Aurora Vasconcelos Reyes
Expediente 1047/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1047/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Aurora Vasconcelos Reyes
- Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de Zacatepec, Mixe, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte, ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la quejosa ******************** (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de Zacatepec, Mixe, Oaxaca, por el que rinde su informe justificado y anexa copia de los proveídos de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, y veintinueve de octubre del año en curso, dictados en la carpeta de investigación 29453/FVCE/ZACATEPEC/2022 de su índice. Ahora, de las constancias que integran este asunto, se advierte que AURORA VASCONCELOS REYES, reclamó de la citada autoridad responsable el acto siguiente: El oficio número 183/2022 de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, por el que se le impone medida de protección, dentro de la carpeta de investigación 29453/FVCE/ZACATEPEC/2022, el cual le fue notificado el veintinueve de agosto siguiente. Luego, respecto del citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo [.]" La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, lo que implica que jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, la jurisprudencia ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que la condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo se encuentra la prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Las consideraciones que anteceden se encuentran plasmadas en la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, con número de registro digital 173858, visible en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Ello es así, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en la carpeta de investigación 29453/FVCE/ZACATEPEC/2022 de su índice, dictó medidas de protección a favor de la víctima Eugenia Ojeda Fernández, en contra de la aquí quejosa AURORA VASCONCELOS REYES, consistente en la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos, por el término de sesenta días naturales. Asimismo, en veintinueve de octubre de dos mil veintidós, la autoridad responsable ordenó el levantamiento y archivo de las medidas precautorias decretadas a favor de la víctima Eugenia Ojeda Fernández, por haber transcurrido el término de sesenta días naturales por las que se otorgó, sin que tenga información de riesgo actual y señaló que de considerarse pertinente quedaba a disposición de la víctima la posibilidad de presentar una nueva solicitud de medidas de protección sobre nuevos hechos. Lo anterior motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido, por lo que ya no es posible que lesione a la parte quejosa. En este contexto, lo que se impone es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63, en relación con lo previsto en el numeral 61, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª.J/10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 1184572, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tal virtud, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional fijada para las once horas con cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, pues ni aun celebrándose ésta, la parte quejosa podría desvirtuar con prueba alguna, la causa de improcedencia de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable, por lo que el resultado del fallo sería en el mismo sentido; además, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, con registro digital 191450, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA.- No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." NOTIFÍQUESE; y ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintidós. Incorpórese a los autos el oficio signado por el Jefe del Centro de Atención al Público, Centro, de Correos de México, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el que en atención al requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, remite copia certificada del acuse de recibo número MN680121615MX, con el que se acredita la entrega del oficio 23268 dirigido a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de Zacatepec, Mixe, Oaxaca; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Del estado de los autos se advierte, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de Zacatepec, Mixe, Oaxaca, no ha rendido su informe justificado ni obra constancia legal de su notificación, así como que, en proveído de veinticuatro de octubre del actual, se requirió al Jefe de la Administración de Correos de México, para que remita el acuse de recibo relativo al oficio girado a dicha autoridad; por tanto, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.
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