Axzel Hiram Valenzuela Cisneros
Expediente 1176/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1176/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 30/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Axzel Hiram Valenzuela Cisneros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
CAUSA ESTADO.
- Principal
Visto el estado actual de los autos, de los que se advierte que en proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el escrito signado por la apoderada de la autoridad responsable Universidad del Desarrollo Profesional, Sociedad Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual dio cumplimiento a requerido en auto de doce de febrero de dos mil veintiuno. Ahora bien, la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, que se debe analizar, incluso, de oficio, según lo preceptuado por el artículo 62 de la ley de la materia. Tomando en cuenta lo manifestado por la autoridad oficiante en el proveído de doce y veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que han cesado los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable Universidad del Desarrollo Profesional, Sociedad Civil, "UNIDEP", residente en esta ciudad, ya que de las constancias que adjuntó la oficiante a su escrito recibido en este Juzgado de Distrito, vía correo institucional el diez de febrero de dos mil veintiuno, se advierte que el ocho del mismo mes y año, se hizo la entrega del título profesional al aquí quejoso. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con lo anterior, es de citarse la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Del precepto y criterio transcrito, se colige que para la actualización de esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es menester que la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatos, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso la protección constitucional en los términos ordenados por el numeral 77 de la Ley de Amparo. En efecto, en la porción normativa trascrita se prevé la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos, cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. Hipótesis que se actualiza en el caso a estudio. Pues, en este asunto, el aquí quejoso Axel Hiram Valenzuela Cisneros, señala como acto reclamado, la omisión de la Universidad del Desarrollo Profesional, Sociedad Civil, "UNIDEP", de tramitar y hacerle entrega de su título profesional, así como su cédula profesional federal. Sin embargo, el ocho de febrero de este año, la autoridad responsable hizo la entrega del referido título profesional al aquí quejoso; asimismo, la autoridad responsable, manifiesta en su escrito de cuenta que llevó a cabo la inscripción del título electrónico en el índice del Registro Nacional de Profesionistas de acuerdo al "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5 CONSTITUCIONAL", por lo que corresponde al quejoso ingresar a la plataforma de la Dirección General de Profesionistas (DGP) para la realización del trámite de su cédula profesional. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa en el proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno para que manifestara lo que a su interés conviniera, por lo que en su escrito presentado ante este Juzgado de Distrito el diez de marzo de este año, manifestó estar por satisfecho en relación con el acto reclamado ya que de manera personal hizo el trámite correspondiente para la cédula profesional federal a través de la Dirección General de Profesiones. Lo que evidencia que han cesado los efectos de la omisión reclamada, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, de manera tal que se restituyó al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales trasgredidos. Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado y, por ende, la actualización de la causal invocada, procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con fundamento en lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXI, de la referida Ley. Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia ciento tres, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y uno, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, se deja sin efectos la fecha que se encuentra señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, a saber, las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Materia Común, página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En la inteligencia de que el acto reclamado solo comprende la omisión de tramitar y entregar al aquí quejoso, su título y cédula profesionales, ya que por lo que respecta a actuaciones subsecuentes, los efectos de una eventual sentencia protectora no pueden ser ampliados a actos diversos al señalado de manera concreta, en virtud de que el criterio jurisprudencial 2a./J. 45/2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", ha sido abandonado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tanto, en términos del artículo 228 de la Ley de Amparo, dicha jurisprudencia ha dejado de ser obligatoria, compartiendo la suscrita juzgadora el nuevo criterio, contenido en la tesis 2a.CV/2103 (10a.), publicada en la página 732, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2005150, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013".
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso *****; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 34 y 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se otorga para el acceso y consulta del expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el nombre de usuario "*******".
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el escrito signado por *****************, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud de que el que el quejoso ***************, únicamente lo autorizó para para oír y recibir notificaciones, y no en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tal motivo, en acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinte, únicamente se le tuvo como autorizado para oír y recibir notificaciones; de ahí que no se encuentre facultado para promover en nombre del quejoso.
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