Aurora de Jesus Ayvar Perez
Expediente 1053/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1053/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Aurora de Jesus Ayvar Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de seis de octubre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo presentada por *******contra actos de los Magistrados integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra autoridades. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda de amparo; por tanto, el presente asunto carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; seis de octubre de dos mil veintiuno. SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO; QUE EN SÍNTESIS DICE: Cuernavaca, Morelos; seis de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito presentado a nombre de Aurora de Jesús Ayvar López, por el desahoga la prevención formulada al escrito de demanda y amplia los antecedentes del acto reclamado. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro,1 y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia.2 Proceder soportado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En ese sentido, del estudio integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa reclama la resolución dictada el dos de agosto de dos mil veintiuno, por la Tercera Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, en el toca civil 258/2021-10, en la que confirma el auto de diecinueve de abril del mismo año, emitido por el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, en el que se inició el procedimiento de ejecución forzosa en el juicio especial hipotecario 432/2017-1, ordenando el evalúo de la finca hipotecada, sin haber requerido el cumplimiento voluntario a la parte demandada. Causal de improcedencia. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Los citados preceptos señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior (...)." Del primero de los preceptos legales transcritos se advierte que la causa de improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Ley de Amparo, ahora bien, conforme al segundo de los numerales, existen, por regla general, dos tipos de resoluciones en el periodo de ejecución que pueden reclamarse en juicio de amparo indirecto: a) la de carácter definitivo que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de o bienes rematados y b) la última resolución dictada en el periodo de ejecución, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en ambos casos, pudiendo impugnarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución en la demanda de amparo que se promueva contra éstas. En este sentido, el alto tribunal del país ha establecido que la última resolución que se dicta en la fase ejecutiva de un juicio es aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pues se considera que el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada es de orden público, por lo que no debe ser obstaculizado. Tiene aplicación a lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia P./J.32/2001, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 27/99, visible en la página 31, tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." A su vez, los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, establecen dos reglas genéricas y una específica para la procedencia del juicio de amparo indirecto. La primera regla genérica apunta que el juicio de amparo procede contra actos dictados en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, éstos han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquéllos que, por sus consecuencias, son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado consagrados en la ley fundamental, puesto que dicha afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. La segunda regla genérica señala que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido el juicio, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el máximo tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, tales como el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida de la condena decretada. Por último, la regla específica, introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consiste en que el juicio de amparo biinstancial podrá promoverse: a) contra actos dictados en ejecución de sentencia por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo sólo contra la última resolución que se pronuncie en dicho procedimiento de ejecución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, entendiéndose por última resolución aquélla que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y b) tratándose de remates, contra la resolución definitiva que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En este orden de ideas, no debe perderse de vista que los procedimientos seguidos en forma de juicio están integrados por las siguientes fases: a) previa, b) instrucción, c) sentencia y d) ejecución, y que los actos emitidos con posterioridad a la conclusión del procedimiento son impugnables sólo hasta la última resolución que se dicte en la etapa de ejecución, momento en el cual pueden hacerse valer las irregularidades que estime la parte inconforme se cometieron en su contra durante la substanciación de esta fase, pues atendiendo a la regla específica comentada, mientras no se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, no pueden impugnarse a través del juicio de amparo indirecto las violaciones que se estimen cometidas en dicho procedimiento. Ahora, del análisis íntegro del escrito inicial de demanda se colige que el acto reclamado consiste en la resolución dictada el dos de agosto de dos mil veintiuno, por la Tercera Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, en el toca civil 258/2021-10, en la que confirma el auto de diecinueve de abril del mismo año, emitido por el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, en el que se inició el procedimiento de ejecución forzosa en el juicio especial hipotecario 432/2017-1, ordenando el evalúo de la finca hipotecada, sin haber requerido el cumplimiento voluntario a la parte demandada. En ese sentido, conviene precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, determinó que en los procedimientos de remate, el juicio de amparo procede exclusivamente contra la última resolución, entendiéndose por aquella la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien la posesión de los bienes inmuebles rematados. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1ª./J. 13/2016 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, abril de 2016, tomo II, página 1066, materia común, con número de registro digital 2011474, de rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." De lo anterior, se desprende que el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, pues se trata de un acto en el que se ordenó evaluar el bien inmueble hipotecado para cubrir el monto de lo sentenciado en el juicio de origen, en el que la parte quejosa es parte demanda, esto es, una actuación encaminada a preparar el remate judicial de dicho bien, que de ninguna forma ordena la entrega y escrituración del inmueble rematado, tampoco aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado ni declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento al fallo, en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que resulta improcedente el presente juicio de amparo. En estas condiciones, se estima que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la indicada causal de improcedencia del juicio de amparo, puesto que el acto reclamado no puede ser combatido a través de esta instancia constitucional, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución correspondiente, momento en el cual podrán reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Apoya lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 721, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, agosto de 1999, Novena Época, cuyo rubro y contenido son: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, CUANDO EL ACTO QUE SE RECLAMA NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN QUE SE PRONUNCIÓ EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. El artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, previene en lo conducente que: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.- Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso...". Dicho precepto es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución el amparo sólo será procedente cuando el acto que se reclame sea la última resolución. Por tanto, si en un juicio de amparo lo que se reclama es un proveído que se pronunció durante la tramitación de una liquidación de sentencia, es obvio que al no ser la última resolución que habrá de dictarse en dicho procedimiento, el amparo biinstancial resulta improcedente." De igual forma, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/27, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 435, tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Cabe destacar que si bien, conforme a la segunda regla explicada, existen actos dentro de la etapa de ejecución que pueden ser reclamables en amparo indirecto con la condición de que estos sean autónomos de la propia fase y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; como se precisó, el acto reclamado se emite con motivo de la consecución de la fase ejecutoria de la sentencia dictada. Es orientador por analogía, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 1345, tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR,HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías." Asimismo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 164639, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Consecuentemente con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. Autorizado en términos amplios reitera domicilio para oír y recibir notificaciones. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por Benito González Moreno, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por el que señala domicilio para oír y recibir notificaciones; lo anterior, toda vez que en auto de treinta de agosto del año en curso, se tuvo a la parte quejosa designando la dirección que propone para tales efectos y se acordó lo conducente. Notifíquese personalmente. Así lo acordó la licenciada Erika Nayeli Torres Santiago, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, asistida legalmente de la licenciada Zaira Irais Ortiz Ávila, Secretaria que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
Se notifica por lista a la quejosa el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Cuernavaca, Morelos; treinta de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *******, contra actos de los Magistrados integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número ****** y fórmese expediente. Prevención. Ahora bien, del estudio integral de la demanda que se provee, se advierte una irregularidad que requiere ser subsanada, previo a su admisión, por lo que con fundamento en el artículo 110 y 112, en relación con los ordinales 108 fracción IV, y 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que, dentro del término, de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo bajo protesta de decir verdad, con copias suficientes para las partes: ÚNICO. En vía de antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, deberá relatar de manera cronológica, breve y ordenada lo acontecido en el juicio especial hipotecario a partir de la emisión de la sentencia definitiva dictada en el mismo a la fecha, debiendo aclarar si la misma ha quedado firme, y en su caso deberá indicar la data en que eso ocurrió y la fecha en que le fue notificado dicho acuerdo, lo anterior a efecto de conocer el estado procesal del juicio natural y toda vez que en su capítulo de antecedentes manifestó: ".1.- el seis de junio de 2019 se resolvió en definitiva el asunto seguido en la vía especial hipotecaria 432-2017-1, fallo que la suscrita impugné en tiempo y forma, misma que mediante auto de 31 de marzo de 2021, se tuvo al Superior Jerárquico, devolviendo el expediente original que al rubro indico, así mismo se hizo saber a las partes la llegada de los autos para los efectos legales a que haya lugar..." Sin embargo en su capítulo de acto reclamado señaló: ".2.- se reclama la continuidad del ilegal inicio, del procedimiento de preparación de remate que se sigue al iniciar una ejecución forzosa por medio del proceso de remate, al comenzar el avalúo de la finca hipotecada sin la exhibición del certificado de gravamen del inmueble secuestrado y sin que haya fenecido el plazo de la sentencia definitiva, pues al no realizar el requerimiento voluntario de la condena a la parte demandada, no puede decirse que el plazo haya fenecido, como tampoco hacer efectivo el mandato de la sentencia definitiva e iniciar el proceso de ejecución forzosa de sentencia definitiva." De ahí que deba aclarar este punto de prevención ya que existe contradicción en sus manifestaciones dado que por una parte aduce que impugnó la sentencia definitiva en el juicio de origen y que el superior jerárquico devolvió los autos al juez responsable, pero por otra refirió que la misma no ha quedado firme. Asimismo, de ser posible, deberá transcribir o en su caso remitir copia del auto de diecinueve de abril del año actual, dictado en el juicio especial hipotecario 432/2017, ya que adujo que dicho acuerdo lo combatió a través de la queja que dio origen al toca civil de donde emana la resolución reclamada. Apercibimiento. En consecuencia, se apercibe a la promovente que en caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos establecidos, se procederá de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo.
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