Avanid Vásquez Ancalle

Expediente 391/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
391/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/04/2023

Partes del expediente

  • Avanid Vásquez Ancalle

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha quedado firme el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo intentada. Se ordena el archivo del presente expediente, en la inteligencia de que el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    Glósese a los autos el oficio remitido por la actuaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, mediante el cual solicita se autorice acceso al expediente electrónico, a fin de estar en aptitud de revisar el estado procesal que guardan los presentes autos. En consecuencia, se autoriza al Juzgado Federal oficiante el acceso al expediente electrónico para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, ya que al encontrarse digitalizado en su integridad en dicho Sistema, de conformidad con el artículo 3, fracción VII del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; los documentos electrónicos tendrán el mismo valor que los impresos. Consecuentemente, túrnense los autos a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para otorgar el acceso respectivo.

  3. Principal

    NPQ. Se tiene por recibida la demanda de amparo, se ordena la formación de los expedientes impreso y electrónico respectivos Suspensión de plano: Ahora después de una lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso detenido es de nacionalidad Peruana y fue detenido el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, por elementos del Instituto Nacional de Migración, que desde esa fecha se encuentra incomunicado. En ese sentido, cabe precisar que el ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, la incomunicación, deportación o expulsión, desaparición forzada de personas son algunos de los actos respecto de los que, dada su urgencia y gravedad, procede la suspensión de plano, de conformidad con los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá comunicar sin demora a las autoridades responsables, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Lo previamente considerado es acorde al contenido del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el cual dispone que de ser procedente la suspensión y al atender a la naturaleza del acto, el juzgador puede ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo principal. Luego, los actos que por esta vía reclama la parte quejosa se ubica en los actos previstos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, dado que el promovente manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el directo quejoso está siendo objeto de actos de incomunicación, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, en su calidad de personas en situación de movilidad de origen peruana. Aunado a que esta juzgadora no puede soslayar el contenido del "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional", dado que en el presente asunto se está en presencia de inminentes deportaciones y privación de la libertad de las personas en tránsito. Concesión de la suspensión de plano. De conformidad con lo dispuesto por los numerales 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN, para el efecto de que de inmediato cese la incomunicación de que pudiera ser objeto el quejoso, y se le permita acceder a comunicación telefónica, ser visitado por sus familiares y por su representante legal o defensor, así como se le respeten los demás derechos previstos por el artículo 109 de la Ley de Migración. Luego, si directamente el quejoso se encuentra en las instalaciones de las autoridades migratorias, éstas deberán garantizar en todo momento el cúmulo de derechos que la legislación migratoria prevé en su artículo 109, entre los que destacan de manera enunciativa más no limitativa: I. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hablen o no entiendan el español. II. Acceder a comunicación telefónica. III. Recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enceres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario. IV. Ser visitados por sus familiares y por su representante legal, conforme a los horarios y procedimientos administrativos reglamentarios aplicables al caso, y con las medidas de seguridad y sanitarias que estimen pertinentes las autoridades responsables. V. Así como todos aquellos que tengan como fin conservar la dignidad, vida e integridad física de los accionantes. De igual manera, con fundamento en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO de todo acto que ocasione la deportación, expulsión, retorno al país de origen, retención y/o restricción de tránsito del quejoso ********************, entendidos éstos como los actos jurídicos administrativos dictados por las autoridades migratorias para hacerlos abandonar el territorio nacional; independientemente de la denominación o figura bajo la cual se pretenda devolverlos a su país de procedencia. Ahora, dado que a consideración de la suscrita, la ejecución de los actos que se reclaman harían físicamente imposible la restitución de la parte accionante del amparo en el goce del derecho fundamental violado, pues la Ley de Migración no prevé la posibilidad de que un gobernado pueda ser devuelto al territorio nacional, de concederse a éstos el amparo y protección constitucional; y no obstante que el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que los efectos del amparo consistirán en restituir al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, en el caso, ello no sería factible, porque implicaría que la sentencia de amparo tuviera efectos extraterritoriales y se impusiera su cumplimiento a autoridades de un país distinto sobre las que no se tiene jurisdicción. Bajo esa premisa, es necesario realizar un análisis integral de la demanda, como lo es la afirmación, bajo protesta de decir verdad, del promovente del amparo del que se advierte que el directo quejoso es de origen peruano, fue detenido en territorio nacional el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, por elementos del Instituto Nacional de Migración, y que desde esa fecha se encuentra incomunicado. Motivo de expresión que resulta suficiente para conceder la medida cautelar de mérito, pues conforme al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, y al existir la probabilidad de que las autoridades migratorias hagan abandonar al quejoso el territorio nacional por no reunir o dejar de satisfacer los requisitos para su permanencia en el país, es que este órgano jurisdiccional concede la suspensión de plano. Restricción de la libertad personal y deportación. Dado que, como lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria emitida en la contradicción de criterios 353/2021, en sesión de 10 de agosto de 2022, la orden de presentación o alojamiento de un extranjero en las estaciones migratorias, constituye un acto de naturaleza administrativa al tratarse de una medida provisional para que la persona permanezca en éstos hasta en tanto se resuelva su situación migratoria. Y que en su fallo, la Primera Sala deliberó que la orden de presentación es una medida dictada por el Instituto Nacional de Migración, cuya naturaleza jurídica es administrativa y no de carácter penal, pues a pesar de que puede restringir la libertad personal de la persona migrante, se trata de una medida que persigue una finalidad legítima conforme a los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual consiste en el control, la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional. Además de que la Sala destacó que de conformidad con el artículo 106 de la Ley de Migración, en ninguna circunstancia se podrán establecer como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, de reclusión preventiva o de ejecución de sentencias, o cualquier otro inmueble que no cumpla con las características, ni preste los servicios descritos en la ley referida y su reglamento (asistencia médica, psicológica y jurídica, entre otros). De esta manera, el Alto Tribunal concluyó que la presentación o alojamiento de las personas migrantes no constituye un acto restrictivo de la libertad personal de naturaleza penal, toda vez que no es una sanción de carácter punitivo. Por tanto, la restricción de la libertad del migrante quejoso debe considerarse como fuera de procedimiento, por lo que, con fundamento en los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO la suspensión del acto reclamado para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia: 1. De haber excedido el término de treinta y seis horas, que prevé el artículo 68 de la Ley de Migración para resolver la situación migratoria en este país de la persona quejosa, y no haberlo hecho, proceda a emitir la resolución correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes. 2. En caso de determinar la presentación del extranjero quejoso (alojamiento temporal de un extranjero adulto que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno), o haberlo hecho con anterioridad, ponga en inmediata libertad al migrante quejoso, a fin de que, en su caso, así puedan continuar con el procedimiento administrativo migratorio y/o la tramitación del presente juicio de amparo (en caso de resolver su retorno asistido o deportación). 3. En su caso, no se ejecute la deportación o retorno asistido del quejoso, hasta en tanto se resuelva este juicio de amparo. 4. De obedecer la detención de la persona quejosa a la comisión de un delito deberán inmediatamente ponerla a disposición del Ministerio Público. Por tanto, la parte quejosa queda a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere. Medida que surtirá efectos, siempre y cuando la determinación o retención tenga como motivo un aspecto vinculado con su calidad migratoria, pues de no ser así, la medida cautelar en este sentido no surtirá efecto legal alguno. Aclaración. La suspensión de plano concedida, no suple de modo alguno al pasaporte, además, esta medida cautelar sólo surtirá efectos respecto del quejoso ******************** y dejará de hacerlo en los siguientes supuestos: a) Si se trata de actos distintos a los expuestos en la demanda; b) Si éstos fueron emitidos por autoridades diversas a las señaladas como responsables; o, c) Si con la suspensión decretada se permite la consumación o continuación de delitos y sus efectos. d) Si el agraviado se encuentra privado de su libertad personal con motivo de una resolución emitida por una autoridad judicial dentro de algún proceso penal, esta suspensión no surtirá efecto si el referido juez de la causa determina su traslado a algún centro de reclusión dentro de la República Mexicana, según corresponda. Además, la suspensión decretada con antelación, no impide la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratorios establecidos en la Ley Migratoria y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Pídase el informe correspondiente a las autoridades señaladas como responsables, el cual deberán rendir de inmediato, incluso antes de las veinticuatro horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo, en el que expresarán si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y proporcionar la información que tengan a su alcance relativa a los actos reclamados. Se precisa que en el informe que rindan en cumplimiento a la suspensión de plano aquí otorgada, dichas autoridades responsables deberán acompañar las constancias con las que demuestren haber dado cumplimiento a la citada medida cautelar. En el entendido de que el informe sobre la suspensión de plano que habrán de rendir, podrán remitirlo al correo electrónico oficial 7jdo22ctomacatjf@correo.cjf.gob.mx, ello a fin de acelerar la integración del presente asunto. . Se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe solicitado, cumplir con los requerimientos que se les formulan dentro del plazo que se les concede, o bien, no expresar el impedimento legal o material que tengan para ello, se harán acreedoras a una multa equivalente a cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Ratificación de demanda. Se comisiona al Actuario de la adscripción, a fin de que se constituya en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad, a fin de que requiera al quejoso para que en ese acto, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor; en la inteligencia que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la misma y se dejarán sin efecto todas las providencias dictadas en este expediente principal, así como todo requerimiento formulado a las autoridades señaladas como responsables; acto seguido de fe del estado físico en que se encuentra; asimismo, verifique que en el caso no se aplique en perjuicio del agraviado, cualquiera de los actos a que se hizo referencia en el apartado relativo a la suspensión de plano o los señalados por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo y conmine a las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión concedida. En otro rubro, se requiere al quejoso a fin de que cumpla con la totalidad de los requisitos de efectividad de la medida cautelar concedida, es decir, para garantizar la presentación de la persona extranjera quejosa ante la autoridad responsable para la continuación del procedimiento migratorio, a fin de que continúe surtiendo efectos la suspensión otorgada, dentro de los tres días siguientes, deberá proponer a una persona que acredite arraigo en el Estado de Querétaro, y que acepte ante este juzgado hacerse responsable de su custodia y su presentación ante la autoridad responsable para la continuación del procedimiento migratorio. De igual forma se le precisa que deberá comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces sea requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración; apercibido que de no cumplir con la obligación impuesta, quedará sin efectos la libertad provisional concedida, quedando las autoridades responsables en libertad de ejecutar el acto reclamado. Se previene a las autoridades señaladas como responsables, para que otorguen las facilidades necesarias al actuario, para el efecto de que pueda dar cabal y debido cumplimiento a lo ordenado en este auto, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior se dará vista al Ministerio Público Federal para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir. Por otra parte, en términos del artículo 28 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto el actuario hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo. Se reconoce como autorizados a quienes indica. Se autoriza la consulta del expediente electrónico con el nombre del usuario que precisa y se ordena se practiquen las notificaciones aún las de carácter personal a través de medios electrónicos. De igual forma se le tienen por señalados al promovente, los medios de comunicación que precisa, para de ser necesario, se entablen comunicaciones no procesales. Se habilitan días y horas inhábiles. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario. Se hace del conocimiento de las partes que pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. Cabe destacar que se forma el presente expediente en formato físico únicamente como referencia, procurando que su integración cuente con las actuaciones inherentes a su sustanciación, en el entendido de que será el expediente electrónico el que cuente con la totalidad de tales constancias, de tal forma que las notificaciones por lista, personales y conforme corresponda, así como las promociones y demás actuaciones que forman parte de su tramitación, estarán disponibles en el respectivo expediente electrónico, el cual podrá ser consultado a través de las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal y en los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen en los órganos jurisdiccionales; en la inteligencia que durante el periodo de transición, la consulta de las constancias que integran el expediente físico queda a disposición de las partes en el local que ocupa este Juzgado.

  4. Principal

    NPQ. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que al constituirse el actuario judicial adscrito en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, Delegación Querétaro, no le fue posible localizar al directo quejoso Avanid Vásquez Ancalle, ya que fue informado por ***, quien dijo ser el encargado de la estación migratoria, que la referida persona no está ni ha estado detenida en dicho lugar, circunstancia que fue corroborada por el fedatario judicial de la adscripción, al permitírsele el acceso a los dormitorios en donde tienen a las personas en tránsito, donde preguntó entre los que ahí se encontraban y nadie respondió por el nombre del directo quejoso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 15 de la Ley de Amparo, y el numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su ordinal 2°, dese vista al promovente de la demanda***, a fin de que dentro del término de tres días siguientes al que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1. Cómo se enteró que el directo quejoso se encontraba detenido en la estación migratoria de esta ciudad. 2. Si tiene actualmente conocimiento del paradero del directo quejoso o, en su caso, si ha tenido contacto con él con posterioridad a la presentación de la demanda. Lo anterior, a fin de que este órgano jurisdiccional este en aptitud de acordar lo conducente. Apercibimiento. Apercibido que en caso de no desahogar la misma dentro de dicho plazo, se hará a creedor a una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo.

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