Aviva Ruth Katz

Expediente 1548/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1548/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
28/03/2019

Partes del expediente

  • Aviva Ruth Katz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida el siete de marzo del año en curso, en el recurso de queja número 409/2018, relativo al presente sumario constitucional número 1548/2018, en la que se aprecia que declaró infundado dicho medio de impugnación interpuesto, por lo que confirmó el auto de diecinueve de julio de dos mil dieciocho (fojas 111 a 115), mismo que desechó el juicio de amparo promovido por **, en su carácter de apoderado legal de **, contra actos del Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y otras autoridades; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro relativo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, en acatamiento al acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se desechó de plano la demanda de garantías, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Finalmente, agréguese al expediente en que se actúa, el cuaderno de antecedentes correspondiente a partir de la remisión del recurso de queja. **

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal, el once y veinte de julio del año en curso (fojas 206 a 210 y 216 a 222), la Presidenta y Secretario de la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y el Presidente y Secretario de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, con residencia en Puerto Vallarta, manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdos de doce y veinticinco de julio del año en curso (fojas 211 y 225), se dio vista a la parte quejosa, con los referidos oficios y anexos, para que dentro del término de tres días siguientes al que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Los citados proveídos se notificaron a la parte quejosa el trece y veintiséis de julio del año en que se actúa (fojas 212 y 226); por lo tanto, el término de tres días otorgado, transcurrió con exceso, sin que hubiera realizado manifestación alguna respecto del citado cumplimiento. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis aislada número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada por este Órgano de Control Constitucional, el veinte de julio de dos mil diecisiete, se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal (fojas 66 a 78), misma que fue modificada en sus efectos por ejecutoria de siete de junio de dos mil dieciocho (fojas 176 a 197), dictada dentro del recurso de revisión 1063/2017, del índice el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, los que se hicieron consistir en: ".a fin de hacer congruente la pretensión del quejoso con el fallo amparador y partiendo del sentido general de la parte considerativa de la sentencia, la cual permanece intocada por no haber sido impugnada por la parte a quien a quien afectada, deben modificarse los efectos de la sentencia protectora, para quedar de la siguiente manera: 1) La Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, con residencia en Puerto Vallarta, declare la nulidad de las diligencias de cita de espera y emplazamiento, practicadas el catorce y quince de febrero de dos mil siete, al quejoso Jorge Armando Tovar Quiñones, dentro de los autos del juicio laboral 664/2006-C; 2) Dicha autoridad reponga el procedimiento a partir de las diligencias precisadas en el párrafo previo, con el objeto de que la parte quejosa pueda alegar y probar dentro del juicio de referencia. Dicha concesión que se hace extensiva a los ulteriores actos reclamados, consistentes en todas las actuaciones y notificaciones realizadas con posterioridad al emplazamiento, en virtud de que al resultar ilegal la diligencia en comento, los actos siguientes son ilegales. 3) Por su parte, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, deje sin efectos todo lo actuado en el exhorto 22/2017, de su índice; concretamente la diligencia de requerimiento de pago y embargo de doce de mayo de dos mil diecisiete, por derivar de un procedimiento viciado de origen. La protección constitucional se hace extensiva a los actos reclamados tanto al actuario notificador adscrito a la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, residente en Puerto Vallarta, como al actuario de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, así como al Director General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Nayarit, ya que tienen el carácter de ejecutoras." De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar en primer orden, la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, con residencia en Puerto Vallarta, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: A) Declarar la nulidad de las diligencias de espera y emplazamiento, practicadas el catorce y quince de febrero de dos mil siete, al quejoso Jorge Armando Tovar Quiñones, dentro de los autos del juicio laboral 664/2006-C, de su índice, así como reponer el procedimiento a partir de las diligencias precisadas en el párrafo previo, con el objeto de que la parte quejosa pueda alegar y probar dentro del juicio de referencia, así como hacer extensiva la concesión a los ulteriores actos reclamados, consistentes en todas las actuaciones y notificaciones realizadas con posterioridad al emplazamiento. Por su parte, la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con el fallo protector debería realizar lo siguiente: A) Dejar sin efectos todo lo actuado en el exhorto 22/2017, de su índice, concretamente la diligencia de requerimiento de pago y embargo de doce de mayo de dos mil diecisiete, por derivar de un procedimiento viciado de origen. Ante ello, la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, con residencia en Puerto Vallarta, el doce de julio del año en que se actúa, dicto el acuerdo en cumplimiento al fallo protector en el que dejó insubsistente las diligencias de citación y emplazamiento de fechas catorce y quince de febrero de dos mil siete, así como todo lo actuado con posterioridad al emplazamiento del juicio laboral 664/2006-C, únicamente por lo que respecta al quejoso y repuso el procedimiento a fin de que se le respetara su garantía de audiencia, para lo cual señaló las ocho horas con treinta minutos del treinta de agosto del año en curso (fojas 216 a 219). Por otro lado, la autoridad laboral responsable citada en segundo orden, en cumplimiento al fallo protector emitió el acuerdo de diez de julio del presente año, por el que dejó sin efectos el exhorto 22/2017, de su índice, así como la actuación de doce de mayo de dos mil dieciséis (foja 207). Sin que obste que no se hubiera requerido por el cumplimiento del fallo protector al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad, como se ordenó en la ejecutoria de amparo, pues de su informe con justificación se advertía que dicha autoridad registral negó la existencia del acto reclamado, para lo cual remitió copia certificada de la escritura número cuatro mil ochocientos ochenta y ocho, bajo la fe del Notario Público Número Veintiocho, con residencia en Xalisco, Nayarit, de la que se aprecia que no contiene anotación de un gravamen (fojas 25 a 28). Asimismo, de la diligencia de requerimiento de pago y embargo de doce de doce de mayo de dos mil diecisiete (fojas 40 a 42), se observa que si bien se ordenó embargar bienes inmuebles propiedad del aquí quejoso, así como girar oficios al Director del Registro de la Propiedad y del Comercio, de esta ciudad, a fin de que se realizaran las anotaciones correspondientes de dicho embargo; sin embargo, de la totalidad de las actuaciones remitidas, no se advierte que se hubieran girado los oficios respectivos; de ahí que, se hubiera considerado irrelevante que se cumpliera con el fallo como autoridad ejecutora, pues de autos no se acreditó la materialización del embargo ante la autoridad registral competente. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se concedió respecto de unos actos reclamados, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y las resoluciones incidentales, las cuales deberán conservarse, por ende, déjese por separado para su conservación; en tanto que, el duplicado respectivo, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda.

  3. Principal

    Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************contra el acto que reclamó del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el tres de octubre de dos mil diecisiete, en autos del expediente *; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia.

  4. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo

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