Aurora Martínez Hernández

Expediente 854/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
854/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Aurora Martínez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    ..Boca del Río, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 854/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que, por una parte se negó y, por otra, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de cinco de octubre de dos mil veintidós (fojas 42-49) con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por el 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen los dos tomo de pruebas que se formaron con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley."Boca del Río, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que, por una parte se negó y, por otra, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de cinco de octubre de dos mil veintidós (fojas 42-49) con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por el 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen los dos tomo de pruebas que se formaron con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que, por una parte se negó y, por otra, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de cinco de octubre de dos mil veintidós (fojas 42-49) con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por el 1. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen los dos tomo de pruebas que se formaron con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa la sentencia engrosada el veintiocho de marzo del año en curso, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 854/2022, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, por medio del Buzón Oficial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Boca del Río, Veracruz, y turnado el día veintiséis siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito, AURORA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ promovió juicio de amparo contra actos del 1. Juez Segundo de Primera Instancia con residencia en Veracruz, Veracruz, y otras autoridades, mismos que serán precisados en el considerando segundo de la presente sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia. SEGUNDO. Admisión. Mediante auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós (fojas 22-26) se acordó dar trámite a la demanda de mérito; solicitar el informe justificado a las autoridades responsables; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento, y fijar fecha y hora para celebrar audiencia constitucional, que tuvo lugar el día y hora fijado para tal efecto. TERCERO. Tercero interesado. Por auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós (fojas 84-85) se tuvo como tercero interesado a Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander (México) a la que se ordenó emplazar al presente juicio; lo que de hecho así se hizo (fojas 87-88) sin que hubiera comparecido a juicio. CUARTO. Requerimiento para ampliación de demanda. Mediante acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés (foja 89-90) se requirió a la aquí quejosa para que ampliara su demanda de amparo en relación con el emplazamiento que se le realizó en el juicio natural, sin que haya hecho uso de tal derecho, según se precisó en el acuerdo que se emitió en la audiencia constitucional que se celebró en este controvertido constitucional. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo en la fecha y hora prevista para tal efecto, sin que hasta el momento obre constancia en el sentido de que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII, y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo, del Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, por cuestión de la vía, en virtud de que se reclama la ilegalidad del emplazamiento por quien se ostenta como tercera extraña a juicio por equiparación, lo que es impugnable en amparo indirecto. Por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia en todas las materias. Finalmente, por cuestión del territorio, toda vez que la ejecución del acto reclamado tuvo lugar dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de las demandas de amparo, de las constancias de los autos, y conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia, se precisa que los actos reclamados a las autoridades responsables, en la estricta esfera de sus facultades, son: Del 1. Juez, 3. Secretario y 4. Actuario, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia, así como del 2. Actuario adscrito a la Central de Actuarios, y 5. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, todos con residencia en Veracruz, Veracruz. son: El emplazamiento de la aquí quejosa, realizado el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, en los autos del juicio Especial Hipotecario 3046/2015 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz; así como todas sus consecuencias y demás actos que le suceden al primigeniamente reclamado. Respecto de dicho acto, la quejosa adujo que tuvo conocimiento hasta el día nueve de septiembre de dos mil veintidós (foja 21); lo cual, en su caso, se cita sólo para determinar la oportunidad de la promoción del presente juicio. Ahora bien, no obsta a lo anterior que el quejoso también señaló como actos reclamados los que precisó en su escrito de demanda y que tiene que ver con actos posteriores emitidos y realizados en el proceso civil de origen; incluso, la ejecución de la sentencia dictada en el mismo. Sin embargo, para efectos de la precisión del acto reclamado estos sólo se considera que han sido reclamados como consecuencia del emplazamiento combatido, sobre todo si se atiende la inexistencia de conceptos de violación que determinen su combate autónomo de cada uno de ellos. Así pues, establecida la fijación clara y precisa de los actos reclamados, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, la existencia de dichos actos se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. SON CIERTOS los actos reclamados a las autoridades responsables, 1. Juez, 3. Secretario y 4. Actuario, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia (foja 78); así como del 2. Actuario adscrito a la Central de Actuarios (foja 31) y 5. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado (foja 47) todos con residencia en Veracruz, Veracruz. Lo anterior, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado -incluso las primeras tres en forma conjunta- lo cual es acorde a la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que adjuntaron como complemento a sus respectivos informes (fojas 32-44, 48-75 y Tomos I y II del cuaderno de pruebas anexo a constancias) pues de éstas se advierte el acto reclamado (fojas 189-190 Tomo II). A las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." TERCERO. PROCEDENCIA DEL JUICIO. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie. En ese orden de ideas, en principio, de oficio, quien aquí resuelve advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia señalada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción VI del artículo 107, ambos de la ley de Amparo, por los motivos y fundamentos expuestos enseguida. MARCO NORMATIVO Los preceptos legales antes citados, en su parte respectiva, son del tenor siguiente. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: I (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas (.)" En términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, se considera que persona extraña es la que resulta afectada con la ejecución de un acto jurisdiccional que se emitió en un juicio, respecto del cual es completamente ajena. De lo anterior se sigue que sólo puede entablarse el amparo indirecto, en los términos de dicho artículo, cuando la parte quejosa alega la falta de emplazamiento o ilegalidad de éste; lo cual podrá hacer cuando sea parte del juicio natural (pero haya sido ilegalmente emplazado o no se le haya llamado al mismo) o en su defecto, cuando el quejoso no sea parte en el juicio de que se trate, es decir, se trate de una persona que no tenga interés jurídico en torno con el juicio de origen. En el entendido que si el quejoso fue ilegalmente emplazado o no fue llamado al juicio, el conocimiento de la existencia del juicio debe ser posterior a la sentencia dictada en el mismo, aun cuando ésta no haya causado estado, atento a las bondades del juicio constitucional en vía indirecta, pues por medio del amparo indirecto, el quejoso tiene la posibilidad de aportar, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio, se realizó en forma distinta de la prevenida por la ley; lo cual, no podría hacer de optar por la vía directa, previo recurso que para el caso resultara procedente. Mientras que, tratándose de una persona completamente extraña a juicio, la promoción del juicio constitucional la podrá hacer en cualquier momento, atento a que el quejoso está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por el código adjetivo civil respectivo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia, por contradicción de tesis, que es del contenido siguiente: EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACION. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equiparará a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados, de conformidad con la disposición expresa contenida en la fracción VII del artículo 107 constitucional, y el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; pero, además de que el texto de las disposiciones constitucional y legal indicadas, bastaría para sostener lo anterior, dada la primacía que establece el artículo 133 de la propia Constitución, existen otras razones accesorias, pero no por ello menos importantes, que fundan la misma conclusión, y que son las que enseguida se citan: El quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez de Distrito, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio, se realizó en forma distinta de la prevenida por la ley. En cambio, en el amparo directo, el quejoso se encontraría en la imposibilidad de rendir tales pruebas, pues le estaría vedado, por disposición expresa del artículo 190 de la Ley de Amparo que establece que las sentencias sólo comprenderán las cuestiones legales propuestas en la demanda de garantías, lo que significa que, dada la naturaleza del juicio de amparo directo, las pruebas que se rindan en el mismo, únicamente pueden consistir en las constancias del expediente formado por la autoridad responsable, por lo que si la cuestión planteada se tramitara a través del expresado juicio de amparo directo, el quejoso no tendría oportunidad de aportar pruebas para acreditar la irregularidad del emplazamiento. Si bien es cierto que en la fracción I del artículo 159 de la Ley de Amparo establece como violación reclamable en amparo directo, el hecho de que al quejoso no se le cite a juicio o se le cite en forma distinta a la prevista por la ley, también es verdad que tal disposición no es posible aplicarla cuando el quejoso es persona extraña a juicio, por equiparación, ya que de aplicarse ese dispositivo legal se dejaría al peticionario de garantías en estado de indefensión porque no se le daría oportunidad de comprobar la violación alegada. Además, cuando el quejoso ocurre como persona extraña al juicio, a pesar de que él sea el demandado, se da la procedencia del juicio de amparo indirecto, supuesto que la violación principal cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra, y de prosperar la acción constitucional se invalidarían todas las actuaciones posteriores. A mayor abundamiento, si lo reclamado es la falta de emplazamiento, ya sea porque materialmente no existió esa actuación o porque la efectuada presente defectos tales que impidieron a la parte demandada el conocimiento del juicio seguido en su contra, hace suponer que en estos casos no se llegó a formar la relación procesal y, por ende, no se ataca intrínsecamente la sentencia o el laudo, sino el no haber sido oído y vencido en juicio. Consecuentemente, de conformidad con lo antes expuesto es el amparo indirecto el procedente contra actos reclamados consistentes en todo lo actuado en un juicio, en el que el quejoso asegura que no fue emplazado, por equiparse a una persona extraña al juicio, y prevenirlo así los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo. ANTECEDENTES En ese contexto, de las constancias mencionadas en la audiencia que precede (tomos I y II del cuaderno de pruebas) destacan, en lo que aquí importa, los antecedentes que motivan el presente juicio de amparo: I. El juicio Especial Hipotecario 3046/2015 fue promovido por Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander (México) en contra de AURORA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, aquí quejosa, y otro, en el que demandó el pago y cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato de crédito con garantía hipotecaria celebrado entre ambas partes. II. Admitida la demanda por el 1. Juez Segundo de Primera Instancia con residencia en Veracruz, Veracruz (foja 104-105 tomo I) y que se ordenara el emplazamiento, éste se realizó personalmente con la impetrante de amparo el veintiuno de abril de dos mil dieciséis (fojas 121-122 Tomo I) sin que hubiera comparecido a dar contestación a la demanda incoada en su contra; respecto de lo cual se advierte que firmó el recibo de los documentos que le fueron trasladados. III. Así también, aparece que el veintisiete de junio de dos mil dieciséis se dictó la sentencia en dicho juicio (fojas 129-131 Tomo I) misma que causó ejecutoria según auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis (foja 132 Tomo I) y por diverso acuerdo de siete de febrero de dos mil diecisiete (foja 8 Tomo II) se abrió la sección de ejecución de la sentencia dictada en dicho juicio, en la que, el veintidós de febrero de dos mil dieciocho (fojas 45 y 67 Tomo II) se adjudicó en favor de la ejecutante el bien inmueble que constituyó la garantía hipotecaria del crédito base de la acción de ese juicio; resolución que causó estado mediante acuerdo de doce de marzo de dos mil dieciocho (foja 68 Tomo II) y habiéndose designado Notaría Pública para el otorgamiento y firma de la escritura correspondiente (foja 76 Tomo II) incluso, la sustitución de dicha designación (foja 176 y 187 Tomo II); tal requerimiento que se hizo a la parte demandada, aquí quejosa, finalmente se notificó el nueve de septiembre de dos mil veintidós (fojas 189-190 Tomo II). Siendo el estado actual que guarda dicho juicio. SUBSUNCIÓN De lo anterior, se destaca que el acto reclamado consistente en la diligencia de emplazamiento realizada el veintiuno de abril de dos mil dieciséis (fojas 121-122 Tomo I) por el 2. Actuario adscrito a la Central de Actuarios con residencia en Veracruz, Veracruz, dentro del juicio especial hipotecario 3046/2015 de ese índice, no es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, ya que resulta evidente que a la parte quejosa no le asiste el carácter de tercero extraña a juicio, ni aún por equiparación. Lo anterior es así, puesto que se encuentra acreditado, sin que se hubiera desvirtuado, que la impetrante de amparo conoció la existencia del juicio que reclama, como consecuencia de la diligencia de emplazamiento que se entendió en forma personal con ella misma el veintiuno de abril de dos mil dieciséis; pues incluso aparece de la diligencia realizada, que ésta fue firmada por la propia quejosa; sin que se hubiera lo desvirtuado a través de medio de convicción idóneo, no obstante que se le requirió para que ampliara su demanda de amparo en relación con dicho acto, según se advierte del auto de diez de enero de dos mil veintitrés dictado en los presentes autos. De lo anterior se sigue, que no es admisible atribuir el carácter de persona extraña a quien sí se encuentra ligada al proceso, por haber conocido el acto vinculatorio con la posibilidad de defenderse por los medios y recursos ordinarios y, en tal sentido, la sola circunstancia de que la afectada conozca de la existencia del juicio en el que fungió como parte y en el cual se advierte que fue emplazada al mismo, independientemente de haber considerado si fue o no legalmente emplazada, como ésta lo aduce en sus conceptos de violación, tal circunstancia desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento. Además, no puede considerarse que se ubica en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio el derecho de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que al conocer de dicho juicio tuvo la posibilidad de defenderse dentro del mismo y, en su oportunidad, de ser el caso, hasta de acudir al amparo directo, por lo que la omisión de integrarse a la relación jurídico procesal sólo le es atribuible a la propia quejosa quien se colocó en tal situación respecto del juicio de referencia. CONCLUSIÓN En consecuencia, si la quejosa promovió el juicio de amparo indirecto ostentándose con tal carácter, sin que así le asista, debe sobreseerse en el presente juicio de garantías con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, fundamentalmente, porque, como ya se dijo, la promovente no es persona extraña al juicio natural, por haber conocido la existencia del juicio especial hipotecario de origen, actualizándose así la causa de improcedencia en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, de la propia ley. Orienta a la anterior consideración la tesis que a continuación se cita: TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. En tales términos, el sobreseimiento decretado se hace extensivo al acto reclamado de las autoridades señaladas como ejecutoras, consistente en los diversos actos que señala como reclamados y que conciernen, incluso, a la ejecución de la sentencia dictada en el juicio especial hipotecario de origen aquí reclamada, por haber sido reclamados como consecuencia directa del emplazamiento impugnado y no por haber sido combatidos por vicios propios. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia del rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Así también, es menester precisar que no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por la peticionaria de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo, según criterio contenido en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO."; de ahí que resulta intrascendente que en el caso no se haya llamado a quien actualmente ostenta el carácter de tercero interesado sustituta de la que sí fue llamada al presente juicio, Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander (México) esto es, "Decarome", sociedad Anónima de Promotora de Inversión de Capital Variable, pues ningún fin práctico tendría el hecho de diferir la celebración de la audiencia constitucional para su emplazamiento, si el sentido en la sentencia respectiva no podría variar, como tampoco la afecta. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531 de la séptima época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ."; así como en la tesis aislada del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 76 al 79 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por AURORA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, contra los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, por las razones que quedaron vertidas en el cuarto considerando de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución.Notifíquese en términos de ley. Lo anterior se notifica al banco tercero interesado por estar ordenado en autos.

  4. Principal

    SENTENCIA Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 854/2022, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, por medio del Buzón Oficial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Boca del Río, Veracruz, y turnado el día veintiséis siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito, AURORA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ promovió juicio de amparo contra actos del 1. Juez Segundo de Primera Instancia con residencia en Veracruz, Veracruz, y otras autoridades, mismos que serán precisados en el considerando segundo de la presente sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia. SEGUNDO. Admisión. Mediante auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós (fojas 22-26) se acordó dar trámite a la demanda de mérito; solicitar el informe justificado a las autoridades responsables; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento, y fijar fecha y hora para celebrar audiencia constitucional, que tuvo lugar el día y hora fijado para tal efecto. TERCERO. Tercero interesado. Por auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós (fojas 84-85) se tuvo como tercero interesado a Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander (México) a la que se ordenó emplazar al presente juicio; lo que de hecho así se hizo (fojas 87-88) sin que hubiera comparecido a juicio. CUARTO. Requerimiento para ampliación de demanda. Mediante acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés (foja 89-90) se requirió a la aquí quejosa para que ampliara su demanda de amparo en relación con el emplazamiento que se le realizó en el juicio natural, sin que haya hecho uso de tal derecho, según se precisó en el acuerdo que se emitió en la audiencia constitucional que se celebró en este controvertido constitucional. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo en la fecha y hora prevista para tal efecto, sin que hasta el momento obre constancia en el sentido de que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII, y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo, del Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, por cuestión de la vía, en virtud de que se reclama la ilegalidad del emplazamiento por quien se ostenta como tercera extraña a juicio por equiparación, lo que es impugnable en amparo indirecto. Por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia en todas las materias. Finalmente, por cuestión del territorio, toda vez que la ejecución del acto reclamado tuvo lugar dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de las demandas de amparo, de las constancias de los autos, y conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia, se precisa que los actos reclamados a las autoridades responsables, en la estricta esfera de sus facultades, son: Del 1. Juez, 3. Secretario y 4. Actuario, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia, así como del 2. Actuario adscrito a la Central de Actuarios, y 5. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, todos con residencia en Veracruz, Veracruz. son: El emplazamiento de la aquí quejosa, realizado el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, en los autos del juicio Especial Hipotecario 3046/2015 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz; así como todas sus consecuencias y demás actos que le suceden al primigeniamente reclamado. Respecto de dicho acto, la quejosa adujo que tuvo conocimiento hasta el día nueve de septiembre de dos mil veintidós (foja 21); lo cual, en su caso, se cita sólo para determinar la oportunidad de la promoción del presente juicio. Ahora bien, no obsta a lo anterior que el quejoso también señaló como actos reclamados los que precisó en su escrito de demanda y que tiene que ver con actos posteriores emitidos y realizados en el proceso civil de origen; incluso, la ejecución de la sentencia dictada en el mismo. Sin embargo, para efectos de la precisión del acto reclamado estos sólo se considera que han sido reclamados como consecuencia del emplazamiento combatido, sobre todo si se atiende la inexistencia de conceptos de violación que determinen su combate autónomo de cada uno de ellos. Así pues, establecida la fijación clara y precisa de los actos reclamados, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, la existencia de dichos actos se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. SON CIERTOS los actos reclamados a las autoridades responsables, 1. Juez, 3. Secretario y 4. Actuario, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia (foja 78); así como del 2. Actuario adscrito a la Central de Actuarios (foja 31) y 5. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado (foja 47) todos con residencia en Veracruz, Veracruz. Lo anterior, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado -incluso las primeras tres en forma conjunta- lo cual es acorde a la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que adjuntaron como complemento a sus respectivos informes (fojas 32-44, 48-75 y Tomos I y II del cuaderno de pruebas anexo a constancias) pues de éstas se advierte el acto reclamado (fojas 189-190 Tomo II). A las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." TERCERO. PROCEDENCIA DEL JUICIO. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie. En ese orden de ideas, en principio, de oficio, quien aquí resuelve advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia señalada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción VI del artículo 107, ambos de la ley de Amparo, por los motivos y fundamentos expuestos enseguida. MARCO NORMATIVO Los preceptos legales antes citados, en su parte respectiva, son del tenor siguiente. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: I (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas (.)" En términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, se considera que persona extraña es la que resulta afectada con la ejecución de un acto jurisdiccional que se emitió en un juicio, respecto del cual es completamente ajena. De lo anterior se sigue que sólo puede entablarse el amparo indirecto, en los términos de dicho artículo, cuando la parte quejosa alega la falta de emplazamiento o ilegalidad de éste; lo cual podrá hacer cuando sea parte del juicio natural (pero haya sido ilegalmente emplazado o no se le haya llamado al mismo) o en su defecto, cuando el quejoso no sea parte en el juicio de que se trate, es decir, se trate de una persona que no tenga interés jurídico en torno con el juicio de origen. En el entendido que si el quejoso fue ilegalmente emplazado o no fue llamado al juicio, el conocimiento de la existencia del juicio debe ser posterior a la sentencia dictada en el mismo, aun cuando ésta no haya causado estado, atento a las bondades del juicio constitucional en vía indirecta, pues por medio del amparo indirecto, el quejoso tiene la posibilidad de aportar, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio, se realizó en forma distinta de la prevenida por la ley; lo cual, no podría hacer de optar por la vía directa, previo recurso que para el caso resultara procedente. Mientras que, tratándose de una persona completamente extraña a juicio, la promoción del juicio constitucional la podrá hacer en cualquier momento, atento a que el quejoso está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por el código adjetivo civil respectivo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia, por contradicción de tesis, que es del contenido siguiente: EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACION. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equiparará a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados, de conformidad con la disposición expresa contenida en la fracción VII del artículo 107 constitucional, y el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; pero, además de que el texto de las disposiciones constitucional y legal indicadas, bastaría para sostener lo anterior, dada la primacía que establece el artículo 133 de la propia Constitución, existen otras razones accesorias, pero no por ello menos importantes, que fundan la misma conclusión, y que son las que enseguida se citan: El quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez de Distrito, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio, se realizó en forma distinta de la prevenida por la ley. En cambio, en el amparo directo, el quejoso se encontraría en la imposibilidad de rendir tales pruebas, pues le estaría vedado, por disposición expresa del artículo 190 de la Ley de Amparo que establece que las sentencias sólo comprenderán las cuestiones legales propuestas en la demanda de garantías, lo que significa que, dada la naturaleza del juicio de amparo directo, las pruebas que se rindan en el mismo, únicamente pueden consistir en las constancias del expediente formado por la autoridad responsable, por lo que si la cuestión planteada se tramitara a través del expresado juicio de amparo directo, el quejoso no tendría oportunidad de aportar pruebas para acreditar la irregularidad del emplazamiento. Si bien es cierto que en la fracción I del artículo 159 de la Ley de Amparo establece como violación reclamable en amparo directo, el hecho de que al quejoso no se le cite a juicio o se le cite en forma distinta a la prevista por la ley, también es verdad que tal disposición no es posible aplicarla cuando el quejoso es persona extraña a juicio, por equiparación, ya que de aplicarse ese dispositivo legal se dejaría al peticionario de garantías en estado de indefensión porque no se le daría oportunidad de comprobar la violación alegada. Además, cuando el quejoso ocurre como persona extraña al juicio, a pesar de que él sea el demandado, se da la procedencia del juicio de amparo indirecto, supuesto que la violación principal cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra, y de prosperar la acción constitucional se invalidarían todas las actuaciones posteriores. A mayor abundamiento, si lo reclamado es la falta de emplazamiento, ya sea porque materialmente no existió esa actuación o porque la efectuada presente defectos tales que impidieron a la parte demandada el conocimiento del juicio seguido en su contra, hace suponer que en estos casos no se llegó a formar la relación procesal y, por ende, no se ataca intrínsecamente la sentencia o el laudo, sino el no haber sido oído y vencido en juicio. Consecuentemente, de conformidad con lo antes expuesto es el amparo indirecto el procedente contra actos reclamados consistentes en todo lo actuado en un juicio, en el que el quejoso asegura que no fue emplazado, por equiparse a una persona extraña al juicio, y prevenirlo así los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo. ANTECEDENTES En ese contexto, de las constancias mencionadas en la audiencia que precede (tomos I y II del cuaderno de pruebas) destacan, en lo que aquí importa, los antecedentes que motivan el presente juicio de amparo: I. El juicio Especial Hipotecario 3046/2015 fue promovido por Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander (México) en contra de AURORA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, aquí quejosa, y otro, en el que demandó el pago y cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato de crédito con garantía hipotecaria celebrado entre ambas partes. II. Admitida la demanda por el 1. Juez Segundo de Primera Instancia con residencia en Veracruz, Veracruz (foja 104-105 tomo I) y que se ordenara el emplazamiento, éste se realizó personalmente con la impetrante de amparo el veintiuno de abril de dos mil dieciséis (fojas 121-122 Tomo I) sin que hubiera comparecido a dar contestación a la demanda incoada en su contra; respecto de lo cual se advierte que firmó el recibo de los documentos que le fueron trasladados. III. Así también, aparece que el veintisiete de junio de dos mil dieciséis se dictó la sentencia en dicho juicio (fojas 129-131 Tomo I) misma que causó ejecutoria según auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis (foja 132 Tomo I) y por diverso acuerdo de siete de febrero de dos mil diecisiete (foja 8 Tomo II) se abrió la sección de ejecución de la sentencia dictada en dicho juicio, en la que, el veintidós de febrero de dos mil dieciocho (fojas 45 y 67 Tomo II) se adjudicó en favor de la ejecutante el bien inmueble que constituyó la garantía hipotecaria del crédito base de la acción de ese juicio; resolución que causó estado mediante acuerdo de doce de marzo de dos mil dieciocho (foja 68 Tomo II) y habiéndose designado Notaría Pública para el otorgamiento y firma de la escritura correspondiente (foja 76 Tomo II) incluso, la sustitución de dicha designación (foja 176 y 187 Tomo II); tal requerimiento que se hizo a la parte demandada, aquí quejosa, finalmente se notificó el nueve de septiembre de dos mil veintidós (fojas 189-190 Tomo II). Siendo el estado actual que guarda dicho juicio. SUBSUNCIÓN De lo anterior, se destaca que el acto reclamado consistente en la diligencia de emplazamiento realizada el veintiuno de abril de dos mil dieciséis (fojas 121-122 Tomo I) por el 2. Actuario adscrito a la Central de Actuarios con residencia en Veracruz, Veracruz, dentro del juicio especial hipotecario 3046/2015 de ese índice, no es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, ya que resulta evidente que a la parte quejosa no le asiste el carácter de tercero extraña a juicio, ni aún por equiparación. Lo anterior es así, puesto que se encuentra acreditado, sin que se hubiera desvirtuado, que la impetrante de amparo conoció la existencia del juicio que reclama, como consecuencia de la diligencia de emplazamiento que se entendió en forma personal con ella misma el veintiuno de abril de dos mil dieciséis; pues incluso aparece de la diligencia realizada, que ésta fue firmada por la propia quejosa; sin que se hubiera lo desvirtuado a través de medio de convicción idóneo, no obstante que se le requirió para que ampliara su demanda de amparo en relación con dicho acto, según se advierte del auto de diez de enero de dos mil veintitrés dictado en los presentes autos. De lo anterior se sigue, que no es admisible atribuir el carácter de persona extraña a quien sí se encuentra ligada al proceso, por haber conocido el acto vinculatorio con la posibilidad de defenderse por los medios y recursos ordinarios y, en tal sentido, la sola circunstancia de que la afectada conozca de la existencia del juicio en el que fungió como parte y en el cual se advierte que fue emplazada al mismo, independientemente de haber considerado si fue o no legalmente emplazada, como ésta lo aduce en sus conceptos de violación, tal circunstancia desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento. Además, no puede considerarse que se ubica en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio el derecho de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que al conocer de dicho juicio tuvo la posibilidad de defenderse dentro del mismo y, en su oportunidad, de ser el caso, hasta de acudir al amparo directo, por lo que la omisión de integrarse a la relación jurídico procesal sólo le es atribuible a la propia quejosa quien se colocó en tal situación respecto del juicio de referencia. CONCLUSIÓN En consecuencia, si la quejosa promovió el juicio de amparo indirecto ostentándose con tal carácter, sin que así le asista, debe sobreseerse en el presente juicio de garantías con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, fundamentalmente, porque, como ya se dijo, la promovente no es persona extraña al juicio natural, por haber conocido la existencia del juicio especial hipotecario de origen, actualizándose así la causa de improcedencia en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, de la propia ley. Orienta a la anterior consideración la tesis que a continuación se cita: TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. En tales términos, el sobreseimiento decretado se hace extensivo al acto reclamado de las autoridades señaladas como ejecutoras, consistente en los diversos actos que señala como reclamados y que conciernen, incluso, a la ejecución de la sentencia dictada en el juicio especial hipotecario de origen aquí reclamada, por haber sido reclamados como consecuencia directa del emplazamiento impugnado y no por haber sido combatidos por vicios propios. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia del rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Así también, es menester precisar que no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por la peticionaria de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo, según criterio contenido en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO."; de ahí que resulta intrascendente que en el caso no se haya llamado a quien actualmente ostenta el carácter de tercero interesado sustituta de la que sí fue llamada al presente juicio, Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander (México) esto es, "Decarome", sociedad Anónima de Promotora de Inversión de Capital Variable, pues ningún fin práctico tendría el hecho de diferir la celebración de la audiencia constitucional para su emplazamiento, si el sentido en la sentencia respectiva no podría variar, como tampoco la afecta. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531 de la séptima época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ."; así como en la tesis aislada del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 76 al 79 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por AURORA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, contra los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, por las razones que quedaron vertidas en el cuarto considerando de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución.Notifíquese en términos de ley. Lo anterior se notifica al banco tercero interesado por estar ordenado en autos.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano