Axel García Bonilla y Otros.

Expediente 392/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
392/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Axel García Bonilla y Otros.
  • Enrique Alvarado Saucillo y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio ***, suscrito por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto *** (número de orden ***), derivado del presente juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que los quejosos (...), fueron notificados personalmente respecto del auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro cuatro: "de comunicaciones oficiales enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin que resulte necesario remitir acuse de recibo, toda vez que al haberse recibido vía electrónica, este se genera de manera automática. Por otra parte, téngase por recibido el oficio ***, suscrito por la Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, informa que dicho órgano aceptó la competencia declinada por este juzgado federal y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por (...), la cual se radicó bajo el juicio de amparo indirecto ***, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, la autoridad oficiante solicita que se le remita copia de la boleta de turno; sin embargo, dígase a la citada autoridad que este juzgado se encuentra imposibilitado para remitir la boleta de turno del presente asunto, pues el ser este órgano jurisdiccional único en esta ciudad, no se cuenta con una Oficina de Correspondencia Común, que en su caso sería el área encargada de generar tal papeleta. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, remítase este cuaderno de antecedentes al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que se emite el presente proveído. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro uno de Juzgado, "de juicios de amparo"; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Asimismo, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Cúmplase. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Shawn Daniel Benjamín Bámaca Morales, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente por (...), radíquese con el número de expediente ***, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Se pone de relieve que la demanda fue presentada de forma electrónica a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, sin que se acompañaran con la firma electrónica de los quejosos; no obstante, con apego en la última parte del artículo 3 de la Ley de Amparo, al reclamarse en la demanda actos que prohíben el artículo 15 del mismo ordenamiento legal, se procede a dar curso al libelo constitucional. SUSPENSIÓN DE PLANO ACTOS QUE PROHIBE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO. Tocante a los actos mencionados, se concede la suspensión de oficio y de plano, para los efectos siguientes: Cesen de inmediato los actos de incomunicación, todo tipo de tratos intimidatorios o cualquiera de los prohibidos en el 27/04/23 14:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 2 artículo 22 Constitucional (entendidos todos aquellos que configuren cualquier agresión tanto física como psicoemocional, y la negativa de prestar atenciones médicas de urgencia), para que de estarse ejecutando tales actos cesen de manera inmediata. Es decir, para que a los quejosos no se les torture física ni psicológicamente, golpee o aplique cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Queda a cargo y bajo responsabilidad de las autoridades responsables la integridad y salud de la parte quejosa, respecto de lo cual deberán informar sobre el cumplimiento de esta determinación de inmediato. INCOMPETENCIA. Ahora bien, del análisis integro de la demanda de amparo, el suscrito considera carecer de competencia legal para para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen: La competencia es un presupuesto de validez del proceso, de ahí que el juzgador debe verificar si la tiene o no para conocer del mismo, y en caso de considerarse incompetente, deberá abstenerse de conocer de la controversia planteada. La regla general de competencia para conocer del juicio de amparo se ve materializada en el artículo 37 de la Ley de Amparo, de la siguiente manera: a) Si el acto reclamado requiere ejecución: 1. El del lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución. 2. El del lugar donde el acto que se reclame trate de ejecutarse. 3. El del lugar donde el acto que se reclame se esté ejecutando o se haya ejecutado. 4. El del lugar en el que se presente la demanda, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. b) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, el del lugar en el que se presente la demanda. Del contenido de dicho precepto se advierte, que la competencia en el amparo se determina en favor del Juez de Distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado o bien en lugar en el que se presente la demanda, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La anterior regla cobra sentido si se toma en consideración que al otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos de ejecución, se busca facilitar el desarrollo por parte del Juez de Distrito de todas las diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que permitan una resolución pronta y eficaz, la cual produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, cuestión de importancia relevante en el juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos reclaman de las autoridades penitenciarias actos reclamados que hacen consistir en diversas reubicaciones de dormitorios, que dicen les generan afectaciones psicofísicas y emocionales: tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios ataques y actos de coacción; restricción de reubicarlos de dormitorio; violencia y agresiones psicoemocionales; desacato de cumplir órdenes judiciales y órdenes de suspensión; traslado de los quejosos a otro centro penitenciario: intimidación, castigos ilegales y agresiones; discriminación; restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos; inconstitucionalidad del reglamento que usan las autoridades; realización de estudios y perfiles psicológicos y criminológicos; audiencias de comité. A la Fiscalía de Servidores Públicos de la Ciudad de México, le reclamaron la omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos; y al Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Contraloría de la Ciudad de México, Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial; asi como el encubrimiento de los actos de tortura; restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos; e inconstitucionalidad del reglamento que usan las autoridades. Mientras que, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México (del primer al decimosexto), Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México (del primer al decimoséptimo), Jueces de Distrito de los Estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas, les atribuyeron los actos reclamados, consistentes en la violación al principio pro persona y la inaplicación de criterios internacionales. La contraposición de la premisa normativa con la fáctica, permite concluir que el órgano jurisdiccional competente para conocer de la problemática corresponde al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Ahora, es verdad que conforme a lo que dispone el artículo 38 de la Ley de Amparo, se da el supuesto de excepción de la competencia territorial, cuando la demanda de amparo se promueve contra el acto de un Juez de Distrito; caso en el que debe conocer otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. No obstante, este supuesto no se surte en el caso en concreto, ya que si bien la parte quejosa atribuye a los diversos Jueces de Distrito (entre ellos, a este órgano jurisdiccional), los actos que enumeró bajo los ordinales 17 y 18, consistentes en violación al principio pro persona y la inaplicación de criterios internacionales, los cuales no son actos propiamente, sino calificativos y conceptos de violación, pues el acto reclamado es el "continente" no el "contenido". En ese tenor, no se advierte un acto reclamado atribuido al Juez declinante, ni a ninguno de los Jueces de Distrito; por lo que, no se está frente a un caso en donde se materialice el referido supuesto excepcional, establecido en el artículo 38 de la Ley de Amparo. Ello, pues debe tomarse en cuenta que entre los diversos actos reclamados, como son ataques y actos de coacción, intimidación, discriminación, violación al principio pro persona, restricción de comunicación, son de naturaleza posotiva; por lo cual, resulta evidente que son actos que tiene ejecución material en el lugar en el que se encuentran recluidos (Ciudad de México), pues la pretensión de los peticionarios del amparo es la cesación actos. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del juez de distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado; es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario. Sin que obste a lo anterior, que dentro de los actos reclamados hayan señalado como tales, la omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos y omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial; pues constituyen una omisión con efectos positivos que implican un deber legal y efectivo de la autoridad responsable; es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales; por lo que, se traducen en un no hacer e implican una molestia. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1873, Undécima Época, de rubro siguiente: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL.LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario." Lo expuesto se explica, si consideramos que las omisiones reclamadas tienen una ejecución, en la medida que, la investigación de actos constitutivos de delito llevarán a la emisión de una determinación por parte de la autoridad investigadora. De igual modo, no obsta que los quejosos reclamen la orden de traslado del centro penitenciario de la Ciudad de México - donde se encuentran recluidos- a otro centro diverso, pues al desconocerse el lugar al que supuestamente serán trasladados, es competente para conocer de dicho acto el juzgado de distrito con residencia en el lugar donde los quejosos estén recluidos. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2020828, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSION A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARA LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO." Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del juez de distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado; es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario. En esa tesitura, este juzgador estima que la reubicación de los dormitorios dentro del centro de reclusión en la Ciudad de México, y demás actos reclamados por los quejosos, son competencia de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal con domicilio en esa ciudad; al reclamarse actos con efectos positivos, que de ser ciertos, tendrán ejecución en la Ciudad de México. Aun cuando en la demanda de amparo los quejosos señalaron como autoridades responsables a todos los jueces de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México y en los territorios de las entidades federativas inmediatas, lo relevante es que, al estar definido que ese tipo de actos, como los reclamados, son competencia de la materia penal, por un principio de necesidad en la impartición de justicia, es necesario que conozca y resuelva el asunto un Juzgado de Distrito en Materia Penal del lugar en donde se encuentran recluidos. Máxime si se toma en consideración que del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no se desprende la competencia de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, para dictar o ejecutar órdenes de traslado o de cambio de dormitorio, los cuales indefectiblemente son atribuidos a autoridades penitenciarias; pues para que se justifique la incompetencia de los Jueces de Distrito, es necesario que el acto reclamado derive de un procedimiento ordinario de orden federal, o por lo menos, de un procedimiento diverso al amparo, tramitado ante el mismo órgano. Por tanto, se concluye que el señalamiento como autoridad responsable, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, entre otros juzgadores federales, no es motivo suficiente para que, de manera inicial, se rechace la competencia por materia y territorio que les corresponde; principalmente, en función de que no se aprecia con exactitud qué acto o actos le atribuye de manera particular. Bajo las relatadas consideraciones, con fundamento en los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer y resolver del presente juicio, por tanto, resulta competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, en turno. SE NIEGA SUSPENSIÓN DE PLANO. Por otra parte, no ha lugar a conceder a los quejosos la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, por señalar actos como violación al principio pro persona, inaplicación de criterios internacionales, omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos, omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de los actos constitutivos de delitos, encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura, coacción y actos de intimidación, restricción de comunicación, contacto y de convivencias y los prohibidos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Ello, porque tales actos se estima que se reclaman como consecuencia del diverso acto que reclaman, a saber, el traslado de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro penitenciario. Además, no basta el simple señalamiento de lo anterior por parte de la quejosa, para que se actualice algún caso urgente de los previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que se requiere de indicios de los que se desprenda que efectivamente lo que se reclama constituye un acto prohibido por el citado precepto constitucional, lo cual en el caso no acontece. Aunado a ello, las manifestaciones que vierten los quejosos no determinan la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VI.1o.A.19 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre del 2004, página 1458, Novena Época, intitulada: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". INTEGRACIÓN DE CUADERNO DE ANTECEDENTES. Con copia certificada de la demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO. De la demanda de amparo se advierte que los quejosos se encuentran recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México, por tanto de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, es necesario notificarles el presente acuerdo de forma personal, por conducto de su representante común. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en los numerales 1, 27, 28, 79 a 82 y 101, párrafo primero, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique a los quejosos el presente proveído, debiendo entregarle copia autorizada del mismo. Para la realización de la diligencia, se faculta desde este momento al homólogo exhortado para que en términos del numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles para dar cumplimiento a la encomienda solicitada. Asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se les prevenga para que al momento de que sean notificados de este auto, señalen representante común de los quejosos. Hecho lo anterior, devuelva por la misma vía las actuaciones que realice, sin que se requiera el acuse de recibo correspondiente, toda vez que el sistema lo genera al momento del envío. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro cuatro: "de comunicaciones oficiales enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese por exhorto a los quejosos. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Aletza Vanessa Riofrio Martínez, secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

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