Ausencio Velasco Montes
Expediente 18/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 18/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ausencio Velasco Montes y Otros.
- Ausencio Velasco Montes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintidós. I. Ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia engrosada el catorce de junio de esta anualidad, que negó la protección constitucional a la parte quejosa; con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar, por lo que, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Se comunica a las partes que, conforme al penúltimo párrafo del artículo 18, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años y, cumplido tal plazo, se solicitará su transferencia a alguno de los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. III. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades correspondientes.
- Principal
(NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ EN EL JUZGADO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, NI SUS AUTORIZADOS, A PESAR DEL CITATORIO JUDICIAL QUE SE LES DEJÓ CON ANTERIORIDAD)..VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 18/2022, promovido por ***; y, VISTOS, para dictar sentencia definitiva en el juicio de amparo indirecto 18/2022, promovido por Ausencio Velasco Montes; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Ausencio Velasco Montes, por propio derecho, mediante escrito presentado el seis de enero de dos mil veintidós, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, que hizo consistir en: "1.- El acuerdo de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitido dentro del cuaderno de antecedentes 07/2021. 2.- La negativa a reconocerme como jubilado -del Sindicato Independiente "3 DE MARZO". 3.- La omisión de pronunciarse respecto a la parte en la que le digo lo siguiente; -...Bajo protesta de decir verdad, he mencionar que soy jubilado y que soy miembro del Sindicato Independiente "3 DE MARZO", pero como desde junio de 2009 en que me pensioné no me han entregado ningún contrato colectivo, es más desde antes tampoco me daban referido contrato de trabajo, por ese motivo y como sé que aquí están en resguardo de la junta los contratos que se firman entre el sindicato "3 de Marzo" y el Municipio de Oaxaca de Juárez. Solicito se me expidan referidas copias certificadas. Incluso las necesito porque voy a demandar a la Dirección de Pensiones del Municipio de Oaxaca de Juárez...". 4.- La negativa a entregarme copia debidamente certificada del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Municipio de Oaxaca de Juárez y el Sindicato Independiente"3 'DE -MARZO" de empleados y Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento Municipio de Oaxaca de Juárez, vigente bienio 2011-2012. 5.- La negativa de entregarme copia debidamente certificada del contrato colectivo de trabajo, celebrado entre el Municipio de Oaxaca de Juárez y el Sindicato Independiente "3 DE MARZO" de empleados y Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, vigente bienio 2021- 2022. La negativa a entregarme copia debidamente certificada del contrato colectivo de trabajo, celebrado entre el Municipio de Oaxaca de Juárez y el Sindicato Independiente "3 DE MARZO" de Empleados y Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, vigente bienio 2009- 2010." Narró los antecedentes de los actos reclamados e invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de trece de enero de dos mil veintidós, previo cumplimiento del requerimiento que se hizo a la parte quejosa, se admitió a trámite la demanda de amparo, bajo el registro número 18/2022, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, que establece la competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, pues se promueve contra un acto de naturaleza administrativa, de los que conoce este Juzgado. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda de amparo es oportuna, en virtud de que la resolución que se combate a través del juicio de amparo fue notificada a la parte quejosa el nueve de diciembre de dos mil veintiuno (foja 37 tomo anexo I); por lo que, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo en comento en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el seis de enero de dos mil veintidós (foja 1); siendo que el plazo genérico para promover el juicio de amparo es de quince días, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo, es evidente que se hizo dentro del plazo legal establecido, pues dicho plazo concluiría el veintisiete de enero del año en curso, excluyéndose los días que la junta responsable disfrutó de su periodo vacacional, como fue del diez de diciembre de dos mil veintiuno al cinco de enero del presente año, como consta del oficio JAM/T.A./061/2021 de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, que obra en el legajo correspondiente de este juzgado. Resulta aplicable la siguiente tesis: "AMPARO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN, DEBEN EXCLUIRSE DEL CÓMPUTO, ADEMÁS DE LOS DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE LA MATERIA, LOS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 9/89, de la que derivó la jurisprudencia 3a. 42, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, página 279, de rubro: "AMPARO. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA NO DEBEN COMPUTARSE LOS DÍAS INHÁBILES POR VACACIONES DE LA AUTORIDAD.", determinó que los días comprendidos en los periodos vacacionales semestrales de los tribunales civiles, administrativos o del trabajo no son computables para el término de la presentación de la demanda de amparo indirecto, pues como en esos lapsos tales órganos se encuentran cerrados al público, las partes no tienen la oportunidad de consultar los autos y, por ende, preparar el material para la elaboración de la demanda. Dicho criterio es aplicable analógicamente en la promoción de juicios de amparo indirecto tramitados con fundamento en la Ley de Amparo vigente, a efecto de determinar la oportunidad en su promoción en los casos en que la autoridad responsable haya suspendido labores en días distintos a esos periodos, pues, de igual forma, en éstos el agraviado se encuentra imposibilitado para consultar el expediente del que emana el acto reclamado y, por ende, de preparar una defensa adecuada; sin que sea obstáculo el hecho de que el artículo 19 citado, disponga que son inhábiles para la presentación de la demanda, además de los sábados y domingos y los días expresamente señalados "aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor", pues este precepto debe interpretarse de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en forma integral con el resto de las previsiones relativas a la promoción del juicio constitucional, de modo que si el término genérico de 15 días previsto por el artículo 17 de la ley de la materia tiene por objeto que el quejoso prepare oportuna y eficazmente su defensa, este derecho se vería restringido si no se excluyen del cómputo los días en que la responsable suspendió labores. Máxime que el artículo 26 de la Ley de Amparo abrogada, vigente en la época de emisión de la jurisprudencia citada, también preveía un supuesto similar al destacado." TERCERO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, reclama: El acuerdo de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitido dentro del cuaderno de antecedentes 07/2021. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, aceptó en la existencia del acto que se le reclama; lo que acredita con las constancias que remitió, las cuales tienen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su normativo 2. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Registro: 394,261. Jurisprudencia. Materia: Común. Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN. Tesis: 305. Página: 206). "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Registro No. 394182. Localización: Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN. Página: 153. Tesis: 226. Jurisprudencia. Materia: Común). QUINTO. Causal de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, es necesario abordar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este tribunal llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Sirve de Apoyo, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2ª./J. 76/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 262 del tomo XIX, Junio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, materia Común, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE Y*A OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recure la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento." (Lo subrayado es de este Juzgado) En el presente caso, la autoridad responsable hace valer la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues refiere que la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio es extemporánea, debido a que el quejoso fue notificado del acto reclamado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Sin embargo, no le asiste razón, por los motivos expuestos en el considerando segundo de este fallo. En tales condiciones, al no advertirse la actualización de alguna otra causa legal, constitucional o jurisprudencial, es procedente realizar el examen del acto reclamado. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación no se transcriben en este apartado, pues con ello no se infringen disposiciones de la Ley de Amparo, ya que no existe precepto alguno que obligue a hacerlo; máxime que no se le deja en estado de indefensión, en razón de que no se le priva de la oportunidad de recurrir la sentencia que llegue a dictarse, si ésta le resulta desfavorable; como así lo establece la jurisprudencia 477 de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS" SÉPTIMO. Estudio del asunto. El análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, conducen a determinar lo siguiente: En ellos, el accionante de amparo alega, esencialmente, que el acto de autoridad transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto al negársele la expedición de copias de los contratos colectivos de trabajo que refiere, a pesar de haber señalado bajo protesta de decir verdad que es jubilado y miembro del Sindicato Independiente "3 DE MARZO" de Empleados y Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez. Hecha esta precisión, debe decirse que los conceptos de violación son infundados. En ese sentido, el acto reclamado es constitucional toda vez que el auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el cuaderno de antecedentes 07/2021, que contiene la negativa de otorgar copias certificadas a la parte quejosa del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Municipio de Oaxaca de Juárez y el Sindicato Independiente "3 DE MARZO" de Empleados y Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, correspondientes a los en los bienios 2009-2010; 2011-2012 y 2021-022, no es violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así se afirma, por las razones que se exponen a continuación. Al respecto conviene precisar que todo acto de autoridad está sujeto a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, los que, en la parte conducente, disponen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Bajo este panorama jurídico se examinará el asunto, a fin de evidenciar si: Se respetó la garantía de exacta aplicación de la ley. Se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. Consta por escrito. Proviene de autoridad competente. Está fundado y motivado. Ahora bien, del análisis realizado al acto reclamado se advierte que la autoridad responsable, al dictar el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en los cuales negó otorgar a la parte quejosa las copias certificadas del contrato colectivo de trabajo antes referido, cumplió con las exigencias establecidas numerales citados. Lo anterior es así, en virtud que la responsable, al dictar el auto mencionado, aplicó el contenido de los artículos 1, 7 párrafo segundo y 89 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, por lo que se advierte que se respetó la garantía de exacta aplicación de la ley mencionada, a que alude el artículo 14 Constitucional, ya que en lo que es materia de análisis se encuadra en el contenido de las disposiciones que contemplan dichos precepto legales. Asimismo, el acto reclamado cumple con los requisitos de legalidad que ordena el artículo 16 constitucional, ya que fue emitido por escrito y por autoridad judicial facultada para ello, toda vez que, como se mencionó, en el cuaderno de antecedentes 07/2021 obra por escrito el auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el cual fue dictado por los integrantes de la junta responsable en términos de los artículos 79 y 81 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez; por lo que el tema relativo a que provenga de autoridad competente, se encuentra acreditado. Además, fundó y motivó correctamente la causa legal de su proceder, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, lo anterior, en virtud de que citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso concreto, como son los artículos 1, 7 párrafo segundo y 89 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez. Asimismo, en el citado acuerdo esgrimió los motivos y circunstancias por los cuales dictó la determinación en el sentido en el que lo hizo, por ende, se estima que el auto reclamado cumple con los requisitos de fundamentación y motivación. Ahora, es infundada la alegada violación a los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues contrario a ello, como bien expuso la autoridad responsable, a efecto de obsequiar las peticiones del quejoso, éste debió acreditar que tiene personalidad para solicitar copias certificadas del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Municipio de Oaxaca de Juárez y el Sindicato Independiente "3 DE MARZO" de Empleados y Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, correspondientes a los en los bienios 2009-2010; 2011-2012 y 2021-022. Lo anterior, ya que de las constancias remitidas por la junta responsable, deducidas del cuaderno de antecedentes 7/2021, se obtiene que el motivo por el cual se acordó negarle las copias solicitadas, es porque no acreditó con documento alguno ostentar carácter ni personalidad como miembro del precitado sindicato, consideración que es correcta. De modo que al negar la solicitud del quejoso, con ello se cumple con el imperativo constitucional de seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe preservar en favor de los gobernado; por tanto como bien expuso la responsable, es al sindicato a quién debe solicitar la copia del contrato colectivo de trabajo que refiere Ahora, si bien es cierto que el quejoso en su escrito de solicitud, señaló, bajo protesta de decir verdad, pertenecer al sindicato de referencia, tal protesta no es suficiente no es suficiente para tener por acreditado dicho carácter. Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio: "Registro digital: 200896 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.4o.A.33 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Noviembre de 1996, página 418 Tipo: Aislada COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS A LAS RESPONSABLES SIN ACREDITAR EL PROMOVENTE LA PERSONALIDAD. Debe negarse el amparo y no sobreseerse si el quejoso no acredita con qué calidad se ostenta, a efecto de que se le expidan copias certificadas y la autoridad se las niega, pues con ello cumple con el imperativo constitucional de seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe preservar en favor de los gobernados, máxime si de autos no se desprende con qué calidad se ostentó el quejoso para solicitar las copias a la responsable." En conclusión, es constitucional el auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, a través del cual se negó la expedición de copias del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Municipio de Oaxaca de Juárez y el Sindicato Independiente "3 DE MARZO" de Empleados y Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, correspondientes a los en los bienios 2009-2010; 2011-2012 y 2021-022, pues no acreditó el carácter de integrante del sindicato de referencia, por lo cual no está legitimado para ello. Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación que esgrimió la parte quejosa y al no advertirse deficiencia de queja que de oficio deba suplirse en su favor, procede NEGAR el amparo y protección de la justicia federal. No obsta para lo anterior, que la parte quejosa haya ofrecido la prueba de informes (foja 21) así como exhibido las documentales consistentes en: Recibo de nueve de junio de dos mil nueve. Copia simple del oficio DPH/349/2009 de diecisiete de junio de dos mil nueve. Lo anterior, toda vez que, dichas pruebas no pueden ser analizadas en este juicio de amparo, ya que en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo el acto reclamado debe ser analizado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; por lo que no es factible tomar en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. OCTAVO. Datos personales. Ahora, toda vez que las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, se hace de su conocimiento que al hacer pública esta sentencia, o bien, atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sin ulterior pronunciamiento, se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado, indicando, en su caso, su contenido de manera genérica sin que se omita la información que constituya para este tribunal alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. En consecuencia, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, hecho lo anterior, glósese el acuse de envío correspondiente. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ausencio Velasco Montes, contra un acto de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, por las razones expuestas en el considerando séptimo de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Víctor Manuel Jaimes Morelos, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca; hoy catorce de junio de dos mil veintidós, fecha en que concluyó el engrose por así haberlo permitido las labores de este juzgado, ante la licenciada Martha Lourdes Lescas Caballero, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el escrito del quejoso, por el que se le tiene por hecha su manifestación en los términos que la formula para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que en proveído de tres de febrero del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable -Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez-, rindiendo su informe justificado, mismo que fue notificado por lista electrónica el cuatro siguiente. Por lo que a efecto de respetar el término de ocho días, a que se refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.504/2000, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO"1 Notifíquese por lista electrónica.
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