Axel Uriel Fabián Torres
Expediente 1397/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1397/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Axel Uriel Fabián Torres
- Rubi Arielle Fabián Torres
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la ley de amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo presentada por *****, por su propio derecho y en representación de sus hijos *******y *****. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado y queda firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por el escrito signado por ***, por su propio derecho y en representación de sus hijos *** y *** de apellidos ***, personería que se tiene por acreditada en términos de las documentales que anexa al escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo, contra actos del Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Ahora bien, de conformidad con el artículo 112 en relación con el 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia, o en su caso, improcedencia del juicio. En efecto los preceptos legales en comento prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a él se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción; y, en ese tenor, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria, pues no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Es ilustrativa la tesis LXXI/2002, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, julio de dos mil dos, página cuatrocientos cuarenta y ocho, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así, se insiste, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes un juicio que, desde su promoción, se aprecia inútil, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causales previstas en el artículo 61 de la propia Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la quejosa Rubie Arlet Torres Castro, de manera destacada señala como acto reclamado la omisión y falta de contestación a los escritos de diecinueve de agosto y veintidós de septiembre, amos de dos mil veintidós, a través de los cuales solicita se le concedan las siguientes facilidades: Que el líder del sitio de taxis de alquiler 31 de marzo, ruta Chilpancingo-Iguala, realice las reuniones necesarias con los concesionarios para que la presenten como nueva concesionaria y dueña de las placas del taxi público de alquiler con placas A-321-FKZ, con número económico 34. Que el líder referido la deje entrar al sitio para enrolarse y anotarse en la lista de carga y descarga de pasajeros. Y, se le conceda el beneficio completo en el sitio referido como concesionaria. Sentado lo anterior, el suscrito advierte que el juicio de amparo intentado deviene improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que son del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". Del análisis de las disposiciones legales en consulta, se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en el que el Estado Mexicano sea parte; de la misma forma que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como se ve, el acto que reclama la quejosa tiene que ver con la realización de ciertos actos particulares relacionados a una concesión de taxi público de alquiler con placas A-321-FKZ, con número económico 34, a fin de que le sea permitido trabajar en el sitio de taxis de alquiler 31 de marzo, ruta Chilpancingo-Iguala, lo cual eleva ante la responsable como una solicitud para iniciar un procedimiento en forma de juicio de acuerdo a lo establecido a la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, por lo que se advierte que exista una violación directa al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que se duele. Asimismo, de los escritos presentados ante la responsable se advierte como punto toral, se le conceda seguir administrando la concesión de transporte público con la modalidad de taxi de alquiler de la ruta Chilpancingo-Iguala, así como se le asigne un permiso como dueña de esa misma concesión. De lo anterior, es de advertirse que la demanda de amparo presentada como una violación al derecho de petición no corresponde como tal; pues no se actualiza dicha hipótesis, si bien existen los escritos petitorios, también lo es que dichas solicitudes no pueden considerarse que se traten de escritos libres e independientes, ya que con ellos se está promoviendo ante la responsable un procedimiento administrativo en forma de juicio para que se le conceda el permiso para seguir administrando la concesión de transporte público con la modalidad de taxi de alquiler de la ruta Chilpancingo-Iguala, así como se le asigne un permiso como dueña de esa misma concesión; esto es, el derecho de petición no tiene los alcances o fines perseguidos por la quejosa. Se cita como criterio orientador y por las razones que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2008883, Décima Época, Materias(s): Administrativa, dentro de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de 2015, tomo I, página 478, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." En ese caso, tomando en cuenta la pretensión de la quejosa inserta en los escritos de petición, tiene la vía expedita para reclamar su omisión ante el Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de acuerdo a lo establecidos por los artículos los numerales 1° y 49 del Código de Procedimientos de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, señalan: "Artículo 1. El presente Código es de orden público e interés general en el Estado y tiene como finalidad: I. Sustanciar y resolver las controversias que se susciten entre la administración pública centralizada y paraestatal, municipal y paramunicipal, órganos autónomos, órganos con autonomía técnica y los particulares, cuando se emitan actos en materia administrativa y fiscal, con motivo de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas; (.) "Artículo 49. La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame, o el día en que se tenga conocimiento del mismo o se ostente sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: I. Respecto de las omisiones para dar respuesta a peticiones de los particulares, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo mientras no se notifique la respuesta de la autoridad; (.)" Establecido lo anterior, se colige que contra lo reclamado en esta vía constitucional, evidentemente procede el juicio ante el Tribunal Contencioso de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, por tratarse de un acto administrativo atribuido a una autoridad estatal el cual debe hacer valer antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Por lo anterior, resulta inconcuso que el juicio de amparo no es el medio para reclamar las omisiones reclamadas a la autoridad responsable, dado que la quejosa tiene a su alcance los medios para hacer valer su reclamación ante la autoridad competente y la vía que corresponda. En tales condiciones, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar la demanda en estudio por su notoria improcedencia, con fundamento en el precitado artículo 113 de la propia ley de la materia. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *** y ***, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, como sus autorizados únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las restantes personas que designa en virtud de no contar con su cédula profesional registrada en el sistema aludido. Notifíquese personalmente.
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