Austreberta Guadalupe Ortega Rosario

Expediente 1231/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1231/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
19/09/2016

Partes del expediente

  • Austreberta Guadalupe Ortega Rosario

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé en artículo 86, de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de veintitrés de agosto del año en curso, para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos en el acuerdo de referencia, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes. Ahora, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías y en específico de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la quejosa Austreberta Guadalupe Ortega Rosario, en esencia reclama la abstención para señalar fecha para el desahogo de la audiencia de ley y el término para la contestación de demanda dentro del expediente D-309/2015. El Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; manifestando que el diez de agosto del año en curso, tuvo por recibido el escrito de la parte demandada en el que dio contestación a la instaurada en su contra, le tuvo por ofrecidas sus pruebas y ordenó correr traslado con las mismas a la parte actora; además, señaló las diez horas del día siete de noviembre de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia de ley correspondiente. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Austreberta Guadalupe Ortega Rosario, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la abstención para desahogar la audiencia de ley y el término para la contestación de demanda dentro del expediente D-309/2015. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno, se advierte que el diez de agosto del año en curso, el tribunal responsable tuvo por recibido el escrito de la parte demandada en el que dio contestación a la instaurada en su contra, le tuvo por ofrecidas sus pruebas y ordenó correr traslado con las mismas a la parte actora; además, señaló las diez horas del día siete de noviembre de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia de ley correspondiente. Bajo esa óptica, es dable concluir que cesaron los efectos de la omisión de que se duele la peticionaria de amparo, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el entendido que este órgano de control constitucional no se encuentra facultado para analizar la legalidad del proveído de diez de agosto de dos mil dieciséis, dictado en los autos del juicio natural, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, la litis constitucional únicamente puede constreñirse a la omisión reclamada, sin que pueda comprender diversas resoluciones que no fueron impugnadas; sobre todo si se toma en consideración que estudiar una violación distinta rompería con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo; de ahí que el estudio de la constitucionalidad o no de los actos reclamados, debe limitarse a lo reclamado primigeniamente en relación con la etapa procesal en que se encuentre el juicio laboral. En efecto, el criterio de que las omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral debe estudiarse aun tratándose de las subsecuentes a las reclamadas, fue abandonado conforme a la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página: 732, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto del acto que Austreberta Guadalupe Ortega Rosario, reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado. En tales condiciones, se deja sin efectos las nueve horas con veintinueve minutos del veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Alfonso

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, uno de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, visto su contenido, téngase a la parte tercera interesada del Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, apersonándose dentro del presente juicio de amparo, señalando domicilio para recibir sus notificaciones y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Efraín Machorro Gayosso, José Patricio Coyotl Cuatetl, Juan Xaxalpa Salinas, José Edgardo Carrasco Sandoval, Marcos Zamora Arroyo y Manuel Espinosa Reyes, quienes se encuentran debidamente registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas que menciona, por no contar con registro en el aludido sistema.

  4. Principal

    ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR GABRIEL ÁLVAREZ CANO.

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