Auver Romeo Martínez Mancilla

Expediente 346/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
346/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
23/05/2017

Partes del expediente

  • Auver Romeo Martínez Mancilla

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al haberse sobreseído en el juicio y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el presente expediente, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese al presente sumario, sin realizar mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, el comunicado de la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Comitán de Domínguez, Chiapas, en virtud de que en auto de veintisiete de abril del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio. Por tanto, devuélvanse a la citada autoridad las constancias que remite. Cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos los informes justificados rendidos por la Presidenta y Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residentes en esta ciudad. La Presidenta de la Junta responsable, anexa a su informe copia certificada del exhorto *** de su índice, derivado del juicio laboral***, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La Omisión de tomar todas las medidas necesarias aun las disciplinarias, a efecto de Hacer cumplir a las Autoridades Ejecutoras que le remitan el exhorto diligenciado en todos sus términos, esto dentro del***. DE LA EJECUTORAS.- La Omisión y Tardanza de radicar y emplazar el exhorto respectivo a los Terceros llamados a Juicio, y como consecuencia de ello remitirle el exhorto diligenciado a la Autoridad exhortante, esto dentro del ***sic) No obstante a lo anterior, de una interpretación armónica de lo expuesto, se colige que el acto objetivamente reclamado, lo constituye la omisión o falta de radicación y diligenciación del exhorto emitido en los autos del juicio laboral ***, remitido a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residentes en esta ciudad, con el objeto de notificar a los demandados***, el auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, en el cual se señalaron las doce horas del nueve de junio del mismo año para que tenga verificativo la audiencia incidental de pruebas y alegatos respecto del incidente de competencia planteado por el diverso demandado En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión o falta de radicación y diligenciación del exhorto emitido en los autos del juicio laboral***, remitido a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residentes en esta ciudad, con el objeto de notificar a los demandados***, el auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, en el cual se señalaron las doce horas del nueve de junio del mismo año para que tenga verificativo la audiencia incidental de pruebas y alegatos respecto del incidente de competencia planteado por el diverso demandado***. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, se advierte que el seis de abril del año que transcurre, tuvo por recibido el oficio***, dentro del exhorto***, en el cual la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, domiciliada en Comitán de Domínguez, Chiapas, le solicitó que en su auxilio, notificara a los demandados ***, la fecha y hora de la audiencia incidental de pruebas y alegatos en relación al incidente de competencia hecho valor por el demandado**. Por tanto, la primera de las nombradas ordenó al actuario de su adscripción la diligenciación de la citada comunicación oficial; quien, a su vez, notificó personalmente al demandado ***el veintiséis de abril del año en curso y al diverso ***el mismo día, a través de instructivo, como consta de las fojas 52 y 54, y finalmente, a través del oficio 343017, de la misma fecha, ordenó la devolución del exhorto de referencia debidamente diligenciado; por lo cual la Junta responsable subsanó la dilación procesal que se reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión o falta de radicación y diligenciar el exhorto***, relativo al juicio laboral***, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, domiciliada en Comitán de Domínguez, Chiapas, han cesado, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de mayo de dos mil diecisiete. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que con esta fecha se estén teniendo por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables de cuenta y, por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del mismo, en la medida que, el plazo que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del referido informe y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, pues el veintiséis de abril del año que transcurre, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, diligenció en los términos propuestos por la diversa Junta Especial Número Cinco, ubicada en Comitán de Domínguez, Chiapas, el exhorto***, relativo al juicio laboral ***, del registro de la segunda en cita y ordenó su devolución. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA CELSO ANTONIO CUNDAPÍ DE LOS SANTOS, LA RESOLUCIÓN DE TREINTA Y UNO DE MARZO DEL ACTUAL, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: Obligaciones básicas: "[.] En la relatadas condiciones, ante la violación formal destacada, lo que se impone es confirmar la sentencia sujeta a revisión y, aunque por diversas razones, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la responsable, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución reclamada de veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal ****[.]". Obligaciones complementarias: "[.] b) en su lugar emita una nueva en la que deberá hacer constar, a través de la copia certificada que anexe de la circular correspondiente, las facultades que le hubieren sido concedidas al licenciado****, Primer Secretario de Acuerdos, encargado del despacho por Ministerio de Ley; y Actuario Judicial en funciones de Secretario de Acuerdos, ambos adscritos al Juzgado Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en términos del artículo 74 del Código de Organización del Poder Judicial del Estado y de acuerdo con la circular que para tales efectos los hubieran habilitado[.]". Por lo que mediante auto de siete de febrero de dos mil diecisiete (208 y 209), se acordó respecto de la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, dictada en el amparo en revisión***, en la que se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, porque del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, se advierte que el veinte de febrero del año en curso, dentro de la causa penal****, el titular de dicho juzgado asistido de la segunda secretaria de acuerdos, dejó insubsistente la orden de aprehensión de veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, dictada en contra de ***** Y, con libertad de jurisdicción, dictó nuevo auto de formal prisión en contra del aquí quejoso como probable responsable del delito de abuso sexual, previsto por el artículo 241 y sancionado en los artículos 242 último párrafo, AGRAVADO, por el 248, fracción III, en concordancia con los artículos 10, 14 fracción I, 15 párrafo segundo, 19 fracción II, todos del Código Penal aplicable en el Estado, en contra de los menores de edad cuyos nombres se omiten para proteger su identidad, de hechos ocurridos en este distrito judicial. Ahora bien, es destacable que la nueva determinación del auto de formal prisión de veinte de febrero de dos mil diecisiete, fue dictada por el titular de dicho juzgado asistido de la segunda secretaria de acuerdos. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con las obligaciones a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Ello, porque si bien la autoridad responsable no hizo constar en el nuevo acto, la circular correspondiente que otorga facultades al primer secretario encargado del despacho por ministerio de ley, no es impedimento para tener por no cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que la nueva resolución fue emitida por el titular del juzgado en que radica la causa penal instruida al quejoso. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expediente generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, en términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver al Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, la copia certificada de la causa penal 10/2016 constante de un tomo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. ..

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 10,116 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano