Ausencio Ramírez Reyes
Expediente 491/2022 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 491/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Ausencio Ramírez Reyes
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual se acusa recibo del diverso oficio 3376/2022, así como de las constancias que se enviaron. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido.
- Juicio de Amparo Directo
De la cuenta que antecede, en el que se desechó por extemporánea la demanda de amparo por tanto, el término de tres días, ha transcurrido; en consecuencia, se declara que ha causado estado el citado proveído. En mérito de lo anterior, devuélvase al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Cinco en el Estado de Hidalgo, el Expediente 440/2019-55, al no ser necesaria su permanencia por más tiempo en este tribunal colegiado. Solicítese el acuse de recibo correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
En aras de una justicia pronta y expedita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; se advierte que el presente juicio es improcedente, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 del ordenamiento legal citado, debe desecharse la demanda en cita. Lo anterior es así, ya que del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, así como de la certificación que obra al pie del escrito de demanda de amparo, se estima que este asunto debe desecharse, por consentimiento tácito del acto reclamado. Un acto se considera consentido tácitamente, cuando en su contra, se promueve juicio de amparo, fuera de los plazos establecidos en el artículo 17 de la ley de la materia. Del laudo reclamado, se desprende que su impugnación se ubica en la regla general de quince días que establece el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, porque no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción ahí referidos. Por otro lado, el momento pertinente para efectuar el cómputo de los quince días a que se refiere el artículo recién transcrito, se establece en diversos supuestos contenidos en el numeral 18 del mismo ordenamiento legal. De dicho precepto se desprende que el plazo de quince días a que se refiere el multicitado artículo 17 de la Ley de Amparo se computará a partir del día siguiente a aquél en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que reclame el quejoso; 2. Haya tenido conocimiento; o 3. Se hubiera ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. Las referidas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, dado que es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de esos supuestos. Por tanto, como se establecen tres distintas hipótesis, siempre debe tomarse en consideración, la que resulte del acto que se reclama, toda vez que puede darse el caso de que se actualice la notificación (1); el conocimiento (2), o que el gobernado se ostente sabedor (3) del acto reclamado; para lo cual habrá de tomarse en cuenta el segundo por el cual el justiciable haya tenido conocimiento del acto, con lo que se cumple cabalmente el fin en que descansa el dispositivo en análisis, respecto a la posibilidad y certeza en su conocimiento, lo que permitirá fijar el punto de partida para efectuar el cómputo de presentación. Incluso, el máximo Tribunal ha dispuesto que la esencia del artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada (el cual contiene en igual naturaleza lo dispuesto en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que, por ejemplo, puede ser suficiente que en la demanda de amparo, el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio, siempre que no exista prueba en contrario. Por otro lado, se estima que para pedir amparo no es necesario esperar a que la autoridad responsable notifique formalmente el acto reclamado, en razón de que no puede limitarse el acceso a los tribunales federales cuando se tiene conocimiento por cualquier otro medio de un acto que depara perjuicio, lo anterior por disposición expresa del artículo 175, fracción V, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 175. La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito, en el que se expresarán: [.] V. La fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquélla en que hubiese tenido conocimiento del mismo;..." Es decir, se considera que el artículo antes transcrito establece implícitamente a favor del gobernado, el derecho a promover el juicio de amparo antes de que se notifique formalmente el acto reclamado, de modo tal que reitera lo que establecen los referidos artículos 17 y 18 de la ley de la materia, en el sentido de permitir al quejoso promover el juicio desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto que le afecta. Ahora, del diverso juicio de amparo directo administrativo 269/2021, del índice de este órgano colegiado, se advierte que el laudo impugnado se notificó de manera personal a Hilda Karen Rodríguez Rivero, autorizada del quejoso Ausencio Ramírez Reyes, el siete de marzo de dos mil veintidós, incluso se le entregó copia de la sentencia de veintitrés de febrero del año en curso, emitida en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en dicho expediente. De lo anterior, se advierte que en el caso se actualiza la diversa regla consistente en que el cómputo comenzará "a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto", habida cuenta que existe una constancia que se tiene a la vista como hecho notorio, lo anterior, lo que permite concluir que el conocimiento del contenido de la sentencia impugnada para el quejoso aconteció con anterioridad a la notificación efectuada por el Tribunal responsable, esto es, el siete de marzo de dos mil veintidós, y que en términos del criterio contenido en la jurisprudencia antes transcrita, debe privilegiarse para efectuar el cómputo correspondiente, a efecto de verificar si la promoción del juicio aconteció en forma oportuna. En efecto, como se precisó, la sentencia que se reclama en este juicio se emitió en cumplimiento a la ejecutoria dictada por este tribunal en el juicio de amparo directo administrativo 269/2021. En ese sentido, mediante acuerdo de tres de marzo de dos mil veintidós, en el expediente en cita, este tribunal ordenó dar vista al quejoso del contenido de esa sentencia, con el objeto de que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento del fallo protector. También se aprecia, como ya se dijo, que dicho acuerdo fue notificado de manera personal en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones del quejoso, el siete de marzo de dos mil veintidós; y en dicha diligencia se advierte que su autorizada, asentó con su puño y letra, lo siguiente: "Recibí proveído de 03-marzo-2022 y copia sentencia de 23-febrero-2022.". Por tanto, si el siete de marzo de dos mil veintidós, se entregó al inconforme copia de la sentencia impugnada, es que en términos de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se actualiza la regla de "conocimiento del acto reclamado", y en consecuencia el cómputo para la promoción del juicio debe efectuarse a partir del día siguiente al en que ello aconteció. Así, el plazo de quince días transcurrió del ocho al veintinueve de marzo del presente año, descontando el doce, trece, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete, del mismo mes y año, al haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. De ahí que si la demanda de amparo se presentó el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se concluye que su presentación fue extemporánea, ya que el plazo de quince días que establece el artículo 17 del referido ordenamiento legal, para su oportuna presentación feneció con anterioridad. Por tanto, toda vez que la demanda fue presentada fuera del plazo legal, con fundamento en los artículos 17, 18, 61, fracción XIV y 179 de la ley de la materia, se desecha por extemporánea la demanda de amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que indica; en cuanto a las personas que autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Se tiene al quejoso designando el correo electrónico que indica, para efectos de que se establezca el contacto respectivo en caso de así estimarlo necesario, sin que ello implique que las notificaciones personales que se llegaren a instruir, se le realicen a través de dicho medio, dado que esa forma de notificación, no se encuentra contemplada en la ley de la materia ni el referido acuerdo general. Se exhorta al quejoso para que, cuando le sea posible, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información, en relación a los artículos 5 y 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente únicamente en cuanto hace a datos personales y archivo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información que tiene bajo su resguardo este órgano colegiado, es pública, con las salvedades expresamente establecidas quedando regulado el presente asunto con las disposiciones contenidas en dicha ley.
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