Aurora del Pilar Aguilar Hernandez
Expediente 533/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Aurora del Pilar Aguilar Hernandez
Actuaciones
- Principal
IV. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veintiséis de abril del año en curso, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo AURORA DEL PILAR AGUILAR HERNÁNDEZ, contra el acto que reclama de la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y de otra autoridad. Por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la promovente señala como acto reclamado la orden de desalojo dictada por la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el procedimiento para la ejecución de convenio transaccional 150/2019, promovido por Rosdhali Arbos Carrillo, en contra de la aquí quejosa; y su ejecución po parte del Actuario adscrito a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, respecto del local número dos, ubicado en una fracción del predio número setecientos diecinueve, de la calle ciento veintitrés, del fraccionamiento "Los Héroes", de esta ciudad de Mérida, Yucatán. En consecuencia, cabe destacar algunas acotaciones respecto a la figura jurídica denominada "convenio transaccional": El contrato de transacción tiene como características, la reciprocidad de concesiones que las partes se hagan para terminar una controversia presente o prevenir una futura, lo cual constituye un elemento esencial de dicho contrato, y tal reciprocidad de concesiones debe derivar del propio texto del acuerdo de voluntades de las partes. En la transacción, la reciprocidad de las concesiones es un atributo de existencia del contrato, en ausencia del cual, no es posible concebirlo o estructurarlo jurídicamente; en otros términos, el consentimiento, como elemento esencial de tales contratos, debe manifestarse para que exista transacción, en el sentido de que una parte haga determinada concesión a la otra, a cambio de la que esta última a su vez, le otorgue, estando animadas dichas manifestaciones del deseo de terminar una controversia presente o prevenir una futura. La transacción se identifica, en algunos puntos, con la sentencia ejecutoriada, y algunas veces las leyes conceden a la transacción la misma eficacia y autoridad que a la sentencia firme, como se advierte de los preceptos del Código de Procedimientos en Materia Civil del Estado, que a continuación se transcriben: "Artículo 393.- Las transacciones y los convenios celebrados en juicio, serán ejecutados por el juez que conozca del negocio..." "Artículo 395.- Todo lo que en este título se dispone respecto de la sentencia ejecutoriada, comprende las transacciones, los convenios y el juicio de contadores de que tratan los artículos 392 y 393. "Artículo 397.- Cuando la ejecución se pida en virtud de sentencia que haya causado ejecutoria o que deba llevarse adelante por estar ya otorgada la fianza correspondiente, el Juez señalará al deudor el término de tres días para que cumpla la sentencia si en esta misma no se ha fijado algún término." Por consiguiente, la transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad de la cosa juzgada, y cuando se celebra, las personas que en dicho contrato intervienen, están obligadas a lo expresamente pactado y a todas las consecuencias que según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso o a la ley, y su validez y cumplimiento no pueden dejarse al arbitrio de las partes. Precisado lo anterior, en el caso, este Juzgador Federal advierte que, respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Conforme a la transcripción que antecede, y de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Este concepto se ha definido en forma genérica como la que declara cumplida la sentencia o convenio que tiene la calidad de cosa juzgada; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla. Esto implica la culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa y se observaron las formalidades esenciales del procedimiento. Acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica: a) Resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena que es cosa juzgada, o sea que tienden a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada; b) Resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; c) Interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones; d) Sentencias que resuelven una cuestión que guarda autonomía con la ejecución; y, e) Actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, sea por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o que tenga autonomía o sea preparatoria, por modificar, extinguir o crear un derecho sustantivo distinto al objeto de la controversia que tenga la calidad de cosa juzgada, es posible establecer cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que tiene naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, porque crea, modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías. En ese orden de ideas, de la lectura de la demanda que nos ocupa, se desprende que la parte quejosa pretende impugnar por la vía constitucional, la orden de desalojo dictada por la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el procedimiento para la ejecución de convenio transaccional 150/2019, promovido por Rosdhali Arbos Carrillo, en contra de la aquí quejosa; y su ejecución po parte del Actuario adscrito a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, respecto del local número dos, ubicado en una fracción del predio número setecientos diecinueve, de la calle ciento veintitrés, del fraccionamiento "Los Héroes", de esta ciudad de Mérida, Yucatán. En ese sentido, es evidente que la determinación combatida, tiende a la ejecución del convenio de marras, precisamente porque en ella se ordena categóricamente el cumplimiento de lo convenido por las partes contratantes. Por tanto, es evidente que la determinación combatida, no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del convenio aprobado por la autoridad judicial, pues se trata de un acto dictado fuera de juicio, concretamente en su etapa de ejecución y ante esa eventualidad, el juicio de amparo es improcedente; por lo que será hasta que se emita la determinación que lo declare cumplido o señale la imposibilidad para ello, que la parte quejosa estará en aptitud de impugnar cualquier violación acaecida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 230, del Tomo VII, Febrero de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Conforme lo expuesto, es inconcuso que el acto reclamado, fue dictado después de concluido el juicio, esto es, en el procedimiento de ejecución de un convenio de transacción, el cual fue ratificado y elevado a la categoría de cosa juzgada. De la lectura del acto reclamado, que incluso la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo, se evidencia que no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, conforme a las reglas de procedencia del juicio de amparo anteriormente expuestas, pues en la especie, el acto materia del reclamo lo constituye la orden de desalojo dictada en el procedimiento de ejecución de convenio transaccional 50/2019. En esa línea de pensamiento, se evidencia que la resolución reclamada no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa ajenos a la cosa juzgada. Luego, aplicando los criterios de procedencia del juicio de amparo tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, es claro que en el particular no se actualizan. Bajo este contexto, se advierte una clara obstaculización a la ejecución del convenio de transacción, ratificado y aprobado por una autoridad judicial, provocada por la parte impetrante de amparo, quien sustentándose en el sentido de la orden de ejecución del mismo, pretende un análisis constitucional de un acto que dada la etapa de ejecución a la que está vinculada no puede ser materia de esta acción. En estas condiciones, se concluye que el acto reclamado fue emitido después de concluido un juicio, y no se trata del último dictado en el procedimiento de ejecución, ya que no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo convenido o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la mencionada causal de improcedencia y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda; y como sus autorizados con las limitaciones que establece la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gladys Anabel Pérez Acosta y Ángel Jafet Castañeda Pacheco, hasta en tanto acrediten el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a los nombrados, para el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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