Autotransportes Águilas del Pacífico, S.C.
Expediente 604/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 604/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Autotransportes Águilas del Pacífico, S.C.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en atención al proveído de veinticuatro de los cursantes, en el que se ordenó la devolución las constancias que acompañó como prueba al libelo constitucional; en consecuencia, y como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como autorizado para tal efecto al licenciado Víctor Manuel Cabanillas Arellano.
- Principal
Téngase recibido el escrito por el representante legal de la empresa quejosa; en atención a su contenido y como lo solicita el ocursante hágase devolución de las documentales que acompañó como prueba al escrito inicial de demanda, previa certificación que por su desglose se deje en autos y la correspondiente razón de entrega; lo anterior de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente.
- Principal
se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. se procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que desecho por improcedente la demanda de amparo que dio origen a este sumario.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte representante legal de quejosa moral, la determinación de fecha dos de octubre del presente año, mediante el cual se transcribe lo siguiente: Se declara que el expresado auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, corresponde a este juzgador pronunciarse ahora en torno a la demanda de amparo de mérito, respecto de los actos reclamados por Juan Zatarain Velarde, en su carácter de representante legal de Autotransportes Águilas del Pacífico, sociedad civil, contra el gobernador Constitucional, secretario General de Gobierno, director de Vialidad y Transportes, todos del Estado de Sinaloa, residentes en Culiacán, y delegado en Mazatlán, de la dependencia citada en último orden, con sede en esta Ciudad y que hizo consistir en lo siguiente: "(.) De quienes reclamo la omisión de dar cumplimiento a la medida cautelar decretada por el magistrado de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, en el juicio radicado bajo el expediente 360/2017, del índice de esa Sala Regional." Conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, el juez de distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, cuyo tenor literal es el siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito, se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y, de ser el caso, examinar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resulten improcedentes. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora bien, tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, quien esto provee estima que en la especie se surte la prevista en el ordinal 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo en vigor, cuyo tenor literal es el siguiente: Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)" En ese contexto es menester precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció ya criterio en el sentido de que la causa de improcedencia de trato se actualiza cuando concurran las circunstancias siguientes: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. El criterio del que se dio noticia, es el contenido en la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J. 144/2000 sustentada por el Pleno del más Alto Tribunal del País, visible a foja 15 del Tomo XII, Diciembre de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En el caso, de los antecedentes relatados en la demanda de amparo y de las constancias aportadas en copia certificada por la parte impetrante, se desprende lo siguiente: Que solicitó una medida cautelar en el juicio contencioso radicado bajo el expediente 360/2017 del índice interno de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, misma que le fue concedida en auto de diez de marzo del año en curso, para el efecto de que las autoridades ahí demandadas gobernador Constitucional, secretario General de Gobierno, director de Vialidad y Transportes, todos del Estado de Sinaloa, residentes en Culiacán, y delegado en Mazatlán, de la dependencia citada en último orden, con sede en esta Ciudad (y aquí señaladas como responsables) otorgaran en favor de la demandante el emplacamiento de las unidades mediante las cuales pretende explotar los permisos que le fueron concedidos en el expediente administrativo 069/2016 (foja 103 vuelta del segundo tomo de pruebas). Que en auto de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, el magistrado de la sala contenciosa, requirió a las demandadas a fin de que rindieran el informe relativo a la denuncia formulada el cinco de los propios mes y año, por la actora respecto al incumplimiento de la suspensión decretada en el juicio de nulidad 360/2017 (fojas 125 y 126 del segundo tomo de pruebas). Mediante proveído de seis de junio del año en curso, el magistrado de la sala administrativa, determinó que las demandadas no acreditaron haber dado cumplimiento a la expresada medida y les requirió para que la acataran en el plazo de veinticuatro horas, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondría una multa por la suma de diez veces el valor de la unidad de medida y actualización (fojas 147 y 148 del segundo tomo de pruebas). El cuatro de julio de dos mil diecisiete, se ordenó la acumulación del juicio contencioso 360/2017 al 27/2017 (fojas 155 a 157 del segundo tomo de pruebas). Aunado a lo expuesto, la moral promovente afirma bajo protesta de decir verdad que, en resolución interlocutoria dictada el trece de julio del año en curso, se declaró procedente el incidente de nulidad de notificaciones promovido por el gobernador Constitucional y secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Sinaloa, y en consecuencia se declaró la nulidad de los oficios a través de los cuales se les notificó el acuerdo dictado el dieciocho de mayo del presente año, por el que se dio trámite a la denuncia de violación de la anotada medida cautelar y se ordenó reponer dichas notificaciones por lo que hace a las autoridades de trato. Sentado lo anterior, es patente para este juzgador que el acto que se reclama a las autoridades señaladas como responsables en el presente sumario, esto es, al gobernador Constitucional, secretario General de Gobierno, director de Vialidad y Transportes, todos del Estado de Sinaloa, residentes en Culiacán, y delegado en Mazatlán, de la dependencia citada en último orden, con sede en esta Ciudad, a saber, la omisión de dar cumplimiento a la medida cautelar decretada por el magistrado de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, en el juicio radicado bajo el número de expediente 360/2017, de su índice interno, es materia precisamente del incidente de violación a la medida cautelar de mérito que promovió la persona moral aquí impetrante. Incidente el cual, puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que es materia del juicio constitucional, en tanto que el mecanismo de defensa es el apropiado, al estar instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, que es oponible frente a la resolución que la parte afectada señala lesiona sus intereses y con el que puede lograr su invalidación o modificación, ya que es ante la propia responsable que se otorgará a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos y que, además, se está sustanciando por sus fases legales, lo que conlleva a estimar actualizada plenamente la causa de improcedencia en mención, puesto que se está tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, y constituye la vía idónea de impugnación que, se insiste, puede tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita el amparo. Por ende, al quedar acreditada la idoneidad del incidente de violación a la suspensión en el procedimiento contencioso administrativo intentado por la aquí promovente contra la resolución que en la especie constituye el acto reclamado; con fundamento en los artículos 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo y, por ende, con apoyo en lo establecido en su diverso numeral 113, se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, en lo que atiende a los actos reclamados por la impetrante a las autoridades responsables gobernador Constitucional, secretario General de Gobierno, director de Vialidad y Transportes, todos del Estado de Sinaloa, residentes en Culiacán, y delegado en Mazatlán, de la dependencia citada en último orden, con sede en esta Ciudad. Apoya lo expuesto, la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, de rubro y texto siguientes: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprende el de obtener una resolución fundada en derecho. Ahora bien, la resolución judicial que desecha la demanda o la que la tiene por no presentada por no cumplir con las formalidades y los requisitos establecidos en sede legislativa, respeta ese derecho humano, siempre que dichas formalidades y requisitos sean proporcionales entre los fines que preservan, frente a los intereses que sacrifican, y así lo acuerde fundadamente el juez o tribunal respectivo." Finalmente, indíquese a la peticionaria de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
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