Aurya Celeste Castilla Espinosa
Expediente 1771/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1771/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Aurya Celeste Castilla Espinosa
- Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de dos de febrero de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 81 fracción I, inciso d) de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. No se tramitó incidente de suspensión. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que sobreseyó fuera de audiencia constitucional estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; dos de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado con anexo que rinde la autoridad responsable: Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Informe en el que acepta la existencia del acto reclamado. Delegados y domicilio. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tiene a la oficiante designando delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Manifestación. Asimismo, se tiene por hecha la manifestación de la autoridad respecto a que localizó registros de los juicios de amparo números 400/2019, 1363/2018 y 700/2017 promovidos por la ahora parte quejosa, radicados en este juzgado; lo que se tiene por manifestado para los efectos legales procedentes. Personalidad. De igual forma, de las constancias remitidas por la responsable se advierte la personalidad de **********; en consecuencia, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo se tiene por reconocido tal carácter. Causales de sobreseimiento. Del análisis de las documentales que adjunta a su informe justificado, mismos que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, toda vez que fueron exhibidas en original; se desprende que en esta contienda constitucional, se actualiza el supuesto normativo contemplado en la fracción XXI del artículo 61, en relación con la fracción V del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo, que en lo conducente respectivamente establecen que el juicio de amparo es improcedente: "cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" y que procede el sobreseimiento: "Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Para explicar anterior, debe precisarse que la quejosa en su escrito de demanda de amparo presentado el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, reclama a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, "la omisión de acordar el escrito en relación a la petición de dictar auto de ejecución, presentado el uno de marzo de dos mil veintiuno, (con folio 00042) dentro del expediente laboral **********." Ahora, de las constancias allegadas por la citada autoridad responsable, se aprecia que el once de enero de dos mil veintidós, proveyó el escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintiuno, respecto a la ejecución solicitada (con folio 00042) dentro del expediente laboral *********, el cual fue notificado a la parte quejosa el doce de enero de la presente a nulidad, es decir, en fecha posterior a la de la presentación de la demanda de amparo (veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno); por tanto es inconcuso que en el presente juicio de amparo cesaron los efectos del acto reclamado. Así que, con el contenido del proveído y notificación realizada a la parte quejosa se restauró la violación alegada, por lo que es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo; sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte promovente de amparo, puesto que quedan expeditos los derechos del amparista para que, si lo considera, respecto del contenido de dicha contestación, pueda promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. Apoya lo anterior la tesis 2a./J. 205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 605, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del diez de febrero de dos mil veintidós; sin que en el caso, se deje en estado de indefensión a la parte impetrante de amparo, ya que en el caso surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, misma que ni difiriéndose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y, el resultado del fallo, siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Al caso, cobra vigencia la jurisprudencia número 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Sin que se genere a cargo de este juzgado la obligación de dar vista a la parte quejosa con el proveído de ejecución dictado por la responsable el once de enero de dos mil veintidós, puesto que quedan expeditos los derechos del impetrante para que, si lo considera, respecto a dicho proveído lo haga valer en la forma que determine conveniente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por presentada la demanda de amparo signada por Reyna Belem Mena Acosta, quien se ostenta como apoderada legal de ******, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; personalidad que se advierte de la constancia que adjunta a su demanda, pudiera estar acreditada en el expediente laboral de donde emana el acto reclamado; por lo que dé inicio dese trámite a la presente demanda de amparo, sin perjuicio de que dicha circunstancia deba quedar debidamente reconocida durante la secuela de este juicio. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1771/2021 y fórmese expediente. Admisión. Toda vez que de momento, no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento de la demanda de cuenta, así como tampoco de incompetencia, que impidan a este tribunal conocer de aquella, con fundamento en los artículos 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Suspensión. No ha lugar a tramitarse incidente de suspensión en razón de no haber sido solicitada expresamente dicha medida cautelar. Audiencia constitucional. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. En el entendido que dicha fecha se señala fuera del plazo de treinta días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de la materia, atendiendo a las cargas de trabajo y que el ingreso del personal a este órgano jurisdiccional está limitada, en términos del acuerdo 21-2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19. De la celebración de la audiencia. Hágase saber a las partes que toda vez que de conformidad con el acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que entró en vigor el tres de agosto del presente año, se privilegia el uso de medios tecnológicos y se controla la presencia física en las instalaciones de los órganos jurisdiccionales, la audiencia constitucional se llevará a cabo mediante el método de videoconferencia en la plataforma digital "CISCO WEBEX"; por lo que, deberán proporcionar un correo electrónico, en el que se les enviará una invitación para unirse a la sesión correspondiente, pero en caso de no hacerlo, se entenderá que no es su deseo participar en la misma. Sin que pase inadvertido que deberán estar legitimadas para tal efecto, ya que a las personas que indiquen, se les enviará el citatorio electrónico respectivo siempre y cuando tengan personería reconocida en autos. Oportunidad de escrito. Se aclara que el escrito deberá presentarse a más tardar dos días hábiles antes de la fecha programada para la audiencia constitucional, pues se deben realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional. En caso de que la totalidad de las partes manifiesten que no es su deseo asistir o, hagan caso omiso a lo anterior, se entenderá que no es su deseo participar en la videoconferencia; por lo tanto, la audiencia constitucional no será por este medio, sino únicamente con una constancia que al efecto se realice y firme por el personal de este juzgado, ya que como bien lo estipula el artículo 5, fracción II del acuerdo 21/2020, la misma puede llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Sobre las pruebas y alegatos. Debe decirse a las y los intervinientes que dicha diligencia será pública; como lo plasma el artículo 124 de la Ley de Amparo. A su vez, se llevará a cabo la relación de constancias y recibirán los alegatos que por escrito formulen. Sobre este punto, las partes no deben soslayar que si es su deseo alegar o inclusive presentar pruebas de manera oportuna, les corresponde conocer el horario y funcionamiento de la Oficialía de Partes Común y el buzón judicial, tal como lo prevé el acuerdo 21/2020, a menos que el acto reclamado encuadre en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la ley de la materia, ya que, de ser el caso, únicamente la parte quejosa podrá alegar verbalmente. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo de la justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Requerimiento informe justificado. Con fundamento en el artículo 117, de la ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles, posterior al en que surta efectos la notificación de este proveído, en el que deberá referirse expresamente, en caso de reclamarse más de uno, a todos y cada uno de los actos reclamados, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente, aun cuando se allegue antes de la celebración de la audiencia constitucional, pero después del citado plazo, debiendo, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, acompañar en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir lo reclamado en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este Juzgado cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia, de modo que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, si lo hubiere, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Por otro lado, se hace notar a dicha parte que de la misma manera podrá allegar los oficios y anexos que estime pertinente al correo oficial del juzgado 4jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, por lo que deberá comunicarse al teléfono 7771008700 Ext. 1201, en el que previa coordinación se constate en uso de los medios electrónicos a efecto de recibir las comunicaciones de sus partes. Requerimiento de constancias. En caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo; o bien de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, no la comuniquen de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, con fundamento en los artículos 260, 64, 251 y 237, fracción I de la Ley de Amparo, se le aplicará cada una, una multa de cien y treinta unidades de medida y actualización, la primera por no rendir el informe y la segunda por no informar sobre causas de sobreseimiento; conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. De igual manera, solicítese a la autoridad responsable para que informe, si tiene conocimiento de algún juicio de amparo promovido por la misma parte en el proceso natural o constitucional, que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos; para evitar el dictado de resoluciones contradictorias, con el apercibimiento para el caso de no atender lo anterior, de imponérsele, en términos de la fracción I del artículo 237 en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, una multa de hasta de mil unidades de medida y actualización, conforme al invocado artículo Tercero Transitorio del decreto reformas y adiciones constitucionales. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa, que si la autoridad señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite, se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación; tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. Intervención Ministerio Público. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba la documental que anexó en su ocurso de demanda, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional. Domicilio y autorizados. Téngase por señalado el domicilio que precisa para oír y recibir notificaciones, y por autorizados para los efectos indicados a las personas que menciona en su ocurso de cuenta, por ser la parte actora en el juicio principal. Tercero Interesado. Atendiendo a las particularidades de este caso en el que se reclama denegación de justicia, no tiene el carácter de tercero interesado la contraparte de la quejosa en el juicio de origen, porque no puede considerase válidamente que tenga un legítimo interés contrario al de la quejosa -que subsista tal denegación- y que es la razón toral de su participación en el juicio de amparo; y en consecuencia, su búsqueda podría dilatar este juicio. No se inadvierte la Jurisprudencia 1ª/J90/2010 de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado". Emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8º y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del ordinal 5º de la Ley de Amparo, -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de los impetrantes. Sin embargo, esa tesis no es aplicable a este caso, porque su interpretación fue de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, lo que da pauta a que ahora se tome una interpretación diferente; en efecto ahora el artículo 17 de la Constitución (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete); establece "siempre que no afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso, u otro derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales". En tales consideraciones, se estima que la contraparte de la quejosa no se tenga como tercero interesado en casos como este, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo, en términos del artículo 77 fracción II de la ley de la materia, se obligaría a la responsable a velar por la correcta prosecución del juicio en el que participa. Requerimiento de constancias de personalidad. Ahora bien, con el objeto de estar en condiciones de tener por reconocida plenamente en este asunto la personalidad de presentada por Reyna Belem Mena Acosta, como apoderada legal de Aurya Celeste Castilla Espinosa, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 11 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; para que al momento de rendir su informe justificado, se sirva remitir a este órgano de control constitucional copia certificada de las constancias que acrediten la personalidad que ostenta la promovente en este asunto, con el apercibimiento de que en caso de no atender lo requerido, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 237 de la invocada legislación, se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualizaciones, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Apercibimiento a la promovente. De igual forma, se apercibe a la promovente de amparo que en caso de no tener acreditada la personalidad con que se ostenta dentro del juicio natural, de conformidad con el artículo 240 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del último párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, emitido el veintiocho de julio de dos mil diecinueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos del jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. De igual forma, podrán proporcionar algún correo electrónico, para que, en caso de así manifestarlo expresamente, se le de vista con el informe respectivo. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notificación autoridades responsables. Por otra parte, hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, en relación con el 245 de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio sea dirigido, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hechas las notificaciones y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta, al rendir su informe; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto; sin perjuicio de que se le imponga una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese.
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