Austreberto Maya Galván
Expediente 224/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 224/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Austreberto Maya Galván
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se provee: Causa estado auto. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió en el plazo legal el auto dictado el ocho de marzo de dos mil dieciocho (fojas 6 a 12), en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE DICE. En ocho de marzo de dos mil dieciocho, el secretario da cuenta con un escrito de demanda registrado con el número 4205, dentro del juicio de amparo 224/2018. Conste.Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 224/2018, con la demanda de amparo promovida por Austreberto Maya Galván, en contra del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con residencia en Morelia, Michoacán, y otra. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito de demanda; se precisa que el acto reclamado en esta instancia constitucional es: La notificación del acuerdo dictado el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dentro del procedimiento agrario 322/2012, en el que se dio tres días para cumplir en forma voluntaria con la sentencia dictada en dicho expediente, esto es, entregar dos predios uno urbano denominado La Huerta y otro rústico denominado Los Adobes, ambos ubicados en domicilio conocido en Naranja de Tapia, Michoacán, que tiene en posesión el quejoso; ello con motivo de tener la calidad de demandado de manera conjunta con Mavi Evelia Galván Matas. SE DESECHA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Austreberto Maya Galván, en contra del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con residencia en Morelia, Michoacán, y otra. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el particular, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; esto es, que el agraviado no cumplió con el principio de definitividad al no agotar el incidente de nulidad de actuaciones que procedía para impugnar la notificación que reclama. El numeral en comento dispone que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]. El reproducido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como es el de definitividad, consistente en que, por tratarse de un medio extraordinario de defensa, al amparo sólo puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria, siempre y cuando sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción mencionada permite advertir que, para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos que: El acto reclamado sea una resolución o actuación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Ese recurso o medio de defensa sea factible dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el disconforme para contradecir el proceder del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la notificación impugnada. Sostiene lo expuesto la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, visible en la página 902, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En el caso, el quejoso controvierte la forma de cómo se le notificó el acuerdo que le otorga el plazo de tres días para cumplir con la sentencia definitiva, esto es, la entrega de los aludidos predios. El primer párrafo del artículo 192 de la Ley Agraria señala lo siguiente: Artículo 192.- Las cuestiones incidentales que se susciten ante los tribunales agrarios, se resolverán conjuntamente con lo principal, a menos que por su naturaleza sea forzoso decidirlas antes, o que se refieran a la ejecución de la sentencia, pero en ningún caso se formará artículo de previo y especial pronunciamiento sino que se decidirán de plano. La Ley Agraria, contrario a lo que afirma el quejoso, acepta que en los procedimientos seguidos ante los tribunales agrarios pueden suscitarse cuestiones incidentales, es decir, diversos asuntos que afectan la solución del negocio principal y que resulta necesario resolver en forma específica para la debida continuación y conclusión del juicio, sólo que atento a la técnica seguida en el juicio agrario, que concede especial importancia a la celeridad del procedimiento, proscribe de la sustanciación de artículos o incidentes de previo y especial pronunciamiento. Esto implica que no se detendrá el juicio principal cuando se introduzcan temas que requieran la sustanciación de tales incidentes, pero no significa que no sea posible introducir en el juicio temas accesorios, que ameriten una solución singular y pronta, ya que la misma legislación lo autoriza en el dispositivo mencionado. Así, la Ley Agraria autoriza la sustanciación de cuestiones incidentales y establece las normas que deben seguirse para resolverlas, a saber: a) Que se resuelvan conjuntamente con lo principal. b) Lo anterior admite como excepción que sea forzoso decidir tales cuestiones antes de que se resuelva lo principal o que se refieran a la ejecución de la sentencia. c) Las cuestiones incidentales en ningún caso formarán artículo de previo y especial pronunciamiento y, d) Deben decidirse de plano. En ese orden de ideas, la Ley Agraria admite de manera general los incidentes como medio de defensa, pero no determina la forma y términos en que se deben hacer valer, pues sólo establece un sistema propio de tramitación, distinto al que regulan otras materias. Con base en lo anterior, es inconcuso que dicho código agrario permite que se propongan temas incidentales como en el caso lo es la nulidad de notificaciones, pero ciñéndose en ese aspecto a la forma especial de tramitación que establece el artículo 192. Ahora, en términos del numeral de previa mención, la forma de cómo se notificó esa determinación es impugnable a través del incidente de nulidad de notificaciones. Medio de defensa que no fue interpuesto por la parte peticionaria, al menos porque no aparece probado. Bajo ese contexto, si contra el acto reclamado resulta procedente el incidente mencionado, en atención al principio de definitividad emerge como una cuestión incontrovertible que, para lograr que fuera nulificada, el peticionario debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta no ha respetado dicho principio que rige la procedencia del juicio de amparo. Máxime que la parte quejosa integra la relación jurídica procesal en el contradictorio de origen, pues quedó acreditado con la manifestación en la que, bajo protesta de decir verdad, señala que es parte demandada en el juicio, que compareció al juicio y que incluso señaló domicilio para recibir notificaciones. Además, debe establecerse que en el caso concreto, no se está en la hipótesis de excepción a que se refieren los incisos a) y b), del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque la notificación controvertida no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni se trata de un acto privativo de libertad. Tampoco se surte la excepción al inciso c) -tercero extraño- en atención a que el peticionario tiene el carácter de parte en el expediente natural, de ahí que, si fue omiso en interponer el medio de impugnación correspondiente, antes de acudir en demanda de amparo indirecto, se actualiza la causal de improcedencia de que se trata. Finalmente, la procedencia de ese incidente no se encuentra supeditada a la interpretación de otra norma, pues como se destacó, es la propia Ley Agraria la que prevé los incidentes como medio de defensa en esos procedimientos. Sostiene lo expuesto la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 28/2001, sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, Novena Época, visible en la página 467, de rubro y texto siguiente: NOTIFICACIONES EN JUICIOS AGRARIOS. ES PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL INCIDENTE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 319 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY AGRARIA, PERO ACATANDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 192 DE ESTA LEY. Si bien es cierto que la Ley Agraria no establece de manera específica un mecanismo para impugnar las notificaciones omitidas o las que se hayan hecho indebidamente, también lo es que en sus artículos 170 a 177 regula la figura jurídica de las notificaciones, aunque no en todos los aspectos, ya que sólo contiene una serie de disposiciones atinentes a las formalidades que deben cumplirse para efectuar, entre otras, las notificaciones personales, los emplazamientos, la primera cita al procedimiento y las citaciones a los peritos, testigos y terceros, y con relación a los aspectos no regulados permite, en su artículo 167, la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles para normar las notificaciones que no deben ser personales, el momento en que deben hacerse las notificaciones, citaciones y emplazamientos, de aquel en que deben surtir efectos tales notificaciones, etcétera, de manera que la aplicación de dicho código adjetivo, además de regular diversos aspectos que no se establecen en la Ley Agraria en cuanto a la materia de notificaciones, es indispensable para complementar sus disposiciones. Ahora bien, si en los aspectos no consignados expresamente en la ley últimamente citada, debe recurrirse al invocado código procesal, es inconcuso que de igual manera puede aplicarse lo relativo a la posibilidad de impugnar tales notificaciones a través del incidente previsto en su artículo 319, máxime si se considera que las cuestiones incidentales no son ajenas a los procedimientos agrarios, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la ley que los regula es posible que surjan ese tipo de cuestiones, las que únicamente se encuentran constreñidas a resolverse en los términos en que este propio dispositivo señala, es decir, deben decidirse de plano, conjuntamente con el negocio principal, a menos que por su naturaleza sea forzoso resolverlas antes o que se refieran a la ejecución de la sentencia y sin sustanciar artículo de previo y especial pronunciamiento. Por tanto, al actualizarse las causales de improcedencia en estudio, acorde con lo establecido por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Para el adecuado despacho de los asuntos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, para lo cual basta la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En términos del artículo 26 fracción I de la Ley de Amparo se tiene como su domicilio para recibir notificaciones el que señala. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QIUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Jesús Salud Méndez García, secretario que autoriza y da fe.
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