Axel Hidalgo Lemarie

Expediente 604/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
604/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • Axel Hidalgo Lemarie
  • AXEL HIDALGO LEMARIE y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese al sumario el oficio con firma electrónica de la secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que devuelve diligenciado el exhorto 241/2022 del índice de este juzgado federal. Dese de baja la comunicación oficial que ahora se recibe y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado federal. Firme desechamiento Ahora bien, de las constancias adjuntas a la comunicación oficial de cuenta y de la certificación que antecede, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de ocho de junio pasado, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ********* y otros, pues se notificó el siguiente veinte de junio, mediante lista de acuerdos publicada por el órgano jurisdiccional exhortado. Por tanto, al no haberse impugnado tal determinación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto de desechamiento en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Recepción y registro de demanda. Vista la demanda de cuenta presentada por ************, ************, *************, ************, ************, *************, *************, ***********, ************* y ************, quienes acuden por propio derecho y como miembros del colectivo FRENTE NACIONAL; al respecto, fórmese el expediente físico y digital bajo el número 604/2022-5. Representante común de la parte quejosa Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de la parte quejosa a Virginia Gutiérrez Begoña; ello por así haberlo solicitado la parte quejosa. Cuestión preliminar. Ahora, como cuestión preliminar es necesario destacar que la demanda de mérito incumple con diversos requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo, tales como la acreditación de la personalidad como miembros de la agrupación que refieren; fueron omisos en exhibir las copias de traslado necesarias; no precisaron de forma concreta qué actos reclaman a cada una de las autoridades, aunado a que no señalaron los números de acuerdos generales, las fechas de publicación; y, que se omite narrar bajo protesta de decir verdad si desconocen a quién le recae el carácter de tercero interesado. Sin embargo, esta juzgadora estima innecesario realizar una prevención a fin de que subsanen las deficiencias detectadas, debido a que en el caso se actualiza una causa de improcedencia de forma manifiesta e indudable, como se explicará a continuación. Desechamiento de la demanda. En principio, es necesario destacar que los promoventes acuden a esta instancia constitucional a reclamar, de forma destacada, las actuaciones realizadas por el Ejecutivo Federal y otras autoridades relativas a contratar quinientos médicos de nacionalidad cubana, con la finalidad de que trabajen en este país. Al respecto, esta juzgadora procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, numeral que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Conforme a esos lineamientos, a criterio de quien resuelve, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Los numerales transcritos ponen de manifiesto que existe una distinción para la promoción del amparo indirecto, en la cual se mantiene una exigencia para la parte agraviada, esto es, que los actos que combate afecten su esfera jurídica, tal concepto fue desarrollado y segmentado en dos supuestos, a saber: a. El titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; o, b. El titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese sentido, el interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurar el juicio de amparo, de modo que debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Por otra parte, el interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en forma colectiva), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente. De lo anterior deviene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. De tal manera que es importante dejar establecido que en términos de los artículos 107, fracción I, constitucional y 107, fracción I, inciso g), de la ley de la materia, el acceso al juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades administrativas, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (ya sea jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica del quejoso. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio constituye un tema que, de ordinario, se identifica con la propia pretensión y, por ende, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el juzgador federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2014433, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 43, junio de 2017, tomo II, página 1078, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Bajo este contexto, es importante precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar a través de juicio de amparo actos que considere violatorios de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Por su parte, el interés legítimo supone solo la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. De acuerdo con la explicación anterior, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que este no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. De ahí que, para que el juicio de amparo prospere basta que los actos que se reclamen deriven de la actuación concreta de la autoridad, y que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular sea personal, directo o indirecto; es decir, les corresponde a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. De lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, lo que quiere decir que la acción constitucional de amparo únicamente puede ejercerla quien se vea perjudicado por la actuación de la autoridad. Es orientadora al respecto, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2007921, de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 60, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Así, el juicio de amparo no procede oficiosamente, es decir, constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. En el caso, la parte quejosa reclama, esencialmente, las actuaciones realizadas por el Ejecutivo Federal y otras autoridades con la finalidad de contratar a personal de nacionalidad cubana para laborar en el sector de salud de este país. Así, el estudio del presente asunto se ceñirá en determinar si los promoventes cuentan con alguno de los tipos de interés que se ha señalado para promover el presente juicio de amparo. Sin embargo, los solicitantes del amparo no evidencian ni señalan en forma alguna cómo esos hechos les irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige el artículo 107, fracción I, constitucional, así como el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limitan a basar su pretensión en un interés simple derivado de sus condiciones de gobernados. De suerte que, claramente aducen en su escrito de demanda un interés igual al de la generalidad de los gobernados; empero, no demuestran que tal actuación pudiera generar una afectación en algún derecho en relación con la autorización de contratación de dicho personal del sector de salud que atribuye a las autoridades responsables, ni refieren las características especiales que podrían guardar su situación frente al orden jurídico, que los coloque en un punto diferenciado de la situación general y que los legitime para promover el juicio de amparo. Por ende, no puede considerarse que tengan un interés propio y distinto de cualquier otro gobernado, pues los actos que reclaman de las autoridades responsables no les agravian de manera directa ni diferenciada en relación con el resto de la sociedad. Situación que se torna patente y manifiesta, al considerar para ello que la parte quejosa emplea expresiones en su escrito de demanda que evidencian que no acuden a instar la demanda de amparo por su situación diferenciada en relación con el resto de la sociedad, al referir que: ".Al darles preferencia el presidente de México y prioridad a los extranjeros y a los supuestos médicos y personal médicos que contrató mediante convenio celebrado con el gobierno cubano, está violentando y transgrediendo gravemente los derechos de preferencia que tienen nuestros nacionales médicos enfermeras-os, y personal médicos mexicanos." ".de todos los médicos nacionales al DISCRIMINARLOS, en especial A TODOS LOS MÉDICOS ESPECIALISTAS Y DEMÁS PERSONAL MÉDICO MEXICANO EGRESADO DE INSTITUCIONES Y UNIVERSIDADES MEXICANAS CON RECONOCIMIENTO OFICIAL DESDE SU CREACIÓN." Lo anterior denota con claridad para esta juzgadora, que la pretensión de la parte quejosa no está encaminada a aducir la titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo que se vea afectado; tampoco, la afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; sino que alegan una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por la población en general. Por consiguiente, la parte quejosa no ostenta el interés legítimo necesario para acudir a esta instancia constitucional, pues, en su caso, lo que demuestra es un interés simple, el cual consiste en aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Apoya lo anterior, por las consideraciones que la sustentan, la tesis aislada 1a. CLXXXIV/2015 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2009201, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de 2015, tomo I, página 448, que establece lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población." Por ello, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo. Es orientadora la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 233517, de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 37, primera parte, página 27, que señala: "INTERES SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCION JURIDICA DIRECTA Y PARTICULAR. Entre los diversos intereses que puede tener una persona, o sean "situaciones favorables para la satisfacción de una necesidad", existen los llamados "intereses simples" que consisten en situaciones en las cuales los particulares reciben un beneficio del Estado cuando éste, en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con esos intereses particulares; y en cambio sufren un perjuicio cuando esa conducta no es adecuada a los propios intereses. En el primer caso reciben un beneficio y en el segundo se perjudican, pero no tienen ningún derecho para exigir que se mantenga esa situación privilegiada. Puede decirse que esos intereses no tienen ninguna protección jurídica directa y particular, sino tan sólo la que resulta como reflejo de una situación general, porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares indiferenciales para el Estado." Domicilio y autorizado Ahora, los promoventes señalan como domicilio procesal el ubicado en calle de ************* número **********, ********* de la colonia *************, **************, C.P. 06050 de la Ciudad de México. En tal virtud, atento a que el mencionado domicilio se encuentra fuera de la ciudad donde esta potestad ejerce jurisdicción, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para el efecto de que se sirva ordenar al actuario judicial de su adscripción que se constituya en el domicilio señalado y notifique el presente proveído a los quejosos. Asimismo, los requiera para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndolos que de no hacerlo, las ulteriores, aún las de carácter personal, se les practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito, incluso sin ulterior acuerdo. En el entendido que con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que la autoridad exhortada pueda llevar a cabo el llamamiento a juicio de que se trata. Una vez practicada la diligencia encomendada, se solicita comedidamente que las constancias que así lo acrediten sean remitidas a este juzgado a la brevedad. Por otra parte, se tiene como autorizados de su parte en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a Valente Arizabalo Priego, Edmundo A. Vite y Ruperto Martínez Gómez, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tiene registrada cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. No así a Alejandro Romel Martínez, por no encontrarse en ese supuesto. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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