Austroberto Torres Anguiano

Expediente 26/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
26/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
13/03/2019

Partes del expediente

  • Austroberto Torres Anguiano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    El secretario certifica: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, pues transcurrió del veintisiete de febrero al doce de marzo del presente año, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, se hace constar que en el presente expediente no se exhibió garantía alguna dentro del incidente de suspensión respectivo y no obran documentos originales dentro del presente sumario. Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 26/2019, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución emitida en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada y se negó la definitiva. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del veintidós de febrero de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 26/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo actualmente en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta al juez con la documental que adjuntó a su informe de ley el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Morelia, Michoacán. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la documental descrita. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario da cuenta con el pedimento que presentó la agente del Ministerio Público, mismo que se tuvo por formulado conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Mediante escrito recibido el quince de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Austroberto Torres Anguiano, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Jueces de Control en Materia Penal del Sistema Acusatorio Advesarial, Región Morelia; 2. Jueces de Ejecución de Sanciones, Región Morelia; y, 3. Encargada de la Comandancia de la Policía Ministerial, Sección Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia. Todos con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: - La orden de aprehensión dictada contra el quejoso, así como su ejecución. Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Segundo. Por acuerdo de diecisiete de enero de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número 26/2019; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: CONSIDERACIONES: Primera. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues los actos reclamados se pretenden ejecutar dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: - La orden de aprehensión dictada contra el quejoso, así como su ejecución. Tercera. Las autoridades señaladas como responsables al momento de rendir su informe justificado manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión la orden privativa de la libertad son actos positivos en tanto que implica una actividad desplegada por la citada autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que la hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna idónea para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo actualmente en vigor, con apoyo en dicho precepto, debe sobreseerse en el juicio de garantías. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 37, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo actualmente en vigor y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: No pasa por desapercibido por este juzgado que al momento de rendir su informe justificado el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Morelia, informó que el aquí quejoso se le inició el procedimiento ordinario de ejecución de sentencia derivada del proceso penal 79/2018 del índice de juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia, en el cual ha sido requerido para cumplir con la sentencia firme sin haberlo hecho en el plazo otorgado, por lo que hasta el momento en dicho procedimiento no se emitido mandato alguno de la naturaleza que se reclama, lo cual revela la inexistencia del acto reclamado. ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Austroberto Torres Anguiano, por inexistencia de los actos reclamados, atribuida a la autoridad responsable. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el pedimento suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, por el cual formula alegatos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que presenta el ocursante en su pedimento de cuenta, sin perjuicio de relacionarlos al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, en relación con la solicitud para que se le expida copia de la sentencia que llegue a emitirse, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que no ha empezado a transcurrir el término de veinticuatro horas otorgadas a la parte quejosa en proveído de veintiuno de enero del año en curso, para el efecto de que manifieste lo que a su interés convenga referente a la inexistencia de las autoridades señaladas como Comandante de Aprehensiones de la Policía Ministerial adscrito a la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Michoacán y a los Elementos al Mando del Comandante de Aprehensiones de la Policía Ministerial adscrito a la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Michoacán, ambos de esta ciudad, dado que no obra la constancia de notificación realizada a la parte quejosa de dicho auto. Por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para el día de hoy y se fijan las trece horas con cincuenta minutos del treinta y uno de enero de dos mil diecinueve para tal efecto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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