Axel Joel Gomez Vasquez
Expediente 140/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 140/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Axel Joel Gomez Vasquez
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta, se hizo constar que a la fecha ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda promovida por Antonio Ortiz Domínguez o Antonio Ortiz Domiguez, Noé Ledesma Ledesma, Jonathan Eduardo Cigarroa Arévalo y Alex Joel Gómez Vásquez. En consecuencia, con fundamento en los numerales MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 2 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que mediante proveído de diez de febrero del año en curso, se desechó demanda de amparo en que se actúa. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d)1 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; . MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 3 Amparo indirecto 140/2022 ??????????????? del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 152 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FÉ DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 4 Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diez de febrero de dos mil veintidós. REGISTRO Vista la demanda promovida por Antonio Ortiz Domínguez o Antonio Ortiz Domiguez, Noé Ledesma Ledesma, Jonathan Eduardo Cigarroa Arévalo y Alex Joel Gómez Vásquez, contra actos del Ayuntamiento Municipal de Cacahoatán, Chiapas, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 140/2022-VII-B. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Esta juzgadora considera que la demanda de amparo debe desecharse por lo que toca a Alex Joel Gómez Vázquez. MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 2 Para ilustrar este aserto, primeramente es menester transcribir el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, 6 y 15, de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. De la transcripción de dichos preceptos, se desprende que el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXIII, prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia ley. Por su parte, el artículo 6 de la ley de la materia dispone que el juicio de amparo puede promoverse por la MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 3 Amparo indirecto 140/2022 ??????????????? persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del numeral 5 de la propia ley, quien podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en su nombre, siempre que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el directo quejoso se encuentre imposibilitado para promover el amparo. De la lectura íntegra de la demanda de amparo que se trata se advierte que ésta carece de la firma de Alex Joel Gómez Vázquez, y dado que la firma es un requisito sine qua non que otorga autenticidad a la pretensión del promovente, con todas sus consecuencias legales, resulta inconcuso que no puede tenerse por externada la voluntad de su promovente de ejercer la acción constitucional en esta vía y, en consecuencia, el libelo debe desecharse. Cierto, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, es terminante al disponer que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con esa disposición, el artículo 6 de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su defensor, tratándose de causa criminal, por algún pariente o persona extraña en los casos permitidos por la misma Ley de Amparo; luego, si la firma es lo que da autenticidad a la demanda con todas sus MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 4 consecuencias legales, y la demanda de amparo carece de la signatura de sus suscriptores, el juicio resulta improcedente y, en consecuencia, el libelo debe desecharse, con fundamento en los preceptos constitucional y legales mencionados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, Tomo 181-186 Quinta Parte, Materia Común, Séptima Época, Apéndice 1917-2000, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento en el juicio. Igualmente, es aplicable la tesis sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1613, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 5 Amparo indirecto 140/2022 ??????????????? reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no debe, incluso, prevenirse al señalado como promovente para que estampe su firma, pues, además, ésta no entraña uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 116 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 146, sino un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia no conduce siquiera a desechar por improcedente la demanda, pues no puede desecharse lo que no existe, sino a tenerla por no interpuesta ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo, además, en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo presentada pretendidamente por Alex Joel Gómez Vázquez, contra actos del Ayuntamiento Municipal de Cacahoatán, Chiapas, con residencia en esa población, para los efectos legales procedentes. DESECHAMIENTO POR EL RESTO DE LOS QUEJOSOS MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 6 Ahora bien, a fin de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es importante destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, motivo por el cual se efectuará el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. En esencia, la tesis anotada señala que se debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esa tesitura, del análisis de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: La negativa de contestar de manera congruente y acorde a lo peticionado mediante ocurso recibido el diez de enero del año en curso. En el presente caso, este órgano jurisdiccional MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 7 Amparo indirecto 140/2022 ??????????????? advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado -por el momento- no irroga un agravio personal y directo a la parte quejosa. En efecto, dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de control constitucional se encuentra el llamado agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 constitucional en relación con el 6° de la Ley de Amparo. Por agravio personal y directo se entiende la lesión o afectación de los derechos de una persona, a través de una resolución judicial o cualquier acto de autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un derecho, y éste es el significado que se emplea en los numerales 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales. Lo asentado en los párrafos que anteceden, permite arribar a la indefectible convicción que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que exista a favor del peticionario un interés legítimamente tutelado; además que éste se vea afectado por algún acto de autoridad, pues sólo mediante el cumplimiento de ambas condiciones puede decirse que se afectan los derechos del quejoso. A fin de robustecer los argumentos esgrimidos con antelación, es necesario traer a contexto el contenido del normativo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del diverso 6° de la Ley de la Materia, que estatuyen: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 8 materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Del primero de los artículos transcritos, se desprende que para la procedencia de la acción constitucional, es menester que ésta se siga a instancia de la parte agraviada, esto es, quien acuda a solicitar la protección de los Tribunales Federales, debe ser aquél que resienta un agravio. Por su parte, el segundo de los dispositivos, confirma lo que el imperativo constitucional establece, pues prevé MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 9 Amparo indirecto 140/2022 ??????????????? que el juicio de amparo deberá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique la ley o acto que de cada autoridad se reclama. En el caso concreto, debe atenderse a que la parte quejosa reclama la presunta omisión en que incurrió la autoridad responsable, en contestar el escrito fechado y presentado el diez de enero de este año. Ahora bien, a efecto de evidenciar que la petición de amparo intentada no encuadra en el supuesto que prevé la Ley para considerar la existencia de un agravio personal y directo, es necesario traer a cuenta lo estatuido por el artículo 8°, de nuestra Carta Magna, que a la letra dice: Art. 8°.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. El derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional implica la obligación de las autoridades de hacer recaer -a una petición escrita, pacífica y respetuosaun acuerdo también por escrito que debe hacerse saber en breve término al peticionario. El texto de la norma fundamental no dispone un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados, pues su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en "breve término", sin que establezca un MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 10 referente temporal concreto. Ante esa indefinición en la premisa constitucional, debe acudirse a la ley aplicable a la materia, esto es, la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, en razón a la naturaleza administrativa de la materia a resolver la petición. Dicho cuerpo normativo local es el aplicable en función a que regula lo conducente al acto administrativo originado en sede administrativa tanto estatal como municipal; por lo tanto, la materia en que se suscita la petición aquí analizada por disposición expresa en su numeral 12, que prevé su observancia respecto de la actuación de los particulares ante la Administración Pública Estatal, de la Administración Pública Municipal, así como a los actos a través de los cuales se desenvuelve la función administrativa. Dispositivo que mayor convicción se cita a continuación: Artículo 12.- Las disposiciones de este Título son aplicables a la actuación de los particulares ante la Administración Pública Estatal, de la Administración Pública Municipal, así como a los actos a través de los cuales se desenvuelve la función administrativa. En ese sentido, la petición elevada por la aquí quejosa a la autoridad que señala como responsable, perteneciente a la administración pública de nivel local (Ayuntamiento Municipal), debe aplicarse el plazo de tres meses que prevé el artículo 18 de la Ley Estatal en consulta, para resolver lo correspondiente. Esa disposición establece: MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 11 Amparo indirecto 140/2022 ??????????????? Artículo 18.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia, organismo descentralizado o paraestatal resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo". En ese orden, si la parte quejosa presentó el escrito, cuya omisión de proveer constituye el acto reclamado en esta vía, el diez de enero de este año, y acude al juicio de amparo por la presunta omisión de la responsable de acordar dicho ocurso, el nueve de febrero actual, según boleta de turno proporcionada por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, es evidente que lo hizo sin permitir que transcurriera el término legal para que la autoridad emitiera el acuerdo respectivo y se lo notificaran y aun así, promueve la demanda apenas transcurrido veintinueve días, inclusive sin descontar los días inhábiles previstos por el diverso artículo 31 de la misma legislación local; por lo que se reitera, que su MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 12 reclamo está orientado a combatir una pretendida conducta omisiva de la autoridad responsable, sin permitir siquiera que ésta disponga del término que la ley le otorga para pronunciarse y, en su momento, notificar al interesado. Cobra aplicación al caso la tesis I.4o.A.507 A, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Página: 2361, que dice: DERECHO DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR EL BREVE TÉRMINO DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD, DEBE ACUDIRSE A LA ANALOGÍA SI NO EXISTE REGULACIÓN EXPRESA. El derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional implica la obligación de las autoridades de hacer recaer -a una petición escrita, pacífica y respetuosa- un acuerdo también por escrito que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Por tanto, si no existe regulación expresa sobre el particular, debe acudirse a una disposición que asemeje material y sustancialmente la función de resolver una solicitud de tal naturaleza y el dictado de su resolución, es decir, ante esa laguna debe operar la integración análoga, de modo que se hagan extensivas las reglas básicas al caso semejante, atento al principio que reza "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición". En esa tesitura la solicitud de un policía auxiliar en el sentido de que se le permita seguir prestando sus servicios hasta que se resuelva sobre su baja de la institución, debe aplicarse el plazo de diez días que prevé el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal para resolver el recurso de revisión promovido contra las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia respectivo". MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 13 Amparo indirecto 140/2022 ??????????????? También resulta conveniente conocer, en lo relacionado al concepto "breve término" previsto en el artículo 8° de la Constitución, lo interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según lo analizó el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, en la tesis I.1o.A.E.64 A (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Página: 2003, de rubro siguiente: DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió, aunque en análisis de diversa causal de improcedencia, que el derecho fundamental de petición no debe analizarse de manera autónoma, sino que debe armonizarse con las leyes secundarias que regulan cada situación en específico, lo que quedó plasmado en las jurisprudencias 7/2015 y 8/2015, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Páginas: 478 y 480, respectivamente, que su rubro dice: DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 14 ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). Conforme a lo expuesto, es dable colegir que la petición de amparo que se analiza no encuadra en la hipótesis que permita considerar que -por el momentoexiste un agravio personal y directo, pues si bien existe un derecho legítimamente tutelado a favor de la impetrante, no menos cierto resulta que en términos de lo narrado en su escrito inicial, aquélla no ha sido afectada aún por un acto u omisión de las autoridades responsables. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia antes invocadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 15 Amparo indirecto 140/2022 ??????????????? improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística de este Juzgado. REPRESENTANTE COMÚN Asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo se tiene como representante común al primero de los quejosos, sin perjuicio de ser cambiado con posterioridad. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Tomando en consideración que la parte quejosa solicitó la notificación electrónica a través del usuario "pablolaboral", y dado que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó dicho usuario relacionado con a la persona de nombre Pablo García Suriano. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, así como en términos del numeral 79 del Acuerdo General MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 16 Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza a la citada parte quejosa, la consulta del expediente electrónico vía internet, haciéndole de su conocimiento que este acuerdo y las subsecuentes resoluciones, le serán notificados de forma electrónica por así haberlo solicitado expresamente, a través de la plataforma dispuesta para ello en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, se da instrucciones a la encargada del SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expediente), para que proceda a la verificación y alta del usuario "pablo laboral". En ese orden, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Luis Salvador Orozco, Enrique Pérez Santiago y Pablo Gómez Suriano, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 17 Amparo indirecto 140/2022 ??????????????? inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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