Austin De la Cruz
Expediente 1033/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1033/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 27/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Austin De la Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Causa Estado y Archivo. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (fojas 132 a 137), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, toda vez que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I, inciso d), y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo citada, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ha causado estado. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido del citado acuerdo. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; y se ordena archivar el presente expediente como asunto concluido. II. Valoración del expediente principal. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
El día de hoy queda notificada la parte quejosa y sus autorizados, por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de amparo 1033/2018, por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos se desprende que mediante acuerdo de veintinueve de enero del año en curso (foja 131), se tuvieron por recibidas las constancias solicitadas en copia autentica a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenidos Primer Turno, con residencia en esta ciudad, de las que se desprende que el veintidós de diciembre de dos mil dieciocho, el aquí quejoso ***, fue puesto a su disposición por parte de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de posesión de narcóticos con fines de comercio o suministro. Luego, siendo las catorce horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de diciembre del año próximo pasado, la citada autoridad ordenó su libertad (fojas 127 y 128). II. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Mediante escrito recibido por la Secretaria de Guardia, el veintidós de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 1 a 5), siendo las veinte horas con veinte minutos ***, en representación de ***, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: No. Autoridad responsable: 1 Delegado de la Fiscalía General del Estado, Región Norte 1. Ciudad. 2 Coordinador de las Unidades de Investigación de Tramitación Masiva de Casos. Ciudad. 3 Coordinador de las Unidades de Investigación de Atención Temprana con Detenidos. Ciudad. 4 Coordinador de las Unidades de Investigación de Atención Temprana. Ciudad. 5 Coordinador de las Unidades de Investigación y Litigación. Ciudad. 7 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Masiva de Casos, Primer Turno, Región Norte 1. Ciudad. 8 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Masiva de Casos, Segundo Turno, Región Norte 1. Ciudad. 9 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Masiva de Casos, Tercer Turno, Región Norte 1. Ciudad. 10 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido, Región Norte 1, Mesa 1, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. 11 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido, Región Norte 1, Mesa 2, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. 12 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido, Región Norte 1, Mesa 3, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. 13 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido, Región Norte 1, Mesa 4, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. 14 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Atención Temprana, Región Norte 1, de Villa de Fuente, Coahuila de Zaragoza, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. 15 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana, Región Norte 1, Mesa 1, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. 16 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana, Región Norte 1, Mesa 2, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. 17 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana, Región Norte 1, de Asuntos Viales, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. 18 Agente del Ministerio Público de Investigación del Sistema Tradicional, Región Norte 1, con sede en Villa de Fuente, de la Fiscalía General del Estado. 19 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación. Mesa 1, Región Norte 1, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. 20 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación. Mesa 2, Región Norte 1, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. 21 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación. Mesa 3, Región Norte 1, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. 22 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación. Mesa 4, Región Norte 1, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. 23 Comandante del Agrupamiento de Reacción Inmediata de Fuerza Coahuila. Ciudad. 24 Comandante del Agrupamiento de Proximidad de Fuerza Coahuila. Ciudad. 25 Inspector Comisario o Comandante de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General del Estado. Ciudad. 26 Juez Coordinador del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral. Ciudad. Por el acto reclamado consistente en: ".PRIMERO.- La Desposesión de la LIBERTAD, POSIBLE TORTURA y la INCOMUNICACIÓN de referencia de la que es objeto AUSTIN DE LA CRUZ, por parte de las autoridades señaladas como responsables." En la citada fecha, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 1033/2018; se requirió por conducto del Actuario de la adscripción, la búsqueda y en su caso, la ratificación del escrito de demanda por parte del quejoso directo y se ordenó suspender de plano los actos reclamados a las autoridades responsables (fojas 6 a 10). De ese modo, mediante proveído de veinticuatro de diciembre del año pasado (fojas 30 a 34), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; en virtud de que de la constancia de notificación de veintidós de diciembre de dos mil dieciocho (foja 14), se advierte que el quejoso directo ***, ratificó la demanda de amparo instaurada en su nombre; asimismo, el Actuario hizo constar que el referido quejoso manifestó lo siguiente: "...que ratificaba la demanda promovida a su favor; al interrogarlo de si fue objeto de maltrato, golpes, intimidación, tortura, incomunicación, refirió que sí, que recibió algunos golpes por parte de sus captores, pero no le dejaron evidencias. . ." Conviene digitalizar la constancia de notificación de referencia: Por tanto, expuesto lo anterior, y toda vez que el fedatario judicial no apreció lesiones en el quejoso directo, al no acreditarse la existencia de ellos, quedaron fuera de la litis constitucional planteada. Asimismo, se libró el oficio 35088/2018-PF, al Agente del Ministerio Público de la adscripción (fojas 49 a 51), a fin de que, conforme al artículo 7 de la Ley Federal para Prevenir, Investigar y Sancionar la tortura, procediera a investigar si existió o no tortura o tratos crueles e inhumanos en contra del aquí quejoso ***, y de ser así, fincar la responsabilidad administrativa o penal que resulte a los responsables; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, mediante diversos acuerdos se recibieron los informes respecto a la suspensión de plano decretada, así como los justificados solicitados a las autoridades responsables. III. Causal de sobreseimiento. Del informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenidos Primer Turno, con residencia en esta ciudad (foja 114), se desprende que el veintidós de diciembre de dos mil dieciocho, el aquí quejoso ***, fue puesto a su disposición por parte de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de posesión de narcóticos con fines de comercio o suministro. Luego, siendo las catorce horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, la citada autoridad ordenó su libertad; remitiendo al efecto, copia autentica de las constancias conducentes, como se aprecia en los siguientes documentos (fojas 122 a 124): Documentales a las que por tener el carácter de públicas se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso concreto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce del derecho fundamental transgredido retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, como si nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, dado que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenidos Primer Turno, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 01448/PIN/ATDPIN/2018, el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 122 y 124), acordó la libertad del quejoso directo, y a su vez, en la citada fecha dirigió un oficio al Inspector de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I, con residencia en esta ciudad, a fin de que el aquí quejoso fuera excarcelado del lugar de reclusión (foja 129). Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues la autoridad de que se trata, restituyó al quejoso en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose así la causal que se invoca. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, registro 193758, con rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento. IV. Se deja sin efectos la fecha y hora de la audiencia constitucional. Se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 131 vuelta).
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos, el oficio número 1125/2019, signado por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido Primer Turno, con residencia en esta ciudad; por medio del cual desahoga el requerimiento que se le formuló mediante acuerdo de veinticuatro de enero del año en curso (foja 119), y al efecto remite copia autentica de las constancias requeridas; por tanto, póngase a la vista de las partes el anexo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. A su vez, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad de mérito la documental que acompaña en su comunicado de cuenta; probanza que se admite y se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.7 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el libro cinco, abril de dos mil catorce, Tomo II, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, con número de registro 2006279, del rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes." Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las doce horas con diez minutos del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, para su celebración.
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