Aurora Rodríguez Ahedo

Expediente 188/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
188/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
08/10/2020

Partes del expediente

  • Aurora Rodríguez Ahedo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guarda los presentes autos y la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para recurrir la resolución en la que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme dicha resolución. Archivo y destino final del expediente. Atento a lo anterior, se ordena archivar los presentes autos con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo En consecuencia, se estima que el expediente en que se actúa es susceptible de DEPURACIÓN,

  2. Principal

    Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por el autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita se le autorice la consulta y el acceso al expediente electrónico. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, en relación con el segundo párrafo del diverso numeral 35, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de video conferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, no resulta dable acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que no cumple con el presupuesto de que la parte quejosa lo haya facultado expresamente para realizar la consulta electrónica ni el acceso al expediente electrónico, o en su defecto, tal petición la haya realizado a nombre de la impetrante, lo que constituye un requisito mínimo para otorgar dicha autorización. Cierto, de una revisión al escrito inicial de demanda, se aprecia que la parte quejosa no facultó de manera expresa a alguno de sus autorizados (consulta electrónica a través de persona autorizada), o bien, al menos, habilitarla para que formule tal trámite concreto a su nombre (facultarlo en la petición en cuestión). De ahí que no cumple con el requisito conducente que indica el artículo 35, último párrafo, mencionado. Lo anterior, con independencia de que el promovente se encuentre autorizado con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; aspecto que no se cuestiona, pues en el juicio sigue contando con tales facultades en general. Por ende, si bien la normativa vigente hace una excepción a diferencia del esquema anterior de ya permitir que tal solicitud de consulta electrónica la puedan efectuar las propias personas autorizadas de las partes, lo cierto es que debe haber como mínimo la evidencia en el juicio de amparo de que la parte procesal conducente, por lo menos lo autorizó claramente para ser quien pueda efectuar tal tipo de consulta a su nombre, o bien, quien lo facultó expresamente para hacer tal solicitud a su favor (voluntad del mandante en un tipo de acto procesal específico que requiere anuencia explícita). Luego, es menester que exista el otorgamiento de la facultad a alguno de ellos o a los designados al efecto, para poder acceder al expediente electrónico en cualquiera de tales formas. Ello, porque la regla es que solamente las partes, sus representantes legales o a quienes éstos hayan facultado expresamente pueden solicitar el acceso al expediente electrónico, así como para recibir notificaciones por el mismo medio, por conducto de un tercero, quien deberá reunir los requisitos que para el efecto señala el invocado Acuerdo General. Aspectos que son los actos mínimos y necesarios para dar acceso a las tecnologías de la información, ya que en el propio Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de video conferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en su artículo 51, expone lineamientos en caso de carecer de autorización para consultar el expediente electrónico, pero que cuente con la firma electrónica y capacidad procesal necesaria para actuar, motivo por el cual, con la presente determinación no se causa perjuicio alguno a la parte quejosa o bien al promovente, pues si bien, por el momento es improcedente su petición y carecería de consulta electrónica, tal aspecto no impide que pueda realizar actos procesales en línea en aquello que esté facultado o cuente con capacidad procesal necesaria para actuar.

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