiento y expresión, propiedad privada, posesión, reunión, asociación, a recibir alimentos por parte de los menores, salud, educación), sino que se limita a una cuestión parte del procedimiento de ejecución de laudo. No resulta inadvertido, que la parte quejosa interpuso incidente de nulidad de actuaciones porque la autoridad no se había pronunciado sobre la prescripción de la ejecución del laudo, sin embargo, ese acto es materia del juicio de amparo 365/2021-II, el cual se encuentra sub júdice. Por lo tanto, mientras no se decrete la prescripción de la ejecución de laudo, aún persiste la obligación de cumplir con el mismo, el cual es de orden público, dado que la autoridad está interesada en que se ejecuten las sentencias. En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del artículo 107 y 113, todos de la ley reglamentaria, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ----------- en representación del Ayuntamiento de la Paz, Estado de México, por los motivos expuestos. No pasa inadvertido para este juzgador, que la causal de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el sumario; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los Órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los Órganos Jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión a los promoventes, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado Federal, por así haberlo indicado expresamente en la demanda que se atiende. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala en el mismo, quienes podrán gozar de las facultades que otorga el numeral 12, de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En términos del último párrafo del numeral 21, de la Ley de la materia, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, practique las notificaciones que deriven del presente trámite, en días y horas inhábiles. Además hace destacar que el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para dar materialidad a las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo; y que para llevar a cabo la notificación ordenada en el presente auto deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. . En términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere al promovente, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactado el Secretario encargado del asunto, Óscar Durán Valdés, a saber: 5553870500, extensión 1391, dentro de un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al presente asunto. En otro orden de ideas, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1, 3, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. De igual manera, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por medio lista -por así haberlo solicitado- en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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