Aurora Mijangos Cruz
Expediente 437/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 437/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Aurora Mijangos Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, quince de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa***, interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo de treinta de abril del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho acuerdo para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto sobreseído fuera de audiencia, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso B, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos únicamente para que obren como correspondan los oficios firmados, respectivamente, por el Supervisor Comercial de TELMEX; y, Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1" y por el responsable de la Oficina de Asuntos Jurídicos de CFE Suministrador de Servicios Básicos Zona Comercial Tehuantepec, de la Gerencia Comercial Sureste, residente en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, por los que informan respecto del domicilio de la tercera interesada que obra en sus archivos, en virtud de que por acuerdo de treinta de abril del año en curso, se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos; advirtiéndose de lo asentado en la certificación secretarial que antecede, en el sentido de que la quejosa ***, no se presentó en la fecha y hora señaladas a efecto de que manifestara si reconocía como suya la firma que calza el escrito de demanda de amparo, y que por lo tanto, fue plasmada de su puño y letra, por lo que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, teniéndose por no expresada su voluntad, esto es, como si careciera de firma la demanda de amparo para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, es inconcuso que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6, del mismo ordenamiento legal, toda vez que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada; de ahí la exigencia de que el particular al que se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, la cual debe estar firmada y en original, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma original o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del promovente de presentarlo. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, y 6 de la Ley de Amparo, prevén: "ARTÍCULO. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.)". "ARTICULO 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita". Por tanto, como se hizo efectivo el apercibimiento correspondiente, en el sentido de que el escrito de demanda de amparo carece de firma de la quejosa, por ende, no existe instancia de parte agraviada, pues no se aprecia la voluntad de la impetrante para promover el juicio de amparo, en términos del artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Es aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el página 71, tomo 181-186 Quinta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 242775, que establece: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Y, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece en la página 315, tomo X, octubre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 218142, cuyo tenor literal es: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6, del mismo ordenamiento legal, en virtud de que se tuvo a la quejosa por no expresada su voluntad, esto es, como si careciera de firma la demanda, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional. Déjese sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional, a saber, las dieciséis horas con treinta y seis minutos del dieciocho de mayo del año en curso. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese; por lista a la quejosa en cumplimiento a lo ordenado por auto de once de diciembre del pasado año.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, en la que se hace constar que la quejosa ***, dentro del plazo de tres días que se le otorgó por acuerdo de doce de marzo del año en curso, para que proporcionara el domicilio actual y exacto de las personas morales terceras interesadas ***, Sociedad Anónima de Capital Variable y "***", a efecto de ordenar su emplazamiento, no lo hizo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, requiérase al Gerente de la Oficina Comercial de Teléfonos de México; Encargado de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos; Administrador del Sistema de Agua Potable; e Instituto Nacional Electoral, residentes en Santa María Huatulco, Oaxaca; así como al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1" de la Administración General de Recaudación, con sede en Oaxaca de Juárez, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, tengan a bien informar si en los registros que se llevan en esas dependencias, aparece el domicilio de las personas morales terceras interesadas "LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE OAXACA", Sociedad Anónima de Capital Variable y "SAYER LAK PUERTO ESCONDIDO", en caso afirmativo, lo precisen; en la inteligencia de que la citada información deberán dirigirla por oficio que se gire a este Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Oaxaca, vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio que de oportunamente podrán enviarla por la vía ordinaria a este órgano jurisdiccional, ubicado en Avenida Tampico Altos 106, colonia centro, en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca. Se apercibe a los titulares de las mencionadas dependencias oficiales, que de no informar lo solicitado o no hacerlo en el término señalado, es decir, tres días, se les impondrá una multa, a cada uno, por cantidad equivalente a veinte unidades de medida y actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en congruencia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en dicha materia, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose las DIECISÉIS HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración; siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes. Máxime que en el caso, el acto reclamado, no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para poder alegar de manera oral en la audiencia, aunado a que no hay ofrecimiento de pruebas que requieran la presencia de las partes o de diversas personas conforme a la certificación secretarial que antecede. Notifíquese.
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