Avril Naxie Lechuga Rojas

Expediente 641/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
641/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
20/06/2017

Partes del expediente

  • Avril Naxie Lechuga Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a veinte de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de dos de junio de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por AVRIL NAXIE LECHUGA ROJAS, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a dos de junio de dos mil diecisiete. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Avril Naxdie Lechuga Rojas, contra actos del Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 641/2017-1. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". En el caso, la quejosa reclama la resolución de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, emitida en el toca 842/2016-II, por virtud de la cual la sala responsable declaró improcedente el recurso de apelación que interpuso en contra del resolutivo cuarto de la resolución de incompetencia por territorio, opuesta por la parte demandada -aquí promovente-, en el juicio familiar expediente 466/2016, del índice del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, seguido por José Eduardo Tejeda Ruiz en contra de Avril Naxdie Lechuga Rojas. En principio este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Del dispositivo legal en comento se desprende que para la procedencia del juicio de amparo, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley algún recurso, juicio o medio de defensa dentro del procedimiento que puedan tener como consecuencia su modificación, revocación o nulificación, es necesario que previamente se agoten todos y cada uno de dichos recursos o medios ordinarios de defensa previstos en las leyes que rigen el acto reclamado, ya que sólo de esa manera se cumple con el principio de definitividad previsto en el artículo 107 de la Ley Suprema. En efecto, el acto reclamado que es impugnable a través del recurso de reposición de conformidad con el artículo 378 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, que a la letra dicen lo siguiente: "Artículo 378.- Procede la reposición de los proveídos y autos del Tribunal Superior de Justicia, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior." Del anterior numeral se permite afirmar la procedencia del recurso de reposición contra los proveídos y autos de los emitidos por el Tribunal Superior de Justicia. De ahí que, conforme a los artículos 8, punto 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptada en San José de Costa Rica, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente independiente e imparcial. Asimismo, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. En este sentido, conforme al principio de progresividad de los derechos humanos, ya no puede considerarse que la existencia de un recurso en la ley, constituya sólo una posibilidad, pues el derecho humano a la impugnación evidencia que es una realidad que todas las personas tienen a su alcance los recursos y medios de defensa que las leyes secundarias establecen a su favor. De manera que, si en la especie el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, prevé el recurso de reposición en contra de los acuerdos y proveídos emitidos por el Tribunal Superior de Justicia, la quejosa puede acudir a hacer valer dicho recurso, porque la ley no se lo prohíbe expresamente, por motivos de afectación del orden público y el interés social. Por el contrario, es un derecho fundamental y humano que el quejoso sea escuchado por la autoridad competente, es este caso, el tribunal de apelación. En esa tesitura, al contener el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, el medio de defensa analizado en párrafos que anteceden, que puede tener por efecto revocar o modificar el acto reclamado, es incuestionable que la parte quejosa se encuentra obligada a agotarlo, previo a acudir a la tutela constitucional, ya que de lo contrario el juicio de amparo será improcedente, en virtud de que no es optativo para la inconforme cumplir o no con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en virtud de que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, no establece excepción alguna más que: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Carácter que no le asiste la quejosa por ser parte en sentido material en el juicio del que deriva el acto reclamado, independientemente de los supuestos previstos en la jurisprudencia emitida por los tribunales federales. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 350, Libro 1, Tomo I, Diciembre de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, de rubro: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." En razón de lo anterior, respecto del acto analizado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, motivo por el cual, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada ley, se desecha de plano por notoriamente improcedente. Ahora bien, respecto de la naturaleza del acto que se reclama, este juzgador realiza las siguientes consideraciones sin que obste lo antes precisado, pues esto se hace atendiendo a la lectura integral de la demanda. Además de la causal de improcedencia invocada anteriormente también se estima que respecto del acto reclamado se actualiza en modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción VIII, del numeral 107, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece: "Art. 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto." Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El primer artículo transcrito, dispone que el juicio constitucional indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. Sin embargo, en la jurisprudencia que a continuación se cita, se estableció que el juicio de amparo promovido en términos de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, únicamente procede cuando los actos contemplados con dicha norma son definitivos, esto es, cuando el órgano a quien se le declina la competencia o el conocimiento del asunto acepta. La jurisprudencia en comento es la P./J. 17/2015 (10a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, agosto de 2015, tomo I, materia común, página 5, que a la letra señala: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." De ahí, que si la quejosa reclama la resolución de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, emitida en el toca 842/2016-II, por virtud de la cual la sala responsable declaró improcedente el recurso de apelación que interpuso en contra del resolutivo cuarto de la resolución de incompetencia por territorio, opuesta por la parte demandada -aquí promovente-, en el juicio familiar expediente 466/2016, del índice del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, es inconcuso que dicho acto carece de definitividad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en virtud de que el acto definitivo será la determinación mediante la cual el Juez Competente, acepte el conocimiento del asunto y se avoque a su conocimiento, por virtud del cual realizará las consideraciones que estime acordes. Sin que obste a lo anterior lo narrado por la disidente respecto a que al declararse improcedente el recurso de apelación que hizo valer en contra del resolutivo de la resolución de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, se le deja en estado de indefensión porque en ese resolutivo se declararon válidas todas las actuaciones practicadas por el juez que se declaró incompetente, y como en ellas se obra que se declaraba la guarda y custodia de los menores hijos de las partes en favor del actor en el sumario subyacente, toda vez que como se dijo en párrafos precedentes, aún falta que el a quien se le atribuye la competencia lo acepte y haga las consideraciones respectivas, momento en el cual puede hacer el medio de impugnación que estime pertinente a sus intereses. En razón de lo anterior, respecto del acto analizado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción VIII del numeral 107, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; motivo por el cual, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada ley, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo AUTORIZADOS. Téngase como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Lilia Mendoza Méndez, y a los demás profesionistas que menciona en su escrito de demanda en términos restringidos por no contar con registro de cédula en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de los quejosos, el señalado en su escrito de cuenta. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.

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