Avigail Aguilera Guillen

Expediente 554/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
554/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/05/2023

Partes del expediente

  • Avigail Aguilera Guillen

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede se advierte que término de cinco días hábiles que concede el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído dictado en el presente juicio de amparo el nueve de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, que puso fin a este expediente, transcurrió del diecisiete al veintitrés de mayo de la presente anualidad, con exclusión de los días veinte y veintiuno de mayo del año en curso, por ser inhábiles de conformidad con lo que establece el artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que dentro de dicho plazo se interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que el auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. PLAZO DE CONSERVACIÓN. Expediente destruible en un plazo de tres años. Por otra parte, toda vez que se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, el cual carece de relevancia documental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente, deberá ser DESTRUIDO una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a partir de esta fecha, lo que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes y remitir el Acta y listado de destrucción, relativa a la baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se tiene por presentado el escrito de demanda de amparo presuntamente promovida por ***, solicitando el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra del acto que atribuye al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México y otra autoridad. Con fundamento en los artículos 9 y 10 del Acuerdo General 12/2020, reformado mediante el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo", fórmese el expediente electrónico respectivo en términos del artículo 3°, fracción II del mencionado Acuerdo General; el cual se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que se dirijan por las partes al presente asunto. Supresión de impresión. En ese sentido, dados los ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del propio consejo; se ordena formar el expedientillo físico a que se refieren las fracciones II y XII del precepto en cita, para el único efecto de integrar los documentos que sean recibidos materialmente en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional y las constancias de notificación practicadas; de manera que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Se decreta la integración del presente expediente electrónico en el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes (SISE); para lo cual, el personal designado para tal efecto deberá digitalizar completa y oportunamente, así como de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera física y que no hayan sido digitalizados por las propias autoridades responsables ni por el personal de la OCC, así como garantizar su gestión electrónica eficiente. Asimismo, se precisa que los secretarios, actuarios y oficiales judiciales adscritos al presente órgano jurisdiccional; en el ámbito de sus respectivas funciones, deberán vigilar la correcta integración de las promociones, acuerdos y/o notificaciones que se realicen durante la tramitación de este asunto. Se forma expediente y se registra en el Libro de Gobierno bajo el número 554/2023-II-A. Ahora bien, atento al contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA, en virtud de que se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Del contenido del artículo anterior, se desprende que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo con firma original o electrónica. De ahí que un escrito de demanda presentado sin firma autógrafa, ni electrónica, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma de tal naturaleza, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta, autógrafa o electrónica, en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto a quién intenta la acción constitucional. En la especie, del examen exhaustivo del escrito de demanda de amparo, en sus doce fojas que la componen, se advierte, que carece de la firma autógrafa o electrónica de la quejosa, pues únicamente obra una signatura en fotocopia, circunstancia que así aparece asentada en la boleta de turno respectiva, expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, en la que se destaca que la citada demanda fue presentada por el buzón judicial y además aparece la leyenda "SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA QUE OBRA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO AL PARECER ES COPIA" Así las cosas, debe decirse que en el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. Por lo que en el caso, no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada, toda vez que un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma autógrafa o electrónica, es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del acto de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez, mediante una prevención, pues en términos del precepto 114 de la Ley de Amparo, sólo se debe prevenir al promovente en el supuesto de que no llenara alguno de los requisitos formales que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, tales como: omitir la designación correcta de alguna autoridad responsable, no proporcionar el domicilio del tercero perjudicado o no anexar las copias necesarias para correr traslado a las partes, entre otros; sin embargo, la hipótesis en que la demanda de garantías carece de firma original o electrónica no está comprendida dentro de los casos en que proceda la prevención para que el promovente subsane alguna irregularidad de ese escrito inicial. Por tanto, como la firma constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier promoción judicial, puesto que sirve para dar autenticidad al mismo, debe estimarse que, conforme a la fracción XXXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento, la demanda de amparo, sin lugar a dudas es improcedente, al carecer de firma original o electrónica. Es aplicable al caso la tesis aislada VI.1o.151 K del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 303, del Semanario Judicial de la Federación XV-II, febrero de 1995, Materia Común, Octava Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 315, del Semanario Judicial de la Federación X, octubre de 1992, Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro es como sigue: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." También, resulta aplicable al caso, la tesis aislada XVII.7 K (10a.) del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2154, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, mayo de 2015, Tomo III, Materia Común, Décima Época, Registro digital: 2009142, cuyo texto y rubro es como sigue: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." De opinarse lo contrario, es decir, si se considerara correcto prevenir a la quejosa para que acuda a firmar el escrito de demanda de amparo, se estaría autorizando la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. En consecuencia, ante el motivo manifiesto e indudable de improcedencia estudiado, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, promovida por ********************. Dada la inexistencia de voluntad en la promoción, no ha lugar a hacer pronunciamiento sobre las demás pretensiones. Derivado de lo anterior, por única ocasión, notifíquese esta determinación en el domicilio contenido en el escrito que se provee. Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Digitalización. Con fundamento en los párrafos quinto y sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena al Secretario, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, para lo cual se dispondrá del apoyo material del oficial administrativo correspondiente. De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese.

  3. Principal

    SE TIEE POR DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE NUEVE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SINTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se tiene por presentado el escrito de demanda de amparo presuntamente promovida por ***, solicitando el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra del acto que atribuye al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México y otra autoridad. Con fundamento en los artículos 9 y 10 del Acuerdo General 12/2020, reformado mediante el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo", fórmese el expediente electrónico respectivo en términos del artículo 3°, fracción II del mencionado Acuerdo General; el cual se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que se dirijan por las partes al presente asunto. Supresión de impresión. En ese sentido, dados los ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del propio consejo; se ordena formar el expedientillo físico a que se refieren las fracciones II y XII del precepto en cita, para el único efecto de integrar los documentos que sean recibidos materialmente en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional y las constancias de notificación practicadas; de manera que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Se decreta la integración del presente expediente electrónico en el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes (SISE); para lo cual, el personal designado para tal efecto deberá digitalizar completa y oportunamente, así como de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera física y que no hayan sido digitalizados por las propias autoridades responsables ni por el personal de la OCC, así como garantizar su gestión electrónica eficiente. Asimismo, se precisa que los secretarios, actuarios y oficiales judiciales adscritos al presente órgano jurisdiccional; en el ámbito de sus respectivas funciones, deberán vigilar la correcta integración de las promociones, acuerdos y/o notificaciones que se realicen durante la tramitación de este asunto. Se forma expediente y se registra en el Libro de Gobierno bajo el número 554/2023-II-A. Ahora bien, atento al contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA, en virtud de que se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Del contenido del artículo anterior, se desprende que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo con firma original o electrónica. De ahí que un escrito de demanda presentado sin firma autógrafa, ni electrónica, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma de tal naturaleza, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta, autógrafa o electrónica, en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto a quién intenta la acción constitucional. En la especie, del examen exhaustivo del escrito de demanda de amparo, en sus doce fojas que la componen, se advierte, que carece de la firma autógrafa o electrónica de la quejosa, pues únicamente obra una signatura en fotocopia, circunstancia que así aparece asentada en la boleta de turno respectiva, expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, en la que se destaca que la citada demanda fue presentada por el buzón judicial y además aparece la leyenda "SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA QUE OBRA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO AL PARECER ES COPIA" Así las cosas, debe decirse que en el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. Por lo que en el caso, no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada, toda vez que un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma autógrafa o electrónica, es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del acto de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez, mediante una prevención, pues en términos del precepto 114 de la Ley de Amparo, sólo se debe prevenir al promovente en el supuesto de que no llenara alguno de los requisitos formales que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, tales como: omitir la designación correcta de alguna autoridad responsable, no proporcionar el domicilio del tercero perjudicado o no anexar las copias necesarias para correr traslado a las partes, entre otros; sin embargo, la hipótesis en que la demanda de garantías carece de firma original o electrónica no está comprendida dentro de los casos en que proceda la prevención para que el promovente subsane alguna irregularidad de ese escrito inicial. Por tanto, como la firma constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier promoción judicial, puesto que sirve para dar autenticidad al mismo, debe estimarse que, conforme a la fracción XXXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento, la demanda de amparo, sin lugar a dudas es improcedente, al carecer de firma original o electrónica. Es aplicable al caso la tesis aislada VI.1o.151 K del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 303, del Semanario Judicial de la Federación XV-II, febrero de 1995, Materia Común, Octava Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 315, del Semanario Judicial de la Federación X, octubre de 1992, Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro es como sigue: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." También, resulta aplicable al caso, la tesis aislada XVII.7 K (10a.) del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2154, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, mayo de 2015, Tomo III, Materia Común, Décima Época, Registro digital: 2009142, cuyo texto y rubro es como sigue: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." De opinarse lo contrario, es decir, si se considerara correcto prevenir a la quejosa para que acuda a firmar el escrito de demanda de amparo, se estaría autorizando la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. En consecuencia, ante el motivo manifiesto e indudable de improcedencia estudiado, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, promovida por ********************. Dada la inexistencia de voluntad en la promoción, no ha lugar a hacer pronunciamiento sobre las demás pretensiones. Derivado de lo anterior, por única ocasión, notifíquese esta determinación en el domicilio contenido en el escrito que se provee. Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Digitalización. Con fundamento en los párrafos quinto y sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena al Secretario, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, para lo cual se dispondrá del apoyo material del oficial administrativo correspondiente. De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese.

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