Avelina Garcia Martinez
Expediente 1102/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1102/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/11/2021
Partes del expediente
- Avelina Garcia Martinez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México a doce de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia; se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, mediante el cual hace del conocimiento el acuerdo de diez de noviembre por el que se acusa de recibido el oficio 19926/2021, mismo que se encontraba acompañado de los autos originales del juicio de amparo 1102/2021-VI, referente al auto de veintinueve de octubre pasado, por el cual este juzgado de Distrito se declaró incompetente; asimismo dicho Tribunal Colegiado informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y registró el expediente con el número de DT. 1373/2021. Por otra parte, del estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que 1. El presente cuaderno es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, pues este juzgado de Distrito se declaró legalmente incompetente, determinación confirmada por el tribunal de Alzada quien aceptó la competencia planteada (de conformidad con el artículo 21, inciso j), del acuerdo señalado). 2. A consideración de este órgano jurisdiccional, el presente asunto carece de relevancia documental (pues no encuadra en los supuestos del artículo 15 del señalado acuerdo). 3. Que no existen documentos originales exhibidos por las partes. De igual forma, se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente cuaderno de antecedentes permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de seis meses, y posteriormente, con base en el artículo 21 del Acuerdo en comento, se procederá a su destrucción. ...
- Principal
...Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VI) (AVISO PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México; veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. (...) } }RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por Avelina García Martínez, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. Fórmese el expediente físico y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número INCOMPETENCIA. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. Ahora bien, el artículo 34 de la Ley de Amparo, establece literalmente lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." Por su parte el artículo 170, fracción I, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II..." (lo resaltado en el texto no es de origen) Así como el numeral 47 del ordenamiento legal en mención, es del tenor literal siguiente: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." (Lo subrayado en el texto no es de origen) Así, de conformidad con lo dispuesto en dichos preceptos, las reglas para la procedencia del juicio de amparo en la vía directa y que es competencia exclusiva de los tribunales colegiados de circuito, son: I. Que el acto reclamado sea una sentencia definitiva o laudo, que resuelva el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario; y, II. Que el acto reclamado sea una resolución que ponga fin al juicio, esto es, que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario. En ese orden, primero, conviene precisar que en diversos criterios jurisprudenciales se ha establecido que sentencia definitiva es la que define una controversia en lo principal, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y excepción que hayan motivado la litis sin que proceda recurso ordinario. Por su parte, resoluciones que pongan fin al juicio, no es sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refiere a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Luego, si en la especie el acto reclamado consiste en el auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, en el que la autoridad responsable envió al archivo el expediente laboral J.3/443/2020, como asunto total y definitivamente concluido por carecer de materia; es evidente que éste se trata de una resolución que pone fin al juicio y por ello, se estima que dicha resolución debe impugnarse a través del amparo directo y, por ende, el conocimiento del presente asunto, de conformidad con los preceptos trascritos con antelación corresponde al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en Turno. (...) Por lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y envíese el presente asunto junto con sus anexos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en Turno, para lo que tenga a bien determinar, solicitándole acusar el recibo de estilo e informe la determinación que tenga a bien tomar. AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas señaladas en el proemio de la demanda, ello, dada la materia laboral en este asunto, y que la parte quejosa es la trabajadora. DOMICILIO PROCESAL. En otro orden, de conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su diverso 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, en el entendido que únicamente deberán realizarse personalmente las que así lo ameriten en términos del precepto 26 de la Ley de Amparo; por lo que, las restantes deberán efectuarse por medio de lista, que se realiza mediante la publicación en internet, prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal y colóquese en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita tal y como lo prevé al artículo 21 del Acuerdo General aludido. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. COINCIDENCIA DEL EXPEDIENTE FÍSICO CON EL ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en los diversos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al Secretario a cargo de este expediente para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, sin que pueda archivarse definitivamente el presente expediente sin cumplir con esta formalidad. Finalmente, notifíquese la presente determinación por lista, que se realiza mediante la publicación en internet, prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal y colóquese en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita tal y como lo prevé al artículo 21 del Acuerdo General aludido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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