Aurora Padilla Martínez

Expediente 1384/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 18 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1384/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
14/07/2022

Partes del expediente

  • Aurora Padilla Martínez
  • María Guadalupe Pulido Presa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, catorce de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por María Guadalupe Pulido Presa y Aurora Padilla Martínez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, la copia certificada del expediente laboral 332/2008, la que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistida de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 1384/2021-10, promovido por María Guadalupe Pulido Presa y Aurora Padilla Martínez. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa, consistentes en las copias simples de diversas constancias relativas al expediente laboral 332/2008, del registro del Tribunal responsable, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana. [Fojas 10 a 128] Por otro lado, se tiene las documentales que remitió el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado y como complemento a éste, que consisten en copia certificada de diversas constancias del expediente 332/2008????????? de su índice; que obran agregadas en el presente sumario [Fojas 168 a 194] y por cuerda separada. [Tomos 1, 2, 3 y 4] Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1384/2021-10, promovido por María Guadalupe Pulido Presa y Aurora Padilla Martínez, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 123 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el tres de noviembre posterior,************sa y ****************solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "A).- la RESPONSABLE, se ha negado a emitir su resolución incidental correspondiente, a pesar de haber celebrado la AUDIENCIA INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN y reservarse el derecho a acordar lo conducente (sic) "B).- La NULIDAD de los acuerdos pronunciados en los puntos SEGUNDO y CUARTO del proveído de fecha 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, emitido en el juicio laboral 332/2008 ( (sic) AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1384/2021-10; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; se reconoció carácter de terceros interesados al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco, en virtud de ser las contraparte en el juicio natural, por lo que se instruyó su emplazamiento por oficio; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, en???????? términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Mediante oficios 30867/2021 y 30868/2021 recibidos el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo el llamamiento a juicio del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco1, en su calidad de terceros interesados. [Foja 140] CUARTO. RECURSO DE QUEJA. Mediante auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno se tuvo por recibido el escrito del apoderado legal del Ayuntamiento tercero interesado, por medio del cual interpuso queja en contra del auto admisorio de cuatro de noviembre anterior. Medio de defensa que, en proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, fue registrado con el expediente 306/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, por lo cual se ordenó suspender el procedimiento en el presente juicio constitucional, hasta en tanto se resolviese el recurso. Seguido el trámite de ley, mediante sesión ordinaria de veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno, resolvió: "ÚNICO. Es procedente pero infundado el presente recurso de queja." 1 Como se advierte del rastreo realizado en la página electrónica https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo al número de guía 701501554024A505583754. Por tanto, una vez recibida la ejecutoria en comento, por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se ordenó reanudar el procedimiento, por lo que se solicitó a la autoridad responsable remitiese diversas constancias. QUINTO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2.????????? SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 742, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".3 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: 2 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 3 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. a. La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de resolver el incidente de liquidación planteado por las actoras Aurora Padilla Martínez y María Guadalupe Pulido Presa -aquí quejosas- el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, no obstante que el nueve de octubre de esa anualidad se llevó a cabo la audiencia incidental respectiva, en el expediente 332/2008. b. Los puntos segundo y cuarto del proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 332/2008. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al rendir el informe con justificación, negó la existencia del reclamo materia de la presente controversia. [Foja 167] No obstante, dicha negativa queda desvirtuada dado que, del análisis del propio informe y de las constancias4 que le acompañó se advierte su existencia, puesto que por una parte, efectivamente se dictó el acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno [Fojas 4341 a 4353 del Tomo 4] en el juicio laboral de origen y por otro lado, fue hasta el uno de diciembre de dos mil veintiuno [Fojas 4622 a 4639 del Tomo 4], que el tribunal responsable resolvió la incidencia de actualización de liquidación peticionada por las quejosas mediante escrito de cinco de septiembre de dos mil diecinueve [Foja 3103 a 3107 del Tomo 3], lo cual constituye el reclamo en esta controversia. 4 Documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORI?? Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese orden de ideas, al respecto del acto reclamado identificado con el inciso a. del considerando segundo de esta ejecutoria, consistente en la omisión de resolver el incidente de actualización de liquidación planteado por las aquí quejosas el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio natural; se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se???????? surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, por lo que hace a la omisión señalada al Tribunal responsable, de las constancias que acompañó a su informe, se advierte que mediante resolución de uno de diciembre de dos mil veintiuno dictado en el juicio burocrático 332/2008 [Fojas 4622 a 4639 del Tomo 4], en los puntos noveno y décimo se pronunció sobre el cálculo de la actualización de la planilla de liquidación que promovieron las actoras -aquí quejosas- el cinco de septiembre de dos mil diecinueve [Fojas 3103 a 3107 del Tomo 3]. Esto es así, ya que tuvo por dada la vista a la entidad pública demandada con el escrito de actualización, acotó que se llevó a cabo la audiencia incidental de liquidación el nueve de octubre de dos mil diecinueve [Fojas 3225 a 3227 del Tomo 3], acotó el periodo del cálculo, esto fue del veintitrés de noviembre de dos mil quince al cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Finalmente llevó a cabo el cálculo, por lo que requirió al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco -aquí tercero- para efectuar el pago correspondiente. A efecto de clarificar lo anterior, se reproduce digitalmente la porción respectiva de la resolución en comento.???????????????????????????????????????? En mérito de lo anterior, resulta evidente que en el momento de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -veintiocho de octubre de dos mil veintiuno- indudablemente existía la conducta omisiva de parte de la?????????? autoridad responsable ya que no había resuelto la incidencia de actualización de plantilla de liquidación planteada por las actoras -aquí quejosas-, en el procedimiento laboral de origen; sin embargo, en la fecha en que esta juzgadora resuelve este sumario constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado. Sin que pase inadvertido a este órgano de amparo que, si bien las quejosas también se duelen del punto CUARTO del auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno [Fojas 4344 y 4345 del Tomo 4], donde la autoridad responsable les hizo saber que proveería la actualización de liquidación solicitada en el momento procesal oportuno, lo cierto es que tal acuerdo se encuentra ligado a los visto en líneas anteriores. Por tanto, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia a la que alude la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, transcrito con antelación. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Por otro lado, idéntica calificativa de improcedencia merece el acto reclamado relativo al punto SEGUNDO del auto????????? de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno dictado en el juicio natural, ya que se materializa la causal prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; La porción normativa transcrita establece, que el juicio de protección constitucional deviene improcedente en contra actos efectuados en ejecución de sentencias de amparo, es decir, aquellas cuestiones que ineludiblemente han de efectuar las autoridades responsables en cumplimiento a la resolución amparadora y que un órgano jurisdiccional de amparo debe calificar conforme a los lineamientos establecidos en dicha sentencia protectora. En ese sentido, la improcedencia deriva del hecho de que la resolución, acción o inacción de parte de la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría un estado de inseguridad jurídica, lo cual es contrario al estado de derecho, principio rector del propio juicio de protección de derechos fundamentales. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 7235/2016 indicó que la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo se refiere a la improcedencia del juicio???????? constitucional en contra de las resoluciones dictadas en ejecución de las sentencias de amparo, cuando la autoridad responsable se encuentra totalmente vinculada a los efectos establecidos por el órgano de control constitucional. Así, en este supuesto, como ya se dijo, la autoridad responsable no emite consideraciones propias en plenitud de jurisdicción que ameriten un nuevo análisis por parte del Juez de amparo. Da tal suerte, que el nuevo juicio constitucional que se promueve en contra de una resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, resulta improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Con base en esta lógica, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no contradice el derecho a contar con un recurso eficaz. Esta norma no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo en atención a razones de seguridad jurídica. Del análisis anterior, se desprende la tesis de jurisprudencia 1a./J. 57/2018 (10a.) pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 829, décima época, materia constitucional, registro 2018315, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN????????? RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." Ahora, del contenido de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto 745/2016-75 del índice de este órgano de amparo se destaca que: ? Mediante sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, este juzgado federal concedió la protección 5 Lo cual se cita como hecho notorio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.103/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Junio de 2007, página 285, materia común, novena época, registro 172215, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista."?????????? constitucional a María Guadalupe Pulido Presa y Aurora Padilla Martínez contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. ? En auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo como autoridad vinculada en el cumplimiento al fallo protector a todos los integrantes del cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco y se les requirió el acatamiento del mismo. ? Seguida la ejecución del fallo protector, mediante proveído veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, el apoderado legal del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco, remitió las siguientes constancias: (1) Copia certificada del oficio DA/RH/126/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, en donde consta que a partir de esa fecha María Guadalupe Pulido Presa, con categoría de Auxiliar C, quedó adscrita a la Coordinación del DIF Municipal, en un horario de lunes a viernes de 08:00 am a 03:00 pm. (2) Copia certificada del recibo de nómina de personal de base, correspondiente a la primera quincena, del uno al quince de marzo del año en curso, de María Guadalupe Pulido Presa, con número de empleada 5017. (3) Copia simple del nombramiento de condición base, con número de folio 5017, de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, a nombre de María Guadalupe Pulido Presa. (4) Copia certificada del oficio DA/RH/125/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, en donde consta que a partir de esa fecha Aurora Padilla Martínez, con categoría de Maestra de Corte, quedó adscrita a la Coordinación del DIF Municipal, en un horario de lunes a viernes de 08:00 am a 03:00 pm. (5) Copia certificada del recibo de nómina de base, correspondiente a la primera quincena, del uno al quince?????????? de marzo del año en curso, de Aurora Padilla Martínez, con número de empleada 5016. (6) Copia simple del nombramiento de condición base, con número de folio 5016, de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, a nombre de Aurora Padilla Martínez. ? Por oficio recibido el uno de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable remitió copia certificada del convenio de pago a futuro por cumplimentación de laudo, de doce de agosto del mismo año, signado por María Guadalupe Pulido Presa y Aurora Padilla Martínez, quejosas en el presente juicio de amparo, respecto de la primera, por la cantidad de $347,887.98 (trescientos cuarenta y siete mil ochocientos ochenta y siete pesos 98/100 moneda nacional) y en cuanto a la segunda, por la suma de $174,900.62 (ciento setenta y cuatro mil novecientos pesos 62/100 moneda nacional). ? Mediante oficio recibido el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, el aludido órgano jurisdiccional remitió copia certificada del convenio de pago total por cumplimentación de laudo, de fecha diez de ese mismo mes y año, signado por María Guadalupe Pulido Presa y Aurora Padilla Martínez, quejosas en el presente juicio de amparo, en el que consta que la primera recibió el cheque número 0000687, de la cuenta bancaria 18000163907, de la institución bancaria Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, por la cantidad $290,353.82 (doscientos noventa mil trescientos cincuenta y tres pesos 82/100 moneda nacional).6 6 El importe que le correspondía era de $347,887.98 (trescientos cuarenta y siete mil ochocientos ochenta y siete pesos 98/100 moneda nacional), menos el descuento relativo al Impuesto Sobre la Renta (ISR), por la?????????? ? Asimismo, se obtiene que la segunda de las impetrantes recibió el cheque número 0000241, de la cuenta bancaria 18000163955, de la institución bancaria Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, por la cantidad de $154,835.62 (ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco pesos 62/100 moneda nacional).7 ? En consecuencia, mediante auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la sentencia del juicio indirecto 745/2016-7, lo anterior dado que la autoridad responsable acreditó que la vinculada reinstaló a las quejosas, que les otorgó nombramiento de base y cubrió los importes siguientes: Del monto a pagar a María Guadalupe Pulido Presa: $1,159,626.18 Abono Importe Impuesto Total 04-11-20208 $261,611.28 $63,084.00 $324,685.28 24-11-20209 $65,402.82 $15,771.00 $81,173.82 10-03-202110 $334,698.02 $71,171.08 $405,869.10 10-09-202111 $290,353.82 $57,534.16 $347,887.98 Total $1'596,626.18 Del monto a pagar a Aurora Padilla Martínez: $583,001.62 Abono Importe Impuesto Total 04-11-202012 $138,719.92 $24,520.48 $163,240.40 24-11-202013 $34,679.98 $6,130.02 $40,810.10 cantidad de $57,534.16 (cincuenta y siete mil quinientos treinta y cuatro pesos 16/100 moneda nacional), da la suma de mérito. 7 El importe que le correspondía era de $174,900.62 (ciento setenta y cuatro mil novecientos pesos 62/100 moneda nacional), menos el descuento relativo al Impuesto Sobre la Renta (ISR), por la cantidad de $20,065.00 (veinte mil sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), da la suma de mérito. 8 Según cheque número 71, del banco Santander, de 27-10-2020. 9 Según cheque número 1030, del banco Santander, de 12-11-2020. 10 Según cheque número 157, del banco Santander, de 05-03-2021. 11 Según cheque número 0000687, de la cuenta bancaria 18000163907, de la institución bancaria Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero. 12 Según cheque número 971, del banco Santander, de 27-10-2020. 13 Según cheque número 1010, del banco Santander, de 12-11-2020.??????? 10-03-202114 $177,759.23 $26,251.27 $204,050.50 10-09-202115 $154,835.62 $20,065.00 $174,900.62 Total $583,001.62 De lo anterior, resulta evidente que, sí el punto SEGUNDO del acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 332/2008, tiene como objeto hacer de conocimiento de esta jurisdicción los pagos relativos a los convenios en favor de las actoras -aquí quejosas-, en cumplimiento de un diverso fallo de amparo dictado por este órgano federal y por tanto, el presente juicio resulta del todo improcedente. Para ejemplificar lo anterior se reproduce el punto de acuerdo en comento. 14 Según cheque número 156, del banco Santander, de 05-03-2021. 15 Según cheque número 0000241, de la cuenta bancaria 18000163955, de la institución bancaria Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.??????? Así, es indudable que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, toda vez que, la emisión del punto SEGUNDO deriva del procedimiento de ejecución de una diversa sentencia protectora y, por ende, instar una nueva vía de amparo es improcedente.???????? En las relatadas circunstancias, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio en términos de la fracción V del artículo 6316 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquéllas. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.)17, si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia 16 "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." 17 Véase Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, página 487.???????? de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos.??????? Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ************y ****************, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Juez Civil de Primera Instancia de Nacajuca, Tabasco, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 124/2022-10 con número de orden 415/2022, del índice de este juzgado, mediante el cual se ordenó la entrega del oficio 9324/2022 y anexos, de once marzo del presente año, dirigido al Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco. En consecuencia, dese de baja en la estadística y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de uno de junio del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado y constancias remitidas por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco; por lo que el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan de su contenido transcurrirá del seis al quince de junio del año en curso, con excepción de los días inhábiles que contempla el artículo 19 de la Ley de la Materia. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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