Ausencio Rangel Morales

Expediente 989/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
989/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
18/07/2018

Partes del expediente

  • Ausencio Rangel Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de julio de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICA lo siguiente: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del tres al dieciséis de julio de dos mil dieciocho, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de veintiocho de junio del año en cita, dictada por este juzgado, dentro del juicio de amparo número 989/2018 Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión. Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. El Secretario En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este juzgado el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que por una parte se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro de Documentación Judicial, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en virtud de que dentro del presente sumario obra un documento original exhibido por la parte quejosa, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio que tiene señalado en autos y requiera a la quejosa, con fundamento en el último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, a fin de que con identificación oficial vigente, en horario de labores, acuda ante este Juzgado a recoger el documento de mérito, el cual se pone a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Brenda.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con veinte minutos del veintiocho de junio de dos mil dieciocho, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 989/2018, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Carlos Saucedo Ramírez, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, inicia su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, de los informes justificados rendidos por el Congreso del Estado de Zacatecas (por conducto del director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos) (fojas 70-114), Gobernador del Estado de Zacatecas (a través del coordinador General Jurídico) (fojas 42-68) y, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas (fojas 116-174). A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con la documental ofrecida por el quejoso con su escrito de demanda (foja 32); asimismo, con el cd que envió la legislatura responsable (foja 114) y las documentales que anexó el secretario de Finanzas (fojas 173-174), ambas autoridades en apoyo a sus informes justificados. El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse desahogadas las pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza. En el periodo de alegatos, el secretario relaciona los formulados por la representación social de la adscripción en el pedimento visible a fojas 181-188. El juez acuerda: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen vertidos los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para expresarlos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 989/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Ausencio Rangel Morales demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Gobernador del Estado de Zacatecas. Legislatura del Estado de Zacatecas. Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "A través de la presente demanda de amparo, se reclama el decreto número 273, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, en específico del artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas vigente a partir del 01 de enero de 2018 y de los efectos que causa en los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 de la misma Ley de Hacienda. Lo anterior, toda vez que los artículos 78, 79, 80, 81, 82, y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, constituyen una verdadera unidad o sistema normativo, cuya base tributaria se vincula directamente con el artículo 99 de la referida Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. En estos términos, se reclama de cada una de las autoridades responsables lo siguiente: Del Congreso del Estado de Zacatecas: La discusión, aprobación, sanción y expedición de los artículos contenidos en el Decreto Número 273, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de coordinación y colaboración financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de derechos y defensa del contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la ley de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria del Estado de Zacatecas y de la ley de obligaciones, empréstitos y deuda pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, en específico del Artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y de los efectos que causa en los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 de la misma Ley de Hacienda. Del Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas: La promulgación y publicación del Decreto Número 273, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de coordinación y colaboración financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de derechos y defensa del contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la ley de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria del Estado de Zacatecas y de la ley de obligaciones, empréstitos y deuda pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, en específico del Artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y de los efectos que causa en los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 de la misma Ley de Hacienda. Del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas: La recaudación del impuesto adicional para la infraestructura y del derecho por servicio de control vehicular." Actos que, a su parecer resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 25 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de cinco de abril de dos mil dieciocho se admitió a trámite por las autoridades y actos señalados en el escrito inicial, por lo que se solicitaron los informes justificados; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: - De la Legislatura y del Gobernador del Estado de Zacatecas, respectivamente, la expedición y promulgación de: a) Los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que prevén el impuesto adicional para la infraestructura. b) El numeral 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente a partir del primero de enero de dos mil dieciocho, que establece el derecho por el servicio de control vehicular. Del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas: - La aplicación de los artículos 78 a 82 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, mediante el recibo con número de folio V 370368 (71 A). TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Legislatura del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado, aceptó la expedición de las normas combatidas (fojas 70-114 del juicio de amparo). Por otra parte, el Gobernador del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado, aceptó la promulgación de los artículos reclamados (fojas 42 a 68 del juicio de amparo). Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Por su parte, el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado aceptó el cobro del derecho por servicio de control vehicular y el impuesto adicional para la infraestructura (fojas 116-174). Lo anterior se corrobora con el recibo que la parte quejosa acompañó a su demanda de amparo, expedido por la Secretaría de referencia; documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: El veinte de marzo dos mil dieciocho, el solicitante del amparo erogó en favor de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, la cantidad de $ 1,552.00 (mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N, entre otros, por los conceptos de derecho de control vehicular y por impuesto adicional para la infraestructura, tal y como se advierte del recibo que acompañó a la demanda de amparo. Las contribuciones anteriores constituyen la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Causal de improcedencia. Hipótesis actualizada. La Legislatura, el Gobernador y el Secretario de Finanzas, todos del Estado de Zacatecas, al rendir sus respectivos informes justificados, manifestaron que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues, aducen sustancialmente que los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que regulan el impuesto adicional para la infraestructura, iniciaron su vigencia el uno de enero de dos mil diecisiete, sin que fueran modificados con motivo de la expedición del artículo 99 del citado ordenamiento legal; aducen las responsables que del comprobante de pago exhibido por la parte quejosa, se advierte que esta última únicamente pagó el impuesto adicional relativo al ejercicio dos mil dieciocho, por lo que puede colegirse válidamente que el solicitante del amparo pagó el impuesto adicional en el ejercicio dos mil diecisiete, es decir, que no impugna el primer acto de aplicación de los citados artículos, toda vez que la demanda se presentó fuera del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, de ahí que, dicen las responsables, debe entenderse que consintió tácitamente los actos que hoy reclama extemporáneamente. En esa lógica, dice la Secretaría responsable, la parte quejosa ha erogado y realizado el pago de las contribuciones en ejercicios fiscales anteriores al año dos mil dieciocho, como el relativo al impuesto adicional para la infraestructura, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho de control vehicular, lo que se desprende del ticket y del Comprobante Fiscal Digital que adjuntó a su informe (fojas 173-174), correspondientes al pago de contribuciones del ejercicio fiscal dos mil diecisiete que efectuó en aquél momento el peticionario del amparo. Para ello, señala que el ticket correspondiente al año dos mil diecisiete fue obtenido del Sistema Integral de Información Financiera, el cual funciona como respaldo de todos aquellos recibos que son emitidos por la propia Secretaría una vez que son pagados por los contribuyentes; por tanto, aduce que el mismo debe tener eficacia probatoria plena a efecto de tener por comprobada la causal de improcedencia denunciada. Aunado a lo anterior, afirma que el Comprobante Fiscal Digital cumple con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, el cual es generado como comprobante de que el Estado obtuvo dicho ingreso durante un ejercicio fiscal determinado; del cual concluye, que al ser un documento eficaz y pleno se deba tener que la parte quejosa erogó en el ejercicio fiscal dos mil diecisiete la contribución correspondiente al impuesto adicional para la infraestructura, constituyéndose así el primer acto de aplicación de dichas normas. Lo anterior resulta fundado por las siguientes consideraciones: Con el ánimo de exponer la conclusión alcanzada, es menester tener presente que los artículos 61, fracción XIV y 17 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Asimismo, cabe puntualizar que, de conformidad con la técnica del juicio de amparo contra leyes de carácter heteroaplicativo, como la que ahora nos ocupa, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne al acto de su aplicación, ya que, en principio el juzgador está compelido a examinar si el juicio constitucional resulta procedente contra el acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que se concreta en perjuicio de la parte quejosa, y si en relación con él no se justifica una diversa causa de improcedencia; de no ser así procederá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada; empero, de resultar procedente el juicio de amparo contra el acto de aplicación, debe analizarse, en primer término, la constitucionalidad de la disposición impugnada y resolverse lo conducente y, sólo en el caso de que se determine negar la protección de la Justicia de la Unión, procede abordar el estudio de los conceptos de violación dirigidos a combatir el acto de aplicación; por ende, por regla general, no es factible analizar cuestiones de legalidad antes de la constitucionalidad de la norma reclamada. Al caso, se estima aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, de registro 191311, cuyo contenido es: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En relación al denominado Comprobante Fiscal Digital adjuntado como prueba por la autoridad responsable mencionada, debe otorgársele valor probatorio en términos del artículo 210-A del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al cual debe atenderse preponderadamente a la fiabilidad del método en que haya sido generado y si el contenido de la información es atribuible a las personas obligadas. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de 2ª./J. 24/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página 530, Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DECLARACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL. LA CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA SIMPLE SON APTAS PARA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES EN QUE AQUÉLLA SE SUSTENTÓ. De acuerdo con el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes deben realizar pagos y presentar las declaraciones respectivas en documentos digitales a través de los medios electrónicos señalados por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas generales y este último, conforme al artículo 17-E del propio ordenamiento, por la misma vía remitirá el acuse de recibo que contenga el sello digital, consistente en la cadena de caracteres generada por la autoridad, la cual permita autenticar su contenido. De esa forma, si para cumplir con las indicadas obligaciones fiscales, por disposición legal, debe hacerse uso de una interconexión de redes informáticas, a través de la cual el contribuyente y las autoridades fiscales se transmiten información directamente desde computadoras, prescindiendo de constancias impresas, para valorar la información obtenida de dicha red, o sus copias simples, no debe acudirse a las reglas aplicables en cuanto al valor probatorio de documentos impresos, sino a la regulación específica prevista en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al cual debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la información relativa es atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su ulterior consulta. Así, tratándose del cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de medios electrónicos, el método por el cual se generan los documentos digitales está previsto en la ley y, además, el propio legislador y la autoridad administrativa, a través de reglas generales, han desarrollado la regulación que permite autenticar su autoría, de manera que su impresión o su copia simple son aptos para demostrar la aplicación de los preceptos legales que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en la declaración, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en ella." Así, de dicho comprobante digital se advierten diversas características que tornan el mismo en un medio de eficaz de convicción, tales como la cadena de caracteres denominados sello digital y cadena original de certificación digital, ambos validados por el Sistema de Administración Tributaria, así como el registro federal de contribuyentes de la parte quejosa, la fecha y hora de pago, la forma de pago, el periodo, el impuesto y la cantidad que se pagó, llegando a la conclusión de que el mismo es idóneo para determinar que la parte quejosa en el ejercicio dos mil diecisiete erogó diversa cantidad a efecto de pagar el impuesto adicional para la infraestructura. Lo cual se adminicula estrechamente con el ticket obtenido del Sistema Integral de Información Financiera de la Secretaria de Finanzas del Estado, pues el mismo refiere idénticos datos relativos a la fecha, número de recibo y cantidad erogada por la contribuyente, ahora parte quejosa, respecto del impuesto adicional a la infraestructura en el mencionado ejercicio fiscal; generando así, identidad y relación entre ambos documentos. Al respecto, de los datos relativos a la hora, fecha, folio y tipo de operación que se desprenden, tanto del Comprobante Fiscal Digital como del ticket, se tiene que el siete de febrero de dos mil diecisiete la parte quejosa erogó lo relativo al impuesto adicional de infraestructura, por tanto, si desde el citado momento se aplicó a su esfera jurídica lo atinente a los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, es indudable que este juicio constitucional no se promovió con motivo del primer acto de aplicación, sino uno ulterior. Esto es así, pues los numerales 78 a 82 de la ley hacendaria referida no sufrieron modificación alguna a través de Decreto 273, por virtud del cual únicamente fue reformado el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, quedando dichos numerales intocados desde su expedición a través del diverso Decreto 109, publicado en el Periódico Oficial el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada I.7o.A.183 A emitida por el séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página 1351, Tomo XVI, septiembre de 2002, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DECLARACIONES FISCALES PRESENTADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (VÍA INTERNET). EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SE ACREDITA CON ACUSE DE RECEPCIÓN QUE CONTENGA LOS DATOS REFERENTES A LA HORA, FECHA, FOLIO Y TIPO DE OPERACIÓN, TRANSMITIDO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE. Para acreditar el primer acto de aplicación y, por ende, el interés jurídico del gobernado para acudir al juicio de amparo a reclamar una ley, basta con la exhibición de la constancia de recepción de la declaración y pago correspondiente, presentada a través de los medios electrónicos, específicamente en la página del Servicio de Administración Tributaria de la red respectiva que contenga los datos relativos a la hora, fecha, folio y tipo de operación, para considerarse acreditado el acto de aplicación de las normas reclamadas en el juicio de garantías, toda vez que las constancias de referencia son el único documento que se puede obtener para demostrar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación y la regla número 2.10.7. de la miscelánea fiscal vigente para el año dos mil uno." En ese contexto, en relación al acto de aplicación relativo, únicamente, al pago del impuesto referido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al materializarse la causa de improcedencia en estudio respecto del acto de aplicación del pago del impuesto en estudio, procede sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa, en relación de los dispositivos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, pues no se puede desvincular el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, ya que éste acto es el que causa perjuicio a la parte quejosa y no por sí sola la ley considerada en abstracto. Por último, éste órgano jurisdiccional debe precisar que para que opere la suplencia de la queja deficiente a favor de la parte quejosa, tratándose de que cuando un ulterior acto de aplicación se sustente en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia, es menester que la norma legal aplicada en perjuicio del gobernado sea precisamente la declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea, a través de jurisprudencia específica o temática. En ese sentido, de la contradicción de tesis 25/2006-PL resuelta por el Pleno del más alto tribunal de nuestro país, estipuló que la jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes es aquella que determina que el supuesto normativo previsto en una disposición general impugnada, no puede tener cabida en ninguna ley, por ser contraria a la Constitución, y cuya construcción argumentativa revele un nivel de abstracción de tal índole, que evidencie el desprendimiento de una regla constitucional reconocida de manera general, frente a todo tipo de leyes que prevean las mismas figuras estimadas inconstitucionales. Ahora bien, si bien es cierto que éste órgano de amparo tiene conocimiento de la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 126/2013 (10a) emitida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA", la misma no puede considerarse como un criterio genérico aplicable a cualquier texto legal del sistema jurídico mexicano, esto es, una tesis de jurisprudencia denominada "temática", pues la misma no establece que todo aquel impuesto que grave en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza previamente sujeta a imposición, a través de un impuesto primario, cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica viole el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal; sino más bien, se trata de una jurisprudencia especifica que versa sobre un texto legal determinado que precisa su sentido en relación con la propia Constitución Federal, con el objeto de puntualizar la conducta jurídica prohibida. Además, en la contradicción de tesis aludida, se establece la necesidad de que sea la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación quien declare que el vicio legislativo alcanza a todas las leyes que prevean las mismas figuras estimadas inconstitucionales, pues es a la propia Corte a quien le corresponde definir criterios de tal naturaleza, los cuales implican un análisis genérico de los supuestos normativos que por ningún motivo o razón podrían encontrar cobijo en un sistema constitucional que a todas luces los repele. Por tanto, no es procedente suplir la queja deficiente tratándose del ulterior acto de aplicación, en términos de lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 104/2007 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia resulta innecesario el estudio de diversas causales de improcedencia relacionadas con los artículos precisados. SEXTO. Reproducción innecesaria de los conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación vertidos, ya que para mayor claridad de la sentencia éstos se sintetizarán al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente a partir del primero de enero de dos mil dieciocho. Por cuestión de técnica jurídica, y con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, procede el estudio de los conceptos de violación, en un orden diverso al planteado en la demanda de amparo. En el segundo concepto de violación, la parte quejosa aduce que los artículos reclamados transgreden el derecho fundamental de legalidad y certeza jurídica consagrados en el artículo 16 de la constitución, en virtud de que ni en la Ley de Hacienda de Zacatecas, ni en el decreto 273 de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, existe fundamentación y motivación que permita conocer la justificación o las bases para calcular el costo del cobro por los derechos de control vehicular, por lo que se está en presencia de una legislación recaudatoria, que rompe con el principio de legalidad. En primer lugar, para determinar si asiste o no razón a la parte quejosa, conviene informar el contenido de la tesis de jurisprudencia P./J. 120/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual está publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, de diciembre de 2009, página 1255, que establece: "MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. Los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. Tratándose de las reformas legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos supuestos se estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate. Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla general, ameritan un análisis poco estricto por parte de la Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. En efecto, en determinados campos -como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- un control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde analizar si ese tipo de políticas son las mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios democrático y de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Por el contrario, en los asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Poder Legislativo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto el orden constitucional así lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma." En el criterio que antecede el alto tribunal estableció que la motivación de los actos legislativos puede ser de dos tipos: reforzada u ordinaria. La motivación reforzada es exigida en los casos en que se detecte una categoría sospechosa, es decir, una regulación que incida en aspectos sumamente delicados, cuya observancia involucre valores constitucionales que eventualmente puedan ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. Generalmente, las categorías sospechosas inciden sobre el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas. En estos casos, para colmar el requisito de motivación reforzada, es indispensable que el órgano legislativo razone la necesidad de que la regulación se emita en esos términos, es decir, exponga las razones que justifiquen la necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos y pondere específicamente las circunstancias concretas del caso. Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna categoría sospechosa, es decir, cuando en la norma emitida no subyace algún riesgo para los derechos fundamentales o bienes constitucionalmente análogos, por ejemplo, aquellas que versan sobre la materia económica o de organización administrativa del Estado. Por esa razón, el análisis sobre el cumplimiento del requisito de motivación en estos casos es poco estricto, a fin de no vulnerar la libertad política del legislador, ya que un control muy riguroso llevaría al juez constitucional a sustituir la función del legislador, lo que no tiene sustento jurídico, pues a este último corresponde en exclusiva analizar la conveniencia de las políticas estatales que deban implementarse. Con base en estas explicaciones, el Pleno del alto tribunal concluyó que en los casos en que el texto constitucional limite la discrecionalidad del Poder Legislativo, por tratarse de cuestiones que puedan constituir categorías sospechosas, el escrutinio judicial por parte de los órganos de amparo debe ser mayor a fin de respetar el diseño establecido en el ordenamiento supremo, mientras que en los restantes supuestos la injerencia de los jueces debe ser menor a fin de no afectar el principio democrático de separación de poderes. De lo considerado se sigue que el campo económico constituye un ámbito sobre el cual el legislador tiene un margen amplio de configuración, sobre el cual no puede ejercerse un control estricto, en atención a los principios democrático y de separación de poderes. En consecuencia, para la determinación del sistema tributario, el legislador puede desenvolverse en un margen de configuración amplio, pues el Congreso de la Unión tiene un aspecto legítimo para definir el modelo y las políticas tributarias que en cada momento histórico cumplan con sus propósitos de la mejor manera, sin violentar los principios constitucionales. Lo anterior según se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 159/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, diciembre de 2007, página 111. "SISTEMA TRIBUTARIO. SU DISEÑO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁMBITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA, RESPETANDO LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES. El texto constitucional establece que el objetivo del sistema tributario es cubrir los gastos públicos de la Federación, del Distrito Federal y de los Estados y Municipios, dentro de un marco legal que sea proporcional y equitativo, por ello se afirma que dicho sistema se integra por diversas normas, a través de las cuales se cumple con el mencionado objetivo asignado constitucionalmente. Ahora bien, la creación del citado sistema, por disposición de la Constitución Federal, está a cargo del Poder Legislativo de la Unión, al que debe reconocérsele un aspecto legítimo para definir el modelo y las políticas tributarias que en cada momento histórico cumplan con sus propósitos de la mejor manera, sin pasar por alto que existen ciertos límites que no pueden rebasarse sin violentar los principios constitucionales, la vigencia del principio democrático y la reserva de ley en materia impositiva. En tal virtud, debe señalarse que el diseño del sistema tributario, a nivel de leyes, pertenece al ámbito de facultades legislativas y que, como tal, lleva aparejado un margen de configuración política -amplio, mas no ilimitado-, reconocido a los representantes de los ciudadanos para establecer el régimen legal del tributo, por lo que el hecho de que en un determinado momento los supuestos a los que recurra el legislador para fundamentar las hipótesis normativas no sean aquellos vinculados con anterioridad a las hipótesis contempladas legalmente, no resulta inconstitucional, siempre y cuando con ello no se vulneren otros principios constitucionales". Por tanto, al versar sobre un ámbito respecto del cual el legislador tiene un margen amplio de configuración, las leyes tributarias deben estar sometidas a una motivación legislativa ordinaria, es decir, la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso. En consecuencia, en tratándose de leyes tributarias, la motivación está inmersa en el fin propio perseguido por la contribución que es destinarla a cubrir el gasto público en beneficio de la colectividad. Luego, el legislador no está obligado a razonar o explicar el por qué se crea la prestación patrimonial pública, porque se trata de relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, al existir el deber de contribuir para tales gastos en términos del artículo 31, fracción IV, constitucional. Establecidas las anteriores explicaciones, se tiene que el artículo 99 de la Ley de Hacienda de Zacatecas, dice: "Artículo 99. El derecho de control vehicular con vigencia al treinta y uno de marzo del año siguiente, deberá efectuarse los primeros tres meses del año que corresponda......$2,350.00.". La disposición reclamada se limita a establecer que el derecho de control vehicular con vigencia al treinta y uno de marzo del año siguiente, deberá efectuarse los primeros tres meses del año que corresponda, por la cantidad de dos mil trescientos cincuenta pesos. Como se ve, dicho precepto regula la cantidad que por cuota única se pagará en el Estado de Zacatecas, por el pago de derecho de control vehicular. Sin embargo, no se advierte que en dicha disposición se localice alguna categoría sospechosa, es decir, una regulación que incida en aspectos sumamente delicados, cuya observancia involucre valores constitucionales que eventualmente puedan ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. Como se dijo anteriormente, las categorías sospechosas generalmente inciden en el derecho a la igualdad y no discriminación; sin embargo, el artículo reclamado no establece alguna distinción respecto del tributo de que se trata, es decir, no señala que sólo determinadas personas estarán sujetas al pago del derecho, o bien, que la cuota única sólo será obligatoria para unos contribuyentes, mientras que otros quedarán vinculados a diversa cuota. Por tanto, la motivación de dicho acto legislativo debe ser ordinaria y no reforzada, y para corroborar ese requisito los órganos de amparo deben realizar un análisis poco estricto, a fin de no vulnerar la libertad política del legislador pues, como sostuvo el Pleno del alto tribunal en la tesis jurisprudencial reseñada, un control muy riguroso llevaría al juez constitucional a sustituir la función del legislador, lo que no tiene sustento jurídico, al ser a este último a quien corresponde en exclusiva analizar la conveniencia de las políticas estatales que deban implementarse. En estas condiciones, se tiene que el artículo reclamado satisface el requisito de motivación ordinaria en virtud de que proviene de un proceso legislativo seguido por las autoridades competentes para tal efecto y se refiere a una situación jurídica y social cuya regulación se consideró conveniente y/o necesaria, sin que se requiera que en la exposición de motivos o en los dictámenes de la Asamblea Legislativa se asentaran los señalamientos precisos que llevaron a la fijación de la tasa única por concepto de control vehicular. Máxime que, sobre la reforma al artículo 99 de la Ley de Hacienda de Zacatecas, el Congreso del Estado de Zacatecas, en la exposición de motivos que acompaña al Decreto 273, externó, entre otras cuestiones, que: ". En este rubro de reformas, se propone el cambio de diversificación de tasas a cuotas únicas, como resultado de los amparos interpuestos por los contribuyentes en materia de Derechos de Control Vehicular y de Derechos por inscripciones registrales, de los que se desprenden diversos argumentos sobre la proporcionalidad de esta contribución al estar segregada por diversos componentes del servicio, y toda vez que en criterio de las autoridades judiciales de la federación, debe ser el pago de derechos a través de cuotas únicas. Bajo este contexto, si bien es cierto, que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública, y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y por lo tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes en tasas únicas no segmentadas pues lo mismo se invierte por el Estado en la prestación de un servicio u otro de la misma naturaleza, pues no debe atender a causas o condiciones ajenas a dicho servicio. (.)". De lo anterior se desprende que la aludida legislatura sí expresó razones por las que estimó era necesario implementar a nivel estatal una cuota única para el cobro de derechos de control vehicular, evidenciando con ello que el legislador respetó las garantías de fundamentación y motivación que es exigible a los actos legislativos, ya que expuso las razones para explicar el por qué era necesario establecer esa cuota única. Además, el legislador no está constitucionalmente obligado a que cada una de las disposiciones que conforman un ordenamiento legal deben ser necesariamente materia de una motivación específica, para su observancia basta con que la ley emane de órgano facultado para ello y que ésta regule relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, lo que en el caso se cumple. Así es, la ley emana del Congreso de Zacatecas, que es la entidad encargada y facultada para la expedición de las leyes de ese estado; y de la exposición de motivos se aprecian las razones que motivaron la fijación de la tasa única para cobro de control vehicular. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 2000, Tomo I, Materia Constitucional, Séptima Época. Página 269, del tenor siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica". De ahí que el planteamiento examinado resulte infundado. En el tercer concepto de violación, la parte quejosa aduce que el artículo reclamado, transgrede el principio de proporcionalidad consagrado en la fracción IV del artículo 31 de la constitución. Que lo anterior es así, pues estima que el salario mínimo para el dos mil dieciocho es de ochenta pesos con cuatro centavos diarios, tomando en cuenta que el costo de los derechos por control vehicular tienen un costo de dos mil trescientos cincuenta pesos, concluye que el costo real es de 29.36 días de trabajo, y tomando en cuenta que el sesenta por ciento de los ciudadanos de Zacatecas viven en un estado de pobreza, estima que se rompe con el principio de capacidad contributiva; además, dice que el pago de control vehicular produce el cobro inmediato del impuesto adicional a la infraestructura, correspondiente al treinta por ciento, lo que al final implica un costo total de 38.16 jornadas de salario mínimo. En ese sentido, manifiesta que el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, impone un mismo cobro para todos los ciudadanos sin tomar en cuenta la capacidad contributiva de éstos. Son infundados los conceptos de violación en atención a las siguientes consideraciones: En efecto, la satisfacción de las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales establecidas por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, a través de una escala de mínimos a máximos en función del capital del causante de los derechos correspondientes, únicamente es aplicable a los impuestos, pues tratándose de derechos, de acuerdo con la doctrina jurídico fiscal y la legislación tributaria, éstos son las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo o sus dependencias a personas determinadas que los soliciten, de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos debe tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Así, tratándose de los derechos fiscales, las garantías de proporcionalidad y equidad previstas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, operan con un sistema distinto al de los impuestos, ya que de acuerdo a la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos deben entenderse las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo en sus funciones de derecho público y, en su caso, por organismos descentralizados o desconcentrados, así como por concepto del uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación o de la Ciudad de México, mientras que por impuestos se entienden las contribuciones establecidas en la ley a cargo a las personas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas en aquéllas, derivando de tal diferencia distintos modos de apreciar y aplicar los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad. Lo anterior, fue reconocido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que se localiza en la página 23, Volumen 169-174 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. La satisfacción de las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales establecidas por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que las leyes tributarias tratan de llevar a cabo en materia de derechos a través de una escala de mínimos a máximos en función del capital del causante de los derechos correspondientes, traduce un sistema de relación de proporcionalidad y equidad que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo o sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos". En consecuencia, el principio de proporcionalidad que rige a los derechos fiscales se funda, generalmente, en que el monto de las cuotas o tarifas de éstos, deben guardar una correspondencia razonable con el costo del servicio que presta el Estado, de manera tal que se respete la garantía de proporcionalidad tributaria en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, función esta última que le corresponde al elemento tributario conocido como base imponible, así como la congruencia entre hecho imponible y base, porque además de ser un requisito de proporcionalidad, es también cuestión de lógica interna de los tributos, porque de lo contrario existiría imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cuál es la categoría tributaria que realmente se regula. Además, para la fijación de la cuota o tasa aplicable sobre la base del derecho, debe tomarse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre este costo y el monto de la cuota no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio necesariamente tenga que corresponder exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se otorgan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. En ese contexto, el artículo 99 de la Ley de Hacienda de Zacatecas para el año dos mil dieciocho, establece: "Artículo 99. El derecho de control vehicular con vigencia al treinta y uno de marzo del año siguiente, deberá efectuarse los primeros tres meses del año que corresponda......$2,350.00" El artículo transcrito establece como tarifa única el cobro de dos mil trescientos cincuenta pesos por concepto de derecho de control vehicular. De lo antes expuesto, se advierte que resultan infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, ya que la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, específicamente en el artículo 99, establece un cobro único por el Derecho Control Vehicular por la cantidad de $2,350.00 (dos mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), de lo que se advierte que a todos aquellos gobernados que se ubican en el supuesto del aludido numeral, se les aplica la misma tarifa contenida en éste, lo que de manera efectiva cumple con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria de los derechos, ya que tratándose de derechos, los mencionados principios tributarios se miden en una forma distinta de los impuestos, porque en lo tocante a los derechos, no interesa la capacidad contributiva del sujeto pasivo del tributo, como sí ocurre tratándose de impuestos, de ahí que si a todos los contribuyentes de un derecho por servicio, que soliciten la misma actividad que presta el Estado, se les cobra la misma tarifa, de esa manera se respeta el principio de proporcionalidad tributaria. En suma, contrariamente a lo pretendido, la capacidad contributiva de los sujetos del derecho por control vehicular no resulta un parámetro aplicable para evaluar la proporcionalidad de dicha contribución, pues únicamente debe atenderse para tal efecto a la relación que exista entre la cuota y el costo del servicio público involucrado. En relación con lo anterior, en el primer concepto de violación, la parte quejosa aduce que el artículo 99 de la Ley de Hacienda de Zacatecas, transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, en virtud de que considera que no existe correlación entre la prestación del servicio público y el monto de la cuota fijada en cada concepto fijada en el aludido numeral, ya que para considerarlo correcto, debe tomarse en cuenta única y exclusivamente las erogaciones que el estado ejecute en servicio de control vehicular, lo cual dice que no acontece así. Al respecto, cita el artículo 55 de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, del cual manifiesta que nace el Registro Estatal de Vehículos y Concesiones, que debe estar actualizado, mismo que se mantiene, al menos con cuatro procedimientos: altas de nuevos registros en el padrón; bajas del padrón; transmisiones de propiedad; y refrendo anual de automóviles que permanecen en servicio con las mismas características y dueños. Así, manifiesta, que el alta de un vehículo y entrega de placas tiene un costo de mil doscientos cincuenta pesos y la baja tiene un costo de ciento cincuenta pesos; sin embargo, el control vehicular supera esos rangos teniendo un costo de dos mil trescientos cincuenta pesos, lo que evidencia un costo alto, que transgrede los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad. El motivo de inconformidad anterior resulta infundado, conforme a lo siguiente: El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (...) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." De este precepto se deduce que todo gobernado debe aportar aquellas contribuciones al gasto público impuestas por el Estado, mismas que deben atender a los siguientes principios constitucionales: 1. Legalidad. 2. Proporcionalidad. 3. Equidad, y 4. Destino al gasto público. Por tanto, es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación y de la Ciudad de México o del Estado o Municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En ese sentido, en materia de contribuciones, se reitera, los derechos constituyen una cuota a cargo del contribuyente en relación con la prestación de un servicio por parte del Estado. Como se consideró, la proporcionalidad de ese tipo de contribuciones se determina por la razonable correlación o avenencia entre el costo del servicio y el monto de la cuota, mientras que para la equidad debe verificarse que todos los que reciben igual servicio paguen la misma cuota. Luego, se insiste, para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos deben tomarse en cuenta únicamente elementos que trasciendan al costo del servicio prestado. En ese sentido, en la tesis de jurisprudencia que enseguida se cita, el Pleno del Más Alto Tribunal del País estableció que de acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten, de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. La invocada tesis de jurisprudencia es la número P./ J. 2/98, y se publica en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Materias Constitucional y Administrativa, página 41, que dice: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten, de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.". En consecuencia, por regla general, para analizar la proporcionalidad y equidad de una norma que establece un derecho, se debe tomar en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, ya que la cuota no puede contener elementos ajenos al costo del servicio prestado sin que exista una justificación razonable, por lo que debe existir congruencia con el costo que representa para la autoridad el servicio relativo. En ese sentido, el costo por el servicio público tiene que ser individualizado al usuario atendiendo a su uso o consumo, considerando que el servicio que le da origen sea susceptible de ser dividido en unidades de consumo o de uso, es decir, individualizado en el contribuyente. Así, atendiendo a que los costos que despliega el Estado para prestar los servicios son de difícil cuantificación por los factores inmanentes en su ejecución, las bases conforme a las cuales se debe analizar la constitucionalidad de los derechos por servicios debe ser conforme a parámetros de razonabilidad y no de cuantía. Es decir, para individualizar el costo del servicio es necesario que exista una razonabilidad entre el costo del servicio y la cuota que se cobra, ya que sería imposible que algún elemento normativo estableciera parámetros para verificar si es acorde cuantitativamente el costo del servicio con la cuota del derecho que individualiza en cada sujeto, dado que, se reitera, los costos que despliega el Estado para prestar los servicios son de difícil cuantificación, dada la complejidad de su ejecución. Por tanto, la única forma en que es posible medir el costo del servicio para efecto de poder individualizarlo es mediante parámetros de razonabilidad relacionados con el tipo del servicio y las actividades que desarrolla el Estado para prestarlo. En ese sentido, para analizar la razonabilidad entre el costo del servicio y el cobro de éste, atendiendo a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, es necesario que el legislador configure la contribución a través de referentes adecuados y parámetros objetivos, con base en los cuales se refleje el costo en que incurre el Estado de acuerdo con el uso o consumo del servicio, y cubra más del costo quien más lo utilice. Por tanto, tratándose de derechos por servicios, deben analizarse en función de la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate, a través de criterios de razonabilidad y no de cuantía, por lo que no es posible exigir un registro que proporcione información respecto del costo exacto del servicio expresado en cantidades numéricas. Es sustento de lo expuesto, la tesis P. V/2012 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página: 227: "DERECHOS POR SERVICIOS. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de derechos por servicios, deben analizarse en función de la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate, a través de criterios de razonabilidad y no de cuantía, ya que para el caso de servicios divisibles prestados por el Estado, el equilibrio entre el costo del servicio y la cuota a pagar debe efectuarse mediante el establecimiento de criterios razonables, conforme a los cuales desde un análisis cualitativo, se verifique que la individualización del costo se efectúa en función de la intensidad del uso del servicio. En este sentido, el análisis de razonabilidad consiste en verificar que la unidad de medida utilizada para individualizar el costo del servicio, esto es, el referente, se relacione con su objeto y que el parámetro individualice los costos en función de la intensidad del uso, lo que conlleva a que pague más quien más utilice el servicio. Por su parte, para el análisis del parámetro debe identificarse si el tipo de servicio es simple o complejo, para con ello determinar si en la cuota debe existir o no una graduación; así, los servicios simples son aquellos en los que las actividades que desarrolla directamente el Estado para prestarlos no se ven modificadas por su objeto, mientras que en los complejos las actividades directamente relacionadas con la prestación del servicio varían con motivo de las características de su objeto; en este sentido, en el primer caso el parámetro no debe reflejar una graduación en la intensidad, pues el aumento en el uso está determinado por las veces en que se actualice el hecho imponible, mientras que en el segundo el parámetro debe reflejar la graduación en la intensidad del uso". Además de lo anterior, la contraprestación dada por un servicio prestado por el estado no debe entenderse como en el derecho privado y su costo debe corresponder exactamente al valor dicho servicio, ya que los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, dado que tienden a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Es así, porque el Estado no es empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, pues se reitera, se organiza en función del interés general y secundariamente, en el de los particulares. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada visible en la página 69 del volumen 175-180, primera parte, séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DERECHOS FISCALES. Es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación tributaria, las contribuciones conocidas como derechos son las contraprestaciones que se pagan al Estado como precio de los servicios administrativos prestados, pero este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en esencia, que la palabra contraprestación no debe entenderse en el sentido de derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, pues éste se organiza en función del interés de los particulares; y los derechos que se pagan por los servicios recibidos constituyen un tributo impuesto autoritariamente por el Estado a los particulares que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y que, por lo tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con el gravamen correspondiente, que recibe el nombre de derechos". Ahora bien, la elección de la unidad de medida conforme a la cual se individualiza el costo, y en cómo se aplica éste, ya sea mediante cuota, tarifa o rango, es parte de la libertad de configuración de la que goza el legislador, pues en el caso de normatividad con efectos tributarios, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado. Es ilustrativo de lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XXIV, noviembre de 2006, página: 29: "ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES. Acorde con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXXIII/2004, de rubro: 'IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).', siempre que la acción clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación. De igual manera, en aquellos asuntos en que el Texto Constitucional limita la discrecionalidad del Congreso o del Ejecutivo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. Para este Alto Tribunal es claro que la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta evidente que la Constitución Federal exige una modulación del juicio de igualdad, sin que eso implique ninguna renuncia de la Corte al estricto ejercicio de sus competencias de control. Por el contrario, en el caso de normatividad con efectos económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el Texto Constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. En tales esferas, un control muy estricto llevaría al Juez constitucional a sustituir la competencia legislativa del Congreso -o la extraordinaria que puede corresponder al Ejecutivo-, pues no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias." En suma, un derecho será proporcional y equitativo mientras los parámetros elegidos por el legislador para su cálculo sean razonables y objetivos, lo que implica la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate en función de la intensidad de su uso por parte del contribuyente, sin que puedan establecerse criterios cuantitativos. En ese sentido, cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo del servicio, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo Lo considerado se desprende de la tesis 2a. CX/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 1589: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen.". Por tanto, no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado. De acuerdo con lo anterior, si el legislador, en la Ley de Hacienda combatida consideró el costo de $2,350.00 (dos mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), como contraprestación que debe pagar el gobernado por la prestación del servicio de control vehicular y, dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio, entonces se concluye que ello, en sí mismo, no resulta violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria en materia de derechos, porque debe entenderse que corresponde el costo fijado por la prestación del servicio involucrado, el cual, como se expuso, no necesariamente debe corresponder de manera exacta (cuantitativa) con lo que cuesta al Estado la prestación del servicio. En esa línea, son infundadas las manifestaciones en estudio, en primer lugar, porque la parte quejosa, parte de la premisa de que la cuota única por concepto de derecho de control vehicular transgrede los aludidos principios, en virtud de que dicha cantidad no guarda relación con el costo del alta y baja de un vehículo, así como el costo de la entrega de placas; sin embargo, dicha premisa resulta incorrecta, y en consecuencia la conclusión a la que arribó la parte quejosa como enseguida se verá. En efecto, lo incorrecto de la premisa de la que parte la parte inconforme es que compara el costo del servicio de expedición de placas, alta y baja de un vehículo con el de control vehicular; sin embargo, el costo de estos servicios no guarda relación directa con la cantidad que se cobra por concepto de control vehicular, pues se trata de servicios distintos que presta el estado. Esto es así, ya que el control vehicular es un derecho que los contribuyentes pagan por el servicio que el Estado otorga para tener información vigente y actualizada del padrón de vehículos en dicho territorio. De manera que, como refiere el amparista, puede considerarse que el alta y baja en ese registro inciden en la finalidad destacada, al ser presupuestos de la necesidad de realizar el control vehicular. No obstante, los costos de los servicios referidos (alta y baja) no constituyen un parámetro válido para determinar el costo del servicio de control en comento, porque: 1. Se trata de servicios que, aunque relacionados, gravan una actuación estatal distinta, pues un supuesto es el ingreso al padrón, otro la baja y uno diverso el control o revalidación del padrón respectivo, por lo que resulta congruente que se establezcan costos distintos. Esto es, si bien tales servicios pueden englobarse en la misma función estatal, se trata de distintos aspectos de ésta y, por ende, la intervención del Estado es diversa. 1.1. En relación con el emplacamiento, es evidente que se trata de un servicio específico relacionado con la dotación de dichos elementos de identificación, por lo que el costo del servicio se relaciona únicamente con la expedición de las placas respectivas, lo cual revela que no tiene una relación directa con el servicio de control vehicular. 2. Con todo, del hecho de que se cobren distintas cuotas por los servicios en comparación, no se sigue que la cuota fijada por el servicio de control vehicular no corresponda con el costo que tiene dicha actividad para el Estado, pues, en abstracto, es posible considerar que los distintos servicios involucrados generan costos diversos para el Estado; es decir, que el alta, baja y refrendo vehiculares generan un costo distinto, al involucrar distintas actividades estatales, aunque relacionadas. Lo expuesto teniendo como directriz que no puede exigirse una correspondencia exacta o cuantitativa respecto de las cuotas que se fijen respecto de los derechos, sino que únicamente debe atenderse a que los elementos establecidos para el cálculo del derecho sean razonables y objetivos, lo que no se controvierte en la especie; y que la libertad de configuración del legislador en el ámbito tributario es amplia, por lo que si no es patente la inconstitucionalidad de las elecciones realizadas, deben estimarse acordes con los derechos tributarios. Además, la parte quejosa no aportó algún elemento objetivo del que se advierta que la cuota resulta excesiva en relación con el costo del servicio público involucrado. En conclusión, el hecho de que el costo del derecho por control vehicular sea más alto que el costo del alta, baja y entrega de placas de un vehículo, no se traduce en que no sea proporcional dicho derecho, pues al tratarse de diferentes servicios que presta el Estado, su costo puede ser diferente y no implica, por sí solo, que la cuota no corresponda al servicio público prestado, teniendo en cuenta, además, que ésta no tiene que tener correspondencia cuantitativa, sino cualitativa (aproximada). En diverso aspecto, en el cuarto concepto de violación, la parte quejosa aduce que el numeral reclamado transgrede el artículo 25 de la Constitución, en virtud de que los impuestos reclamados generan un problema económico a la sociedad. Al respecto, manifiesta la parte quejosa que el derecho establecido en el artículo 99 reclamado, genera una excesiva recaudación para los contribuyentes, lo que conlleva a que sea ruinosa esa actividad y eminentemente antieconómica. Sigue diciendo que el artículo 25 Constitucional, exige de los Congresos, así como de los Estados, que ponderen en cada caso concreto si una determinada opción política va a fortalecer el crecimiento económico o si va a generar un efecto contrario, es decir, un desaliento en la economía -caso en el cual considera que debe ser descartada.- Y finalmente, expresa que el derecho de control vehicular no cumple con el aludido numeral, en virtud de que lejos de promover el crecimiento económico, provoca una excesiva carga tributaria a la sociedad. Los motivos de disenso señalados son infundados. En primer término, es preciso señalar que el artículo 25 Constitucional, establece los principios de la rectoría económica del Estado para garantizar el crecimiento económico del país, lo que se logrará mediante acciones estatales que alienten a determinados sectores productivos, concedan subsidios, otorguen facilidades a empresas de nueva creación, concedan estímulos para importación y exportación de productos y materias primas y sienten las bases de la orientación estatal por medio de un plan nación; sin embargo, dicho numeral no reconoce derecho fundamental alguno que autorice a los particulares a exigir, por medio del juicio de amparo, que las autoridades adopten medidas para cumplir con tales encomiendas constitucionales, ya que el propósito del artículo 25 Constitucional, se dirige a proteger la economía nacional mediante acciones estatales. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: 2a./J. 1/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Novena Época, página 461, del tenor siguiente: "RECTORÍA ECONÓMICA DEL ESTADO EN EL DESARROLLO NACIONAL. EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO OTORGA A LOS GOBERNADOS GARANTÍA INDIVIDUAL ALGUNA PARA EXIGIR, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, QUE LAS AUTORIDADES ADOPTEN CIERTAS MEDIDAS, A FIN DE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS RELATIVOS A AQUÉLLA. El citado precepto establece esencialmente los principios de la rectoría económica del Estado para garantizar el crecimiento económico del país, lo que se logrará mediante acciones estatales que alienten a determinados sectores productivos, concedan subsidios, otorguen facilidades a empresas de nueva creación, concedan estímulos para importación y exportación de productos y materias primas y sienten las bases de la orientación estatal por medio de un plan nacional; sin embargo, no concede garantía individual alguna que autorice a los particulares a exigir, a través del juicio de amparo, que las autoridades adopten ciertas medidas para cumplir con tales encomiendas constitucionales, pues el pretendido propósito del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dirige a proteger la economía nacional mediante acciones estatales fundadas en una declaración de principios contenida en el propio precepto de la Ley Fundamental.". Así, resultan infundados los motivos de disenso planteados por la parte quejosa en los que aduce que el cobro por el derecho de control vehicular transgrede dicho artículo, en virtud de que la rectoría económica del Estado no se ve menoscabada por las leyes que contienen contribuciones, pues si bien esas normas implican una obligación económica para los contribuyentes, tienen como propósito sufragar el gasto público, para que a su vez, el Estado cuente con los medios para cumplir con sus fines, lo cual encuentra fundamento en el artículo 31, fracción IV, constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aislada P. LXIII/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1, página 583, que establece: "DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RECTORÍA ECONÓMICA DEL ESTADO (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007). La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el principio aludido contenido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se ve menoscabado por las leyes que contienen contribuciones pues, si bien esas normas implican una obligación económica para los contribuyentes, tienen como propósito sufragar el gasto público para que, a su vez, el Estado cuente con los medios para cumplir con sus fines, lo cual encuentra fundamento en el artículo 31, fracción IV, de ese ordenamiento. En ese sentido, si el impuesto a los depósitos en efectivo contribuye precisamente a sufragar los gastos públicos, permitiendo al Estado salvaguardar el principio de rectoría económica a través de la implementación de diversas acciones, entre las que se encuentra alentar la producción, conceder subsidios, otorgar facilidades a empresas de nueva creación, estimular la exportación de sus productos, conceder facilidades para la importación de materias primas y organizar el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; entonces, lejos de actualizarse una afectación a dicho principio, se fomenta su consecución." En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo por lo que hace al artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ausencio Rangel Morales, contra los actos que reclamó del Congreso, del Gobernador y del Secretario de Finanzas, todos con sede en esta ciudad, consistente en los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, con motivo de su aplicación en el recibo fiscal con folio V 370368 (71 A); por las razones y fundamentos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO ampara ni protege a Ausencio Rangel Morales, contra los actos que reclamó del Congreso, del Gobernador y del Secretario de Finanzas, todos con sede en esta ciudad, consistente en el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente a partir del primero de enero de dos mil dieciocho, con motivo de su aplicación en el recibo fiscal con folio V 370368 (71 A); por las razones y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Carlos Saucedo Ramírez, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    El ocho de junio de dos mil dieciocho, el suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifica: Que se encuentran señaladas diez horas con veinte minutos para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el pedimento registrado con el folio 12135, con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el pedimento de cuenta firmado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno dentro del desahogo de la audiencia constitucional. Por otra parte, como lo solicita la fiscal federal de la adscripción, una vez que se emita la resolución en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Por último, vista la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con veinte minutos para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, tomando en consideración que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el secretario encargado del despacho únicamente está facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite, así como las resoluciones de carácter urgente; por tanto, lo procedente es diferir la audiencia de mérito, fijándose las diez horas con veinte minutos del veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Notifíquese. Así lo acordó y firma José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. EMVG

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, once de mayo de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas. Certifica: Que se encuentran fijadas las diez horas con cuarenta minutos para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Jorge Martín Zamora González En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado que guardan los autos del presente asunto y con la promoción registrada con folio 10181. Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable secretario de Finanzas del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; sin perjuicio de hacer relación nuevamente en el momento procesal oportuno. Con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés legal convenga; asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante, de conformidad con el numeral 9 de la ley reglamentaria en consulta, se tienen como delegados de su parte a los profesionistas que al efecto designa. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la legislación en consulta se tiene como prueba de la autoridad oficiante la documental que adjunta a su informe, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en la audiencia respectiva. Luego, vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con cuarenta minutos para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, a fin de dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado recibido en esta fecha, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Brenda.

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