Aurora Péña Álvarez
Expediente 1753/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1753/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/12/2022
Partes del expediente
- Aurora Péña Álvarez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, seis de diciembre de dos mil veintidós. Estado procesal de autos Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación de catorce de noviembre del año en curso, por la que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente En acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. RAZÓN DE IMPOSIBILIDAD Intégrese la razón actuarial a través de la cual, la fedataria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa la determinación de catorce de noviembre de la presente anualidad, por las razones que expone. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa la aludida determinación, así como las subsecuentes mediante la lista que se publique en los estrados de este Juzgado; hasta en tanto, señale domicilio procesal dentro de la residencia de este órgano Jurisdiccional (Municipio de Toluca), o en su defecto, dentro de la zona conurbada (municipios de Metepec, Almoloya de Juárez, Zinacantepec y Lerma). EN CUMPLIMIENTO A LO DETERMINADO EN EL PRESENTE ACUERDO, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA ** EL PROVEÍDO DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2022, MISMO QUE EN LA ESENCIA DICE: Toluca, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve *** por propio derecho, con fundamento en el numeral 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1753/2022-I-A. DESECHAMIENTO Ahora, previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie la parte quejosa, en calidad de víctima del delito, reclama del agente del Ministerio Público titular de la Mesa de Transporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otras autoridades, lo siguiente: La omisión de investigar e integrar la carpeta de investigación ***. A criterio del suscrito se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, contempla: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Por su parte, el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". De igual manera, el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reza: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". De los numerales transcritos se destaca que el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. De igual manera, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control el archivo temporal, abstenerse de investigar y/o pronunciarse, respecto si ejerce o no la acción, suspensión de la investigación y no ejercicio de la acción penal. En efecto, a fin de evidenciar la causa de improcedencia invocada, conviene precisar que el Código Nacional de Procedimientos Penales, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar el archivo temporal y omisiones en la fase de investigación, ante el juez de control facultado para tal efecto, en razón de que fue intención del legislador, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad. Prerrogativa que se estima, se hace extensiva a los denunciantes de hechos posiblemente constitutivos de delitos, cuando su pretensión es salvaguardar el derecho de acceso a la justicia y que el mecanismo que accionó sea expedito. En el caso concreto, se estima pertinente señalar que del análisis de la lectura integra de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad el promovente refiere que pese a tener todos los elementos para judicializar la carpeta de investigación desde el año de dos mil diecinueve, a la data el representante social ha sido omiso en resolver de manera definitiva el cause legal de dicha indagatoria. Así el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, como derecho subjetivo personal o individual, el de acceder a la justicia y a que ese mecanismo sea expedito. En ese sentido, entender en sentido limitativo las figuras de ofendido y víctima, tratándose de delitos donde los bienes jurídicos tutelados afecten dicha prerrogativa (acceso a la justicia, así como su expeditéz), implicaría soslayar el derecho de la persona que, al considerar transgredida una prerrogativa fundamental, compareció ante la autoridad investigadora a denunciar la probable comisión de un ilícito con el propósito de conocer la verdad y obtener justicia. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sostenido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2023143, cuyo rubro y texto rezan: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA TIENE EL DENUNCIANTE CUANDO SU PRETENSIÓN ES SALVAGUARDAR EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y QUE EL MECANISMO QUE ACCIONÓ SEA EXPEDITO. Hechos: El quejoso, por propio derecho y en su calidad de mandatario judicial del albacea en un juicio sucesorio, denunció hechos posiblemente constitutivos de los delitos de denegación o retardo de justicia y prevaricación; sin embargo, el Ministerio Público propuso el no ejercicio de la acción penal y la Fiscalía la aprobó; inconforme con esta decisión, aquél interpuso el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, el Juez de Control lo declaró improcedente, en virtud de que el denunciante, al no ser víctima u ofendido del delito, carecía de legitimación para promoverlo; inconforme, promovió amparo y el Juez de Distrito le negó la protección constitucional, por lo que interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que el denunciante tiene legitimación para interponer el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales contra la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, cuando su pretensión no es denunciar el hecho ilícito por un mero interés cívico, sino salvaguardar el derecho de acceso a la justicia y que el mecanismo que accionó sea expedito, en función de los intereses que representa. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, como derecho subjetivo personal o individual, el de acceder a la justicia y a que ese mecanismo sea expedito (contrario a una dilación injustificada). De modo que tratándose de delitos donde los bienes jurídicos tutelados afecten dicha prerrogativa (como sucede en los ilícitos de denegación o retardo de justicia y prevaricación, por ejemplo), entender en sentido limitativo las figuras de ofendido y víctima, implicaría transgredida una prerrogativa fundamental, compareció ante l autoridad investigadora a denunciar la probable comisión de u ilícito con el propósito de conocer la verdad y obtener justicia Por tanto, el raciocinio proteccionista al derecho invocado debe materializarse por las autoridades del país, considerando los datos que se adviertan del caso concreto, con el objeto de que las personas que puedan resentir una afectación en el disfrute del citado derecho humano, directa o indirectamente y con independencia de que les corresponda una indemnización económica, puedan hacer valer sus derechos en u procedimiento asequible que les otorgue un real y efectivo acceso a la justicia, en el cual tengan la oportunidad d participar y ser escuchados." En esa tesitura, si la parte denunciante dentro de una carpeta de investigación cuenta con la prerrogativa de interponer el recurso ordinario establecido en el artículo 258 de Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta inconcuso que de conformidad con lo establecido en el numérico 61 fracción XX de la Ley de Amparo, debió impugnar los acto reclamados ante el Juez de Control respectivo, previo a instar la presente vía constitucional. Esto es así, pues los actos de archivo temporal y omisiones en la fase de investigación podrían derivar de su negligencia en el perfeccionamiento de la misma. Así entonces, sería la resolución del Juez de Control que decida sobre esos aspectos la que podría combatirse e esta vía indirecta. Esta decisión encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancia comunes que puedan producir la insubsistencia de los actos de autoridad que le producen afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Empero, de conformidad con la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que contiene el principio de definitividad, relacionado con el diverso numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite establecer que las omisiones y resoluciones de reserva atribuidas a los Agentes del Ministerio Público, son susceptibles de ser impugnadas ante la autoridad judicial. Prerrogativa que constitucionalmente se otorga al pasivo del delito, y se equipara al derecho subjetivo con el que cuenta el denunciante de los hechos, cuando, con motivo de dichas omisiones, se transgrede su derecho al acceso a la justicia, así como su expeditéz. Ello, se advierte de la exposición de motivos que dio origen a la redacción actual del apartado C, del artículo 20 de la Constitución Federal, que, entre otras cosas dice: "El Apartado C del artículo 20 constitucional confiere ahora nuevos derechos a las víctimas u ofendidos de los delitos. Fundamentalmente, una participación más activa en el proceso mediante la introducción de novedosas figuras. En esta reforma se conservan importantes derechos que ya han sido reconocidos con anterioridad [.]. Se establece una nueva dimensión constitucional de la coadyuvancia para los efectos de que la víctima pueda intervenir directamente en el juicio e interponer los recursos en los términos que establezca la ley [.]. [.] Esta figura se incorpora ahora como una nueva garantía constitucional, con el objeto de que exista la posibilidad para las víctimas de defender directamente sus intereses. Ello no significa por supuesto que el Ministerio Público no esté obligado a dar un efectivo servicio de calidad a las víctimas y a representar sus intereses [.] Además de lo anteriormente indicado, se amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos de que comprenda todas las formas en que ello puede suceder, es decir, cuando se trate del desistimiento y de la reserva. Diversos criterios jurisprudenciales ya preveían esos extremos, los cuales ahora se reconocen expresamente en la Constitución". Como se advierte, se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito, y de manera equiparable, al denunciante, de defender directamente sus intereses, esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar no sólo las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Sino también, de manera relevante su derecho fundamental a impugnar ante el órgano jurisdiccional las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos y pronunciarse si ejerce o no la acción; lo que igualmente se encuentra tutelado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimiento Penales. Es por ello que, al incorporarse en la Constitución esta prerrogativa de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, inclusive su abuso. Bajo este mismo contexto, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los Jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Atento a lo anterior, se advierte que se estableció que si bien, el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, lo cierto es que en general se tratan de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. De igual manera indicó que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta omisa supone la paralización de su función investigadora. Luego, concluyó que de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como del arábigo 16 Constitucional, se enfatizó en que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, atendiendo a que, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Esto es, las omisiones de la representación social no deben limitarse a las taxativamente previstas en dicho numeral del código adjetivo señalado, o aquellas que tengan como efecto paralizar la investigación. Sino, todas aquellas que se cometan en la carpeta de investigación, incluso, las que no tengan esos efectos dilatorios, pues, los derechos de la víctima y, en general, de las partes, están íntimamente ligados con la labor del Ministerio Público, pues su función es precisamente la de salvaguardar dichas prerrogativas en todo momento. Por tanto, es a través de dicho recurso innominado que puede impugnarse cualquier tipo de omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el Juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación. Garantizando con ello una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial, respecto a cualquier omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de la víctima u ofendido, o bien, del denunciante, bajo las condiciones expuestas con antelación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Publicada en agosto de 2019, Libro 69, página 4632, con número de registro 2020422, cuyo rubro y texto rezan: "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que dio origen a las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), determinó que mediante el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pueden impugnarse las omisiones que inciden en la actividad investigadora del agente del Ministerio Público, y que hayan ocurrido en la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio. Ahora, esas omisiones no deben limitarse a las taxativamente previstas en dicho numeral o que tengan como efecto paralizar la investigación, sino todas aquellas que se cometan en la carpeta de investigación, incluso, las que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima y, en general, de las partes, está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público, pues en su función está obligado a salvaguardar sus prerrogativas en todo momento. De ahí que por medio de dicho recurso innominado puede impugnarse cualquier tipo de omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el Juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial, respecto a cualquier omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de la víctima u ofendido." Al tenor de dichas consideraciones, este juzgado de distrito estima que en el caso particular, ante la abstención que reclama la justiciable por parte de la autoridad responsable, se debió agotar el recurso que la propia Constitución Federal consigna, en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a la promoción de la presente instancia constitucional. En mérito de lo expuesto y fundado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, atento a lo dispuesto en el precepto 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 943, Libro 57, agosto 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo observancia al principio de definitividad." Asimismo, es preciso destacar que la anterior determinación no implica negar a la promovente del amparo su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues por imperativo legal se deben cumplir con los requisitos de procedencia establecidos en la ley de la materia. Ya que si bien los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia (acceso a una tutela judicial efectiva), lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance (como lo es el presente juicio de amparo) Sirve de apoyo a lo antes referido la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, página 2066, de contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Puesto que, tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 909, de contenido siguiente. "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." Máxime que si bien, la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de diez de junio de dos mil once implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, dicha circunstancia no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa. Puesto que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sirve de apoyo la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, de contenido siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." DOMICILIO Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones. En caso de no contar con un usuario registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera extraordinaria y conforme a lo establecido el artículo 257, fracción I del referido Acuerdo General, en el mismo término, deberá proporcionar un número telefónico, a fin de establecer comunicación procesal y realizar las notificaciones a las que les recaiga el carácter personal por este medio, apercibido que de ser omiso al respecto, se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Cabe señalar que el usuario de referencia se obtiene de la siguiente forma: INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN DE USUARIO ELETRÓNICO. Primeramente deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. Se exhorta a las partes a transitar al juicio en línea. Por otro lado, por cuanto hace a su solicitud de tenerle como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que proporcionó, no ha lugar de proveer favorable, ya que no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 30 y 31 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal.
- Principal
Toluca, ********************, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Intégrese el oficio del Jefe de Área del Registro B, adscrito al Registro Agrario Nacional en el ********************, por el cual, en atención a lo requerido en proveído de cuatro del mes y año en curso, informa que en los asientos registrales e informáticos que obran legalmente inscritos en los protocolos dentro de ese órgano registral, constató que ********************, ******************** y ********************, cuentan con el carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, y nuevos integrantes del Comisariado de bienes comunales de la comunidad de ********************, Municipio de ********************, ********************, por el periodo del veintiuno de julio de dos mil veintidós al veintiuno de julio de dos mil veinticinco. En ese sentido, se levanta la reserva efectuada en el mencionado proveído de cuatro de noviembre del actual año y por tanto se provee. Téngase por reconocida y acreditada la personalidad que ostentaron los terceros interesados en mención; asimismo, de conformidad con lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del Comisariado tercero interesado el señalado en el escrito ingresado ante este órgano de control constitucional el tres de noviembre de la anualidad en curso. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Con relación a los autorizados que menciona; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Por otra parte, respecto a las manifestaciones que realizan respecto al cumplimiento a la sentencia dado por las autoridades responsables y vinculadas para dicho fin, téngase por realizadas para que sean tomadas en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En otro tenor, agréguese el escrito de la quejosa ********************, por medio del cual designa un autorizado, proporciona como medio de comunicación alterno (no procesal) un correo electrónico y, solicita la consulta del expediente electrónico mediante el usuario "********************". En atención a su contenido, respecto al profesionista que designa, dígase que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; asimismo, se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesal), el correo electrónico que proporciona. Sin que haya lugar a autorizar la consulta del expediente electrónico con el usuario que precisa, pues de una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se advierte que es inexistente.
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