Aurora Flores Lepe
Expediente 82/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 82/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/05/2021
Partes del expediente
- Aurora Flores Lepe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que la parte quejosa, no se inconformó con el proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por NO PRESENTADA su demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, ambos de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos los efectos legales procedentes. Asimismo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido, el cual este órgano jurisdiccional determina que es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la hipótesis "a", del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, pues se tuvo por no presentada la demanda de amparo y carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Además, que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación de los plazos y términos en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo del que se advierte que en sentencia emitida por este órgano jurisdiccional el dos de abril de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Adrián García Cervantes, Israel Topete López, Angelina Guerrero Mendoza, César Miguel Flores Guerrero, Luciano Flores Marrón, Maribel Lemus Arteaga, Armando Duarte Raymundo, José Luis Hernández Martínez, J. Santiago Moncada Castellón, María Luisa Peña Parra, José Álvarez Hernández, Juventina Hernández Ríos, Braulio Rodríguez Gloria, Rubén Darío Cuevas Contreras y Javier Jaramillo Franco contra actos del Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno, Comisión Técnica del Transporte y Director General de Tránsito y Transporte, todos del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para que en el ámbito de sus atribuciones efectuaran lo siguiente: 1. Dejaran sin efecto el dictamen de veintiocho de junio de dos mil once dictado en el expediente CTT/328, así como todas sus consecuencias legales. 2. Previo a emitir el dictamen para la apertura de rutas para el transporte carretero de Ruiz-Santiago-Villa Hidalgo-El Corte-Guadalupe Victoria y señalar las tarifas que debían regir, la Comisión Técnica del Transporte debía escuchar a las partes interesadas, agotando el derecho de audiencia en toda su amplitud, en este caso a los permisionarios de taxi o sitio en la población de Villa Hidalgo, Nayarit, con ruta en ese mismo municipio, además con servicio a las poblaciones cercanas como Guadalupe Victoria, El Corte, El Papalote, Santiago Ixcuintla y Ruiz. 3. Una vez que se escuchara a las partes interesadas, se procediera a contestar sus manifestaciones. La sentencia referida fue confirmada en sus términos por ejecutoria de ocho de agosto de dos mil catorce emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en el amparo en revisión 592/2014. Por oficio recibido el de dos mil catorce, el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación del Gobernador informó que el veinte de octubre del dos mil catorce se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria de la Comisión Técnica del Transporte en la que se acordó dejar insubsistente el dictamen emitido el veintiocho de junio de dos mil once dentro del expediente CTT/328; se ordenó girar oficio al Director General de Tránsito y de Transporte en el Estado para que instrumentara las acciones correspondientes a la insubsistencia del dictamen que autoriza las rutas Ruiz, Santiago, Villa Hidalgo, El Corte, Guadalupe Victoria y el aumento de tarifas para combis y similares; se ordenó dar vista a las partes interesadas para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y se ordenó girarles oficio de notificación a efecto de que se presentaran en las instalaciones de la subsecretaría de asuntos jurídicos a efecto de llevar a cabo la audiencia para respetar su derecho y emitir un nuevo dictamen. Asimismo, en oficio presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el Director General de Tránsito y Transporte informó que en acatamiento al acuerdo emitido por la Comisión Técnica del Transporte hizo del conocimiento de los permisionarios del servicio público en diversas modalidades de los municipios de Ruiz y Santiago, abarcando la ruta Villa Hidalgo, El Corte, Guadalupe Victoria la revocación del dictamen que emitió el veintiocho de junio de dos mil once e hizo constar que no se encuentra ningún permisionario autorizado para prestar el servicio en la ruta Villa Hidalgo, El Corte, Guadalupe Victoria las cuales conforman los municipios de Ruiz y Santiago. En razón de que las autoridades responsables no acreditaron haber otorgado a los quejosos derecho de audiencia en términos de la ejecutoria de amparo, este órgano jurisdiccional en auto de veintisiete de enero de dos mil quince ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en turno para el trámite del incidente de inejecución de sentencia, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del indicado circuito, que en ejecutoria de dieciocho de junio de dos mil quince emitida en el expediente 3/2015 ordenó devolver los autos a este órgano jurisdiccional para que se adoptaran medidas idóneas y eficaces para requerir a las autoridades responsables el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo, como las que se indican a continuación: 1. Requiera a los quejosos señalen un solo domicilio claramente identificable en esta ciudad de Tepic, Nayarit, con la finalidad de que las autoridades responsables les puedan notificar con certeza las notificaciones que sean necesarias, y también designen cuando menos a dos autorizados para recibir tales notificaciones; así como indique a los quejosos que ante las propias autoridades responsables señalen el mismo domicilio y autorizados para recibir notificaciones. - - - 2. Con la anticipación necesaria, la Comisión Técnica del Transporte le comunique al juez federal el día y hora para la celebración de la sesión extraordinaria relativa a la apertura de rutas para la prestación del servicio de transporte público carretero de los poblados Ruiz-Santiago-Villa Hidalgo-El Corte-Guadalupe Victoria, y señalar las tarifas que deben regir; y a la vez acredite ante el juez federal con las constancias jurídicamente idóneas que se notificó y convocó a los quejosos para que asistieran a dicha sesión, se reitera, con la anticipación necesaria para que estén en posibilidad de asistir y participar en tal sesión. - - - 3. Al celebrarse la sesión extraordinaria de la Comisión Técnica del Transporte precisada en el punto anterior, se ratifique que se dejó insubsistente el dictamen administrativo dictado en el expediente CTT/328, de veintiocho de junio de dos mil once; y en la propia sesión, se otorgue a los impetrantes los derechos de audiencia -en toda su amplitud-, y de seguridad jurídica, escuchándolos y dándoles la intervención que el caso requiera, conforme a las disposiciones aplicables de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit. - - - 4. Adicionalmente, continúe requiriendo a las autoridades responsables para que acrediten ante el juez de distrito, de manera fehaciente y definitiva, el retiro de las siguientes unidades del transporte público con las placas de circulación: 8702 MDB, 7533 MDB, 7489 MDB, 7424 MDB, 7532 MDB, 7590 MDB, 8701 MDB, 8351 MDB, 8532 MDB, 8704 MDB, 6390 MDB y 2424 MDB. Ello, como consecuencia legal de la insubsistencia del dictamen emitido en el expediente CTT/328 el veintiocho de junio de dos mil once. - - - 5. Ordene al Director de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit, en cumplimiento a sus obligaciones previstas en la fracción XII del artículo 11 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit, vigile la correcta prestación del servicio público de transporte en las rutas Guadalupe Victoria-El Corte-Villa Hidalgo-La Presa-Santiago-Ruiz, de los municipio de Ruiz y Santiago Ixcuintla, Nayarit, que solamente debe ser prestado por quienes acrediten tener los permisos debidamente otorgados y vigentes. Lo cual implica, como ya se especificó en el inciso anterior, retirar de la circulación las unidades que presten el servicio de transporte al amparo del dictamen dejado insubsistente (CTT/328). - - - 6. Determine un plazo razonable en términos del último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables para el total acatamiento del fallo protector, tomando en consideración las circunstancias necesarias para ello, y que con la debida anticipación se haya logrado la eficaz notificación a la parte quejosa (o a sus autorizados), para que comparezcan a la sesión extraordinaria de la Comisión Técnica del Transporte. - - - Pudiendo, desde luego, el juez de distrito adoptar cualquier otra medida que se estime pertinente para lograr el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En escrito presentado el quince de julio de dos mil quince los quejosos señalaron domicilio en el cual podían ser notificados, lo que se ordenó hacer del conocimiento de las autoridades responsables en auto de diez del mismo mes y año. Por escrito presentado el quince de julio de dos mil quince el secretario de asuntos jurídicos de la Secretaría General de Gobierno en representación de las autoridades responsables informó que notificó a los quejosos en el domicilio que señalaron la convocatoria a la sesión extraordinaria programada para el veintitrés de julio de dos mil quince. En oficio presentado el veintitrés de julio de dos mil quince el Director General de Tránsito y Transporte informó que se dieron de baja del sistema vehicular las placas de circulación 8702 MDB, 7533 MDB, 7489 MDB, 7424 MDB, 7532 MDB, 7590 MDB, 8701 MDB, 8351 MDB, 8532 MDB, 8704 MDB, 6390 MDB y 2424 MDB; y entre la documentación que la autoridad oficiante anexó, de la que se corrobora que se ordenó sacar de circulación las unidades de transporte con las placas referidas, remitió la certificación de hechos efectuada por el Notario Público número 1 de la segunda demarcación notarial con sede en Santiago Ixcuintla el veintidós de julio de dos mil quince en el corralón de tránsito, en la que hizo constar que se encuentran depositados doce vehículos del servicio público de pasajeros en la ruta Ruiz-Santiago- Villa Hidalgo-Guadalupe Victoria, con números de placas 19-69-MDD, 52-49 MDC, 60-07 MDC, 57-71 MDC, 31-22 MDD, 52-44 MDC, 31-23 MDD, 46-61 MDC, 20-40 MDD, 46-60 MDC, 57-70 MDC, 26-42 MDD. En oficio presentado el treinta y uno de julio de dos mil quince, el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Secretario General de Gobierno y en su carácter de Presidente de la Comisión Técnica de Transporte del Estado informó que el veintiocho del mismo mes y año se celebró la segunda sesión extraordinaria de la referida Comisión en la que se otorgó el uso de la voz a los quejosos por conducto de sus representantes legales y se recibió el escrito en el que reiteran y amplían las manifestaciones que hicieron en la sesión; asimismo, informó que en la misma fecha se emitió un nuevo dictamen en el expediente CTT/328 en el que se dio atención y se resolvieron las peticiones y planteamientos hechos valer por los quejosos, mismo que se les notificó. Al efecto anexó copia certificada del acta de sesión y del nuevo dictamen emitido. Tomando en consideración que los números de placas que se hicieron constar en la certificación de hechos de veintidós de julio de dos mil quince no coincidía con las placas que en términos de la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito debían retirarse de circulación, en auto de dieciocho de agosto del año en cita se requirió al Director General de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit para que informara cuáles juegos de placas, a las que en su momento les correspondían los números 8702 MDB, 7533 MDB, 7489 MDB, 7424 MDB, 7532 MDB, 7590 MDB, 8701 MDB, 8351 MDB, 8532 MDB, 8704 MDB, 6390 MDB y 2424 MDB, continuaban en circulación. En atención al citado requerimiento, informó que de las citadas placas solo cinco realizaron refrendo en el año dos mil trece, a saber: 7424 MDB, 7532 MDB, 7533 MDB, 7590 MDB y 2424 MDB, correspondiendo las dos últimas al servicio de taxi; a las placas 7532 MDB y 7533 MDB les correspondieron los números 57-71 MDC y 57-70 MDC, mismas que fueron detenidas y remitidas al corralón; las placas 7489 MDB se encontraban activas pero la unidad correspondiente no se encontraba trabajando al no haber efectuado los pagos correspondientes; y el resto de las placas fueron dadas de baja del sistema vehicular. Por lo anterior, en auto de nueve de septiembre de dos mil quince, este órgano jurisdiccional declaró cumplida la ejecutoria de amparo; no obstante, esa determinación fue revocada mediante ejecutoria de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en el recurso de inconformidad 38/2015 y ordenó devolver los autos a este juzgado federal a efecto de que se requiriera a las autoridades responsables acreditar el total cumplimiento al fallo protector, es decir, para que acreditaran de manera definitiva y fehaciente el retiro de las unidades de transporte público que fueron señaladas en la demanda de amparo. Lo anterior en virtud de que el citado órgano colegiado consideró, en lo que interesa, lo siguiente: [. .] Sin embargo, de las constancias que integran el expediente del referido juicio de amparo, no se advierte que, como se dijo, las autoridades responsables hayan acreditado haber retirado la totalidad de las unidades de transporte público señaladas en la demanda de amparo, con placas de circulación: 8702 MDB, 7533 MDB, 7489 MDB, 7424 MDB, 7532 MDB, 7590 MDB, 8701 MDB, 8351 MDB, 8532 MDB, 8704 MDB, 6390 MDB, 2424 MDB, 8796 MDB, 879 MDB (sic), 8799 MDB, 8698 MDB, 8933 MDB, 6902 MDB y 7983 MDB; ello, como consecuencia legal de la insubsistencia del dictamen emitido el veintiocho de junio de dos mil once, por la Comisión Técnica del Transporte del Estado de Nayarit, en el expediente CTT//328. - - - Se dice lo anterior, porque con la certificación de hechos levantada por el Notario Público Número Uno de la Segunda Demarcación Notarial del Estado de Nayarit, con sede en Santiago Ixcuintla (identificada en párrafos precedentes con el número 2), así como con las constancias allegadas en copia certificada por el Director General de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit (precisadas en el número 3), no acreditan plenamente que todas las unidades de transporte público señaladas en la demanda de amparo, hayan sido retiradas, como se evidencia a continuación: - - - A) La constancia relativa a la baja de la placa 82-63-MDC (foja 657 ídem), no corresponde a alguna de las señaladas en la demanda de amparo; sin embargo, los datos de ese vehículo coinciden con el identificado en la foja 658, como uno que "entra" en el trámite de refrendo 2012-2013 con placa 74-24-MDB, la cual sí está relacionada en dicha demanda (y que informó el aludido director de tránsito su placa actual es 62-63-MDC). Empero, no obra constancia de que haya sido retirada de circulación esa unidad, pues no aparece en la relación de los doce vehículos que dio fe el citado notario están depositados en el corralón de tránsito ubicado en el kilómetro Uno del Ramal Papalote-La Presa, del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, a disposición de diferentes autoridades municipales y estatales, ni en las imágenes fotográficas que acompañó en copia simple. - - - B) En la constancia referente al trámite de regularización (foja 663 ídem), el vehículo que "entra" es con placa HDF y el que "sale" es con placa 75-90-MDB (la cual sí fue señalada en la demanda de amparo), y que dijo el citado director de tránsito que actualmente tiene la placa 40-96-MDC; además, en dicho documento se afirma que es para prestar el servicio de taxi en Tepic. Sin embargo, no obra constancia de que haya sido retirada de circulación esa unidad, pues no aparece en la relación de los doce vehículos que dio fe el citado notario están depositados en el corralón de tránsito ubicado en el kilómetro Uno del Ramal Papalote-La Presa, del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, ni en las imágenes fotográficas que anexó en copia simple. - - - C) En la constancia relativa al trámite de canje de placas, refrendo dos mil trece (foja 665 ídem), el vehículo que "entra" es con placa 24-24-MDB, la cual sí fue señalada en la demanda de amparo, y que adujo el referido director de tránsito que actualmente tiene la placa 37-71-MDC; además, en dicho documento se establece que es para prestar el servicio de taxi en Santiago. Empero, no obra constancia de que haya sido retirada de circulación esa unidad, pues no aparece en la relación de los doce vehículos que dio fe el citado notario están depositados en el corralón de tránsito ubicado en el kilómetro Uno del Ramal Papalote-La Presa, del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, ni en las imágenes fotográficas que acompañó en copia simple. - - - D) En las constancias que afirmó el citado director de tránsito son referentes a la consulta realizada al padrón vehicular de la recaudación de rentas de esta ciudad, en las cuales aparecen como dadas de baja las placas 87-02 MDB (foja 667), 87-01 MDB (foja 668), 83-51 MDB (foja 669), 85-32 MDB (foja 670), 87-04 MDB (foja 671) y 6390 MDB (foja 672); las cuales sí fueron señaladas en la demanda de amparo. Sin embargo, no informó si estas placas fueron o no sustituidas por otras, para tener certeza de que, las que en su caso las hayan sustituido, no estén prestando el servicio público de transporte en las rutas de Ruiz-Santiago-Villa Hidalgo-El Corte-Guadalupe Victoria. - - - E) La placa 74-89 MDB (la cual sí fue señalada en la demanda de amparo) aparece activa en dicho sistema vehicular, con fecha de pago de dos mil once (foja 673); misma que adujo el mencionado director de tránsito, no se encuentra trabajando esta unidad. Pero esa afirmación no está corroborada. - - - F) Y además, tampoco obra constancia de que hayan sido retiradas de circulación las unidades señaladas en la demanda de amparo con placas: 8796 MDB, 879 MDB (sic), 8799 MDB, 8698 MDB, 8933 MDB, 6902 MDB y 7983 MDB, pues no aparecen en la relación de los doce vehículos que dio fe el citado notario están depositados en el corralón de tránsito ubicado en el kilómetro Uno del Ramal Papalote-La Presa, del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, a disposición de diferentes autoridades municipales y estatales, ni en las imágenes fotográficas que anexó en copia simple. - - - En los incisos que preceden, ejemplificativamente, se ha evidenciado que las autoridades responsables no han acreditado ante el juez de distrito haber dado total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, porque aun cuando sí dejaron insubsistente el dictamen de veintiocho de junio de dos mil once, dictado en el expediente CTT//328, y escucharon a las partes interesadas -agotando el derecho de audiencia- en este caso a los permisionarios de taxi o sitio en la población de Villa Hidalgo, Nayarit, con ruta en ese mismo municipio, además con servicio a las poblaciones cercanas como Guadalupe Victoria, El Corte, El Papalote, Santiago Ixcuintla y Ruiz, y una vez escuchados, se procedió a contestarles sus manifestaciones y se resolvió lo procedente; sin embargo, no han comprobado con las constancias pertinentes haber acatado las consecuencias legales de haber dejado sin efectos dicho dictamen. [.] En cumplimiento a la ejecutoria referida, en oficio presentado el diez de junio de dos mil dieciséis, el Director General de Tránsito y Transportes del Estado manifestó lo siguiente: a) La placa 74-24 MDB posteriormente 62-63 MDC, no se encuentra en circulación, ni prestando servicio público al haberse dado de baja. b) La placa 75-90 MDB posteriormente 40-96 MDC corresponde al servicio de taxi en Tepic, además el vehículo al que pertenecía se dio de baja el uno de enero de dos mil catorce, correspondiendo a un nuevo vehículo. c) La placa 24-24 MDB se dio de baja el ocho de agosto de dos mil trece, lo mismo que la unidad a la que pertenecía, y ese número de placa posteriormente correspondió al número 37-71 MDC para prestar servicio de taxi en Santiago. d) Las placas 87-01 MDB, 87-02 MDB, 85-32 MDB, 87-04 MDB y 63-90 MDB fueron dadas de baja y no se sustituyeron por ninguna otra. e) La placa 74-89 MDB fue dada de baja el treinta y uno de diciembre de dos mil once f) Las placas 8796 MDB y/o 879 MDB, 8799 MDB, 8698 MDB, 8933 MDB, 6902 MDB y 7983 MDB fueron dadas de baja en el año dos mil trece. Para acreditar lo anterior anexó las impresiones de pantalla certificadas correspondientes. Por diverso oficio presentado el cuatro de agosto de dos mil dieciséis, el Director General de Tránsito y de Transporte informó que las unidades correspondientes a las placas referidas se encontraban en el corralón denominado Nekie, y para robustecer lo anterior remitió el acta notarial 3,700 (tres mil setecientos) relativa a la fe de hechos levantada por el Notario Público número treinta y seis de la primera demarcación con sede en Tepic, Nayarit. A fin de verificar la información proporcionada, el veinte de septiembre y cinco de octubre de dos mil dieciséis se llevaron a cabo las inspecciones por parte de un actuario adscrito a este órgano jurisdiccional. En ese orden, en auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Ese auto fue revocado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito mediante ejecutoria de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete emitida en el recurso de inconformidad 2/2017, en la que el citado tribunal determinó lo siguiente: [.] En tal virtud, previo a declarar si la sentencia de amparo se encuentra o no cumplida, es necesario indagar las consecuencias legales y materiales del dictamen dejado insubsistente, a fin de que también sean destruidas retroactivamente; para lo cual el juez de amparo deberá requerir a las autoridades responsables a efecto de que informen: - - - 1. Cuáles son los permisos de transporte público que se otorgaron conforme al dictamen CCT/328, de veintiocho de junio de dos mil once, dejado insubsistente; así como las placas de circulación que se expidieron al amparo de dichos permisos. - - - 2. Si con motivo del dictamen de veintiocho de julio de dos mil quince se otorgaron nuevos permisos que sustituyeron a los de veintiocho de junio de dos mil once; y en su caso, si se expidieron nuevas placas conforme a los nuevos permisos. - - - En tal sentido -puesto que conforme a lo expuesto no existen elementos para establecer si la sentencia de amparo se ha acatado a cabalidad, debido a que las unidades de transporte público retenidas son las que precisó la parte quejosa en la demanda- pero sin que se hubiese constatado que fueron las únicas otorgadas al amparo de la concesión nulificada, lo que procede es revocar el acuerdo impugnado y ordenar la reposición del procedimiento de ejecución del fallo protector, para los efectos antes indicados. Mediante oficios recibidos el catorce, quince y veinte de diciembre de dos mil diecisiete, el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación del Gobernador Constitucional y del Secretario General de Gobierno quien a su vez es el Presidente de la Comisión Técnica del Transporte, así como el Director General de Tránsito y de Transporte, todos del Estado de Nayarit, informaron que en el Dictamen de veintiocho de junio de dos mil once no se expidieron permisos ni placas de circulación, sino que únicamente se autorizó la ruta y la tarifa aplicable; y en el diverso Dictamen de dos de julio de dos mil quince tampoco. En tal virtud, en auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho se declaró cumplida la ejecutoria de amparo; auto que se dejó insubsistente mediante ejecutoria de catorce de marzo de dos mil diecinueve emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en el recurso de inconformidad 63/2018 y en la cual se determinó, en lo que interesa, lo siguiente: De ahí que la sentencia de amparo no se encuentre cumplida, ya que si bien como lo refiere el Subsecretario de Asuntos Jurídicos, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, el dictamen emitido dentro del expediente CTT/328, el veintiocho de junio de dos mil once, no otorgó placas o permisos per se; sí trajo como consecuencia inherente la asignación de éstos, pues sólo con dicha venia de la autoridad administrativa es que se puede prestar el servicio de transporte público relativo a las nuevas rutas creadas a través del acto reclamado (Ruiz-Santiago-Villa Hidalgo-El Corte- Guadalupe Victoria). - - - Por lo que, para poder dilucidar si la sentencia de amparo se encuentra o no cumplida, como se estableció en la ejecutoria relativa a la inconformidad 2/2017; es indispensable que el juez de distrito se allegue de la lista completa y pormenorizada de los permisos y placas que fueron asignados para satisfacer el servicio de la nueva ruta que fue creada a través de los dictámenes emitidos en el expediente CTT/328; y si tales concesiones se encuentran o no activas; pues al margen de lo que señaló la autoridad responsable en su informe relativo, de actuaciones del juicio se demuestra que sí se otorgaron permisos y placas para el aprovechamiento de esta ruta. - - - Máxime si en el diverso dictamen emitido en el expediente CTT/328, con fecha veintiocho de julio de dos mil quince, la Comisión estimó conveniente que los permisionarios que venían prestando el servicio público de transporte hasta antes de que se declarara la insubsistencia del dictamen CTT/328 de veintiocho de julio [sic] de dos mil once, lo siguieran prestando en tanto ésta no determinara lo contrario; lo que hace patente que sí hay permisionarios que prestan el servicio en la ruta multi-aludida. - - - En tal virtud, como quedó definido en la inconformidad 2/2017 del conocimiento de este tribunal colegiado de circuito, previo a declarar si la sentencia de amparo se encuentra o no cumplida, es necesario que el A Quo indague las consecuencias legales y materiales del dictamen dejado insubsistente, a fin de que también sean destruidas retroactivamente; para lo cual deberá requerir nuevamente a las autoridades responsables, a efecto de que informen cuáles son los permisos de transporte público que se otorgaron para la explotación de las rutas Ruiz-Santiago-Villa Hidalgo-El Corte- Guadalupe Victoria, creada conforme al dictamen emitido el veintiocho de junio de dos mil once en el expediente CCT/328, dejado insubsistente; así como las placas de circulación que se expidieron al amparo de dichos permisos. - - - Sin que ello implique que el cumplimiento de la sentencia se constriña a recabar la citada información, pues no debe soslayarse que tanto en la inconformidad 38/2015 como en la diversa 2/2017, ambas del índice de este tribunal colegiado de circuito, se establecieron las directrices a seguir por parte del juez de amparo para que esté en aptitud de tener por cumplida la sentencia de amparo. - - - Aunado a que en el incidente de inejecución de sentencia 3/2015, también del conocimiento de este órgano colegiado, se acotó la potestad que tiene el juez de distrito para adoptar cualquier otra medida que se estime pertinente para lograr el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En esa tesitura resulta que, a efecto de verificar el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, este juzgado Federal debía: 1. Allegarse de la lista completa y pormenorizada de los permisos y placas que fueron asignados para satisfacer el servicio de la nueva ruta que fue creada a través de los dictámenes emitidos en el expediente CTT/328 (Ruiz-Santiago-Villa Hidalgo-El Corte- Guadalupe Victoria). 2. Verificar si las concesiones otorgadas se encuentran o no activas. 3. Indagar las consecuencias legales y materiales del dictamen dejado insubsistente, a fin de que también sean destruidas retroactivamente. A fin de lograr lo anterior, requerir nuevamente a las autoridades responsables, a efecto de que informen cuáles son los permisos de transporte público que se otorgaron para la explotación de las rutas Ruiz-Santiago-Villa Hidalgo-El Corte- Guadalupe Victoria, creada conforme al dictamen emitido el veintiocho de junio de dos mil once en el expediente CCT/328, dejado insubsistente, así como las placas de circulación que se expidieron al amparo de dichos permisos; sin que ello implique que el cumplimiento de la sentencia se constriñe a recabar la citada información. En oficios presentados el once, quince y veintidós de abril de dos mil diecinueve, el Director General de Tránsito y Transporte en el Estado de Nayarit; el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en Representación del Gobernador Constitucional y del Secretario General de Gobierno, así como el Secretario Técnico de la Comisión Técnica del Transporte, manifestaron su imposibilidad para informar cuáles fueron los permisos de transporte público que se otorgaron para la explotación de las rutas Ruiz-Santiago-Villa Hidalgo-El Corte-Guadalupe Victoria creada al amparo del dictamen emitido el veintiocho de junio de dos mil once en el expediente CTT/328 que se dejó insubsistente, así como las placas de circulación que se expidieron al amparo de dichos permisos, en razón de que debido a un desastre natural se inundaron las instalaciones de la Dirección de Tránsito, específicamente el área del sótano, lugar donde se guardaban los expedientes físicos de transporte público; sin embargo, señalaron que los permisos otorgados son los que corresponden a las solicitudes que anexó en copia simple que fueron presentadas por: Ana Isabel Galicia Bueno (2). Reyna Cristel López Melendrez. Santiago Melendrez Arredondo. Rodolfo López Flores. Rodolfo López Melendrez. Odin Pantoja Ulloa. Celia Patrón Velázquez (2). Ricardo Rivas Montaño. José Manuel Rivas Cortés (2). Asimismo, destacaron que tales solicitudes ya obraban en autos, lo mismo que las placas que fueron asignadas a esos vehículos, sin que exista información diversa a la que ya habían remitido y que obraba en autos, ni existe evidencia de que anteriores administraciones o la actual hubiesen expedido permisos o placas distintas a las señaladas por los propios quejosos. En mérito de lo anterior, este juzgador en auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve requirió a las autoridades responsables para que a su vez requirieran a los permisionarios de transporte público de las rutas Ruiz-Santiago-Villa Hidalgo-El Corte-Guadalupe Victoria, para que exhibieran sus permisos y las placas de circulación que se les expidieron al amparo de dichos permisos. Mediante oficio presentado el treinta de mayo de dos mil diecinueve, el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación del Gobernados Constitucional y del Secretario de Gobierno señalaron que ordenaron al Director General de Tránsito y Transporte en el Estado de Nayarit, para que realizara el requerimiento ordenado, lo que así manifestó haber hecho éste último en oficio presentado el cuatro de junio de dos mil diecinueve, al que anexó copia certificada de los respectivos requerimientos. En oficio presentado el diez de junio de dos mil diecinueve, el Director General de Tránsito y de Transporte del Estado de Nayarit, remitió copia certificada de los escritos presentados por Ana Isabel Galicia Bueno, Reyna Cristel López Melendrez, Santiago Melendrez Arredondo, Rodolfo López Flores, Rodolfo López Melendrez, Odin Pantoja Ulloa, Celia Patrón Velázquez y José Manuel Rivas Cortés, en los que manifestaron carecer del permiso de transporte otorgado en razón de que lo entregaron a la citada Dirección General de Tránsito y de Transporte con motivo de que se les canceló. Atento a lo anterior, este juzgador en auto de once de junio de dos mil diecinueve requirió nuevamente al Director General de Tránsito y de Transporte del Estado de Nayarit, para que requiriera nuevamente a los permisionarios a efecto de que: 1). Informaran qué autoridad les requirió la entrega de los permisos señalados, en qué fecha y exhibieran, en su caso, copia del acuse de la autoridad a quien se los entregaron o solicitaran copia certificada del acta, diligencia o acuerdo en que se tuvieron por recibidos los citados permisos. 2). Precisaran el número de placas vinculadas a los permisos que dicen entregaron. Mediante oficio presentado el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, el Director General de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit remitió copias certificadas de los requerimientos formulados a los permisionarios José Manuel Rivas Cortés, Ricardo Rivas Montaño, Celia Patrón Velázquez, Odin Pantoja Ulloa, Ana Isabel Galicia Bueno, Rodolfo López Flores, Santiago Melendrez Arredondo y Reyna Cristel López Melendrez. A través de sendos oficios presentados el treinta de septiembre, quince y veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, el Director General de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit remitió la respuesta de José Manuel Rivas Cortés, Rodolfo López Melendrez, Reyna Crystel López Melendrez, Celia Patrón Velázquez Ricardo Rivas Montaño, Rodolfo López Flores, Ana Isabel Galicia Bueno y una más con una rúbrica ilegible, en la que reiteraron su imposibilidad para proporcionar la información requerida. En consecuencia y en aras de comprobar la veracidad de la información proporcionada, en auto de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, se requirió de manera personal a Ana Isabel Galicia Bueno, Santiago Meléndrez Arredondo, Rodolfo López Flores y Ricardo Rivas Montaño, a efecto de que ratificaran sus escritos y exhibieran la respuesta e información que les fue requerida por el Presidente de la Comisión Técnica del Transporte en el Estado de Nayarit. El veintiocho de octubre de dos mil diecinueve comparecieron ante este órgano jurisdiccional Ana Isabel Galicia Bueno y Santiago Melendrez Arredondo los que ratificaron los escritos presentados ante el Director General de Tránsito y Transporte en el Estado de Nayarit en los que señalaron su imposibilidad para exhibir copia de los permisos que les fueron otorgados para la explotación de la ruta Ruiz-Santiago-Villa Hidalgo-El Corte-Guadalupe Victoria, así como el número de placas de circulación que se expidieron al amparo de dichos permisos; de igual forma señalaron que la documentación solicitada les fue requerida por el citado Director para su cancelación. El treinta de octubre de dos mil diecinueve compareció ante este órgano jurisdiccional Rodolfo López Flores quien ratificó los escritos presentados ante el Director General de Tránsito y Transporte en el Estado de Nayarit en los que señaló su imposibilidad para exhibir copia de los permisos que le fueron otorgados para la explotación de la ruta Ruiz-Santiago-Villa Hidalgo-El Corte-Guadalupe Victoria, así como el número de placas de circulación que se expidieron al amparo de dichos permisos; de igual forma señaló que la documentación solicitada les fue requerida por el citado Director para su cancelación. El treinta de octubre de dos mil diecinueve compareció ante este órgano jurisdiccional Ricardo Rivas Montaño quien ratificó los escritos presentados ante el Director General de Tránsito y Transporte en el Estado de Nayarit en los que señaló su imposibilidad para exhibir copia de los permisos que le fueron otorgados para la explotación de la ruta Ruiz-Santiago-Villa Hidalgo-El Corte-Guadalupe Victoria, así como el número de placas de circulación que se expidieron al amparo de dichos permisos; de igual forma señaló que la documentación solicitada les fue requerida por el citado Director para su cancelación. Asimismo, por escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil veinte exhibió copia certificada de su tarjetón de fecha tres de mayo de dos mil dieciséis. Rodolfo López Flores hizo lo propio en escrito presentado el dos de diciembre de dos mil diecinueve, destacando que la copia simple del tarjetón que exhibió corresponde a una ruta diversa a la que originó el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En auto de ocho de septiembre de dos mil veinte se reanudó el procedimiento en términos del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, y a efecto de continuar con la comprobación de la veracidad de la información proporcionada por los permisionarios, se ordenó requerir a Reyna Cristel López Meléndrez, Rodolfo López Meléndrez, Ana Isabel Galicia Bueno, Odín Pantoja Ulloa, Celia Patrón Velázquez y José Manuel Rivas Cortés para que comparecieran ante este Juzgado a ratificar el contenido de los escritos presentados ante el Director General de Tránsito y Transporte en el Estado de Nayarit en los que señalaron su imposibilidad para exhibir copia de los permisos que les fueron otorgados para la explotación de la ruta Ruiz-Santiago-Villa Hidalgo-El Corte-Guadalupe Victoria; asimismo, para que exhibieran la respuesta e información que fue requerida de su parte al Presidente de la Comisión Técnica del Transporte en el Estado de Nayarit. El veintitrés de septiembre comparecieron Reyna Cristel López Melendrez y Rodolfo López Melendrez Arredondo los que ratificaron los escritos presentados ante el Director General de Tránsito y Transporte en el Estado de Nayarit en los que señalaron su imposibilidad para exhibir copia de los permisos que les fueron otorgados para la explotación de la ruta Ruiz-Santiago-Villa Hidalgo-El Corte-Guadalupe Victoria, así como el número de placas de circulación que se expidieron al amparo de dichos permisos; de igual forma señalaron que la documentación solicitada les fue requerida por el citado Director para su cancelación; lo mismo hicieron Ana Isabel García Bueno, José Manuel Rivas Cortés y Odin Pantoja Ulloa, mediante comparecencias de veinticuatro y veinticinco de septiembre y treinta de octubre de dos mil veinte. Finalmente, por lo que hace a Celia Patrón Velázquez, mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, su autorizado hizo del conocimiento su imposibilidad para comparecer en virtud de que se trata de una persona de avanzada edad (ochenta y nueve años) que en momentos pierde lucidez mental, anexando constancia de discapacidad de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, signada por la Directora del centro de Salud con Servicios Ampliados Tepic. Ahora bien, tomando en consideración que de las constancias de autos se advierte que además de los permisionarios a los que se les requirió información sobre el permiso que les fue otorgado para la explotación de la ruta Ruiz-Santiago-Villa Hidalgo-El Corte-Guadalupe Victoria, así como que proporcionaran el número de placas que se les otorgó al amparo del mismo de nombres: Ana Isabel Galicia Bueno (2). Reyna Cristel López Melendrez. Santiago Melendrez Arredondo. Rodolfo López Flores. Rodolfo López Melendrez. Odin Pantoja Ulloa. Celia Patrón Velázquez (2). Ricardo Rivas Montaño. José Manuel Rivas Cortés (2). Existieron otros permisionarios a los que no se les requirió información alguna a efecto de verificar la proporcionada por las autoridades responsables de nombres: Vianeth del Rosario Castro Zepeda. Victoriana Espinoza Tovar. Azucena Sarahi Hernández Rodríguez. José Ramón Valdez Sedano. Luis Francisco Ornelas Frias. Andrés Verdias Santana. José Alfonso González García. Jorge Luis Dueñas Huizar. Además, si bien de las constancias que integran el presente juicio se advierte que: Celia Patrón Velázquez fue o es titular de las placas 8702 MDB. José Manuel Rivas Cortés fue o es titular de las placas 7533 MDB, que por virtud del refrendo del año dos mil trece pasaron a ser 57-70 MDC. Vianeth del Rosario Castro Zepeda fue o es titular de las placas 7489 MDB. José Manuel Rivas Cortés fue o es titular de las placas 7532 MDB, las que por virtud del refrendo dos mil trece pasaron a ser 57-71 MDC. Victoriana Espinoza Tovar fue o es titular de las placas 7590 MDB, las que por virtud del refrendo de dos mil trece pasaron a ser 4096 MDC. Odin Pantoja Ulloa fue o es titular de las placas 8701 MDB. Rodolfo López Melendrez fue o es titular de las placas 8351 MDB. Azucena Sarahi Hernández Rodríguez fue o es titular de las placas 8532 MDB. Reyna Cristel López Melendrez fue o es titular de las placas 8704 MDB. José Ramón Valdez Sedano fue o es titular de las placas 2424 MDB. Andrés Verdias Santana fue o es titular de las placas 8799 MDB. José Alfonso González García fue o es titular de las placas 8698 MDB. Jorge Luis Dueñas Huizar fue o es titular de las placas 6902 MDB. Luis Francisco Ornelas Frías fue o es titular de las placas 7983 MDB. No se tiene noticia de quienes fueron o son titulares de las placas 7424 MDB (que por virtud del refrendo de dos mil trece pasó a ser 6263 MDC) 6390 MDB, 8796 MDB y 8933 MDB. De igual forma no obran constancias de las que se desprendan el número de placas que se les expidieron a los permisionarios Ana Isabel Galicia Bueno, Santiago Melendrez Arredondo y Rodolfo López Flores. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Nayarit, Comisión Técnica del Transporte y Director General de Tránsito y Transporte, todos con residencia en esta ciudad de Tepic, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que queden legalmente notificadas del presente proveído, requieran a Vianeth del Rosario Castro Zepeda, Victoriana Espinoza Tovar, Azucena Sarahi Hernández Rodríguez, José Ramón Valdez Sedano, Luis Francisco Ornelas Frías, Andrés Verdias Santana, José Alfonso González García y Jorge Luis Dueñas Huizar, personas a quienes se les otorgaron permisos de transporte público para la explotación de las rutas Ruiz-Santiago-Villa Hidalgo-El Corte- Guadalupe Victoria, creada conforme al dictamen emitido el veintiocho de junio de dos mil once, en el expediente CCT/328; para que exhiban copia del o los permisos que se les hubieren otorgado, así como para que proporcionen el número de placas de circulación que se les expidieron al amparo de dichos permisos. Asimismo, se requiere a las citadas autoridades responsables para que informen quienes fueron o son titulares de las placas 7424 MDB (que por virtud del refrendo de dos mil trece pasó a ser 6263 MDC) 6390 MDB, 8796 MDB y 8933 MDB, así como el número de placas que se les expidieron a los permisionarios Ana Isabel Galicia Bueno, Santiago Melendrez Arredondo y Rodolfo López Flores, debiendo remitir las constancias debidamente certificadas, ordenadas y legibles que lo acrediten. Apercibidas las citadas autoridades responsables que de no hacerlo, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se harán acreedoras, a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, de donde se desprende que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a AURORA FLORES LEPE, para que cumpliera con la prevención que se le hizo mediante proveído datado el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, consistente en precisar si era su deseo señalar como acto reclamado la falta de legal emplazamiento al juicio laboral del que al parecer derivan los actos que señala como reclamados en el apartado correspondiente del escrito de demanda; asimismo, si era su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario y al Secretario Ejecutor, ambos adscritos a la Junta Especial Número Cuatro dependiente de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, residente en Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Por tanto, al no dar cumplimiento a la prevención emitida en el referido acuerdo, se hace efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa, mediante el citado auto de veintiséis de enero de la presente anualidad, y con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 114, de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA su demanda de amparo recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veinticinco de enero del año en curso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes, el ocurso de cuenta firmado por el FLAVIO GÓMEZ COVARRUBIAS, quien actúa por sí y como representante común de la parte quejosa, por medio del cual desahoga la vista contenida en el auto de veintiocho de enero del presente año, y manifiesta que el domicilio de la parte tercera interesada Comisariado Ejidal denominado La Peñita de Jaltemba, Municipio de Compostela, Nayarit, se ubica en calle Bahía Punta de Mita número 2, de la colonia centro de la población de la Peñita de Jaltemba, Municipio de Compostela, Nayarit. En consecuencia, conforme a los dispuesto en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última, gírese atento despacho al Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Las Varas, Municipio de Compostela, Nayarit, para que por su conducto y en auxilio de la Justicia Federal, con copia simple de la demanda, se sirva notificar a la parte tercera interesada de referencia por conducto de su Presidente, Secretario y Tesorero, el contenido del auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio de amparo en que se actúa. En la inteligencia de auto por auto de diecinueve de febrero último, se señalaron las TRECE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En el entendido de que si la fecha en que recepcione la comunicación de referencia, resulta extemporánea en relación a la fijada para la celebración de la audiencia constitucional, ello no sea obstáculo para que se lleve a cabo la diligencia encomendada. NOTIFÍQUESE.
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