Aurora Graciela Anguiano Quijada

Expediente 1894/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1894/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco
  • Aurora Graciela Anguiano Quijada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta, que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en los artículos 196, cuarto párrafo y 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que haga en el libro de gobierno. En otro aspecto, este expediente es susceptible de depuración, Asimismo, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante. Con el contenido de este acuerdo dése cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.

  2. Incidental

    Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. , tomando en consideración que en las constancias que integran el presente expediente, no obra ningún documento original ni billete de depósito, y dado que se negó la suspensión provisional y definitiva, se considera susceptible de destrucción tanto el duplicado como el original del incidente de suspensión en que se actúa.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1894/2021-V, promovido por Aurora Graciela Anguiano Quijada, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en el artículo 1°, 8, 14, 16, 17, 95, 97 y 116, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Aurora Graciela Anguiano Quijada, por su propio derecho, el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, que se precisan en el considerando segundo. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías La demanda de amparo se recibió por separación de juicios en el amparo 1710/2021, ordenada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, la que turnada para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el Titular dictó proveído el veinte de octubre de dos mil veintiuno, en que ordenó aceptar la competencia y admitir la demanda de amparo y registrarla bajo expediente 1894/2021-V; pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de que la omisión reclamada, se atribuye a una autoridad especializada en materia administrativa, que tiene su residencia oficial dentro del territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 24/2013, modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consisten en la omisión de proveer el ocurso presentado el diez de septiembre de dos mil veintiuno. Por lo mismo, respecto de dicho acto versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado Presidente y Representante del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, al rendir su informe con justificación negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo del contenido de dicho informe se desprende su certeza, dado que no acredita que a la presentación de la demanda haya hecho del conocimiento de la quejosa el acuerdo emitido por la vigésima octava sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, el quince de septiembre de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis visible a página 15, Volumen 181-186, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido." CUARTO. Causa de improcedencia. En el presente asunto existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado consistente en la omisión de proveer el ocurso presentado el diez de septiembre de dos mil veintiuno. Lo anterior en razón de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Así es, de dicho precepto se obtiene que la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía individual de que se trate, y a cumplir lo que la misma exija. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza ante la insubsistencia de los mismos, siempre y cuando todos sus efectos hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, la tesis CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página setenta y uno, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Con base en lo expuesto, se afirma que en la especie, se actualiza la citada causa de improcedencia, ya que de las constancias que allegó la autoridad responsable como apoyo a su informe con justificación, se advierte que con fecha quince de septiembre de dos mil veintiuno, se emitió acuerdo por la vigésima octava sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se dio cuenta a sus integrantes con el escrito presentado por la aquí quejosa el diez de septiembre de dos mil veintiuno, determinando entre otras cosas, turnar a la Secretaría Técnica del Órgano Interno de Control el citado escrito, a fin de que inicie el procedimiento de investigación correspondiente y una vez agotado este, emita el dictamen conducente el cual deberá ponerse a consideración del Pleno por conducto de la Comisión de Vigilancia, lo anterior atendiendo a los hechos denunciados en el libelo de referencia, mismo que se remite en copia certificada. De igual forma, debe destacarse que en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós, se dio vista y requirió a la quejosa, con copia del oficio registrado con el número 22812, a fin de que en el plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos su notificación, manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de la pluricitada contestación a la respuesta que recayó a su petición presentada el diez de septiembre de dos mil veintiuno, lo cual le fue notificado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, por lo que el término otorgado le transcurrió del veintisiete de septiembre al dieciocho de octubre del año que transcurre, sin que hubiere presentado escrito de ampliación, por lo que como se dejó establecido en líneas que anteceden se hizo efectivo el apercibimiento destacado en el citado acuerdo. En esa tesitura, se insiste actualizada la citada causa de improcedencia, ya que aunque es verdad que la autoridad responsable al momento en que se presentó la demanda de amparo que dio origen al presente sumario, esto es, el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, no había notificado el acuerdo emitido por la vigésima octava sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, el quince de septiembre de dos mil veintiuno, también lo es que dicha omisión fue superada el veintiséis de septiembre del año que transcurre, en que este órgano jurisdiccional, le notificó el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en que le dio vista y requirió a la quejosa, con copia del oficio registrado con el número 22812 (acuerdo emitido por la vigésima octava sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, el quince de septiembre de dos mil veintiuno) a fin de que en el plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos su notificación, manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de dicha contestación, a su petición presentada el diez de septiembre de dos mil veintiuno. Así pues, resulta evidente que el acto reclamado dejó de surtir efecto legal alguno, de modo tal que, en esas circunstancias, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional que se hubiere cometido con la omisión en el dictado del referido acuerdo, combatida en el presente juicio de garantías, como si el acto no hubiere invadido su esfera jurídica. Tiene aplicación al respecto por las razones que la informan Tesis: I.15o.A.22 K emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Registro digital: 172544, Novena Época, Materias(s): Común, página 2083, Tomo XXV, Mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. LA CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN A AQUÉL, NO PUEDE ESTIMARSE ACTUALIZADA POR LA SIMPLE EVIDENCIA DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EMITIÓ UNA RESPUESTA. El artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en favor del gobernado el derecho público subjetivo a formular por escrito, de manera pacífica y respetuosa, alguna petición a la autoridad, la que tiene la obligación no sólo de emitir una respuesta en breve término sino, además, la de observar que esa contestación sea congruente con lo pedido y el deber de notificarla al peticionario. De acuerdo con esas premisas que definen el derecho de petición y las obligaciones inherentes de la autoridad, es patente que reclamada en el juicio de amparo una violación de esa naturaleza, no puede sustentarse la cesación de los efectos del acto reclamado y, por ende, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, en la simple evidencia de que la autoridad señalada como responsable pronunció una respuesta, toda vez que ese motivo legal de inejercitabilidad de la acción de garantías, precisa para su configuración de la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; de ahí que al analizar la violación relativa, el Juez de Distrito debe examinar no sólo la existencia de la contestación, sino también, como estudio propio del contenido del derecho fundamental, que esa respuesta se haya emitido en breve término, de manera congruente con lo pedido y notificado legalmente al solicitante, realizado lo cual podrá externar la conclusión en cuanto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reclamación. Por consiguiente, no basta que esté demostrado que la autoridad ya contestó la petición respectiva para que el Juez Federal estime actualizada la causa de improcedencia en comento y decrete el sobreseimiento en el juicio según lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, de la legislación de la materia, pues la prueba de la simple contestación no es suficiente para acreditar que se reunieron todas las exigencias que integran el cumplimiento cabal del derecho de petición, las que de encontrarse satisfechas, en todo caso darían lugar a negar la protección federal, pero no a sobreseer en el juicio de amparo." Tiene aplicación al respecto por las razones que la informan Tesis: P./J. 15/2019 (10a.) emitida por el Pleno, Registro digital: 2021401, Décima Época, Materias(s): Común, página 5, Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE DICHO ACTO. Si en el juicio de amparo promovido originalmente por violación al derecho de petición la autoridad responsable emite respuesta durante su trámite y el quejoso opta por ampliar su demanda, derivado de la vista que el juzgador de amparo le dio con el informe con justificación, es innecesario agotar el principio de definitividad respecto de dicha respuesta, pues válidamente se pueden controvertir las violaciones a derechos humanos que el quejoso considere le causa el nuevo acto, las cuales deben analizarse como integrantes de la litis constitucional bajo los principios de concentración y economía procesal, previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal. Este criterio halla su racionalidad en que, al tratarse de una ampliación de la demanda, el acto en contra del cual se extiende la acción de amparo era desconocido por el quejoso cuando promovió el juicio constitucional, máxime que la respuesta de la autoridad surge durante su trámite y tuvo conocimiento de ella con motivo de la exhibición del informe con justificación. De ahí que obligar a que se agote el principio de definitividad redundaría en un retardo injustificado en la impartición de justicia, porque el juzgador federal ya cuenta con los elementos necesarios para verificar la regularidad constitucional del nuevo acto reclamado; sin que lo anterior implique que el tribunal de amparo se encuentre impedido para decretar el sobreseimiento con base en la existencia de alguna otra causal de improcedencia del juicio distinta a la de no agotar el principio de definitividad, máxime cuando el estudio sobre la procedencia de la acción de amparo es de orden público." Tiene aplicación al respecto por las razones que la informan Tesis: 2a./J. 28/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala, Registro digital: 2009127, Décima Época, Materias(s): Común, página 1599, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. El precepto referido sólo es aplicable tratándose de actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos; de ahí que cuando en la demanda de amparo se alegue violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de un acto omisivo, aquel numeral resulta inaplicable, por lo que en este supuesto basta con que se dé vista al quejoso con la respuesta que, en su caso, proporcione la autoridad al rendir su informe justificado, para que pueda ampliar su demanda y alegar los vicios de fondo y forma que estime convenientes, pero sin exigir a dicha responsable que en el propio informe formule algún complemento, pues sería tanto como vincular al Juez de Distrito a prejuzgar que en todos los casos la respuesta adolece de falta o insuficiente fundamentación y motivación, no obstante que la persona afectada desconocía su contenido y no estaba, en consecuencia, en aptitud de plantear un argumento en tal sentido." En tales condiciones, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto en mención; de ahí que, se insiste, se colma el supuesto de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del precepto 61 de la ley de la materia. En consecuencia, al actualizarse la invocada causa de improcedencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, por lo que ve al acto reclamado en cuestión. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Aurora Graciela Anguiano Quijada, contra el acto atribuido al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, por las razones y motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; por el que remite copia certificada de la resolución dictada el uno de septiembre de dos mil veintidós, en el amparo en revisión principal 42/2022, de su índice, así como el juicio de amparo indirecto 1894/2021, de la estadística de este Juzgado Federal. Acúsese el recibo de estilo. En consecuencia, agréguese el testimonio aludido a los autos para los efectos legales a que haya lugar, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, glósese el cuaderno de antecedentes. Ahora bien, toda vez que en la resolución de la superioridad se revocó el auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, y se ordenó la reposición del procedimiento del presente asunto, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, para los efectos legales procedentes, realícense las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento a la ejecutoria de referencia, visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable MAGISTRADO PRESIDENTE Y REPRESENTANTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, al cual adjuntó diversa la documental consistente en la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el quince de septiembre del año dos mil veintiuno. En razón de lo anterior, dese vista a la parte quejosa, con copia del oficio registrado con el número 22812, a fin de que en el plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación, manifieste si es su deseo ampliar la demanda respecto del acto antes mencionado, esto es, la respuesta que recayó a su petición presentada, apercibida que de incumplir el presente requerimiento, no se tendrá como acto reclamado a la respuesta de referencia y se resolverá el presente asunto únicamente con el acto señalado en la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,557 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano