Aurora Paleta Sánchez y Otros.
Expediente 50/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 34 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 50/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 06/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Aurora Paleta Sánchez
- Aurora Paleta Sánchez y Otros.
- Mateo Emiliano Lira Vidal
- Christian María Victoria Vidal Dajui
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a seis de diciembre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria, Valoración y Archivo. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el auto de nueve de noviembre del año en curso, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se sobreseyó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es DESTRUIBLE, por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su destrucción. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se concedió la suspensión provisional y definitiva, en atención a lo ordenado en el citado precepto, procede su depuración, por lo que deberá conservase el acuerdo donde se otorgó la medida cautelar, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a) del citado ordenamiento. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el acuerdo de referencia, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente incidental, sin previo acuerdo, realícese la desincorporación, a efecto de que en su momento sea transferido conforme a lo dispuesto en el acuerdo en comento artículo 18 penúltimo párrafo. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Existencia de documentos Como se advierte en la certificación, en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como no originales; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución a la parte quejosa en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.
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Apizaco, Tlaxcala, a nueve de noviembre de dos mil veintiuno. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA 1.- Precisión del acto reclamado. Al analizarse de manera integral de la demanda, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.", de los autos se advierte que el acto reclamado en el presente juicio es: La orden de comparecencia a la junta familiar señalada para el nueve de febrero de dos mil veintiuno en el expediente 61/2021 antes 36/2021, a fin de que la quejosa ********y el menor identificado como M. E. L. V., cuya identidad se protege, se presenten ante el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, sin tomar las medidas de salud necesarias y su ejecución. Acto que reclamaron del Juez Primero y Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y diligenciarios adscritos a dichos órganos. 2.- Marco normativo De conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en el diverso numeral 61 de la misma legislación. Por su parte, el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los autos que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; es decir, el sobreseimiento del juicio de amparo, además de decretarse en la audiencia constitucional, también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma. Empero, ello procede únicamente cuando en el juicio de amparo, concurra una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte de forma patente, notoria y absolutamente clara; y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Al respecto, cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia 2a./J 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquel que está plenamente acreditado, pues no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, ya sea de la lectura de la demanda constitucional y sus anexos, de lo actuado en el juicio o de las constancias que se alleguen a él; lo que permite que se tenga la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de continuarse con la substanciación del procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. En relación con los conceptos descritos, resulta ilustrativa la tesis 2a. LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." 3.- Aplicación del marco normativo al caso concreto En el caso, se estima se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (...) Del artículo transcrito se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por estos aquellos respecto de los cuales el órgano de control constitucional se encuentra impedido para pronunciarse sobre su validez, en atención a que aún y cuando pudiera llegar a concederse la protección constitucional, perdería eficacia la sentencia pronunciada, ante la imposibilidad jurídica de restituir al peticionario en el goce del derecho violado. Lo anterior, en virtud de que el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, por lo que su procedencia está condicionada a la posibilidad de que la sentencia pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía transgredida, ya sea volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando se trata de actos de carácter positivo, o bien, si se está en presencia de actos negativos, obligando a la autoridad a respetar el derecho que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Así, se entiende que un acto está consumado cuando se han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo que hace improcedente la acción de amparo. Ello, porque en caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. Robustece lo anterior, la tesis I.3o.A. 150 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, del rubro siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia aludida en virtud de que los quejosos reclaman la medida de protección consistente en la celebración de una junta familiar a la cual debía comparecer el menor quejoso M. E. L. V. y su abuela Aurora Paleta Sánchez, también quejosa en esta instancia. En ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en el presente juicio, se advierte que la junta familiar en la cual se requirió de la presencia de ambos, fue celebrada el nueve de febrero del presente año, en la cual se hizo constar la incomparecencia de dicho menor quejoso, así como la de su padre Nestor Lira Paleta y la abuela del menor Aurora Paleta Sánchez, por tanto, se hizo efectiva la multa decretada y finalmente, se señaló como nueva fecha para la junta familiar las doce horas del doce de febrero de dos mil veintiuno. Por lo anterior, queda evidenciado que la autoridad responsable dictó un auto en el que citó a las partes -entre ellos al menor de iniciales M.E.L.V. y la abuela del menor Aurora Paleta Sánchez -, para que comparecieran el nueve de febrero del año en curso y que, en efecto, dicha junta familiar se llevó a cabo sin la presencia de dichas partes. Por tanto, debe considerarse consumado de manera irreparable el acto reclamado, conforme lo dispone el artículo referido en el párrafo que antecede y, en consecuencia, procede sobreseer el juicio de amparo promovido por promovido por Aurora Paleta Sánchez por propio derecho y Néstor Lira Paleta, en representación del menor de edad M. E. L. V., respecto del acto y autoridades responsables que han quedado precisados. Sin que en el caso esta juzgadora estuviera obligada a prevenir a la parte quejosa para que ampliara su demanda de amparo, al momento en que se recibieron los informes justificados, por cuanto hace al proveído que se dictó en la junta familiar de nueve de febrero de dos mil veintiuno, toda vez que los quejosos tuvieron conocimiento de dicho auto desde el diez de febrero siguiente, según constancias de notificación que obran en autos, aunado a que en el expediente 36/2021 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc los citados quejosos presentaron escrito el doce de febrero del mismo año, es decir se apersonaron a la diligencia de referencia; de ahí que al no tratarse de un acto desconocido o novedoso por el impetrante, no se surtió tal obligación a cargo de este juzgador. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 8/20185, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO". Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución que el peticionario de amparo le atribuye al diligenciario par adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y diligenciario non adscrito Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, por no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Finalmente, sin que sea el caso analizar los alegatos hechos valer por el representante especial del menor quejoso; toda vez que los mismos no forman parte de la litis y en nada cambiarían el sentido de la presente resolución. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/946, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". 4.- Conclusión. En las relatadas condiciones, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se encuentran fijadas las diez horas con cuarenta y cinco minutos del once de noviembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, sin embargo, dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Por último, no sobra señalar que la determinación aquí alcanzada no implica por sí misma una contravención al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo y al principio pro persona, pues la parte quejosa no está eximida de respetar los requisitos de procedencia o presupuestos de la acción de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 emitida por la Primera Sala de la Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y representante especial del menor; por lista a la tercera interesada; vía electrónica al Agente del Ministerio Público adscrito y por oficio a las autoridades responsables.
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***Apizaco, Tlaxcala, a nueve de noviembre de dos mil veintiuno. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA 1.- Precisión del acto reclamado. Al analizarse de manera integral de la demanda, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.", de los autos se advierte que el acto reclamado en el presente juicio es: La orden de comparecencia a la junta familiar señalada para el nueve de febrero de dos mil veintiuno en el expediente 61/2021 antes 36/2021, a fin de que la quejosa ********y el menor identificado como M. E. L. V., cuya identidad se protege, se presenten ante el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, sin tomar las medidas de salud necesarias y su ejecución. Acto que reclamaron del Juez Primero y Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y diligenciarios adscritos a dichos órganos. 2.- Marco normativo De conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en el diverso numeral 61 de la misma legislación. Por su parte, el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los autos que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; es decir, el sobreseimiento del juicio de amparo, además de decretarse en la audiencia constitucional, también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma. Empero, ello procede únicamente cuando en el juicio de amparo, concurra una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte de forma patente, notoria y absolutamente clara; y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Al respecto, cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia 2a./J 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquel que está plenamente acreditado, pues no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, ya sea de la lectura de la demanda constitucional y sus anexos, de lo actuado en el juicio o de las constancias que se alleguen a él; lo que permite que se tenga la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de continuarse con la substanciación del procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. En relación con los conceptos descritos, resulta ilustrativa la tesis 2a. LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." 3.- Aplicación del marco normativo al caso concreto En el caso, se estima se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (...) Del artículo transcrito se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por estos aquellos respecto de los cuales el órgano de control constitucional se encuentra impedido para pronunciarse sobre su validez, en atención a que aún y cuando pudiera llegar a concederse la protección constitucional, perdería eficacia la sentencia pronunciada, ante la imposibilidad jurídica de restituir al peticionario en el goce del derecho violado. Lo anterior, en virtud de que el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, por lo que su procedencia está condicionada a la posibilidad de que la sentencia pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía transgredida, ya sea volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando se trata de actos de carácter positivo, o bien, si se está en presencia de actos negativos, obligando a la autoridad a respetar el derecho que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Así, se entiende que un acto está consumado cuando se han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo que hace improcedente la acción de amparo. Ello, porque en caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. Robustece lo anterior, la tesis I.3o.A. 150 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, del rubro siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia aludida en virtud de que los quejosos reclaman la medida de protección consistente en la celebración de una junta familiar a la cual debía comparecer el menor quejoso M. E. L. V. y su abuela Aurora Paleta Sánchez, también quejosa en esta instancia. En ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en el presente juicio, se advierte que la junta familiar en la cual se requirió de la presencia de ambos, fue celebrada el nueve de febrero del presente año, en la cual se hizo constar la incomparecencia de dicho menor quejoso, así como la de su padre Nestor Lira Paleta y la abuela del menor Aurora Paleta Sánchez, por tanto, se hizo efectiva la multa decretada y finalmente, se señaló como nueva fecha para la junta familiar las doce horas del doce de febrero de dos mil veintiuno. Por lo anterior, queda evidenciado que la autoridad responsable dictó un auto en el que citó a las partes -entre ellos al menor de iniciales M.E.L.V. y la abuela del menor Aurora Paleta Sánchez -, para que comparecieran el nueve de febrero del año en curso y que, en efecto, dicha junta familiar se llevó a cabo sin la presencia de dichas partes. Por tanto, debe considerarse consumado de manera irreparable el acto reclamado, conforme lo dispone el artículo referido en el párrafo que antecede y, en consecuencia, procede sobreseer el juicio de amparo promovido por promovido por Aurora Paleta Sánchez por propio derecho y Néstor Lira Paleta, en representación del menor de edad M. E. L. V., respecto del acto y autoridades responsables que han quedado precisados. Sin que en el caso esta juzgadora estuviera obligada a prevenir a la parte quejosa para que ampliara su demanda de amparo, al momento en que se recibieron los informes justificados, por cuanto hace al proveído que se dictó en la junta familiar de nueve de febrero de dos mil veintiuno, toda vez que los quejosos tuvieron conocimiento de dicho auto desde el diez de febrero siguiente, según constancias de notificación que obran en autos, aunado a que en el expediente 36/2021 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc los citados quejosos presentaron escrito el doce de febrero del mismo año, es decir se apersonaron a la diligencia de referencia; de ahí que al no tratarse de un acto desconocido o novedoso por el impetrante, no se surtió tal obligación a cargo de este juzgador. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 8/20185, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO". Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución que el peticionario de amparo le atribuye al diligenciario par adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y diligenciario non adscrito Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, por no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Finalmente, sin que sea el caso analizar los alegatos hechos valer por el representante especial del menor quejoso; toda vez que los mismos no forman parte de la litis y en nada cambiarían el sentido de la presente resolución. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/946, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". 4.- Conclusión. En las relatadas condiciones, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se encuentran fijadas las diez horas con cuarenta y cinco minutos del once de noviembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, sin embargo, dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Por último, no sobra señalar que la determinación aquí alcanzada no implica por sí misma una contravención al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo y al principio pro persona, pues la parte quejosa no está eximida de respetar los requisitos de procedencia o presupuestos de la acción de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 emitida por la Primera Sala de la Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y representante especial del menor; por lista a la tercera interesada; vía electrónica al Agente del Ministerio Público adscrito y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
***Apizaco, Tlaxcala, a nueve de noviembre de dos mil veintiuno. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA 1.- Precisión del acto reclamado. Al analizarse de manera integral de la demanda, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.", de los autos se advierte que el acto reclamado en el presente juicio es: La orden de comparecencia a la junta familiar señalada para el nueve de febrero de dos mil veintiuno en el expediente 61/2021 antes 36/2021, a fin de que la quejosa ********y el menor identificado como M. E. L. V., cuya identidad se protege, se presenten ante el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, sin tomar las medidas de salud necesarias y su ejecución. Acto que reclamaron del Juez Primero y Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y diligenciarios adscritos a dichos órganos. 2.- Marco normativo De conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en el diverso numeral 61 de la misma legislación. Por su parte, el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los autos que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; es decir, el sobreseimiento del juicio de amparo, además de decretarse en la audiencia constitucional, también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma. Empero, ello procede únicamente cuando en el juicio de amparo, concurra una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte de forma patente, notoria y absolutamente clara; y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Al respecto, cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia 2a./J 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquel que está plenamente acreditado, pues no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, ya sea de la lectura de la demanda constitucional y sus anexos, de lo actuado en el juicio o de las constancias que se alleguen a él; lo que permite que se tenga la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de continuarse con la substanciación del procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. En relación con los conceptos descritos, resulta ilustrativa la tesis 2a. LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." 3.- Aplicación del marco normativo al caso concreto En el caso, se estima se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (...) Del artículo transcrito se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por estos aquellos respecto de los cuales el órgano de control constitucional se encuentra impedido para pronunciarse sobre su validez, en atención a que aún y cuando pudiera llegar a concederse la protección constitucional, perdería eficacia la sentencia pronunciada, ante la imposibilidad jurídica de restituir al peticionario en el goce del derecho violado. Lo anterior, en virtud de que el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, por lo que su procedencia está condicionada a la posibilidad de que la sentencia pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía transgredida, ya sea volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando se trata de actos de carácter positivo, o bien, si se está en presencia de actos negativos, obligando a la autoridad a respetar el derecho que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Así, se entiende que un acto está consumado cuando se han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo que hace improcedente la acción de amparo. Ello, porque en caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. Robustece lo anterior, la tesis I.3o.A. 150 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, del rubro siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia aludida en virtud de que los quejosos reclaman la medida de protección consistente en la celebración de una junta familiar a la cual debía comparecer el menor quejoso M. E. L. V. y su abuela Aurora Paleta Sánchez, también quejosa en esta instancia. En ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en el presente juicio, se advierte que la junta familiar en la cual se requirió de la presencia de ambos, fue celebrada el nueve de febrero del presente año, en la cual se hizo constar la incomparecencia de dicho menor quejoso, así como la de su padre Nestor Lira Paleta y la abuela del menor Aurora Paleta Sánchez, por tanto, se hizo efectiva la multa decretada y finalmente, se señaló como nueva fecha para la junta familiar las doce horas del doce de febrero de dos mil veintiuno. Por lo anterior, queda evidenciado que la autoridad responsable dictó un auto en el que citó a las partes -entre ellos al menor de iniciales M.E.L.V. y la abuela del menor Aurora Paleta Sánchez -, para que comparecieran el nueve de febrero del año en curso y que, en efecto, dicha junta familiar se llevó a cabo sin la presencia de dichas partes. Por tanto, debe considerarse consumado de manera irreparable el acto reclamado, conforme lo dispone el artículo referido en el párrafo que antecede y, en consecuencia, procede sobreseer el juicio de amparo promovido por promovido por Aurora Paleta Sánchez por propio derecho y Néstor Lira Paleta, en representación del menor de edad M. E. L. V., respecto del acto y autoridades responsables que han quedado precisados. Sin que en el caso esta juzgadora estuviera obligada a prevenir a la parte quejosa para que ampliara su demanda de amparo, al momento en que se recibieron los informes justificados, por cuanto hace al proveído que se dictó en la junta familiar de nueve de febrero de dos mil veintiuno, toda vez que los quejosos tuvieron conocimiento de dicho auto desde el diez de febrero siguiente, según constancias de notificación que obran en autos, aunado a que en el expediente 36/2021 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc los citados quejosos presentaron escrito el doce de febrero del mismo año, es decir se apersonaron a la diligencia de referencia; de ahí que al no tratarse de un acto desconocido o novedoso por el impetrante, no se surtió tal obligación a cargo de este juzgador. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 8/20185, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO". Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución que el peticionario de amparo le atribuye al diligenciario par adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y diligenciario non adscrito Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, por no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Finalmente, sin que sea el caso analizar los alegatos hechos valer por el representante especial del menor quejoso; toda vez que los mismos no forman parte de la litis y en nada cambiarían el sentido de la presente resolución. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/946, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". 4.- Conclusión. En las relatadas condiciones, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se encuentran fijadas las diez horas con cuarenta y cinco minutos del once de noviembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, sin embargo, dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Por último, no sobra señalar que la determinación aquí alcanzada no implica por sí misma una contravención al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo y al principio pro persona, pues la parte quejosa no está eximida de respetar los requisitos de procedencia o presupuestos de la acción de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 emitida por la Primera Sala de la Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y representante especial del menor; por lista a la tercera interesada; vía electrónica al Agente del Ministerio Público adscrito y por oficio a las autoridades responsables.
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