Aydee Natalie Ruvalcaba Pereida
Expediente 1587/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1587/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 11/10/2018
Partes del expediente
- Aydee Natalie Ruvalcaba Pereida
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
- Téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta . . . signado por . . . expídanse copias simples de la sentencia definitiva dictada en autos del presente juicio . . .
- Principal
V I S T O el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por notario suscrito por el NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TREINTA, de esta demarcación territorial, informó el cumplimiento al fallo protector y para tal efecto exhibió las constancias relativas. Mediante proveído de tres de abril del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre si se había dado cumplimiento o no, a la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. Tal acuerdo se le notificó el cuatro de abril de dos mil dieciocho, según se advierte de las constancia de notificación respectiva, sin que hubiese desahogado dicha vista; por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y este Juzgado procede a resolver, si a la fecha se ha cumplido con el fallo protector. Asimismo, se atiende también a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." Bajo ese orden de ideas, este Juzgado procede a emitir resolución a fin de determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o no, como se verá enseguida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en relación al cumplimiento de ejecutorias de amparo estableciendo diversos trámites, como los que se especifican en la Jurisprudencia número 2a./J. 9/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XIII, Febrero de 2001, Página 203, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA". Tal jurisprudencia se invoca en lo que no se oponga a la Ley de Amparo aludida. En consecuencia, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante escrito de demanda presentada el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, que por razón de turno le correspondió conocer a este Juzgado, ********************, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la LEGISLATURA, GOBERNADOR, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, todos, del ESTADO DE QUERÉTARO, a quienes le reclamaron: La aprobación, expedición, refrendo, publicación, aplicación de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, en específico, los artículos 90, 97 y 99 que se traduce en el cobro del derecho por los servicios prestados por el registro público de la propiedad y del comercio, en particular, la compraventa de inmuebles; así como por lo que ve al acto de aplicación de los artículos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110, por lo que respecta del cobro del derecho por los servicios prestados por el registro público de la propiedad y del comercio, en particular, la donación de nuda propiedad. Por auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite dicha demanda; que se radicó bajo el número de amparo 1587/2017, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención que legalmente competente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, en la que por un lado se sobreseyó y por el otro se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión al quejoso. Por auto de catorce de marzo de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia dictada y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. La concesión de la protección constitucional, lo fue para los siguientes efectos, a saber: ".el amparo se concede para el efecto de que al determinarse el derecho que por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, deba pagar la parte quejosa se aplique la cantidad mínima que prevé el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente (3.75 Unidad de Medida y Actualización -UMA- a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro) y en consecuencia, se restituya a la parte quejosa el numerario excedente de la cantidad que hubiese pagado por la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales." Por escrito suscrito el dos de abril del año en curso, el NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TREINTA, de esta demarcación territorial, informó el cumplimiento al fallo protector y para tal efecto exhibió copia de las constancias con la que acreditó el cumplimiento a esta Juzgadora, en favor de la parte quejosa. Luego, como se advierte de lo anterior, el fedatario público mencionado en el párrafo que precede, cumplió con lo resuelto en el fallo protector, pues se ciñó estrictamente a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, reintegrándose a la parte quejosa un total de $37,289.50 (TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M. N.), pues precisamente para tales efectos fue concedido el amparo, con lo cual, es inconcuso que la ejecutoria de mérito fue acatada en su totalidad, sin excesos ni defectos, por ende, se DECLARA CUMPLIDA la misma, acorde con lo estatuido en el párrafo segundo del invocado numeral 196. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO ENTERAMENTE CONCLUIDO. Por otra parte y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede; en consecuencia, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DEPURACIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado acuerdo, por haberse concedido el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitados. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito. Se comunica a las partes que, de conformidad a lo señalado en el artículo décimo primero del capítulo tercero del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos vigésimo y vigésimo primero del Acuerdo antes citado, una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, el Centro de Documentación y Análisis, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado el diecisiete de enero del presente año, signado por el Notario Público Titular de la Notaria Publica Número 30 de la demarcación Territorial de Querétaro, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia simple de los cheques números 0005654, de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, por la cantidad de $9,864.00 (nueve mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N), 0005655, de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, por la cantidad de $3,294.00 (tres mil doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N), 0005656, de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, por la cantidad de $6,802.75 (seis mil ochocientos dos pesos 75/100 M.N) y 0005657, de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, por la cantidad de $17,328.75 (diecisiete mil trescientos veintiocho pesos 75/100 M.N), expedidos a nombre de la parte quejosa. En tales condiciones, y previo a que este Juzgado Federal se pronuncie respecto del cumplimiento del fallo protector, resulta procedente tomar en consideración el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a./J. 100/2009, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, Octubre de 2009, que textualmente establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI LAS AUTORIDADES RESPONSABLES INFORMAN QUE EL FALLO PROTECTOR YA SE CUMPLIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE Y DETERMINAR SI AQUÉLLAS CONTINÚAN EN REBELDÍA. El incidente de inejecución de sentencia, previsto en la Constitución General de la República y regulado en la Ley de Amparo y en el Acuerdo 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una institución procedimental que permite a dicho alto tribunal determinar si alguna autoridad ha incurrido en rebeldía, respecto del cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o bien si dicho incumplimiento es inexcusable o no, entre otras cuestiones inherentes, pero de ninguna manera debe confundirse su naturaleza y razón de ser con la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado que, eventualmente, puede alegar el quejoso. Por ello si la autoridad responsable afirma que ya cumplió con lo ordenado en el fallo protector, con independencia de que la parte quejosa se inconforme, interponga queja o argumente cualquier otra situación, el juez de distrito debe analizar las pruebas del aludido cumplimiento, determinar si la autoridad responsable ha dejado de ser contumaz y pronunciarse en torno a si el fallo protector está cumplido o no, expresando la razón fundada de su decisión, dejando a salvo los derechos de la quejosa para el caso de que estime que existe exceso, defecto o si expresa su inconformidad por cualquier otra circunstancia." En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con lo informado por el Notario de referencia, así como con el título bancario aludido, para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés legal convenga, o bien, comparezca por sí o por conducto de su apoderado legal a recibir el cheque citado en las instalaciones de la Notaria número 30 de esta demarcación territorial, para lo cual deberá presentar su identificación original y copia de la misma (IFE VIGENTE, PASAPORTE, CÉDULA PROFESIONAL O CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL), apercibido que de no hacerlo, las citadas autoridades procederán a su CANCELACIÓN y este juzgado federal proveerá lo conducente respecto del cumplimiento dado al fallo protector de mérito, tomando en consideración lo manifestado por las responsables y con las demás constancias que integran este expediente. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que dicha cantidad, deberá de ser cobrada en un término no mayor de UN MES, según lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en virtud del perjuicio que ocasiona al erario público la falta de cobro oportuno del cheque aludido. De igual manera mediante oficio que derive del presente proveído, infórmesele a la autoridad promovente que dicho título de crédito, únicamente podrá ser entregado a la quejosa o bien a quien se ostente como apoderado legal de la misma, no así a los autorizados en términos del artículo 12 de la ley de amparo, lo anterior, encuentra sustento en la siguiente Tesis aislada, que expresamente señala: Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo invocada, la tesis número XXII.1º.A.C.1 K (10 a) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo VII, Mayo de 1998 Página 584, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE FACULTAD PARA RECIBIR DINERO, CHEQUE O VALOR QUE DEBA ENTREGARSE AL QUEJOSO CON MOTIVO DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL" DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO, LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE AMPARO TIENE FINES ESTRICTAMENTE PROCESALES, YA QUE COMO LA NORMA LO DISPONE, EL QUEJOSO PUEDE AUTORIZAR A CUALQUIER PERSONA PARA QUE ACTÚE EN SU REPRESENTACIÓN Y DESARROLLE LOS ACTOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE SUS DERECHOS. ASÍ, LAS FACULTADES CONFERIDAS AL AUTORIZADO EN AMPARO SON SOLAMENTE PARA LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DEL QUEJOSO, SIN QUE LA AUTORIZACIÓN SE TRADUZCA EN UNA DELEGACIÓN DE LOS DERECHOS DEL JUSTICIABLE. AHORA, SI BIEN EN LA TESIS AISLADA 2A. LXIV/98, DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SE ESTABLECE QUE LAS FACULTADES DEL AUTORIZADO EN AMPARO NO DEBEN ENTENDERSE DE MANERA LIMITATIVA, SINO ENUNCIATIVA, LO CIERTO ES QUE DICHAS FACULTADES DEBEN SER TENDENTES A LOGRAR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL AUTORIZANTE. EN ESE SENTIDO, LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EN NOMBRE DEL QUEJOSO SE RECIBA ALGÚN DINERO, CHEQUE O VALOR CON MOTIVO DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONCEDIDA EN BENEFICIO DE ÉSTE, NO TIENE EL CARIZ DE REPRESENTACIÓN PROCESAL DE INTERESES, YA QUE ESE NUMERARIO DEBE SER RECIBIDO DIRECTAMENTE POR EL QUEJOSO DERIVADO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO QUE SE LE OTORGÓ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY CITADA; EN TODO CASO, PARA RECIBIR ALGUNA CANTIDAD EN SU NOMBRE, POR ESE CONCEPTO, SE REQUIERE DE UN APODERADO ESPECIAL CON FACULTADES ESPECÍFICAS PARA HACERLO.
- Principal
- V I S T O el oficio . . . signado por . . . se le otorga una prórroga de OCHO DIAS hábiles . . . el plazo para cumplir con la ejecutoria de amparo se puede AMPLIAR POR UNA SOLA VEZ . . . Apercibido que, de no dar cumplimiento en la forma y término solicitado, se le impondrá una multa . . .
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