Austreberto Hernández López

Expediente 1211/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1211/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • Austreberto Hernández López

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL. 1211/2022. MESA- 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso *************, interpusiera recurso de queja contra la resolución de diecinueve de octubre de este año, por la cual se desechó su demanda de amparo; no obstante su notificación el veintiséis del mismo mes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 3. Precisión previa a ordenar el archivo del expediente. Antes de establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 4. Archivo. Así, considerando que en resolución de diecinueve de octubre de este año se desechó la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del Acuerdo General en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Anotaciones. Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico; hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO. - PRAL.1211/2022.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el diecisiete de este mes y año en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este Juzgado el dieciocho siguiente, promovida por Austreberto Hernández López, por propio derecho, contra un acto de la Comisión Federal de Electricidad; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso con el registro 1211/2022. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Actuaría. Integración de notificaciones al expediente electrónico. De igual manera, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre de manera correcta al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 4. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Así, del análisis integral de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que esta vía constitucional procede solamente contra "actos de autoridad", lo cual no sucede en el caso concreto. Para mejor entendimiento, es preciso citar la jurisprudencia 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2011, tomo XXXIV, registro 161133, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Y la tesis 2a.XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, marzo de 1999, tomo IX, página 307, registro 194367, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES". En general, los artículos citados y las tesis de jurisprudencia transcritas revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provienen de autoridad; al respecto, el concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitado como aquella que, con independencia de su naturaleza formal, tiene la potestad de dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto a través del cual crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En la actual óptica del juicio de amparo, un particular puede ser llamado como autoridad responsable cuando realice las acciones delimitadas en el párrafo anterior, y sus funciones estén determinadas por una norma general. Esto es, no basta que en la demanda se designe como "autoridad" responsable a un particular, para que por ese motivo se estime procedente la acción constitucional. De tal suerte que, aun cuando los particulares dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que origine, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, no será procedente el amparo si el acto o la omisión no se actualizan en el contexto de funciones que tengan encomendadas por alguna norma general. Lo que es congruente con la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo como medio de control de la Constitución Federal, a la que las autoridades deben sujetar su actuación, porque si bien los actos de los particulares pueden ser sometidos a través de ese medio al escrutinio del marco fundamental, tal posibilidad encuentra su razón de ser en que, finalmente, el particular al que se considere autoridad, habría actuado por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debía sujetar su actuación. Ahora, si bien es cierto que el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo establece los términos y casos en que los particulares serán parte en el juicio de amparo en calidad de autoridad responsable, previendo que será cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de esa misma fracción, y cuyas funciones estén determinadas en una norma general, sin embargo, ello no equivale a que el juicio de amparo sea procedente contra actos de particulares, sino que se requieren ciertas circunstancias para actualizar su procedencia. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para establecer si se está en presencia de una autoridad se debe atender a la norma legal y examinar si ésta le faculta o no a tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades. De donde se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de: 1) Coordinación. 2) Supra a subordinación. 3) Supraordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por otra parte, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo anterior se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. La interpretación lógica y sistemática del precepto contenido en la legislación de amparo y lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, deben ser actos unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. En el caso, la parte quejosa señala como autoridad responsable a la Comisión Federal de Electricidad, en la Villa de Etla, Oaxaca, de quien reclama la cancelación del servicio de energía eléctrica amparado por el contrato K0904506325 en el domicilio ubicado en el paraje "El Llano" en jurisdicción de Nazareno Etla, Oaxaca. Sin que obste que también señale como autoridades a las personas físicas de nombres 1) Saraí Caballero, 2) Lázaro Hernández Amaya, 3) Leobardo Hernández Amaya, 4) Lázaro Hernández López y 5) Gilberto García, pues de la lectura de la demanda se corrobora que les atribuye ese carácter por ser trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, y quienes, dice, directamente participaron en la ejecución del acto reclamado; no obstante, es evidente que el acto reclamado lo atribuye a la Comisión Federal de Electricidad, en la Villa de Etla, Oaxaca, independientemente de las personas físicas que, como empleadas de esa dependencia, hayan podido tener alguna intervención en el acto reclamado. Y en sus antecedentes refiere, sustancialmente, lo siguiente: ".Siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día 7 de octubre del año que transcurre personal de Comisión Federal de Electricidad llegó al predio ubicado en el paraje "El Llano" en jurisdicción de Nazareno Etla, Oaxaca, donde realizaron la instalación del servicio eléctrico, sin embargo y para mi sorpresa al día siguiente se presentaron los CC. SARAÍ CABALLERO, LÁZARO HERNÁNDEZ AMAYA, LEOBARDO HERNÁNDEZ AMAYA, LÁZARO HERNÁNDEZ LÓPEZ Y GILBERTO GARCÍA quienes acompañados de personal con el uniforme de la Comisión Federal de Electricidad realizaron la cancelación de la toma de luz que horas antes habían realizado y que amparaba el contrato firmado con la empresa paraestatal". ".Hasta el momento nadie en la Comisión Federal de Electricidad ni a través de su servicio de atención a clientes vía telefónica han sabido dar respuesta a mi demanda ni siquiera me han informado el porqué de sus acciones." De lo anterior se puede conocer que entre el quejoso y la Comisión Federal de Electricidad existe un contrato de servicio de energía eléctrica; por tanto, el acto reclamado no es de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que su naturaleza es mercantil, puesto que la responsable actúa en un plano de coordinación con el quejoso, al derivar su relación de ese contrato de suministro de energía eléctrica. En efecto, desde el punto de vista de los tipos de relación, la cancelación del suministro eléctrico en el domicilio que refiere el quejoso se ubica dentro de las denominadas de coordinación que, como ya se refirió con antelación, excluye la idea del acto de autoridad que es la que impera en las relaciones de supra a subordinación. En este sentido, la controversia que plantea la parte quejosa, en su caso, se debe ventilar en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los Tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses de particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquellas los jueces y Tribunales del orden común. Consecuentemente, si en este asunto el acto reclamado deriva de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica entre el quejoso y la Comisión Federal de Electricidad, debido a la celebración del contrato K0904506325, se tiene que éste no corresponde a actos de autoridad, ya que: 1) El origen de las actuaciones de la autoridad señalada como responsable es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular. 2) La relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre tal empresa y el particular usuario del servicio; y, 3) La cancelación del servicio de energía eléctrica en el domicilio que señala el quejoso no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, pues solo implica la posibilidad de que la parte afectante deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes (como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros). Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Austreberto Hernández López. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J.30/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 53, abril de 2018, tomo I, página 532, del rubro siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA". Así como la tesis 2a./J. 156/2017 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 50, enero de 2018, tomo I, página 336, registro 2015944, del rubro siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL". Cabe precisar que no se desconoce la jurisprudencia "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA", sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determina que el auto inicial no es el momento procesal oportuno para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio que modificó la tesis de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", en razón de que con ésta se transmitía una idea de que resultaba aplicable a cualquier juicio de amparo, con independencia del acto reclamado y de a quién se señalara con el carácter de autoridad responsable, siendo que dicha jurisprudencia surgió con motivo de los juicios de amparo en los que se reclamaba el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministros y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas", sin que, en el caso, se reclamen dichos actos. Por ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó en la ejecutoria que dio origen a la modificación de la jurisprudencia 54/2012, que los jueces de distrito no se encuentran impedidos para analizar desde el auto inicial si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues reiteró que el criterio que dio origen a la citada jurisprudencia 54/2012 versó en específico sobre el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministros y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas". De ahí que, tratándose de otros temas, el juez de amparo puede desechar la demanda cuando sea notoria e indudable que las autoridades señaladas como responsables no tienen ese carácter para efectos de este juicio. 5. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su demanda; y por autorizados para ese efecto, a las personas señaladas en el proemio de la demanda. 6. Medios de comunicación no procesal. En términos del artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se tiene a la parte quejosa proporcionando una dirección de correo electrónico y dos número telefónicos como medios que, de ser necesario, podrán emplearse únicamente para establecer comunicación no procesal y atender la pronta administración de justicia, con el único propósito de poder brindar atención mediante esa herramienta tecnológica; en el entendido que, sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 7. Precisión. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que, a) respecto a la a) atención al público en general, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, entre otras cuestiones, deberá estarse a lo indicado en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. 8. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Con apoyo en los artículos 22, 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 9. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 10. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 11. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 12. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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