Axel Azariel Teran Vega

Expediente 838/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
838/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
22/10/2020

Partes del expediente

  • Axel Azariel Teran Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes en acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, para realizar manifestaciones respecto al cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en este asunto, sin que hayan hecho manifestación alguna. Por tanto, se procede a determinar, si conforme a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido, en términos del artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por sentencia dictada el veinte de junio de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional determinó conceder el amparo y protección constitucional a la parte quejosa, en los siguientes términos: ".por una parte proceda a notificar a las partes el citado auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve o bien, acredite haberlo hecho; y por otra parte, proceda a tomar todas las medidas necesarias para gestionar la entrega y cumplimento del oficio dirigido al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (folio 23), precisándose desde este momento, que dichas medidas no solo deben limitarse a la entrega del oficio que se giró, sino a realizar las acciones respectivas para obtener el cumplimiento de la referida autoridad, en atención a lo requerido, ello, en el citado juicio laboral de origen D-3/****/2009, de su índice. Lo anterior, deberá acreditarlo a este juzgado con las constancias pertinentes que remita para tal efecto." Dicha resolución se declaró ejecutoriada el once de julio de dos mil diecinueve, por lo que se ordenó requerir su cumplimiento a las autoridades responsables. Mediante oficio y anexo recibido el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, remitió copia certificada de las constancias de notificación a la parte actora del proveído veintiséis de marzo de dos mil diecinueve e informó que la notificación a la parte demandada se realizará al momento de realizar la diligencia de requerimiento de pago. Luego en diversos oficios y anexos recibidos en este juzgado el seis de agosto y diez de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias que acreditan el trámite que dio al oficio de diecinueve de junio del citado año, dirigido al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como de la contestación que dio dicha dependencia. Así, en proveído de quince de noviembre de dos mil diecinueve, la junta responsable remitió copia certificada de la diligencia de requerimiento de pago ordenada en proveído de seis de abril de dos diecinueve en el conflicto laboral de origen, la cual fue verificada el catorce de noviembre de dos mil diecinueve y de la que se advierte que el actuario adscrito a la referida junta, se constituyó con el actor -aquí quejoso- a fin de efectuar el requerimiento de pago ordenado en autos del expediente natural; sin embargo, éste no se desahogó en sus términos dado que el domicilio en que se constituyeron dejó de ser residencia de la parte demandada. Posteriormente, la responsable mediante oficios recibidos en este juzgado el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve y quince de enero del año en curso, remitió constancias en donde acredita que al no haberse localizado el domicilio de la parte demandada en la ciudad de Puebla, previa investigación que realizó con dependencias de dicha ciudad, giró exhortos a las a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de Ecatepec de Morelos, y del Valle de Cuautitlán Texcoco, ambas en el Estado de México, para coadyuvar con dicho requerimiento de pago; sin que a esta data se tenga la información que dichas juntas hayan informado las resultas de dichos exhortos. Así en proveído de veinticuatro de agosto actual, analizadas que fueron las constancias antes relatadas y considerando que la junta ya ha realizado las acciones ordenadas en la ejecutoria de amparo, se dio vista a la parte quejosa con todas y cada una de las constancias remitidas por las responsables para que se imponga de su contenido y en su caso manifestara lo que a su interés conviniera, sin que manifestara inconformidad alguna. En ese sentido, analizadas que fueron las constancias antes relatadas, se estima que se ha logrado el cumplimiento a la sentencia protectora, en razón de que la junta responsable ha informado que realizó la notificación encomendada, y realizó la entrega del oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, asimismo esta dependencia cumplió con lo requerido, a su vez, se intentó realizar la diligencia de requerimiento de pago ordenada en proveído de seis de abril de dos diecinueve en el conflicto de origen en el domicilio señalado y al ya cono corresponder a la parte demandada, se buscó el actual, encontrándose en el Estado de México, por lo que giró exhortos a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de Ecatepec de Morelos, y del Valle de Cuautitlán Texcoco, ambas en el Estado de México, para coadyuvar con dicho requerimiento de pago, sin que haya informado la contestación que hayan dado dichas juntas, debido a la falta de gestión de la parte actora, la cual es indispensable pues es a ella a quien corresponde el impulso, según está previsto en el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo... Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida en su totalidad la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin excesos ni defectos; por lo que se ordena el archivo del expediente, una vez que adquiera firmeza el presente proveído. Por otra parte, se precisa que la fecha del cumplimiento por parte de la autoridad responsable es el veinticinco de febrero de dos mil veinte; lo que se hizo del conocimiento de esta autoridad de amparo el veintiséis de mayo del año en curso, fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable da cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo anterior, con el objeto de registrar dicha información en los libros de gobierno y SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Por último, se comisiona a los actuarios que la notificación de este acuerdo la realicen a la junta responsable, una vez que sea posible o que reanude sus labores, sin necesidad de dar cuenta o asentar razón alguna.

  2. Principal

    Agréguese el escrito de ****, autorizado de la parte quejosa ****, S.A. de C.V., por medio del cual realiza diversas manifestaciones con respecto al cumplimiento dado hasta el momento por parte de las autoridades responsables a la protección constitucional concedida, mismas que serán tomadas en consideración en el momento en que este juzgado determine si se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo.

  3. Principal

    I. Consideración previa. De la demanda origen de este juicio, se advierte que en el procedimiento natural tiene intervención una menor de edad; por tanto, sólo se insertarán las iniciales de su nombre cuando este órgano jurisdiccional se refiera a dicha menor, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo II denominado conceptos y principios, punto 2 relativo a los principios generales, primer párrafo, incisos a), último párrafo, e), f) y g), capítulo III relativo a las reglas de actuaciones generales, punto 10, denominado medidas para proteger la intimidad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes, primer párrafo, inciso a), del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. II. Creación del expediente. Con la demanda de amparo que promueve ****, por propio derecho, contra actos atribuidos al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente y regístrese bajo el número ****/2020-II. III. Decisión sobre la procedencia de la demanda. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, del análisis de la demanda, se advierte que el quejoso reclama, lo siguiente: a) El acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictado dentro del juicio de alimentos ****/2019 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, por el que se fijó como pensión provisional de alimentos a favor de la menor ****. (representada por ****), el equivalente a un día diario de salario mínimo vigente en la región en forma mensual, actualmente Unidad de Medica y Actualización, la cual deberá incrementarse conforme aumente el salario mínimo vigente en la región, además dicha cantidad la deberá otorgar por meses anticipados el deudor alimentista. Asimismo, fin de exigir el pago de la primera pensión alimenticia, se pasaron los autos al Diligenciario par adscrito al referido órgano jurisdiccional, para que asociado de la parte actora, requiriera al aquí quejoso del pago de la primera mensualidad, así como para que garantizara el pago de las subsecuentes pensiones alimenticias, apercibiéndolo que de no efectuarse el pago o garantizarse el pago de las pensiones que se sigan venciendo, se le embargarían bienes de su exclusiva propiedad observando las reglas del secuestro judicial que establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado en vigor. b) La diligencia de requerimiento de diez de septiembre de dos mil veinte, llevada a cabo como consecuencia de la pensión alimenticia provisional que se fijó mediante el aludido acuerdo de veintiséis de febrero del año en curso, al que se ha hecho alusión en el párrafo que antecede. c) Lo actuado con posterioridad o las consecuencias legales que derivaron de la pensión provisional que se fijó a favor de la acreedora alimentaria. IV. Causal de improcedencia de la demanda. De acuerdo a lo expresado bajo protesta de decir verdad por el quejoso, se puede advertir que el juicio de origen trata de un juicio de alimentos, el cual de acuerdo a lo previsto en el artículo 679 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, es aquellos que, no siendo privilegiado, se le confiere una tramitación particular. Por su parte, del capítulo segundo, sección primera, del libro denominado procedimientos especiales, que regula al juicio de alimentos, en sus artículos 688 al 698, así como de la exposición de motivos correspondiente, se concluye que el juicio de alimentos no participa de la naturaleza o características de un procedimiento privilegiado, al tener una tramitación particular. Por lo que en esta clase de juicios, le es aplicable la regla general contenida en el dispositivo 409 del señalado cuerpo normativo, que establece que los autos que no fueren apelables pueden ser reclamados ante el órgano que los dictó. Bajo este análisis, respecto de los actos que combate el quejoso descritos con antelación, la demanda de amparo es notoriamente improcedente, al actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que al efecto señala que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento; por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, salvo lo que el inciso c) de dicho precepto y la fracción VII del artículo 107 constitucional disponen para los terceros extraños y se exceptúa de tal disposición los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución. Esto es, para que el juicio de amparo sea procedente, requiere que, de manera previa, se agoten los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame -principio de definitividad-, salvo las excepciones que establezca. Ahora bien, en los artículos 408 a 412 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, se prevé un medio ordinario de defensa, con el que se puede combatir el acuerdo que de manera destacada se reclama, los que establecen:". SECCIÓN TERCERA: LA RECLAMACIÓN Artículo 408.- La reclamación es el medio de impugnación, que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento. Artículo 409.- Los autos que no fueren apelables, pueden ser reclamados ante el Tribunal que los dictó. Artículo 410.- Son aplicables al recurso de reclamación las disposiciones siguientes: I.- Se interpondrá en el momento de la audiencia o dentro de los dos días siguientes, a partir de que surta efectos la notificación del auto impugnado; II.- Se formulará por escrito o verbalmente expresando el hecho infractor, las disposiciones legales violadas y los conceptos de violación; III.- La reclamación no suspende el curso del juicio, se tramitará por cuerda separada y se mandará substanciar con vista de la contraria por el término de dos días; IV.- La resolución que al efecto se dicte, no admite recurso; y V.- Cuando el estado de los autos lo requiera, se podrá resolver antes de que se turnen los mismos para fallar la cuestión planteada. Artículo 411.- Procede la reclamación contra autos que se dicten en el trámite de segunda instancia, siendo aplicables las reglas que para su trámite establece este capítulo. Artículo 412.- El Tribunal, bajo su más estricta responsabilidad podrá suspender la ejecución de una resolución reclamada, fijando las garantías procedentes, cuando de no hacerlo se puedan causar perjuicios de imposible reparación." De los artículos transcritos, se desprende que el quejoso puede ser oído y combatir el acuerdo que de manera destacada reclama, pronunciado por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, el veintiséis de febrero de esta anualidad, dentro del juicio de alimentos ****/2019 de su índice, así como la diligencia de diez de septiembre último, que en vía de consecuencia se efectuó con la finalidad de requerir el pago de la pensión provisional de alimentos que se fijó en el aludido acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte, a través del recurso de reclamación. Es así, habida cuenta que, el promovente está legitimado para comparecer a dicho juicio por ser parte demandada en el mismo; además, como se apuntó con anterioridad, el juicio de alimentos de donde deriva el acto que de manera destacada reclama, se tramita en la vía especial, por lo que le es aplicable la regla general contenida en el dispositivo 409 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla; por ende, antes de ocurrir a demandar la protección de la justicia de la unión, debió recurrir el acuerdo desfavorable, por medio del recurso de reclamación que prevén los artículos 408 y el citado 409 de dicha codificación, puesto que por éste se puede revocar o modificar el auto combatido, que en el caso no pone fin al procedimiento en el juicio de origen y por consecuencia, lo actuado con posterioridad a ese auto. En efecto, el recurso de reclamación tiene por finalidad revocar o modificar un auto que no pone fin al procedimiento, es decir, que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el procedimiento sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto... De ahí que, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, prevé el recurso de reclamación, como medio ordinario de defensa, el cual debe agotarse antes de solicitar la protección constitucional. Sin que pase inadvertido para esta juzgadora, que a decir del quejoso, los actos que combate constituyen un acto de ejecución irreparable al fijarle el equivalente a un día diario de salario mínimo vigente en la región en forma mensual, actualmente Unidad de Medida y Actualización, como pensión mensual, pues aduce carecer de trabajo y que por esa razón vive con sus padres, pues en la actualidad, se encuentra estudiando; sin contar con un salario ni patrimonio propio; aunado a que al no pagar la pensión provisional o no garantizar su pago puede ser acusado de cometer un delito. Sin embargo, tales consideraciones, por sí solas, no hacen procedente el juicio constitucional, pues aunque refirió que se afectan sus derechos reconocidos en la Constitución Federal, ello se encuentra fuera de las excepciones a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados... Aunado a que, según lo estipulado en el artículo 517 del Código Civil para el Estado de Puebla, en materia de alimentos, las resoluciones judiciales, provisionales o no, pueden modificarse por el juez, cualquiera que sea el juicio o procedimiento en que se hayan dictado, si cambiaren las posibilidades del deudor o las necesidades del acreedor; por lo que si la pretensión substancial del quejoso es que se reduzca el pago de pensión alimenticia, ello lo puede hacer valer a través del medio de defensa correspondiente... En tales condiciones, al haber omitido la parte quejosa agotar el medio de defensa que tenía a su alcance, se surte la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la misma ley, se desecha de plano la demanda origen de este juicio, por su notoria improcedencia. V. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señaló en la demanda, y por autorizados para tales efectos en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indicó, pues así se solicitó de manera expresa en la demanda. En otro orden, téngase la dirección de correo electrónico y número telefónico que otorgó la parte quejosa como medios de comunicación no procesal, de conformidad a lo establecido en el artículo 22 fracción II Acuerdo General 21/20207, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues únicamente obliga a los titulares de los órganos jurisdiccionales requerir a las partes a efecto de que proporcionen tales medios para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario, por ejemplo, en casos urgentes para localizar a las partes, no así para que se tenga como medio para oír y recibir notificaciones. VI. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 21 de la Ley de Amparo; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. VII. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al secretario que integre la presente en el expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 17 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus COVID-19, se ordena al Secretario, a los Oficiales Administrativos correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a su debida integración del expediente impreso en caso de ser posible en las fechas en que se permite el ingreso al personal a las instalaciones del juzgado o a más tardar en el plazo señalado en el numeral en comento. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuales son: Copias de traslado, Hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, Copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas, así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. VIII. Protección de datos personales. Conforme lo dispuesto en los artículos 9, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; hágase saber a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad. IX. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinario de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (****), podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberá de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020.

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