Ausencio Gamboa Cano

Expediente 921/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
921/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Ausencio Gamboa Cano

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por medio del cual acusa recibo e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda en este juicio de amparo, el cual quedó radicado con el número 454/2023, de su índice. De lo cual, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el escrito recibido en línea, con evidencia criptográfica, de Julio César Morales Carrasco, autorizado en términos amplios del quejoso, por medio del cual interpone recurso de queja, contra del auto de diecinueve de septiembre del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto. Con fundamento en los artículos 97, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe con justificación en el sentido que es cierto el acto reclamado, al que se deberá adjuntar, impresión por duplicado del escrito de expresión agravios -en virtud de haberse recibido vía electrónica-, así como copia certificada conducente como apoyo al mismo; y remítanse al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para la sustanciación del citado recurso. Sin que haya lugar a requerir a las partes que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que el presente juicio de amparo fue desechado. Finalmente, se autoriza al Secretario a firmar el informe correspondiente. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Ausencio Gamboa Cano, por su propio derecho, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Oaxaca y otra autoridad. En consecuencia, regístrese bajo el número 921/2023 en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, fórmese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento de la demanda. Previo a la admisión de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que se debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; ello, en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal ya que no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, conviene precisar que del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama de los Magistrados de la Sala Regional del Sureste de Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca: La omisión de realizar y ejecutar acciones legales correspondientes para hacer cumplir la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo con el número de expediente 232/20-15-01-9. Del Titular de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La omisión de cumplir la sentencia de uno de abril de dos mil veintidós, dictada en el juicio contencioso administrativo federal 232/20-15-01-9. En ese sentido, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.] En efecto, del citado precepto se advierte que tratándose de actos provenientes de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deben agotarse los medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la ley común para revocar, anular o modificar el acto de autoridad, antes de promover el juicio de amparo, lo que constituye el principio de definitividad que lo rige. En ese sentido, el precepto legal referido consigna la causa de improcedencia que establece la obligación de los gobernados de agotar en primer término la jurisdicción ordinaria para combatir un acto, con la finalidad de que sea la autoridad que conoció del juicio de origen, la que se pronuncie en primer lugar respecto del caso concreto, siempre y cuando conforme a la ley ordinaria, se suspendan los efectos del acto, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. Del anterior precepto, en relación con el acto aquí reclamado, se infiere que, únicamente cuando el justiciable agote en su totalidad todos los medios ordinarios de defensa previstos en la ley que rija la materia y, la autoridad del conocimiento, haga uso de todas las medidas de apremio con las que le dota la ley e, inclusive, determine en uso de sus facultades, que le es física y jurídicamente imposible obtener de las autoridades demandadas en el juicio de origen, el cumplimiento total y cabal de su sentencia, es que debe acudirse al amparo; toda vez que este juicio es un medio extraordinario de defensa. Bajo este tenor, el artículo 58 de la de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que con la finalidad de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones dictadas por dicho Tribunal, procede el recurso de queja conforme a lo siguiente: a) El actor podrá, por una sola vez, acudir en queja, cuyo objetivo es asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones dictadas por dicho Tribunal, así, dicho recurso ordinario será procedente ante: 1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. Asimismo, se prevé que tratándose del supuesto señalado en el punto tres, es decir, la queja por incumplimiento a la sentencia, se podrá interponer en contra de cada una de las resoluciones dictadas en pretendido cumplimiento a la sentencia de nulidad firme. b) Una vez substanciado el recurso, la Sala del conocimiento resolverá si la autoridad cumplió con los términos de la sentencia y, en caso de no cumplir, requerirá el cumplimiento por conducto de su superior inmediato. Ahora bien, el recurso de queja al que se hace referencia en el numeral 3, forzosamente debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo, conforme a lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 1741, registro digital 2024468, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo." (Énfasis añadido.) En el caso, de las constancias que anexó el aquí quejoso a su escrito inicial, se advierte lo siguiente: 1. La parte aquí quejosa promovió juicio contencioso administrativo ante la Sala Regional del Sureste de Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca, en el que demandó la nulidad de la resolución negativa ficta en que se configuró su escrito presentado ante la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mismo que radicó bajo el número 232/20-15- 0-1-9. 2. El uno de abril de dos mil veintidós, la Sala Regional dictó sentencia definitiva. 3. En contra de la sentencia la autoridad demandada promovió recurso de revisión, el cual fue desechado mediante ejecutoria de veinticuatro de junio de dos mil veintidós por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, por lo que la sentencia adquirió firmeza el cinco de julio de dos mil veintidós. 4. El uno de marzo de dos mil veintitrés se inició el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es importante destacar, que respecto a la omisión de dar cumplimiento a la sentencia de uno de abril de dos mil veintidós, emitida dentro del aludido expediente juicio contencioso administrativo federal 232/20-15-01-9, atribuida a las autoridades responsables, la parte quejosa no interpuso recurso de queja. Sin que pase inadvertido que en la demanda de amparo la parte quejosa refiera que el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, promovió queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia de uno de abril de dos mil veintidós; pues el mismo fue desechado, dado que en ese momento no había omisión de la responsables; en virtud, de haber iniciado el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; sin embargo, no ha promovido dicho medio de impugnación en contra de la actitud contumaz de las responsables, dentro de la fase de ejecución de la sentencia de nulidad dictada en el juicio de origen, dentro de la cual surge la obligación de la autoridad demandada de dar cumplimiento a la sentencia y, contra cuya omisión procede el recurso de queja previsto en la fracción II, inciso A), numeral 3, del citado precepto legal, el cual necesariamente se debe agotar previo a promover el juicio de amparo. En efecto, de autos se advierte que fue mediante auto de uno de marzo de dos mil veintitrés (foja 38), que inició el procedimiento de ejecución previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como se advierte de la siguiente transcripción: "(.) Visto el estado procesal de los autos, y toda vez que a la fecha ha fenecido el plazo con el que contaba la autoridad para dar cumplimiento a la sentencia de 01 de abril de 2022, sin que existan constancias en autos de que se haya emitido acto alguno en cumplimiento, SE INICIA EL PROCEDIMIENTO previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; en consecuencia, SE REQUIERE a la autoridad demandada para que en el término (.)" Sin que de las documentales exhibidas por la propia quejosa, se advierta que se haya agotado el aludido recurso de queja, una vez que inicio el referido procedimiento. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, el recurso de queja debió substanciarse conforme al procedimiento ordinario previsto en el propio numeral 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para lograr el fin que el legislativo pretendió darle, es decir, un medio de defensa idóneo por virtud del cual la abstención puede ser corregida, pues, por su conducto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con elementos coercitivos concretos para obligar a la autoridad demandada a dar cumplimiento al fallo anulatorio, que es lo que pretende en última instancia la peticionaria de amparo. Conforme a lo expuesto, es claro que el juicio de amparo, como primera instancia, no es el medio idóneo para dotar de eficacia a la sentencia de referencia; esto es, para obtener su cumplimiento, si previamente no se ha agotado el procedimiento de ejecución correspondiente, es decir, la queja por omisión ante la Sala responsable. En ese contexto, en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de dar cumplimiento a la sentencia de uno de abril de dos mil veintidós, emitida por la Sala Regional del Sureste de Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca, dentro del expediente 232/20-15-01-9, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Sin que en el presente asunto se actualice excepción alguna al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo. De ahí que al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, resulta notoria, manifiesta e indudablemente improcedente la instancia constitucional; y por lo tanto, procede desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. Cabe destacar que el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Julio César Morales Carrasco, toda vez que si tiene registrada su cédula en la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; y únicamente para oír y recibir notificaciones a la personas restantes, por así solicitarlo expresamente. Domicilio (notificaciones electrónicas). Como lo solicita, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones a dicha parte se realicen por vía electrónica, para efecto de recibir cualquier notificación al usuario jcesarmorales; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo, en el domicilio que para tal efecto precisó en su demanda de amparo. Consulta del expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al usuario jcesarmorales, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente.

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