Aurora Zendon Rivas
Expediente 1096/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1096/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Aurora Zendon Rivas
Actuaciones
- Principal
MESA VI.-Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días para la interposición del recurso de revisión, que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la promovente del juicio de amparo lo haya hecho valer en contra de la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en la cual en su único punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las partes, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, dado que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el último párrafo del punto vigésimo del Acuerdo antes referido, dése vista a la citada parte, a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger las constancias en mención, previa copia certificada de los mismos, identificación y razón de recibo que se deje en autos para debida constancia legal, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el presente expediente. Finalmente, se hace notar que no se aperturó incidente de suspensión, ni se formó tomo de pruebas por separado. CSH
- Principal
MESA VI.-...se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. CSH
- Principal
MESA I.-...se tiene por recibido el oficio de la autoridad responsable Secretaría del Trabajo y Previsión Social quien actúa en representación del Presidente de la República, por medio del cual señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. En atención a su contenido, dígase que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones a las responsables se deben realizar por oficio, sin embargo, cuando sea el caso, envíese el correspondiente al domicilio indicado. CSH
- Principal
PERSONAL. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL AUTO DE OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: " Cuernavaca, Morelos, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1096/2019-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III de la Constitución Federal, 37, 107, fracción V y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de referencia. Sin que haya lugar a formar el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. En términos del artículo 5, fracción IV de la Ley de la Materia, dése al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que legalmente le corresponde, y, con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable; quien deberá rendirlo en el término de quince días, apercibida que en caso de no hacerlo, o lo haga sin remitir, en su caso copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, u omita referirse a la representación que aduce la promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, remitiendo además las constancias respectivas con las que se acredite dicha personería; se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en consideración que el valor de dicha unidad es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, informe si el promovente tiene el carácter con el que se ostenta, esto es como apoderado legal de ***** y de ser así remita las constancias que lo acrediten. Asimismo, se hace de su conocimiento que de conformidad con el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, constituye delito el hecho de que al rendir informe exprese un hecho falso o niegue la verdad. Se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado, exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, ello con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, debiendo acompañar las constancias que lo acrediten. En el caso, a la parte que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, equivalente a $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), tomando en consideración que el valor de dicha unidad es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), con fundamento en el artículo 251 de la ley de la materia. Así también, requiérase a la responsable para que, junto con su informe justificado, señale si la parte quejosa o alguna otra persona han promovido diverso juicio de amparo dentro del procedimiento del que emanan los actos reclamados y, en su caso, ante qué órgano jurisdiccional se tramita o se tramitó. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5°, fracción III de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de parte tercero interesada a **** por lo que en términos del diverso numeral 26, fracción I, inciso b), se instruye al Actuario de la adscripción a efecto de que se constituya en el domicilio señalado por la parte quejosa en su escrito de demanda y proceda a emplazar a la parte tercero interesada, por conducto de quien legalmente la represente, corriéndole traslado con copia de la demanda, haciéndole saber el día y la hora en que tendrá verificativo la audiencia constitucional, requiriéndole a efecto de que en el momento de la notificación, o bien, dentro de los tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado sin necesidad de posterior acuerdo, ello de conformidad con lo que dispone el artículo 29 del ordenamiento legal invocado con antelación. En el entendido de que una vez que obre constancia de que se encuentra legalmente emplazado se le tendrá por impuesto de los autos, para los efectos a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Asimismo, con apoyo en el artículo 5°, fracción III de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de parte tercero interesada al *****, por lo cual, deberá ser emplazado por oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, corriéndole traslado con una copia simple de la demanda, haciéndole saber la hora y fecha de la audiencia constitucional y requiriéndole, para que, si lo estima pertinente, se apersone al presente juicio de amparo. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Del mismo modo, se previene a la parte quejosa que si la autoridad que señaló como responsable no existe con la denominación que indica en la demanda, se tendrá por inexistente, salvo prueba en contrario o que durante la tramitación de este juicio se rectifique el señalamiento en su correcta denominación, lo anterior como consecuencia del incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, primera parte, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y por autorizadas a las personas que designa en los términos que refiere, por ser la quejosa la parte trabajadora en el juicio laboral. Por otra parte, respecto a la solicitud de que se permita la reproducción de los autos por medios electrónicos, se autoriza el uso de las herramientas tecnológicas que señala, en el entendido que el solicitante es parte en el presente juicio y el uso que haga de la información contenida en las constancias que integran el expediente, deberá ser con la diligencia y lealtad procesal debida para la defensa de su interés en el presente juicio, toda vez que dada la naturaleza de las mismas pueden contener información clasificada como reservada o confidencial e inclusive información que no esté relacionada directamente con las partes o la litis planteada en este asunto; por lo que no podrán reproducirse documentos o textos cuya difusión o información en ellos contenida, se encuentre clasificada, reservada por disposición legal o si previamente deba mediar autorización a la parte interesada para obtener su reproducción, por lo que cualquier uso distinto, reproducción o publicación que haga de la información antes referida, podrá ser causa de responsabilidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Lo anterior, con apoyo en la tesis .1o.A.33 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2013107, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 2378, y que es del tenor literal siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE PERMITIR SU CONSULTA NO SE ACTUALIZA CUANDO EL SOLICITANTE NO ES PARTE EN EL ASUNTO DE QUE SE TRATE. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 121/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Tomo I, noviembre de 2015, página 218, estableció que cuando se remita información clasificada -reservada o confidencial- y exista razón fundada para que alguna o todas las partes del juicio la conozcan, previo análisis que de ella se haga, los Jueces constitucionales podrán permitir el acceso total o parcial, bajo su más estricta responsabilidad, a fin de que aquéllas puedan exponer sus pretensiones y hacer valer en juicio lo que a su derecho e interés convengan, siempre y cuando el órgano jurisdiccional considere que, para efectos del juicio de amparo, dicha información clasificada se puede dar a conocer en atención a la debida defensa de las partes; de ahí que si el quejoso reclamó, por ejemplo, el resultado de un procedimiento de investigación en materia de responsabilidad administrativa de servidores públicos y, de acuerdo con las manifestaciones de la autoridad, aquél no interpuso la queja que dio lugar a su sustanciación ni tuvo intervención en el asunto, es evidente que pretende imponerse del contenido de ese expediente, a pesar de que no se trata del servidor público contra el cual se instruyó el procedimiento, inclusive, aun de ser quien presentó la queja que lo originó, es criterio de la Segunda Sala del Alto Tribunal que carece de interés jurídico para impugnar en amparo las actuaciones practicadas para determinar la improcedencia o falta de elementos para fincar responsabilidad administrativa al funcionario denunciado. Por tanto, la restricción que se establezca al acceso a esa información clasificada no está encaminada a impedir la defensa adecuada del quejoso, sino a garantizar la protección de datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado a personas que no guardan relación con el asunto, pues la obligación del Juez de Distrito de permitir su consulta no se actualiza cuando el solicitante no es parte en el asunto de que se trate." Asimismo, en la tesis I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2008986, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 1830, que dice: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran." Se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución General de la República y 21 de la Ley de Amparo. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Asimismo, se instruye al Actuario Judicial para que los diferimientos que se lleguen a presentar, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo que el juzgador está obligado a comunicarles de manera personal; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que en esos casos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III de la Ley de la Materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase" FINALMENTE, SE LE REQUIERE PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE ESTE AUTO, SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO, LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE LE PRACTICARÁN POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO.
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