Avelino Rodriguez Gallegos

Expediente 172/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
172/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • Avelino Rodriguez Gallegos
  • AVELINO RODRIGUEZ GALLEGOS y Otros.
  • Juez de Control Region Morelia, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa estado sobreseimiento. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio en que se actúa; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Destacando, las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión, ello de conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley de Amparo. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 172/2022. RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencie en esta ciudad, Salvador Patiño García, quien se ostentó como defensor particular de Avelino Rodríguez Gallegos, solicitó el amparo y protección de la justicia federal. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violado en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, y 22, de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite de la demanda. La demanda correspondió por razón de turno, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado; quien por auto de tres, cuatro y once de febrero de dos mil veintidós, decretó de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, ordenó la ratificación de la demanda de amparo, la admitió a trámite, y declinó su conocimiento a este Juzgado por conocimiento previo, respectivamente. Este Juzgado de avocó al conocimiento del asunto por auto de dieciséis de febrero del año en curso, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. De acuerdo con lo anterior, los actos reclamados por el quejoso, a los Jueces de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia; Fiscal General de Justicia del Estado; Coordinador del Sistema Penitenciario en el Estado de Michoacán; éstos con residencia en esta ciudad; y, Director del Centro Penitenciario "David Franco Rodríguez", con residencia en Charo, Michoacán: La detención ilegal en persona del quejoso, acto de tortura, palos, azotes y tormentos, se teme por su vida; El ingreso al Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", ubicado en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán, con motivo de la ejecución de las ordenes de aprehensión en los procesos 276/2020, 1017/2020, 1008/2021, 326/2019, 1180/2021, 998/2020 y 1769/2021, cuando él no es la persona investigada ni contra quien se dictaron las mismas. TERCERO. Actos inexistentes. Las autoridades responsables Fiscal General del Estado, Coordinador del Sistema Penitenciario en el Estado de Michoacán; con residencia en esta ciudad; y, Director del Centro Penitenciario "David Franco Rodríguez", con residencia en Charo, Michoacán, al rendir los informes justificados negaron expresamente los actos reclamados por el quejoso, consistentes en tortura, palos, azotes y tormentos, y temor por su vida; además, el primero indicó que no ha recibido notificación sobre la emisión de alguna orden de aprehensión contra el quejoso, por lo que no ha girado instrucciones para su ejecución. La inexistencia de los actos reclamados consistentes en tortura, palos, azotes, tormentos o temor por su vida, se corrobora con el acta suscrita el tres de febrero de dos mil veintidós, por la actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad -que conoció primeramente de la demanda de amparo-, de la que se advierte que a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos de esa data, se constituyó en las instalaciones del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", ubicado en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán, donde entrevistó al quejoso Avelino Rodríguez Gallegos, y al preguntarle si había sido objeto de tortura, malos tratos, golpes o cualquier otro acto de los prohibidos por la Constitución, aquél refirió que no ha sido golpeado, ni ha sufrido malos tratos en ese centro de reclusión. De ahí que citados actos reclamados se tengan por inexistentes. Asimismo, son inexistentes los actos reclamados, consistentes en la detención ilegal en persona del quejoso, y su ingreso al penal David Franco Rodríguez con motivo de los procesos 276/2020, 1008/2021, 1180/2021 y 326/2019 al no ser la persona investigada ni contra quien se dictaron las ordenes de aprehensión. Lo anterior porque si bien en las causas penales 276/2020, 1008/2021 y 1180/2021 los Jueces de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Jesús Alejandro Sosa Maya, Mauricio Wilfrido Cruz Navarrete y Fernando Sánchez Martínez, informaron sobre la existencia de las respectivas ordenes de aprehensión libradas contra "Avelino Sánchez Rodríguez"; en tanto, en la causa penal 326/2019, la Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, María Consuelo López Ramírez, informó sobre el mandato de captura librado contra "Avelino Sánchez Rodríguez" y/o "Avelino Rodríguez Sánchez", persona distinta del aquí quejoso Avelino Rodríguez Gallegos; sin embargo, las mismas no han sido cumplimentadas y el quejoso no aportó dato que permita sostener que se pretenden ejecutar en su contra. De igual forma, es inexistente el acto que el quejoso reclama dentro de la causa penal 1769/2021; lo anterior porque la Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, María de la Soledad López Ortiz, al rendir su informe justificado manifestó que el veinticinco de enero del año en curso, tuvo lugar la audiencia inicial de formulación de imputación en cumplimiento a la orden de aprehensión ejecutada contra el quejoso Avelino Rodríguez Gallegos, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Miguel Antonio Sesento Aguirre y Natali Nava Ávalos; sin embargo, el veintisiete de enero siguiente, emitió auto de no vinculación a proceso en su favor, al no tratarse de la misma persona contra quien se libró aquél mandamiento, que lo era "Avelino Sánchez Rodríguez", con lo cual el quejoso dejó de estar a disposición de esa autoridad. De lo que se tiene que si la demanda de amparo fue presentada a las trece horas con cincuenta y seis minutos del tres de febrero de dos mil veintidós, a esa data era inexistente el acto reclamado. Lo mismo acontece respecto de la detención del quejoso dentro de la causa penal 1017/2020; en efecto, la Juez de Control María Consuelo López Ramírez, en su informe justificado informó que el tres de febrero del año en curso, fue ejecutada en la persona del quejoso Avelino Rodríguez Gallegos, la orden de aprehensión librada contra "Avelino Sánchez Rodríguez" y/o "Avelino Rodríguez Sánchez", por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Everardo Nava Ávalos; empero, de sus manifestaciones, robustecidas con las constancias que remitió en apoyo de su informe justificado, contenidas en el disco compacto (DVD), se advierte que a las trece horas de esa data, declaró mal ejecutada la orden de aprehensión y ordenó la inmediata libertad del quejoso, única y exclusivamente por lo que a esa causa penal se refiere. Documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia, que versa: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Atento a ello, es que si la demanda de amparo se presentó a las trece horas con cincuenta y seis minutos del tres de febrero del año en curso, ya no existía el reclamo formulado derivado de la causa penal 1017/2020, puesto que a las trece horas de esa data, se ordenó la inmediata libertad del quejoso. Sin que se inadvierta que posterior a ello, a las dieciocho horas con veintinueve minutos, libró orden de aprehensión contra el quejoso Avelino Rodríguez Gallegos, dentro de la referida causa penal 1017/2020, sin embargo, el acto reclamado debe analizarse atendiendo a la presentación de la demanda; y como se ha dicho, se presentó previo a la emisión del mandato de captura. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Máxime que el quejoso no ofreció medio de prueba que desvirtúe la negativa de los actos. Por tanto, se IMPONE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Verificación de certeza de los actos reclamados. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la detención del quejoso derivada de la orden de aprehensión dictada dentro de la causa penal 998/2020, que se reclama de la Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, María Consuelo López Ramírez, y del Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Charo, Michoacán, como así lo reconocieron dichas autoridades al rendir su informe justificado. En efecto, la Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, María Consuelo López Ramírez, en su informe justificado manifestó que el tres de febrero del año en curso, se dictó orden de aprehensión contra Avelino Rodríguez Gallegos, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Esperanza Sixtos Zurita, quien fue puesto a su disposición en esa misma data. La certeza del acto reclamado se corrobora con las constancias que se contienen en el disco DVD, que remitió en apoyo a su informe justificado, que contiene los registros digitales y audiencias desahogadas en la causa penal; con valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. A lo anterior se aplica la tesis de jurisprudencia "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." transcrita en líneas que preceden. Cabe mencionar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita con su escrito de alegatos que presentó ante este juzgado, manifestó que el juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- las responsables negaron la existencia del acto reclamado, lo que trae como consecuencia que deba decretarse su sobreseimiento. Argumento que se desestima, en virtud de que, contrario a lo que aduce, la autoridad responsable reconoció la certeza del acto reclamado. QUINTO. Procedencia. Previo al análisis acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se aborda el estudio de las causas de improcedencia del juicio, sea que las propongan las partes o que se hagan valer de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta juzgadora de oficio advierte la actualización de la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Precisado lo anterior, es conveniente tener presente que, por regla general, la causa de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica, se produce cuando concurren lo siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Que después de haberse presentado la demanda de garantías se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica que prevalecía en el quejoso; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, por lo cual deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas; d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó, y la nueva resolución, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; e) Que por el cambio de situación jurídica resulten consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. Lo anterior, se obtiene de la 2a. CXI/96, que establece: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional.". Expuesto lo anterior, tal como se adelantó, este órgano de control constitucional estima que en el presente juicio de garantías se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, en relación con la detención del quejoso derivada de la orden de aprehensión librada en la causa penal 998/2020. En efecto, de los datos aportados por la Jueza de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, corroborados con los registros que se contienen en el medio electrónico en formato DVD que allegó, se advierte que en audiencia de tres de febrero del año en curso, se libró orden de aprehensión contra el aquí quejoso Avelino Rodríguez Gallegos, misma que fue ejecutada en el Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", ubicado en Zurumbeneo, municipio de Charo, Michoacán. El cuatro de febrero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia inicial a partir de la formulación de imputación; y, en continuación de la audiencia inicial de formulación de imputación desahogada el nueve de febrero del año en curso, al resolver la situación jurídica del imputado, siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, decretó auto de vinculación a proceso, al citado Avelino Rodríguez Gallegos, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), en vinculación con los numerales 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción III, del Código Penal del Estado, cometido en agravio de Esperanza Sixtos Zurita. En dicha diligencia le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en términos de los artículos 19, segundo párrafo, de la Constitución Política, 165 y 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales; la que seguirá vigente por el tiempo que dure el proceso, sin que exceda de dos años, salvo su prolongación en ejercicio del derecho de defensa, y cumplirá en el Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez" Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para analizar y emitir un pronunciamiento sobre la ejecución de la orden de aprehensión librada contra el quejoso, porque las posibles violaciones acaecidas con motivo de dicha detención se consumaron al haberse calificado la misma, por parte de la Juez de Control, quien incluso decretó en su contra auto de vinculación a proceso. Ante ello, no puede ser jurídicamente susceptible de estudiarse, el acto reclamado, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica que impera en la causa penal 998/2020; es decir, no es factible emitir un pronunciamiento respecto de la ejecución del mandato de captura sin afectar la actual situación jurídica que impera en la persona del quejoso. Es así, porque al momento de promover la presente demanda de amparo, el quejoso reclamó la ejecución de la orden de aprehensión, refiriendo no ser la persona investigada contra quien se dictó la misma. Sin embargo, con la calificación de su detención por parte del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, dentro de la causa penal 998/2020, y posterior emisión del auto de vinculación en su contra, operó un cambio de situación jurídica que impide examinar la constitucionalidad de su detención. Por similitud, se cita el siguiente criterio de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). Se reitera, la detención de la que se duele el quejoso, no puede ser analizada en esta instancia, pues respecto de ese acto del que se pretendía el análisis constitucional, operó un cambio de situación jurídica; esto es, fue sustituida procesalmente por la determinación dada por el juez de control en la audiencia inicial. En consecuencia, al concretarse la aludida causal de improcedencia, lo procedente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con lo anterior no se desatiende el contenido de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 31/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz "DETENCIÓN. LA EMISIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO NO ACTUALIZA UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMÓ SU CALIFICACIÓN.", dicha ejecutoria establece que la emisión del auto de vinculación no actualiza el cambio de situación jurídica, cuando el acto reclamado en la calificación de dicha detención; sin embargo, en el presente juicio de amparo el quejoso reclamó la ejecución de la orden de aprehensión librada en su contra dentro del proceso penal 998/2020, cuando no es la persona contra la que se libró, sin que haya reclamado la determinación que califica y ratifica de legal el cumplimiento a tal mandato, lo que incluso sucedió posterior a la presentación de su demanda. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, promovido por Salvador Patiño García, defensor particular de Avelino Rodríguez Gallegos y/o Abelino Rodríguez Gallegos, por los actos precisados y las consideraciones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Maira Flor López Valencia, con quien actúa y da fe. KOA/Mflv*

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE UNO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Morelia, Michoacán, uno de marzo de dos mil veintidós Visto lo de cuenta se provee. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa, por auto de tres de febrero de dos mil veintidós, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, sin que hubiera hecho alguna manifestación al respecto, por tanto, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, procede a realizar el pronunciamiento en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Sentencia. El doce de junio de dos mil diecinueve, el Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, dictó sentencia en la que sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa. En contra de dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue del conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, cuyo titular mediante ejecutoria pronunciada el veintisiete de febrero del dos mil veinte, dentro del recurso de revisión número 97/2019, de su índice, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Mauricio, René y Leonel, todos ellos de apellidos Oregel Ceja, contra los actos reclamados al Tribunal Unitario Agrario Distrito Diecisiete y el Delegado del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia." Ejecutoria. Mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo, por lo que en atención a la concesión otorgada por el tribunal de alzada en el recurso de revisión 97/2019, se requirió a la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecisiete, con residencia en esta ciudad, para que en un término de tres días diera cumplimiento con el fallo protector, cuyos efectos son los siguientes: ".1) Deje insubsistente la sentencia pronunciada en el juicio sucesorio agrario expediente 935/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecisiete, para que proporcione la intervención que corresponda a los quejosos Mauricio, René y Leonel, todos ellos de apellidos Oregel Ceja, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos. Lo anterior, sin que implique declarar la nulidad de las actuaciones y diligencias desahogadas por el actor José de Jesús Oregel Ceja, que en un momento dado sea imposible reponer. 2) Ordene al Registro Agrario Nacional, deje insubsistente la cancelación del certificado parcelario 1040068 que ampara la parcela 342 Z-1 P1/1, expedidos a nombre de José de Jesús Oregel Ceja. 3) Agotado el juicio sucesorio agrario por todas sus etapas, dicte una nueva resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, resuelva conforme a derecho corresponda. Es importante destacar que la presente concesión de amparo no prejuzga sobre cuestiones relativas a la procedencia de ninguna de las acciones derivadas de la sucesión de los bienes de derechos ejidales a nombre de Rodolfo Oregel Ceja, pues ello dependerá de lo que las partes logren demostrar ante el tribunal agrario competente." Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. 1.- Mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 540/2020 de fecha diecinueve de octubre de dos mil veinte, por el que la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con transcripción del auto dictado el diecinueve de octubre de dos mil veinte dentro del juicio agrario 935/2016, informo lo siguiente: "A) Se deja insubsistente la sentencia de fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, así como el oficio 924/2016 girado a la delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, a través del cual se remitió copia certificada de la sentencia de fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciséis dictada dentro del juicio agrario 935/2016, del índice de este Unitario. B). Se ordena en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, incluir en la relación jurídica procesal a los quejosos Mauricio, René y Leonel, de apellidos Oregel Ceja, ordenando sean emplazados en el poblado de referencia a la brevedad posible." C) Realícese prevención a las partes llamadas a juicio para que en caso de no dar contestación a la demanda a más tardar el día de la audiencia de ley, dentro del término legal que se le conceda para tal efecto, se podrán tener por ciertas las pretensiones de la actora." [.]" 2.- Enseguida por oficio 620/2020, de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, informo que una vez que contara con las constancias de emplazamiento de los demandados las remitiría de inmediato a este órgano jurisdiccional. 3.- En seguimiento a lo anterior, por oficio 624/2020, la autoridad responsable remitió en copia certificada las cedulas de los emplazamientos realizados a los quejosos Mauricio, Rene y Leonel todos de apellidos Oregel Ceja. 4.- Por auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, se recibió el comunicado 94/2021 de tres de marzo de dos mil veintiuno, por el cual el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, informo que se señalaron las once horas del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, para la audiencia de juicio; aunado a ello, hizo del conocimiento que requirió al Represente del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, para que informara el seguimiento realizado a la instrucción que se le dio mediante oficio 315/2020 de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en el que se le instruyo para que dejara insubsistente la cancelación del certificado parcelario número 1040068 que ampara la parcela 342 Z-1 P1/1 expedido a nombre de José Jesús Oregel Ceja. 5.- El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, mediante oficio 161/2021 de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada del acta de audiencia de juicio verificada a las once horas del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, de la que se advierte que al no existir pruebas pendientes por desahogar cerró la etapa de instrucción y concedió el plazo de tres días a las partes para que de estimarlo procedente expusieran sus alegatos, con apercibimiento que de no hacerlo se ordenaría turnar el sumario al área de secretaría de estudio y cuenta para la emisión del proyecto de sentencia correspondiente. 6.- En seguimiento, por oficio 824/2021, de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, recibido en este juzgado mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se tubo a la autoridad responsable, informando que el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictó sentencia misma que por acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se declaró que causo ejecutoria y requirió de nueva cuenta al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, para que informara respecto de la cancelación de los certificados que se originaron con motivo de la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. 7.- Por oficio 913/2021, de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la citada autoridad responsable informó que el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, remitió copia certificada de la nota marginal de doce de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual deja sin efectos la inscripción de la sentencia en el libro 1, volumen CXXVI foja 2021, de SENTIAS (sic), además informo que respecto a la cancelación del certificado parcelario número 1040068 que ampara la parcela 342, zona 1, polígono 1/1 y del certificado de uso común 1010331, expedidos a favor de José Jesús Oregel Ceja, correspondía a la Dirección de registro y Control Documental con residencia en la Ciudad de México quien tenía la atribución para llevar a cabo la cancelación de los asientos registrales realizados, ello en términos del artículo 16, fracción II del Registro Interior del Registro Agrario Nacional; por lo que en atención a ello, remitió el oficio SDR/DJ/671/2021, mediante el cual solicitó a dicho órgano registral girar las instrucciones correspondientes a fin de que se realizaran las cancelaciones ordenadas. 8.- Asimismo, mediante oficio 15/2022 el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, informó que requirió al Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, para que en el término de tres días acreditara haber realizado la cancelación del certificado parcelario 1040068 que ampara la parcela 342, zona 1, polígono 1/1 y del certificado de uso común 1010331, expedidos a favor de José Jesús Oregel Ceja. 9.- Por otra parte, mediante comunicado 42/2022, recibido en este órgano jurisdiccional mediante proveído de dieciocho de enero de dos mil veintidós, la citada autoridad responsable remitió copia certificada del oficio SDR/FJ/28/2022, del Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con el cual acredito que ingreso la solicitud 16220000248, al Área de Registro para que se realizara la cancelación del certificado parcelario 1040068 que ampara la parcela 342, zona 1, polígono 1/1 y del certificado de uso común 1010331, expedidos a favor de José Jesús Oregel Ceja. 10.- Finalmente, mediante oficio 93/2022, de uno de febrero de la anualidad en curso, se tuvo a la autoridad responsable, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, informando que el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, cancelo el certificado parcelario 1040068 que ampara la parcela 342, zona 1, polígono 1/1, con superficie 6-81-67.470 hectáreas así como certificado de uso común 1010331, que ampara 0.523% de derechos sobre tierras de uso común, expedidos a favor de José Jesús Oregel Ceja. Pronunciamiento. De la anterior relación de constancias, se advierte que la autoridad responsable, dio cabal cumplimiento con la ejecutoria de amparo, pues al respecto, dejó insubsistente la sentencia pronunciada en el juicio sucesorio agrario expediente 935/2016. Dio la intervención correspondiente a los quejosos Mauricio, René y Leonel, todos ellos de apellidos Oregel Ceja, a fin de que comparecieran a deducir sus derechos. De igual forma, ordenó al Registro Agrario Nacional, para que dejara insubsistente la cancelación del certificado parcelario 1040068 que ampara la parcela 342 Z-1 P1/1, expedidos a nombre de José de Jesús Oregel Ceja; lo que así sucedió, como se advierte del oficio 93/2022, de uno de febrero de la anualidad en curso. Y agotado el juicio en todas sus etapas dictó una nueva resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, resolvió conforme a derecho. Por tanto, es que es dable concluir que la sentencia de amparo se encuentra cumplida en sus términos, sin que exista exceso o defecto. Sin que se deje de observar que la parte quejosa fue omisa en manifestar lo que a su derecho corresponda en relación a la vista otorgada respecto del cumplimiento de la ejecutoria, tal y como se advierte de la certificación de cuenta. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, primero de abril de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Sin mayor trámite. Agréguese a los autos, sin mayor trámite el oficio que remite el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, por medio del cual, rinde su informe justificado, toda vez que en proveído de veinticinco de marzo del año en curso, se proveyó lo correspondiente a su contenido. Notifíquese mediante lista que se publique en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

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