Avelina Santiago Lazaro O Abelina Santiago Lazaro
Expediente 1321/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1321/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Avelina Santiago Lazaro O Abelina Santiago Lazaro
- Agente Municipal de la Agencia Municipal de San Jose Yatandoyo, Municipio de Santa Cruz Nundaco, Tlaxiaco, Oaxaca
- AVELINA SANTIAGO LAZARO O ABELINA SANTIAGO LAZARO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; doce de mayo de dos mil veintitrés.****************************************Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución.****************************************Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes.****************************************Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido.****************************************Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo********************21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el asunto se sobreseyó en el juicio de amparo, este expediente es destruible, después de tres años.****************************************Se estima que el expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado.****************************************Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.****************************************Se estima que el expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado.********************************************************************************Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
MESA VI ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; doce de mayo de dos mil veintitrés.****************************************Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; por ende, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido.****************************************Por otra parte, en términos de lo previsto en los artículos 18, 20 y 36 del citado Acuerdo General, y conforme a la certificación secretarial de cuenta, se precisa que en el presente cuaderno incidental no existen documentos originales; asimismo en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se concedió la suspensión provisional y en parte se concedió la definitiva, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años.********************Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.****************************************NOTIFÍQUESE.
- Incidental
MESA VI ".... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que las autoridades responsables Agente y Comandante Municipales de San José Yatandoyo, Municipio de Santa Cruz Nundaco, Tlaxiaco, no han rendido su informe previo; mismo que les fue solicitado en auto de veintidós de noviembre del actual, ni existe constancia que acredite la notificación de dicho proveído. Por tanto, tomando en consideración la distancia en que residen dichas autoridades, a fin de dar oportunidad a la remisión de su informe, la audiencia incidental señalada para esta fecha se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de Avelina Santiago Lázaro o Abelina Santiago Lázaro, mediante el cual cumple con el requerimiento realizado en proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós; y al respecto señala: A) En relación al primer requerimiento, respecto al acto reclamado aclara que señaló como tal el DECOMISO, DESALOJO y no confiscación. B) En relación al segundo requerimiento manifiesta que la cesión de derechos sólo se realizó de hecho y no de derecho, por los gastos que genera actualizar los documentos en su comunidad, toda vez que es de escasos recursos y no ha podido actualizar el acta de posesión del terreno de uso común que estoy trabajando desde hace treinta y siete años de manera pacífica, continua, pública y de buena fe. De lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar, y se tienen por hechas las manifestaciones que refiere la parte promovente. Así, se provee en los siguientes términos: PARTE QUEJOSA Avelina Santiago Lázaro o Abelina Santiago Lázaro por propio derecho. AUTORIDADES RESPONSABLES Agente y Comandante Municipales de San José Yatandoyo, Municipio de Santa Cruz Nundaco, Tlaxiaco. Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de San José Yatandoyo, Municipio de Santa Cruz Nundaco, Tlaxiaco. ACTO RECLAMADO La orden verbal o escrita de decomiso y desalojo del terreno comunal ubicado en el núcleo agrario de Santa Cruz Nundaco, Tlaxiaco, paraje YUL- DELLU, en la Agencia Municipal de San José Yatandoyo Municipio de Santa Cruz Nundaco, Tlaxiaco. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Artículo 1, 2, 14, 16, y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso se estima que en torno a los actos reclamados al Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales del núcleo Agrario de Santa Cruz Nundaco, Tlaxiaco, Oaxaca, de manera indudable y manifiesta se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; pues los actos reclamados no son de autoridad para efectos del juicio de amparo; preceptos normativos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De igual modo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la segunda fracción del mencionado artículo 5° de la ley de la materia y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En consecuencia, el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio constitucional, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de derechos fundamentales, contra leyes o actos de autoridad. En ese tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. Sustenta lo anterior, la tesis con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 199459 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997, página 118 Tipo: Aislada: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.- Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que establece: "Registro digital: 161133 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089 Tipo: Jurisprudencia: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, el promovente señaló como autoridades responsables entre otras, al Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales del núcleo agrario de Santa Cruz Nundaco, Tlaxiaco, Oaxaca; sin embargo, su actuar no se encuentra revestido de imperio frente al particular, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad. Al respecto, se precisa que el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, por sí solos, no están creando, modificando o extinguiendo una situación jurídica para el gobernado con su mera actuación; lo anterior, sin perjuicio de que, en todo caso, el particular esté en aptitud de acudir a la jurisdicción correspondiente para hacer respetar los derechos que estime violados. Así, los artículos 32, 33, 35 y 36 de la Ley Agraria, indican textualmente lo siguiente: "Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente." "Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." "Artículo 35.- El consejo de vigilancia estará constituido por un Presidente y dos Secretarios, propietarios y sus respectivos suplentes y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno; si éste nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente." "Artículo 36.- Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia: I. Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea; II. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado; III. Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado; y IV. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." De donde se sigue que dentro de las facultades del comisariado ejidal como órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido, están las de representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; y, las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. Entre tales facultades, no se advierte que el Comisariado de Bienes Comunales del núcleo agrario de Santa Cruz Nundaco, Tlaxiaco, Oaxaca, esté dotado de imperio, ni que los actos para los que están facultados reúnan las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad. Sobre este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los comisariados ejidales y los consejos de vigilancia a pesar de estar incluidos entre las autoridades de los núcleos de población ejidal, no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección y vigilancia, respectivamente, de los ejidos correspondientes; en consecuencia, aun en el supuesto de que éstos intervengan en los hechos que se le imputan, realizan actos de particulares que en todo caso caen bajo la sanción de las leyes comunes, por lo que en contra de dichas autoridades no cabe el juicio constitucional. Así, del contenido de los artículos 23, 33 y 36, de la Ley Agraria, se advierte que dicho órgano de representación del ejido, no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, los cuales es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto releva la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad, lo que en la especie no acontece; además de que, sus relaciones con los sujetos del ejido, como lo son, los ejidatarios, comuneros, avecindados, pequeños propietarios o posesionarios, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas, en su caso, mediantes los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación. Con base a lo anterior, debe concluirse que si la parte quejosa reclama del Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales del núcleo agrario de Santa Cruz Núndaco, Tlaxiaco, Oaxaca; el decomiso y desalojo del terreno comunal ubicado en el núcleo agrario de Santa Cruz Nundaco, Tlaxiaco, paraje YUL- DELLU, en la Agencia Municipal de San José Yatandoyo, Municipio de Santa Cruz Nundaco, Tlaxiaco, se advierte entonces que se trata de actos provenientes de un órgano que no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, 112 y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. En virtud de lo anterior, se provee la demanda únicamente respecto de los actos reclamados al Agente y Comandante Municipales de San José Yatandoyo, Municipio de Santa Cruz Nundaco, Tlaxiaco, consistentes en la orden verbal o escrita de decomiso y desalojo del terreno comunal ubicado en el núcleo agrario de Santa Cruz Nundaco, Tlaxiaco, paraje YUL- DELLU, en la Agencia Municipal de San José Yatandoyo Municipio de Santa Cruz Nundaco, Tlaxiaco. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 107, fracción XII, Constitucional, 1º, fracción I, 3º, 5º, 37, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese el juicio con incidente de suspensión. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, el que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el 117 de la Ley de Amparo. A tal efecto, hágase saber a las responsables, conforme al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; que en su artículo 77 obliga a los órganos del Estado interconectados -siempre que la autoridad tenga celebrado convenio de intercomunicación o interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal que sean señalados como AUTORIDADES RESPONSABLES, A REMITIR LAS CONSTANCIAS DIGITALIZADAS CON FIRMA ELECTRÓNICA DE LOS EXPEDIENTES y demás anexos relevantes para la tramitación de la demanda, recurso o asunto correspondiente. Hágasele saber que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, en caso de que omitan rendir su informe justificado, se presumirán ciertos los actos que se les reclaman, salvo prueba en contrario; además, con base en lo establecido en el diverso 260, fracción II del mismo ordenamiento legal, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se ordene hacer efectiva tal medida, en términos de los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios, del Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Por otro lado, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarla de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten; a su vez, comuniquen si se promovió diverso juicio de amparo en el expediente del que deriva el acto reclamado, debiendo expresar el Juzgado de Distrito que conoció o que esté conociendo, así como el número de dicho juicio y en su caso, remitan copia certificada de las constancias correspondientes; en la inteligencia que de no proporcionar dichos datos, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá como medio de apremio una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización vigente. FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Cítese a las partes a la audiencia constitucional que se celebrará a las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase por señalados como domicilio y autorizados los ya precisados en auto de inicio. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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