Aurora Edith Ramos García
Expediente 726/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Aurora Edith Ramos García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, once de octubre de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)... ARCHIVO FÍSICO. Una vez integradas las notificaciones de este proveído, remítase físicamente al archivo el presente asunto. Notifíquese...".
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el 1. Presidente de la 2. Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje en Boca del Río, Veracruz. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo se tiene como prueba la documental exhibida por la autoridad responsable, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte en el presente asunto se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo. Por haber desaparecido lo que originó el juicio constitucional. Con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso. Según sea el caso. Puede ocurrir cuando la propia responsable, u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación en virtud de la cual se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada o cuando abandone el estado de inacción o abstención que se atribuye. Esta forma de actualizar la improcedencia en comento constituye una especie de autocontrol de la Constitución. La misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea porque advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar opera cabalmente, es indispensable puntualizar no basta que la autoridad abandone su estado de abstención. Sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto u omisión reclamados. Ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional. Como si hubiera otorgado el amparo... En otras palabras, los efectos de un acto u omisión reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, o abandona su estado pasivo. Esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto u omisión que se ataca. También cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho humano violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto u omisión reclamados significa que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación. Lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos u omisiones de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos. Puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma. Es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o realización del acto de autoridad. Sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto u omisión que ya no está surtiendo sus efectos. Ni los surtirá. No dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el presente asunto, es claro los efectos del acto combatido, han cesado. La litis de este expediente constitucional se centró en la omisión y dilación por parte de las responsables en dictar el laudo correspondiente dentro del expediente laboral *********** de su índice. De la copia certificada anexada por el Presidente de la Junta responsable -a las que se concede valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme al precepto 2º -, se observa: 1. El nueve de septiembre de la presente anualidad, actuando dentro de los autos del expediente laboral ***********, emitió el laudo correspondiente. Actuación posterior a la presentación de la demanda de amparo -dieciséis de agosto de dos mil veintidós-. Por tanto, es evidente ha concluido la omisión de dictar el laudo (cesaron sus efectos). Tal circunstancia actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, con base en el diverso 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal... Ante el sobreseimiento decretado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del treinta de septiembre de dos mil veintidós. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Comuníquese a las partes lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente...".
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el 1. Presidente de la 2. Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje en Boca del Río, Veracruz. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo se tiene como prueba la documental exhibida por la autoridad responsable, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte en el presente asunto se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo. Por haber desaparecido lo que originó el juicio constitucional. Con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso. Según sea el caso. Puede ocurrir cuando la propia responsable, u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación en virtud de la cual se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada o cuando abandone el estado de inacción o abstención que se atribuye. Esta forma de actualizar la improcedencia en comento constituye una especie de autocontrol de la Constitución. La misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea porque advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar opera cabalmente, es indispensable puntualizar no basta que la autoridad abandone su estado de abstención. Sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto u omisión reclamados. Ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional. Como si hubiera otorgado el amparo... En otras palabras, los efectos de un acto u omisión reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, o abandona su estado pasivo. Esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto u omisión que se ataca. También cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho humano violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto u omisión reclamados significa que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación. Lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos u omisiones de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos. Puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma. Es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o realización del acto de autoridad. Sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto u omisión que ya no está surtiendo sus efectos. Ni los surtirá. No dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el presente asunto, es claro los efectos del acto combatido, han cesado. La litis de este expediente constitucional se centró en la omisión y dilación por parte de las responsables en dictar el laudo correspondiente dentro del expediente laboral *********** de su índice. De la copia certificada anexada por el Presidente de la Junta responsable -a las que se concede valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme al precepto 2º -, se observa: 1. El nueve de septiembre de la presente anualidad, actuando dentro de los autos del expediente laboral ***********, emitió el laudo correspondiente. Actuación posterior a la presentación de la demanda de amparo -dieciséis de agosto de dos mil veintidós-. Por tanto, es evidente ha concluido la omisión de dictar el laudo (cesaron sus efectos). Tal circunstancia actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, con base en el diverso 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal... Ante el sobreseimiento decretado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del treinta de septiembre de dos mil veintidós. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Comuníquese a las partes lo anterior para los efectos legales a que haya lugar..."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Aurora Edith Ramos García, contra actos del 1. Presidente de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Fórmese expediente. Regístrese con el número 726/2022-VI en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN: La demanda de amparo cumple con los requisitos que para su presentación establece el artículo 108 de la Ley de Amparo vigente. Con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, 112, 115, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión por no surtirse el requisito previsto en la fracción I del arábigo 128 de la ley de la materia, así como tampoco se configura alguno de los supuestos establecidos por los diversos 126 y 127 del mismo ordenamiento, para que deba ser decretada de oficio. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el artículo 115 de la citada ley, se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este asunto. Se fija atendiendo la carga de trabajo en la agenda de audiencias de este Juzgado de Distrito. Plazo de quince días otorgado para rendir informe justificado en términos del dispositivo 117 de la ley reglamentaria; la vista que debe mediar entre su recepción y el desahogo. Así como, las directrices marcadas en el Acuerdo General 21/2020, prorrogado mediante el diverso 16/2022, que atienden la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, lo cual llevó a considerar también ampliar los plazos para lograr los emplazamientos a juicio. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el precepto 117 del cuerpo de leyes invocado, se pide informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días. Dichos informes tendrán que ser emitidos con estricto apego a lo establecido por los dispositivos 117, párrafo quinto, 63, fracciones IV y V, 64 y 75, todos de la Ley de Amparo, remitiendo a este juzgado: - Copia certificada en orden, completa y legible de todas y cada una de las constancias necesarias para apoyar su informe, ello de conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto del precepto de referencia. - Asimismo, deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no hacerlo, sin existir alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el arábigo 260, fracción II de la ley en consulta, se les impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 del texto normativo antes mencionado. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Se pide a las partes que en caso de cambio de situación jurídica o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado u ocurrido causas notorias de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la ley en comento, lo informen de inmediato a este juzgado. Apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá -en forma individual- multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 251 de la ley citada. PARTE TERCERA INTERESADA. Con fundamento en el arábigo 5, fracción III, inciso b) de la Ley en comento, se tiene como parte tercera interesada a la empresa Price Company, sociedad anónima de capital variable, por conducto de quien legalmente ejerza su representación. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngase como lugar para recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en la demanda. Se toma nota del correo electrónico y los números telefónicos proporcionados como forma expedita de contacto para comunicaciones no procesales. AUTORIZADOS. Se autoriza en términos amplios del ordinal 12 de la Ley reglamentaria, a Salvador Martín del Campo López, Paola Lizbeth Martín del Campo Castillo, Erick Pérez Santiago, Jennifer Gómez Méndez, Atziri Citlalli Hernández Castro. PRUEBAS. Se tienen por enunciadas como pruebas de la parte quejosa la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana en todo lo que le favorezca. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la Ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Tomando en consideración que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos (uso de medios electrónicos y expedición de copias) se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante el diverso 16/2022) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante el diverso 16/2022) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. NOTIFICACIONES AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese únicamente la radicación del presente juicio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita mediante oficio que al efecto se libre, atendiendo al contexto en que se tramita el presente asunto. Dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo. Asimismo, acompáñesele copia de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES. Mediante oficios que al efecto se giren, notifíquese la radicación del presente juicio a las responsables en el domicilio de su oficina principal, de conformidad con lo establecido en los ordinales 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I del cuerpo de leyes invocado. PARTE TERCERA INTERESADA. Comisiónese a cualquiera de los actuarios de la adscripción, para que con copia de la demanda y del presente auto, emplace a juicio a la tercera interesada Price Company, sociedad anónima de capital variable, por conducto de quien legalmente ejerza su representación, en el domicilio señalado para tal efecto en el escrito de demanda. Notifíquese; y personalmente a la parte tercera interesada.
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