Ausencio Vicente Espinoza

Expediente 548/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
548/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/05/2019

Partes del expediente

  • Ausencio Vicente Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales vigente, sin que haya sido recurrido el auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distritos; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que fue desechado; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente asunto se trata de un desechamiento de la demanda, no ha lugar a proveer respecto del incidente de suspensión. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos y tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    Vistos; I.- El estado actual que guardan los presentes autos, advirtiéndose del mismo que por oficio 485/B/2019, de nueve de abril de la anualidad en curso, signado por la Jueza Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el amparo en revisión 466/2018, en donde se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ***. II.- Con la petición efectuada por la autoridad responsable, por conducto de su Apoderado Legal, en el oficio DG/SAJ/DCA/5003/2279/2018, en su parte in fine, y del cual se dejó de proveer en auto de diecinueve de marzo de la presente anualidad, en donde solicitó dejar sin efectos las medidas de apremio decretadas, en razón de haber dado cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional. Al efecto, se acuerda: Tocante al punto I, tomando en consideración que mediante auto de diez de abril de la presente anualidad, se dio vista a las partes con el oficio remitido por la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la legal notificación del citado proveído, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, éste órgano de control constitucional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Dicho acuerdo se notificó a la parte quejosa, el once de abril del año en curso, sin que realizará ninguna manifestación; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si la ejecutoria dictada en este juicio, fue o no cumplida. A) ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO. Ahora bien, del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio; en contraposición con la ejecutoria emitida en el presente juicio se obtiene: Efectos de la ejecutoria de amparo. Cumplimiento de la autoridad ordenadora a la ejecutoria de amparo. ? Dentro del término de diez días hábiles, ante la Juez Cuarto del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad, realicen el pago de la cantidad de cuatro millones ciento noventa y siete mil trescientos diecisiete pesos 10/100, moneda nacional, por concepto de suerte principal; a la que fueron condenadas en sentencia definitiva dictada el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, en el expediente 794/2015. El Apoderado Legal del Instituto de Salud y Secretaria de Salud del Estado de Chiapas, mediante oficio DG/SAJ/DCA/5003/2279/2018, en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, exhibió los documentos respectivos con los que acreditaba haber puesto a disposición del Juzgado Cuarto del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, el cheque y póliza número 0000015 de quince de marzo de la presente anualidad, a cargo de la Institución Bancaria BBVA BANCOMER S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, que ampara la cantidad de $4,197,317.10 (cuatro millones, ciento noventa y siete mil trescientos diecisiete pesos 10/100 moneda nacional), para su rescate, a favor de la C. Cristina Rincón Vázquez, -aquí quejosa-. Por su parte, la Titular de dicho órgano jurisdiccional, mediante el diverso 485/B/2019, de nueve de abril de la anualidad en curso, remitió copias certificadas de la diligencia de ocho de abril de la anualidad en curso, en donde se le hizo entrega física y material del cheque antes aludido, bajo su más estricta responsabilidad a ***, como apoderado legal de la parte quejosa, quien recibió en su total satisfacción el cheque antes aludido, firmando al calce de dicha actuación judicial. En efecto, del cuadro comparativo que antecede, se aprecia que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el amparo en revisión 466/2018, en donde se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ***, ya que atendió a los lineamientos establecidos en la presente sentencia ejecutoriada. Por ello, este órgano de control constitucional advierte que las responsables atendieron a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, motivo por el cual, de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 196, de la Ley de Amparo , lo procedente en el caso, es declarar que el fallo protector ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos. En las relatadas condiciones, se tiene como resultado jurídico que los motivos por los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se encuentren subsanados, aunado a lo anterior, está la circunstancia de que las partes pueden hacer valer su derecho en la vía y forma que consideren pertinentes, de no estar conforme con la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." B) ARCHIVO. Con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 196, de la ley de la materia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. C) VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. D) INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. E) REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, así como en la carátula del mismo y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. F) DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Infórmese a la parte quejosa que queda a su disposición la documental que anexó a su escrito inicial de demanda consistente en copia certificada del expediente 794/2015 en un tomo, por lo que se le previene para que a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, acuda a este Juzgado a recogerla; apercibida que de no hacerlo dentro de un plazo de noventa días, contados a partir de que se declaró ejecutoriado este juicio, dichas copias podrán ser destruidos con el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distritos. Por otro lado, se advierte que la autoridad Juez Cuarto del Ramo Civil de este Distrito Judicial, residente en esta ciudad, remitió copias certificadas del expediente 794/2015, en un tomo, las que fueron recabadas de manera oficiosa por este tribunal; al efecto, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que las mismas ya no son necesarias, en virtud de que este juicio se encuentra concluido, Indíquese a la autoridad que no es obligatorio acuse recibo. Finalmente, tocante a lo descrito en el punto II, este juzgador determina que condonar la imposición de la multa impuesta en autos al Doctor José Manuel Cruz Castellanos, en su doble carácter de Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, en razón de que acreditó el cumplimiento de lo requerido por este órgano jurisdiccional con el anexo que adjuntó. Comuníquese la cancelación de la multa impuesta al Doctor ****, (Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud del Estado de Chiapas), con Registro Federal de Contribuyentes con homoclave CUCM6104205Y6, fecha de nacimiento veinte de abril de mil novecientos sesenta y uno, y domicilio ubicado en Unidad Administrativa, Edificio "C", Primer Piso, Colonia Maya, Código Postal 29010, de esta ciudad.

  3. Principal

    Vista, la demanda de amparo promovida por Ausencio Vicente Espinoza, contra actos del Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que remite Jefe de la Oficina de Correspondencia Común, en cumplimiento al oficio SSGA-VIII TER-5718/2019, derivado del expediente de varios 179/2019-VDA, enviado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; atento a su contenido, agréguese a los autos y acuerde lo que en derecho corresponda. Con fundamento en los artículos 35, 37 y 41, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto; en consecuencia, con fundamento en el en el artículo 108, de la ley de la materia, téngase por presentada la misma y regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 548/2019-I. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia II.1o.C.T.11 K, de texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, resulta pertinente determinar que la parte quejosa hizo valer como acto reclamado en su escrito de demanda lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS: -De los cuales me enteré el día de hoy-, los hago consistir en los siguientes: PRIMER ACTO RECLAMADO: El CAMBIO DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRADICIONAL POR UNO MODERNO DENOMINADO DIGITAL y/o ELECTRÓNICO, dictado en mi contra por la única responsable, con la amenaza de la suspensión del suministro de Energía Eléctrica que pretende efectuar esta, si no acepto dicho cambio; Esto, sin ninguna justificación lógica-jurídica; Violando todos mis Derechos y Garantías Individuales a las que como persona física, y a la vez usuaria de un servicio, tengo. SEGUNDO ACTO RECLAMADO: La ORDEN DE PAGO INJUSTIFICADO y SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA dictada en mi contra por la única responsable, sin que yo haya cometido falta alguna que amerite tal acción; Precisando a su Señoría que existe, por parte de la señalada por parte de la señalada como responsable, falta de equidad y proporcionalidad con relación entre el proveedor y el consumidor en cuanto a la determinación y cuantificación del consumo de energía eléctrica, supuestamente consumida en mi domicilio, así como el cobro excesivo por el supuesto consumo de la energía eléctrica; Esto, dado a la aplicación de supuestas nuevas tarifas y la lectura arbitraria que se hace en mi domicilio, por parte de la señalada como responsable, quien se basa únicamente en el conocimiento técnico de este, sin consultarme, siendo esto último, Acto de Tracto Sucesivo, que por tratarse de hechos continuos, se actualiza cada bimestre. Precisando que he venido pagando, sin justificación alguna, fuera de toda lógica-jurídica-administrativa y por cualquier arista que se vea, un recibo de energía eléctrica con cantidades excesivas, fuera de mí alcance, el cual, además, según la Comisión Federal de Electricidad, adolece de PAGOS PENDIENTES, los cuales NO ESTOY DISPUESTO A PAGAR, porque resultan a todas luces impagables. TERCER ACTO RECLAMADO: La COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, pretende imponer un nuevo sistema de COMPRA DE ENERGÍA y no PAGO DE ENERGÍA; Esto, a través de un sistema ideado unilateralmente por dicha empresa, al intentar obligarme a acercarme a sus oficinas a pagar un monto económico por la supuesta energía consumida; Es decir, argumenta que YA NO ME ENVIARÁ EL RECIBO; Pretendiendo que bimestralmente me acerque yo a pagar y allí me dirán cuanto debo pagar. Lo cual resulta, a todas luces, ilógico, irracional y, por supuesto, totalmente ILEGAL." Expuesto lo anterior, se advierte que en el presente se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; por las consideraciones a saber: Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías será improcedente precisamente cuando ello resulte de alguna disposición legal. Correlativo con lo anterior, en el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el diverso 5, fracción II, de la ley reglamentaria, se desprende que el juicio de amparo es procedente tratándose de actos u omisiones de autoridad. Cabe precisar que, para los efectos del juicio de amparo, autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro; para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En correlación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que de la interpretación de los artículos 1049, y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales. Ahora bien, en el caso particular, del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que el acto que el quejoso reclama a la responsable lo es el cambio de medidor de energía eléctrica tradicional por uno moderno denominado digital y/o electrónico con la amenaza de la suspensión del suministro de energía eléctrica y/o el no envío de recibo de la energía consumida; así como el pago excesivo del consumo de energía eléctrica. Lo que conduce a sostener que se trata de un acto derivado del suministro de energía eléctrica, proporcionado por Comisión Federal de Electricidad al ahora quejoso, que es de naturaleza comercial. En el contexto anterior, la controversia suscitada entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generadas en el marco del contrato de tal suministro o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales. Con base en lo anterior, es permisible concluir que el acto reclamado en esta vía, no constituye, un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello, en virtud que orbita sobre cuestiones inherentes a un contrato de energía eléctrica y que debe decidirse en la vía ordinaria mercantil, por lo que las partes actúan en una relación de coordinación. "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo vigente, por notoria improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ausencio Vicente Espinoza, contra actos del Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Conclusión que no se ve afectada por el hecho de que la Ley de Amparo vigente establezca supuestos en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable para efectos del amparo, pues el acto que se pretende controvertir no proviene de uno de ellos, sino de un organismo descentralizado de la administración pública federal que, como se ha visto, actúa en un plano de coordinación con los gobernados, sin cambiar su naturaleza de ente público. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Sin que sea necesario proveer respecto a los autorizados, toda vez que la parte quejosa fue omisa en señalarlos. Lo anterior es así, toda vez que del contenido de los artículos 26, fracción I, inciso c) y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que el proveído por el que se manda a desechar la demanda, debe notificarse en forma personal, amén de que en el caso particular resulta ser la primera notificación en el presente asunto, aun y cuando haya señalado un domicilio para recibir notificaciones fuera del lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, toda vez que la obligación de señalar domicilio convencional en el lugar del juicio constituye un requisito de la demanda, cuya omisión no puede originar su sanción inmediata, sino el requerimiento previo en el sentido de que, en caso de no cumplir con dicha obligación procesal, las subsecuentes notificaciones, aun las personales, se harán por medio de lista. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Y SECRETARIOS. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. .

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