Avelina Varillas Hernández

Expediente 4/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
4/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
14/01/2019

Partes del expediente

  • Avelina Varillas Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. No resulta obstáculo que a la autoridad se le haya notificado tal determinación el pasado ocho de enero, pues al haberse decretado el sobreseimiento carece de legitimación para impugnarlo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubican en el punto segundo, inciso XVIII , del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se observa que mediante proveído del cinco de diciembre de dos mil dieciocho se tuvo al Jefe de Departamento de Recursos Humanos Federal de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, remitiendo a este órgano jurisdiccional la constancia de evolución salarial en la que estableció el incremento porcentual que tuvo el salario de la plaza que desempeñaba la parte quejosa como profesora de enseñanza secundaria, por lo que con ese documento se pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues con ello cesa la omisión que reclama la quejosa de dar respuesta a su escrito presentado el nueve de abril de dos mil dieciocho, a través del cual solicitó a dicha autoridad, se expidiera la referida constancia, así como se estableciera el incremento porcentual que tuvo su salario de dos mil seis a dos mil diecisiete; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Bajo esa óptica, conviene señalar que la parte quejosa reclamó del Jefe de Departamento de Recursos Humanos Federal de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, la omisión de dar contestación a su escrito presentado el nueve de abril de dos mil dieciocho, a través del cual solicitó a dicha autoridad se expidiera una constancia de evolución salarial respecto de la plaza que desempeñaba como profesora de enseñanza secundaria, así como se estableciera el incremento porcentual que tuvo su salario de dos mil seis a dos mil diecisiete. Por tanto, con las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte la actualización -manifiesta e indudable- de la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que mediante oficio SEP-4.2.3.-DRHF/2786/18, del trece de noviembre de dos mil dieciocho se informó a la quejosa que en atención a la petición que formuló la constancia de evolución salarial que solicitó se encontraba a su disposición, y en el diverso oficio SEP-4.2.3.2/DRHF/0665/18, del cuatro de junio del año en cita, se insertó la constancia de evolución salarial que solicitó la quejosa, tal como se demuestra con la siguiente reproducción: Por tanto, es evidente que con los oficios reproducidos se abordó el escrito de petición que formuló la quejosa, e incluso se le expidió la constancia que solicitó, lo que lleva a sostener dado que ha cesado la omisión que controvierte, por lo que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se advierta la notificación a la quejosa de la respuesta que recayó a su escrito de petición del nueve de abril de dos mil dieciocho, pues al haberse exhibido por parte de la autoridad responsable, con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo, significó que los efectos del acto reclamado desaparecieron. Por lo tanto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Tampoco resulta obstáculo que no se haya proporcionado la totalidad de la información solicitada por la quejosa, pues lo cierto es que con la respuesta proporcionada se dio contestación a su solicitud, por lo que si existe inconformidad con su contenido, la quejosa está en aptitud de impugnar esa respuesta. En ese sentido surge la incógnita si respecto de este último acto, sería posible darle vista o no a la promovente para que amplié la demanda de amparo relativa. La respuesta es en sentido negativo. Para corroborar lo anterior, debe decirse que el presente caso no se ubica en la hipótesis descrita en el artículo 61, fracción XX, último párrafo, de la Ley de Amparo, porque no se trata de un acto administrativo emitido de manera unilateral, por la autoridad responsable, y si bien podría ampliarla con base en las reglas generales de ampliación de una demanda de amparo, previstas en el artículo 111 de la misma legislación, lo cierto es que en esta última premisa, debe agotarse, contra dicha respuesta, el juicio de nulidad, y, por ende, a nada práctico conllevaría darle vista para ampliar. Debe recordarse que el artículo 111 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Sin embargo, los supuestos establecidos para la ampliación de la demanda de amparo, aun cuando atienden a elementos de oportunidad o temporalidad para su promoción, así como el conocimiento posterior de actos relacionados con aquellos reclamados inicialmente, lo cierto es que el legislador no previó que en esos casos se actualizara la hipótesis de excepción al principio de definitividad, como sí lo previó -expresamente- respecto de la ampliación de la demanda tratándose de los casos en que se reclamen actos materialmente administrativos emitidos unilateralmente, y la autoridad responsable complementa la fundamentación y motivación, en términos de los artículos 61, fracción XX, párrafo último, 117, párrafo último y 124, párrafo último, de la Ley de Amparo. De ahí que el legislador ordinario no previó que tratándose de demandas de amparo en los que se reclame una violación al derecho de petición, deba seguirse el procedimiento previsto en el artículo 117, párrafo último, de la ley de la materia, consistente en otorgar un plazo razonable para ampliar la demanda respecto del acto emitido en respuesta a la solicitud de que se trata, pues ese supuesto se reservó a los actos unilaterales de la administración pública y, tampoco se estableció que el particular quedaba exento de agotar los medios ordinarios de defensa, como en este caso, el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Entonces, al no tratarse de un acto administrativo unilateral, de poco serviría otorgarle a la parte quejosa la posibilidad de ampliar su demanda, si de manera previa a su impugnación a través del juicio de amparo debe agotarse previamente el juicio de nulidad; esto es, se le daría vista para ampliarla, pero el juicio de amparo sería improcedente, pues no cumplió con el principio de definitividad, lo cual haría ociosa la vista de que se trata. Sobre la necesidad de agotar el medio de defensa, aun tratándose de la ampliación de la demanda prevista en el artículo 111 de la Ley de Amparo, en la contradicción de tesis 110/2006-SS, resuelta el veinticinco de agosto de dos mil seis, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dijo: "(.) Lo anterior no irroga perjuicio alguno al sistema dispuesto en la Ley de Amparo para efecto de la procedencia de la demanda de garantías pues, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar el acuerdo de la responsable como corresponda y estime conveniente y, si el quejoso opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, por razones de economía procesal, el Juez de Distrito que ha conocido de la demanda de amparo puede y debe ponderar si el juicio constitucional es la vía procedente para tal impugnación o no, lo cual, de hecho, acontecería si el quejoso impugnara el acuerdo de la responsable a través de una nueva acción de amparo, con la sola particularidad de que se tendrían dos expedientes diversos. (.) No obsta a lo anterior, el hecho de que el Juez de Distrito se encuentre en posibilidad de considerar actualizada la fracción III del artículo 74, en relación con la diversa XVI del numeral 73, relativa a la improcedencia del juicio de amparo ante el cese de los efectos del acto reclamado, ello porque esta consideración podría acontecer por lo que respecta al acto de omisión de la responsable en emitir el acuerdo de respuesta pero no por lo que hace a la ampliación de demanda; en todo caso, podría sobreseerse respecto de los nuevos actos si el Juez Federal estima que en la especie se acreditan diversas razones para ello." Con base en lo anterior, se insiste, de nada serviría que se le diera oportunidad de ampliar la demanda, por cuanto hace a la respuesta emitida si a la postre se sobreseería por no agotarse el principio de definitividad. Ahora, debe destacarse que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 571/2017, sostuvo lo siguiente: "De lo narrado con antelación, se constata que en la especie, sí se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo de la fracción XX del transcrito artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que al rendir sus informes justificados las responsables remitieron la calificación registral negativa recaída a la solicitud de los impetrantes, por lo que fue hasta ese momento que éstos conocieron el contenido del acto reclamado en ampliación. Por lo tanto, contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito, era innecesario que los quejosos interpusieran ante el Tribunal Unitario Agrario, previo a la promoción de la demanda de amparo, el juicio de nulidad; de ahí lo fundado de los agravios así formulados. Entonces, lo único que podría actualizar una excepción al principio de definitividad sería que la ley que rige el acto exigiera mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución, o previera un plazo mayor al que establece la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sin embargo, en relación con ese tema, cabe señalar que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Se concluye lo anterior en términos del siguiente cuadro comparativo: Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Ley de Amparo. Plazo para proveer la provisional: 24 horas (artículo 55, fracción III, inciso c). 24 horas (artículo 112). Requisitos: -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 55, fracción I). -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 128). Plazo para rendir informe: 48 horas (artículo 55, fracción III, inciso d). 48 horas (artículo 138, fracción III). Cuándo se puede solicitar: Desde el escrito inicial o en cualquier momento antes de la sentencia definitiva (artículo 55, fracción III, inciso a). En cualquier momento mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 130). Por lo tanto, es factible estimar que el juicio contencioso local no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Finalmente, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Remiten constancias. Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de Departamento de Recursos Humanos Federal de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, a través del cual remite copia certificada de la constancia de evolución salarial de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, misma que le fue solicitada en auto de treinta de noviembre del actual y manifiesta que dicha documental no ha sido notificada, a la parte quejosa, en virtud de que no se ha presentado a las instalaciones de dicha dependencia; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la prueba que anexa la autoridad oficiante a su oficio de cuenta, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. Diferimiento. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, aún no transcurre el plazo de ocho días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo concedido a las partes para desahogar la vista con el informe justificado recibido en acuerdo de treinta de noviembre de dos mil dieciocho. En tal sentido, con fundamento en el artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgada a las partes. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." En consecuencia, se fijan para su celebración las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese. Así lo acordó y firma Israel Flores Rodríguez, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Arnulfo Eduardo Toribio Fernández, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. ? Informe justificado. Agréguese a los autos, el oficio signado por el Jefe de Departamento de Recursos Humanos Federal de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Domicilio. Por otro lado, con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Amparo vigente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala la autoridad responsable en el oficio que se provee. Designación de delegados. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la ley de la materia en vigor, se tiene(n) como delegado(s) a la(s) persona(s) que relaciona en su comunicado de mérito. Prueba(s). Se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada del oficio SEP-4.2.3.-DRHF/2786/18, de trece de noviembre de dos mil dieciocho, la cual será relacionada en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo. Requerimiento. Ahora bien, tomando en consideración que la autoridad responsable no remitió la constancias de notificación del oficio SEP-4.2.3.-DRHF/2786/18, aunado a que indicó que dejaba a disposición de la parte quejosa la constancia de evolución salarial que había solicitado, lo que denota que el informe justificado rendido se encuentra incompleto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la ley la materia, requiérase a Raúl Benjamín Mendoza Amador, en su carácter de Jefe de Departamento de Recursos Humanos Federal de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, para que dentro del término de veinticuatro horas, remita la constancia de evaluación salarial de referencia y la constancia de notificación o de entrega a la quejosa. Lo anterior, tomando en consideración que el plazo de quince días concedidos para rendir su informe justificado concluye el tres de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que subsiste el apercibimiento decretado en el auto del pasado cinco del mes y año en curso. Notifíquese.

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