Avelino Vlamir Quintero Pino

Expediente 551/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
551/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
03/08/2023

Partes del expediente

  • Avelino Vlamir Quintero Pino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja penal 185/2022, formada con motivo del recurso de queja interpuesto contra el auto emitido por este juzgado que desechó la demanda de amparo; agréguese al expediente el oficio de cuenta y testimonio de referencia, acúsese recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que el punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, en el capítulo sexto denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 20, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 34 del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de queja. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; seis de julio de dos mil veintidós. Visto el escrito signado por la quejosa, se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de quince de junio de dos mil veintidós; con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 103 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del escrito que se provee al juicio en que se actúa; remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad; el original y copia de éste, así como copia certificada de las constancias y actuaciones que integran el presente asunto, para el efecto de que se substancie el citado recurso. Ahora bien, de conformidad con el arábigo último citado, se rinde informe con justificación, en los siguientes términos: es cierto el acto impugnado, en virtud de que en la fecha indicada se dictó la resolución reclamada. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; quince de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Avelino Vlamir Quintero Pino, por su propio derecho, contra actos del Titular de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 551/2022, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA. En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones: La parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión de acordar su escrito presentado ante el Agente del Ministerio Público, Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual señala defensor particular y solicita copias de la misma; y como consecuencia de ello la negativa de darle acceso a la carpeta de investigación 12030270501310030821, en la cual aduce es imputado. De los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad refiere: Que personal de la Policia Ministerial se presentaron a su domicilio, quiénes le refirieron que tenía una carpeta de investigación en su contra. 2. Que su defensor particular acudió ante la responsable a efecto de que preguntar por el proveído recaído a su escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós y le fue informado que no podía proporcionarle dato alguno hasta en tanto, el suscrito ratificará el multicitado ocurso. En efecto, al examinar la demanda de amparo se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Luego, lo que doctrinal y jurisprudencialmente se conoce como interés jurídico, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho público subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular. De modo que, para promover el juicio de amparo, es necesario que exista un acto de autoridad que influya sobre la esfera jurídica del quejoso y, por ende, un interés jurídico, que se identifica con lo que se conoce como derecho subjetivo. Es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado, otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; por ello, el acto de autoridad que se reclame, tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. Por esa razón, la procedencia del juicio de amparo, presupone la existencia de un perjuicio resentido por la parte quejosa, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, cuya transgresión faculta a su titular a acudir a la tutela constitucional, porque considera que el acto de autoridad es lesivo a sus intereses. Sin embargo, tal presupuesto en la especie no se actualiza, debido a que el quejoso se duele de que las responsables han omitido acordar su escrito presentado ante el Agente del Ministerio Público, Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual señala defensor particular y solicita copias de la misma; y como consecuencia de ello la negativa de darle acceso a la carpeta de investigación 12030270501310030821, en la cual aduce es imputado. A fin de evidenciar la aseveración contenida en el párrafo que antecede, resulta conveniente precisar el contenido del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público (.) De la citada porción normativa se advierte que la investigación y persecución de los delitos es facultad única y exclusiva del Ministerio Público. De igual manera, es necesario destacar que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece las etapas del Procedimiento Penal que son las siguientes: 1. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación, y; b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y; 3. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. En el caso, el solicitante de amparo, refiere que existe una carpeta de investigación, y que la misma aún no ha sido consignada ante autoridad judicial, de lo que se colige que se encuentra en la etapa de investigación inicial. Cabe señalar, que durante esa etapa (investigación inicial), el representante social actúa como órgano acusador, y los indiciados no tienen la calidad de partes ya que, el Ministerio Público es el encargado de investigar hechos con la finalidad de determinar la identidad de los probables responsables, en ese tenor, el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su asesor jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de ese momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este código o en las leyes especiales. (.) Del precepto transcrito, se advierte que el imputado y su defensor podrán tener acceso a la carpeta de investigación en los siguientes casos: a) Cuando se encuentre detenido; b) Cuando sea citado a comparecer; y, c) Sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. En tal virtud, el acto reclamado del que se duele y el cual aduce es imputado no trasciende de manera irreparable a la esfera jurídica de los gobernados, pues dicho acto no les irroga perjuicio alguno, ya que éste, en todo caso, se materializará hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la orden de aprehensión o citarlos a declarar para que el Ministerio Público formule imputación; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Lo anterior es así, porque el artículo 21, párrafo primero, dispone que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, esto es, que él dirige la investigación, y por ende, decide qué datos de pruebas recabar en esa fase, a fin de judicializarla, sin que le imponga la obligación de citar al imputado durante la fase de investigación inicial. En este tenor, existe una restricción constitucional que impide el acceso a la etapa de investigación inicial, a quien tenga reconocido el carácter de indiciado para acudir a imponerse de los registros que obran en la carpeta de investigación, por ser facultad del Ministerio Público determinar hasta cuando lo estima conveniente para el éxito de su investigación. Por lo que, es claro que no se puede tener acceso por parte del indiciado o su defensa a la investigación, hasta que se pretenda recibir su declaración o entrevistarlo, situación que en este caso no acontece, ya que ni siquiera se tiene conocimiento de que exista una investigación en la que los quejosos figuren como indiciados. Considerar que la omisión de la que se duele la parte quejosa afecta su interés jurídico o legítimo, obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada (X Región)2o.1 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 2592, registro 2012423, de rubro y texto: INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. Asimismo, se cita la tesis aislada XXVII.3o.48 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, página 1947, registro 2015500, de rubro y texto: CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Máxime que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contracción de criterios 2/2022 determinó lo siguiente: ES IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR QUIEN SOSPECHA SER INVESTIGADO POR UN HECHO CONSIDERADO COMO DELITO Y LE NIEGAN EL ACCESO A UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, PUES SOLO TIENE ESE DERECHO HASTA QUE SEA PRIVADO DE SU LIBERTAD, CITADO A COMPARECER O AFECTADO POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE IMPUTADO: PRIMERA SALA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, mediante jurisprudencia que, en la etapa de investigación en el proceso penal acusatorio, el derecho de acceder a los registros contenidos en la carpeta de investigación corresponde únicamente a las partes involucradas; de manera que, para que la persona interesada pueda reclamar mediante juicio de amparo la omisión o negativa del Ministerio Público para permitirle el acceso a ésta, es necesario que se encuentre detenida, sea citada para comparecer o sea sujeta de un acto de molestia como imputada dentro de la etapa de la investigación inicial. Este criterio emana de la resolución de una contradicción de criterios, en la que dos Plenos de Circuito sostuvieron posturas opuestas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de imputado en una investigación, ello sin que previamente se le hubiera detenido o citado a comparecer. En su fallo, el Alto Tribunal consideró que la simple sospecha de ser investigado no deriva en ningún derecho subjetivo para acceder a la carpeta de investigación, de manera que es indispensable que la autoridad ministerial lleve a cabo alguna diligencia de investigación en perjuicio del investigado, como las referidas previamente, para que la persona pueda reclamar el acceso a los registros de la investigación De esta forma, cuando una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos solo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigada y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), será procedente desechar de plano la demanda de amparo. Finalmente, la Primera Sala destacó la importancia de que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que la persona juzgadora de amparo debe tener el cuidado de revisar la demanda para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de quien solicite la protección constitucional. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Eduardo Mendoza, Esquina Allende, número 3, interior 9, del Barrio Pozo de la Nación, Colonia Centro de esta ciudad, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a José Rojas Vázquez, Osmar del Vale Medina y Maribel Delgado Juárez, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Alejandra Céspedes Prudente, por no cumplir con el requisito anterior y en los mismos términos a Jesús Isac Reyes García, por asi haberlo solicitado. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De igual forma, en términos del artículo 5, fracción I, en relación con el 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por su similar 9/022, téngase como datos de contacto de su parte para comunicaciones no procesales el correo electrónico y el número telefónico que proporciona. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.

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